27 marzo 2013 (26.03.13) La Sexta (opinion)

 

26 marzo 2013

Basagoiti: "La PAH protesta como lo hacía el mundo de ETA"

El líder de los populares vascos se suma a la polémica de Cristina Cifuentes. Antonio Basagoiti ha dicho que los activistas antidesahucios protestan "como lo hacían los del mundo de ETA".

La plataforma de Afectados por la Hipoteca ha pedido en los principales juzgados de España que se paralicen todos los desahucios en curso. Su portavoz, Ada Colau ha vuelto a defender los escraches a los políticos populares.

Stop Desahucios Vizcaya ha llamado a la puerta del PP con una reivindicación: "Esperamos una rectificación pública de Cifuentes, o tendremos que tomar medidas legales".

Pero lejos de una rectificación, ésta es la respuesta del líder de los populares vascos: "No se ve ninguna diferencia ni en los gritos, ni en la actitud, ni en el fondo, entre los que venían del mundo de ETA a acosarnos, y los que van ahora con la excusa de las hipotecas a acosar a miembros del PP".

La que abrió la veda fue la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes: "Esa lideresa que está liderando ese grupo en defensa supuestamente de los desahucios, yo creo que en realidad hay inquietudes y apoyos a grupos filoetarras o proetarras". Unas declaraciones que parece no haber escuchado Ignacio González, quien ha asegurado que "nadie ha comparado las acciones contra los desahucios con las acciones de ETA"

Ante el revuelo, matizó horas después: "Yo me he limitado a hablar de que fueron a una manifestación convocada por izquierda abertzale".

Pero para Ada Colau el daño ya está hecho: "Esta señora debería haber dimitido ya, y si no dimite, deberían cesarla".

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano ha criticado tanto los escraches, como la equiparación de la PAH con ETA: "Ni acoso a los diputados del PP, ni criminalización de las plataformas ciudadanas”

Mientras, los activistas antidesahucios continúan sus reivindicaciones. Hoy han pedido en los principales juzgados de España la anulación de todos los desahucios.

Opinión:

Empiezo por aclarar que, hasta ahora, creía que Antonio Basagoiti era algo así como el ala moderada del Partido Popular, muy lejos de compañeros suyos como Mayor Oreja, Acebes, Aznar o..... muchos más.

Pero me han sorprendido negativamente esas afirmaciones. Ya había iniciado mis gestiones para contactar con Ada Colau tras oír lo “razonado” por la señora Cifuentes cuando me llegaron las noticias sobre lo “razonado” por Basagoiti.

Señor Basagoiti, le voy a recordar un escrache patètico, inhumano, nauseabundo, inmoral, asqueroso y podrido. Le recuerdo el escrache al que se vieron sometidas ciertas víctimas del 11M cuando una enfervorizada marabunta de “ciudadanos honorables y honrados” les gritaron aquello de “meteros a vuestros muertos por el culo”. Aquello fue el primer escrache del que tenemos noticias en España y, vaya por Dios, ninguno de Ustedes se acuerda.

Y puestos a recordar, le hago mención de que aquellas víctimas, aunque no son víctimas de ETA sí son víctimas del terrorismo.

La información es gratis. De nada.

27 març 2013 Resum de premsa titulars

27 març 2013

Resum de premsa

La noticia ha estat la que ha estat... però per no repetir els diferents medis que la han publicat crec que es mes adient rescriure els titulars de cada un de aquests medis de comunicació i que cadascú tregui les seves conclusions.

Sense importar-me els titulars, els enfocaments i la línia ideològica que queda reflectida en cada medi, la meva opinió està molt clara: com a ciutadà exigeix-ho que es faci tot el possible i tot el legal perquè ningú mes passi pel que jo i la meva família (i tantes altres que conec) hem passat. Es responsabilitat de la classe política prendre les decisions més correctes.

LA GACETA    ETA amenaza al Gobierno por no aceptar negociar en Oslo

LA RAZON     ETA anuncia “consecuencias negativas” si no hay negociación

ABC    “ETA amaga con “consecuencias negativas” tras verse ignorada por el Gobierno

EL ECONOMISTA     Rajoy reclama a ETA que se disuelva tras la última “amenaza” de la banda

EL MUNDO    ETA ataba a sus miembros por evitar “accidentes y enfrentamientos”

LA VANGUARDIA      ETA anuncia “consecuencias negativas” tras el rechazo a negociar en Noruega

EL PAIS         ETA asegura que solo hablará de desarme si hay diálogo con el Gobierno

EL PERIODICO DE CATALUNYA     ETA alerta de “consecuencias negativas” si no hay negociación

26 març 2013 (2) El Punt Avui (opinio)

26 març 2013

El PP intoxica vinculant la PAH als “proetarres”

Cifuentes relaciona Colau amb Bildu

La plataforma es “apartidista”

La delegada del govern a Madrid, Cristina Cifuentes, va acusar ahir la portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) Ada Colau, d’haver donat suport a Bildu, Sortu i altres grups “proetarres” i de tirar endavant una estratègia política radical “a partir del moviment antidesnonaments”.

“Ada Colau i les persones que són a la plataforma han manifestat el seu suport, en determinades ocasions, a Bildu, Sortu i a aquests grups que al meu parer i al de molts espanyols tenen relació amb l’entorn d’ETA”, va assegurar Cifuentes en una entrevista a RNE. Unes hores després d’aquestes  declaracions, la delegada del govern a Madrid va insistir que li agradaria que la PAH aclareixi coses que a ella no li agraden “gens, com el fet que Stop Desnonaments donés suport a una manifestació a favor dels presos d’ETA”. “La plataforma –hi va afegir- ha de desvincular-se completament de tot això i denunciar-ho, perquè tampoc m’agrada que Bildu doni suport a totes les reivindicacions de la plataforma contra els desnonaments”.

Arran d’aquestes declaracions, la portaveu de la PAH, Ada Colau, va dir ahir que la plataforma és “apartidista, independent i plural”.

Opinió:

Ja he contactat personalment amb Ada Colau per oferir-li tota la meva col·laboració ja que, com a víctima d’ETA que soc des de 1987, les declaracions de la senyora Cifuentes me han causat fàstic. Ja ho vaig publicar ahir dimarts en el meu facebook. I deixo caure una pregunta més: qui seran els pròxims “proetarras”.... els afectats per les preferents?

Dic això perquè he rebut un parell de trucades on em demanaven informació sobre la certesa de que una associació de víctimes havia demanat la dimissió de la senyora Cifuentes mentre un altre recolzava les seves paraules. No tinc constància de això al cent per cent però si tinc una cosa clara: el mes correcte es que una decisió de aquest tipus es prengui en una assemblea ja que seria un posicionament polític molt clar que, segurament, no tots els membres de cap entitat compartiran.

I d’altre banda em sorgeix novament una pregunta: si una víctima està en dos associacions que mostren una ideologia totalment antagónica entre les dos... quina sigla representa realment a la víctima?

Per això parlo sempre a títol personal, malgrat conèixer la opinió de moltes víctimes amb les que parlo constantment i que estan absolutament “fora de joc”.

 

26 marzo 2013 El Pais

26 marzo 2013

 

 

Interior bloquea la ‘vía Nanclares’

Tras apoyar la ‘doctrina Parot’, el Gobierno evidencia que será duro con los disidentes de ETA

El juez de vigilancia decidirá ahora sobre dos excarcelaciones y una semilibertad

No más terceros grados ni semilibertades. El Gobierno de Mariano Rajoy parece tener la voluntad de hacer explícito, y en este momento, el parón que se ha producido desde hace meses respecto a la situación de los presos de ETA. El stand by incluye también a los de la denominada vía Nanclares, que se acogieron a la reinserción individual y renunciaron a la violencia durante el anterior mandato socialista.

Mientras, el Ejecutivo vasco del PNV está trabajando en otra dirección, y a la espera. Los postulados que defienden el lehendakari Iñigo Urkullu y los suyos no se parecen en nada al inmovilismo por el que ha optado el PP. Pero los nacionalistas vascos, por sí mismos, poco pueden hacer. Necesitan de la colaboración del Gobierno de la nación —que maneja en exclusiva las competencias penitenciarias, salvo en Cataluña—, para cualquier cambio real de rumbo.

Una de las últimas decisiones del Ministerio del Interior, que en realidad es del pasado septiembre pero que se ha conocido este fin de semana, ha sido denegar el tercer grado a los reclusos de la banda Iñaki Recarte y Kepa Pikabea y el régimen de semilibertad a Aitor Bores. Las medidas habían sido propuestas por la junta de tratamiento de la prisión.

Los tres son disidentes declarados de ETA que han cumplido con lo que dispone la ley: renunciar a la violencia; pedir perdón a las víctimas —en el caso de Recarte y Pikabea han participado también en los encuentros cara a cara con víctimas del terrorismo auspiciados por los anteriores Gobiernos nacional y vasco, ambos socialistas—; y comenzar a hacer frente a las indemnizaciones civiles. Recarte está ya en el régimen de semilibertad; es decir, en estos momentos puede salir de prisión a diario para trabajar, pero el tercer grado le permitiría una autonomía mayor.

El bloqueo no solo se ha evidenciado con este caso. Durante los últimos meses se han denegado salidas (a históricos de la banda como Joseba Urrusolo Sistiaga, Valentín Lasarte o Rafael Caride Simón); se han recortado en algún caso los días fuera de la cárcel que suelen pasar los que están en semilibertad; han tardado en concretar los cupos anuales de permisos...

La decisión sobre Recarte, Pikabea y Bores está ahora en manos del juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, que decidirá en los próximos días y que tendrá que asumir, solo, la responsabilidad de seguir adelante con los terceros grados u optar por el criterio de Interior de denegarlo todo. Y, sea cual sea el sentido de la resolución del magistrado, Interior siempre podrá hacer valer ante las víctimas que el ministerio se opuso a cualquier concesión y que, al igual que defiende con ardor la doctrina Parot ante Estrasburgo, también discute los beneficios penitenciarios.

Desde Prisiones se insiste en que esto no significa nada; que la vía de la reinserción sigue abierta pero que en estos tres casos no se cumplían los requisitos. Sin embargo, al plan de reinserción del actual Gobierno no se ha sumado un solo preso hasta el momento y lo único que estaba en marcha, la vía Nanclares, se ha parado.

Jonan Fernández, secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, cuestionó ayer que los beneficios penitenciarios se traten como “privilegios”, cuando son “derechos” reconocidos. “No se puede hacer del cumplimiento de la ley un traje a la medida de la coyuntura”, criticó en una entrevista a Onda Vasca.

Entre los presos acogidos a esta vía (en su mayoría ahora en la nueva cárcel de Zaballa) reina una inquietud que viene de lejos. Ya mientras gobernaba el PSOE tuvieron algunas quejas con los tiempos, y con cómo, según su punto de vista, se iban escalonando los permisos y las semilibertades en función de criterios de oportunidad política. Ellos consideraban que habían cumplido con su parte del trato: verificar los requisitos estipulados en el Código Penal con el gran coste personal de convertirse en disidentes de una organización terrorista. Y decían que los beneficios llegaban con cuentagotas.

El colectivo oficial de presos, además de rechazar frontalmente su postura, consideró siempre que los de Nanclares tampoco habían conseguido gran cosa y dependían de los vaivenes del Gobierno de turno. Siempre han sostenido que la reinserción que propone el Ejecutivo, a la vista de los resultados de la vía Nanclares, carece de credibilidad.

Mientras gobernó el PSOE, en todo caso, los presos poco a poco fueron logrando permisos y semilibertades. Cuando el PP llegó al poder, impulsó durante los primeros meses tres terceros grados y algunos acercamientos de presos enfermos a cárceles vascas. Pero, desde el verano pasado, tras la polémica desatada con el preso Iosu Uribetxeberria Bolinaga —que fue excarcelado por enfermedad después de declararse en huelga de hambre—, el Gobierno frenó en seco cualquier movimiento sobre los presos de ETA, que pudieran recriminarle las víctimas. Ahí se ha quedado.

24 marzo 2013 (2) La Vanguardia (opinion)

24 marzo 2013

El Parlamento vasco acuerda que se ratifique el “suelo ético” para la paz

 

El Parlamento vasco ratificó ayer el acuerdo alcanzado en la ponencia de paz de la pasada legislatura con los votos a favor de PNV, PSE y PP y las abstenciones de EHBildu y UPyD. Los partidos que lo respaldaron corroboraron que es “una apuesta clara” a favor de la paz y la convivencia y que es necesario el reconocimientote la injusticia de la violencia, del daño causado y de la dignidad de las víctimas.

Opinión:

Hay que intentar todo lo que sea legal y ajustado a derecho para que nadie más sufra, nunca más, un atentado de la banda terrorista ETA.

Y si alguna víctima no lo entiende así, le ruego que NO hable en mi nombre.

24 marzo 2013 Europa Press (opinion)

24 marzo 2013

Propuesto por la cárcel de Zaballa

Interior frena el tercer grado para varios disidentes de ETA acogidos a la “Via Nanclares”

Prisiones ya se opuso a conceder permisos extraordinarios para otros tres expulsados de la banda

El Ministerio del Interior se opone a que varios presos disidentes de la banda terrorista ETA y acogidos desde hace años a la denominada 'Vía Nanclares' reciban el tercer grado penitenciario o el artículo 100.2 que permite salir a diario de prisión, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.

Según estas mismas fuentes se trata de Iñaki Recarte Ibarra, Kepa Pikabea Ugalde y Aitor Bores Gutiérrez, tres históricos de la banda y desde hace tiempo tres destacados disidentes etarras. Expulsados de la banda y de su Colectivo de Presos, se encuentran internos en la cárcel alavesa de Zaballa, sustituta de la prisión de Nanclares de Oca que dio nombre a esta corriente en la que internos de la banda manifestaban su ruptura con la organización criminal a cambio de beneficios penitenciarios.

La Junta de Tratamiento de esa prisión vasca aprobó el 13 de septiembre de 2012 una propuesta de concesión de tercer grado en virtud del artículo 83 del Reglamento Penitenciario para Pikabea Ugalde. El 25 de noviembre aprobó para Recarte Ibarra una propuesta de tercer grado en virtud del artículo 86, que prevé control telemático por el que ni siquiera tendría la obligación de acudir a la cárcel a pernoctar.

En el caso de Aitor Bores la propuesta formulada, también en noviembre, es de un 100.2, artículo por el que se permite salir a diario unas horas de prisión para estudiar o formarse, excepto los fines de semana. En esa situación se encuentran ahora Pikabea y Recarte así como otros dirigentes como el histórico José Luis Álvarez Santacristina, alias 'Txelis'.

Decisión de la Junta de Tratamiento

La propuestas de las Juntas de Tratamiento de las prisiones deben ser elevadas a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para que otorgue su visto bueno o se oponga como ha sido este caso. En una decisión conjunta, el Departamento que dirige Ángel Yuste rechazó el pasado 13 de enero las tres propuestas. Las defensas de los tres etarras han recurrido esta decisión por lo que la última palabra la tendrá el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.

Según las fuentes consultadas, entre las razones esgrimidas por Prisiones figuran las largas penas a las que fueron condenados los tres terroristas así como la elevada responsabilidad civil que les resta por abonar (se trata de uno de los requisitos para acogerse a medidas de reinserción). En el caso de Recarte abona en torno a 40 euros al mes y aún adeuda 1.200.000 euros en concepto de indemnizaciones por sus delitos. En el caso de Bores, la deuda asciende a 600.000 euros.

Desde el Ministerio dan por amortizada la denominada 'Vía Nanclares' potenciada en la anterior administración socialista con la intención de fomentar las deserciones en ETA y dividir al colectivo. Sin embargo, las expectativas generadas en torno a la declaración de cese definitivo de ETA frenaron en seco el goteó de disidencias.

El Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz admite abiertamente que la 'Vía Nanclares' forma parte del pasado. En su lugar apostaron por un plan de reinserción para presos de bandas terroristas y crimen organizado que un año después de su presentación no ha dado ningún resultado y que generó el rechazo de las víctimas del terrorismo.

Precedentes

Esta oposición de Interior a las propuestas de la Junta de Tratamiento de Zaballa se produce después de que Prisiones también se opusiera entre marzo y septiembre a la concesión de permisos penitenciarios para otros tres presos disidentes, José Luis Urrusolo Sistiaga, Rafael Caride Simón y Valentín Lasarte. El juez terminó aceptando el criterio de Interior y los permisos no fueron concedidos.

El argumento en los tres casos fue el mismo: el magistrado reconoce que la evolución de los presos "es positiva", pero "la cuantía de la condena aleja en este momento las fechas legalmente exigibles para obtener cotas de semilibertad. Por lo que resulta prematuro el permiso pretendido". Desde Interior comentaron entonces que "es un error interpretar la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria en clave de mensajes, es una clave de estricta legalidad".

De hecho, existen otros casos en los que presos terroristas si están recibiendo permisos penitenciarios. Al menos dos presos de los GRAPO, Guillermo Vázquez Bautista e Israel Moleón Martínez, han disfrutado de varios permisos de salida durante los últimos meses, llegando a salir de la cárcel unos días durante las fechas navideñas, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas y penitenciarias.

Opinión:

Gracias a los amigos que me han llamado hoy domingo para hablar de  esta noticia. Como siempre, lo que diga la legislación será lo que deberá cumplirse. Sin más. Pero me surge una pregunta: ¿nadie se ha preocupado de informar a las víctimas del Grapo, en especial a las causadas por estos dos miembros, de esos permisos de salida en Navidad?

 

Opinión:

Gracias a los amigos que me han llamado hoy domingo para hablar de  esta noticia. Como siempre, lo que diga la legislación será lo que deberá cumplirse. Sin más. Pero me surge una pregunta: ¿nadie se ha preocupado de informar a las víctimas del Grapo, en especial a las causadas por estos dos miembros, de esos permisos de salida en Navidad?

21 març 2013 La Vanguardia (editorial) (opinio)

21 marzo 2013

Estrasburg i la doctrina Parot

Editorial

 

 

 

 

 Els disset jutges del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) van escoltar ahir els arguments jurídics –i també polítics- de l’Estat espanyol i dels advocats d’una etarra a favor i en contra de l’anomenada doctrina Parot, avalada pel Tribunal Suprem l’any 2006. Una doctrina que, en el seu moment, va provocar una polèmica sobre la seva constitucionalitat en aplicar-se amb caràcter retroactiu als presos d’ETA condemnats a centenars d’anys pels seus assassinats.

En síntesi, la reforma aprovada fa set anys consisteix a aplicar la redempció de penes per treball –un dia per cada dos treballats- a la suma total dels anys de cadascuna de les condemnes i no a la condemna màxima de 30 anys que proclama la Constitució espanyola. D’aquesta manera, un terrorista condemnat a 200 anys de presó que, en aplicació de la llei del 1973, podia sortir al cap de 20 anys, per la doctrina Parot no hauria saldat el deute penal fins a haver complert els 30 anys de presó. Aquesta pràctica es va aplicar a reclusos condemnats anteriorment a l’aprovació de la reforma, la qual cosa va provocar una demanda davant el TEDH per part de la defensa de l’etarra Inés del Río, amb mes de 3000 anys de condemna per haver participat en diversos assassinats. Es a dir, se li va aplicar la reforma a una sentència dictada 18 anys abans que s’aprovés la doctrina. El juliol del 2012, Estrasburg va donar la raó a l’etarra i va ordenar al Govern espanyol que l’excarcerés. L’Executiu va presentar recurs contra aquesta decisió, la vista del qual es va celebrar ahir.

L’argument principal de l’Estat a favor de la doctrina Parot és que no és el mateix un assassinat que dos-cents. Tanmateix, la defensa de l’etarra raona que l’aplicació, en el seu cas, d’aquesta doctrina és un atemptat als drets humans pel caràcter retroactiu. Al seu dia, tres magistrats del Tribunal Suprem ja van rebutjar aquesta reforma penal amb l’argument que la “irretroactivitat és un dogma jurídic” que empara als drets humans més bàsics. Tot plegat, arguments de pes que, en tot cas, haurá d’aclarir el Tribunal d’Estrasburg en les properes setmanes i la sentència del qual podria suposar l’alliberament immediat de mig centenar de presos etarres, contra la qual el Ministeri de l’Interior ja ha anunciat que aplicarà una política d’”enginyeria jurídica” per evitar-ho. La Constitució espanyola, a més, consagra el principi que l’objectiu de la condemna és la redempció del delinqüent i la seva reintegració en la societat. Molts juristes discrepen de la doctrina Parot perquè no empara aquest objectiu.

Però, al marge  dels arguments jurídics de les dues parts, la qüestió porta en ella mateixa una forta càrrega política. Una part fonamental de la lluita contra el terrorisme d’ETA pels governs espanyols, tant del PP com del PSOE, s’ha basat en el que s’ha anomenat el compliment total de les penes, és a dir, els 30 anys. Per aquesta raó es va aprovar la doctrina Parot, l’objectiu de la qual era apaivagar l’alarma creada en l’entorn de les víctimes dels terroristes, quan veien que els assassins sortien al carrer sense haver complert la totalitat de les penes, mentre la banda continuava matant i extorsionant amb una crueltat espantosa. Aquella càrrega política de la qual va sorgir la doctrina Parot va suposar posar la llei en un terreny jurídicament pantanós per l’aplicació retroactiva, que al seu dia va resultar tan polèmica i que constitueix l’essència del que s’ha de dilucidar a Estrasburg.

Opinió:

Puc estar gairebé d’acord en la totalitat de aquest editorial de La Vanguardia. Voldria estar-ho però no puc. Diu que la doctrina Parot es va aprovar perquè “l’objectiu... era apaivagar l’alarma creada en l’entorn de les víctimes dels terroristes, quan veien que els assassins sortien al carrer sense haver complert la totalitat de les penes, mentre la banda continuava matant i extorsionant amb una crueltat espantosa”.

Això no es cert. Moltes víctimes, un cop coneixíem les sentències pels atemptats soferts, fèiem un curs accelerat de normes jurídiques i arribàvem a entendre (sense compartir-ho, però sí a entendre) que un país te unes lleis i que aquestes lleis son las que son. Es evident que aquesta tasca de pedagogia jurídica la vàrem fer uns pocs advocats i unes poques víctimes, però es va fer.

Ara, per desgràcia, algunes tornen a estar manipulades i d’altres tornen a patir les consequencies de aquesta manipulació, fins i tot trucan-me per demanar que els expliqui la veritat de tot al que está succeint. La meva resposta es molt curta: la llei es la llei i no crec que posar a aquests assassins cinc o set  anys mes de condemna pugui compensar tant patiment.

Però algú ha decidit còrrer el risc de convertir en els terroristes en descerebrats que aprofitin la avinentesa per fer-se pasar per màrtirs.

En mi nombre NO.

21 marzo 2013 El Mundo del Siglo XXI

21 marzo 2013

 

Contra la paradoja franquista

Angeles Escrivá

La doctrina Parot fue, en realidad, el modo como el sistema democrático enmendó una ley franquista de resultados perversos. Aunque, por desgracia, tardíamente. El hecho es que el Código Penal de 1973 contenía dos elementos malhadados como son la pena de muerte y la cadena perpetua, que compartían el universo punitivo con la denominada redención de penas por el trabajo. Llegada la Democracia, con un criterio impecable, la pena capital y la perpetua fueron eliminadas, pero el abanico de posibilidades para reducir la estancia en prisión se mantuvo e incluso aumentó. A esta circunstancia hay que unir un elemento sociológico extraño, destacado por algunos juristas, que no deja de tener su interés: que se sepa, durante mucho tiempo la existencia de asesinos en serie fue muy limitada. Después no, y las leyes que no tuvieron en cuenta este fenómeno quedaron obsoletas.

En España, la confluencia de estos elementos unida a una corriente mayoritaria protogarantista, surgida de cierto complejo por el pasado, dio como resultado la salida de prisión de forma obscena de los nuevos asesinos múltiples, decenas de etarras que apenas cumplían unos años en reclusión. No hablamos de la aplicación prevalente de la reinserción contenida en la Carta Magna, sino de otro criterio político que puso en la calle, después de la amnistía, primero a los polimilis y después a cualquiera que diera un mínimo paso. Aunque un etarra fuese acusado a 3.000 años, lo máximo que podía cumplir eran 30, que se reducían a la mitad por la ley franquista y que todavía podían ser menos si hacía macramé o la administración lo consideraba conveniente para debilitar a ETA.

Lo cierto es que los etarras acababan en la calle y la banda seguía tan pimpante. En 1995 se acabó con esa contabilidad maldita con la modificación del Código Penal y con el cambio de criterio político tras la muerte Miguel Ángel Blanco. Sin embargo, quedaba por resolver un problema que no se planteó hasta la década de 2000: gracias a la ley franquista, por la que daba igual haber matado a uno que a 15, aquellos asesinos múltiples de los 80 y de los 90 que habían rechazado acogerse a beneficios penitenciarios, iban a empezar a salir en tropel. El más llamativo fue De Juana (25 asesinatos: 19 años en prisión). No fue el único. Eso es lo que impidió la doctrina Parot, no la ley Parot.

Y este último es un matiz importante, dado que el artículo 7 del Convenio europeo dice que el Tribunal de Estrasburgo puede pronunciarse sobre la ley pero no sobre su ejecución (la doctrina). Por eso ayer los abogados del Estado insistían ante los jueces en que Inés del Río no va a cumplir más de los 30 años de los 3.822 a los que fue condenada, porque el modo como lo haga es competencia del Estado. Y así lo ha visto el Tribunal europeo hasta ahora incluso en un caso que en España hubiese desatado las críticas más furibundas, en el que el ministro británico de Interior endureció las condenas para satisfacer a la opinión pública. Estrasburgo dijo entonces que la política criminal era cosa de cada Estado. Y eso que era un ministro del Interior quien decidió, y no un Tribunal Constitucional con 25 sentencias iguales como en España. Resulta significativo que ayer fuese el juez belga el único que preguntó: en Bélgica, desde el caso Dutroux endurecieron el cumplimiento de las penas por pederastia y no tienen ganas de que el caso Del Río pueda ser el precedente que procure la libertad de los abusadores.

¿Qué hubiera hecho el Gobierno inglés si hubiese visto peligrar el caso de todos los delincuentes condenados a su cadena perpetua revisable, vigente también en otros países como Francia o Alemania? Pues lo que hace siempre: antes, aterrizar con sus jueces, convocar seminarios y formar lobbies de presión. ¿Y después de la sentencia? En caso de ser negativa, poner en marcha la comisión que tienen en el Parlamento, con su estricto protocolo de actuación, para limitar el daño a un caso y a ninguno más. También es cierto que los ingleses no tienen una Constitución con un artículo 10.2 que vincula las normas españolas a las europeas, ni unos jueces que toman decisiones sobre los etarras sin comunicarlo a las partes de modo que el recurso llega cuando éstos se encuentran ya en libertad.

Se han hecho muchas lecturas táctico políticas a la luz de esta doctrina. Se ha dicho que si hubiese sido derogada en su día, el problema con ETA casi estaría resuelto. No es cierto. Sólo hubiera quedado patente que se asumía que, para satisfacer a una banda derrotada operativamente, podía hacerse un gesto injusto. Sobre todo cuando los etarras han tenido tantas oportunidades de salir con sólo levantar un dedo.

Ayer, tras la vista, se reunieron los 20 jueces para hacer una valoración de tanteo. Entre ellos estaba el que fuera secretario de Estado con Zapatero, Luis López Guerra, quien también participó en la sección que le dio la razón a la etarra. Podía haberse abstenido, pero no quiso. Podía haber sido recusado, pero en 1998 se firmó el Protocolo 11 por el que el juez del país afectado puede participar en la votación; además, le hubiera sustituido un discípulo suyo y se hubiera corrido el riesgo de que el Tribunal cerrase filas en contraproducente solidaridad corporativa. Viene al caso de algún modo porque el Gobierno de Zapatero prometió derogar este asunto desde el primer momento de la negociación con ETA. «Lo de la doctrina Parot, esperamos que el TC lo declare inconstitucional, ya estamos hablando con los componentes del tribunal», les dijeron. Formaba parte de una filosofía para el fin de la banda. Veremos si tiene influencia.

21 marzo 2013 Heraldo de Aragón (opinion)

21 marzo 2013 (14.03.2013)

La Audiencia Nacional reabre el sumario del incendio del Corona de Aragón como un atentado

El juez de instrucción Fernando Andreu requiere a la Policía datos sobre si ETA reivindicó una explosión en el hotel en 1979

Cuatro familias reclamaron la investigación como acto terrorista, que se archivó en 1980

Ramón J. Campo

El proceso por el incendio del hotel Corona de Aragón, donde murieron 79 personas y 113 resultaron heridas el 12 de julio de 1979, ha regresado a la Audiencia Nacional

para que sea investigado como un atentado terrorista. Han transcurrido 33 años y después de varios pronunciamientos judiciales del Tribunal Supremo (en las salas civil y contencioso-administrativa) que negaron la versión del incendio casual de la churrera y asumieron que fue un atentado, la Audiencia Nacional abre la investigación por un acto terrorista tras haberlo archivado en 1980.

El Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ya ha dictado su primera diligencia del sumario 55/2012. Por coincidencia, esta providencia lleva una fecha simbólica para el terrorismo en España. Es el 11 de marzo, el día del noveno aniversario de los atentados contra los trenes en Madrid, donde fallecieron 191 personas. Las víctimas del Corona siempre pensaron que ellos sufrieron un atentado, aunque el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza también lo archivó porque no hubo un autor conocido.

El caso del Hotel Corona se reabre después de que cuatro familias de afectados pidieran en mayo del año pasado a la Audiencia Nacional que investigue un incendio cuyo origen terrorista ocultó el Gobierno, presidido entonces por Adolfo Suárez. El portavoz del mismo, Josep Meliá, asumió en un programa de televisión con el periodista Jesús Hermida que su peor momento fue cuando tuvo que dar una versión sobre el suceso como un hecho accidental.

El juez instructor de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha reclamado datos a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional para conocer si queda constancia de si “la explosión de un artefacto en el Hotel Corona de Aragón de Zaragoza, fue reivindicada por la organización terrorista ETA”.

El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional consultó con el Juzgado de Instrucción 1 de Zaragoza para averiguar si podía ser o no competente para reabrir el proceso. La apertura de las diligencias previas del procedimiento abreviado son la prueba de que el juez Fernando Andreu se queda el caso y reabre un sumario archivado en 1980.

“Una historia por escribir”

El abogado Pedro Cerracín, que interpuso la denuncia, opina que esta decisión “es una victoria para las familias y para una parte de la historia de España que todavía está por escribir”. “Sea ETA o quien fuera, teníamos clarísimo que la Audiencia Nacional debía reabrir la investigación del atentado contra el hotel Corona de Aragón después de que la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo reconociera que participaron al menos tres personas, como una banda armada”, sostuvo Cerracín.

El juez Fernando Andreu requiere además a la procuradora que representa a Juan Ramón Vigón y otras tres familias para que aporten como pruebas ejemplares de la prensa española y francesa que informaron sobre la reivindicación del hecho por parte de la organización terrorista ETA.

Las llamadas telefónicas para reivindicar el atentado del Corona en nombre de ETA se hicieron a HERALDO y a Radio Bayona, aunque la banda no lo asumió. El día del incendio se desalojaron varios hoteles, bancos y el edificio de Galerías Preciados (hoy El Corte Inglés de Independencia), tras varios avisos de bomba.

“No fue algo casual sino un hecho terrorista”

Jorge Vigón perdió a su madre en el incendio del Hotel Corona y logró la medalla como víctima de terrorismo tras una sentencia del Supremo.

Jorge Vigón se empeñó primero en conseguir una medalla para su madre Concepción García, víctima del Hotel Corona de Aragón. Llegó hasta el Tribunal Supremo, donde se declaró que el incendio fue un atentado y el Gobierno tuvo que otorgarle de condecoración solicitada. El año pasado reclamó que la Audiencia Nacional reabriera la investigación del atentado terrorista sin aclarar y el Juzgado de Instrucción núemero 4 de la Audiencia Nacional acaba de hacerlo.

Como “la justicia penal se ha lavado las manos” y “está reconocido que la acción no fue casual”, “con independencia de quiénes fueran los autores materiales, es evidente la naturaleza terrorista de los hechos”, dice Vigón. Las cuatro familias exigieron en mayo que la Audiencia Nacional asumiera el caso y reclamara el sumario del Juzgado de Instrucción 1 de Zaragoza para continuar la investigación, lo que han conseguido.

“El atentado del hotel Corona fue una puñalada a la paz social del espíritu democrático de la Transición”, reflexiona Jorge Vigón, representante de las familias que interpusieron la denuncia.

Vigón es un militar en la reserva, hijo del general de Artillería Juan Vigón Sánchez y María Concepción García Llorente, quien falleció una semana después del incendio. Esa mañana de julio de 1979 estaba en la Academia General Militar para recibir el despacho y su padre no pudo llegar a entregárselo, como estaba previsto, ni él pudo auxiliarles durante el fatal incendio en el hotel Corona donde estaban alojados.

El militar sostiene que “la sociedad democrática no puede dejar sin resolver un atentado ocurrido hace más de 30 años porque España ha reconocido que las víctimas de ese incendio son víctimas del terrorismo”.

“Quiero conocer la verdad del atentado del hotel Corona y quién lo cometió. Sea ETA, el FRAP, la CIA o las cloacas del Estado”, explicó Vigón. “Todo está prescrito, no es tanto por cobrar ni por venganza, pero sí para saber si había alguna orden escrita al gobernador civil Francisco Laina para que negara a los medios de comunicación que era un atentado”.

Cronología

12 de julio de 1979. Se declara un incendio a las 08:00 en el Hotel Corona de Aragón. Mueren 76 personas y 113 sufren heridas. Una semana después, el balance final del suceso son 79 fallecidos.

13 de julio de 1979. Una persona que habla en nombre de ETA reivindica el atentado en una llamada a HERALDO DE ARAGON y Radio Bayona.

14 de julio de 1979. El Gobierno de Adolfo Suárez dice que el incendio fue fortuito en la churrera de la cafetería Formigal del Corona.

Marzo de 1980. Un informe del Ministerio de Defensa considera probable el uso de napalm o pirogel en el atentado por las temperaturas alcanzadas en el incendio.

1980. La Audiencia Nacional archiva el sumario sobre el incendio del hotel Corona.

1981. La Audiencia de Zaragoza sobresee el sumario del Juzgado de Instrucción 1 de Zaragoza porque no hay autor conocido.

1983. Alfonso Armada, el general que participó en el golpe de estado del 23-F, y el marques de Villaverde, Cristóbal Martínez Bordiu, que estaba en el hotel con su mujer y Carmen Polo, la viuda de Francisco Franco, reiteran la tesis del atentado en dos libros que se publicaron.

1988. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo considera que un elemento exógeno (pirogel o napalm) causó el incendio. De esta manera, confirma la versión defendida por el Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza cuyo titular era el magistrado Santiago Pérez Legasa.

14 de octubre de 2000. HERALDO publica que el Ministerio del Interior anuncia que indemnizará a las familias como víctimas del terrorismo. El Gobierno solicitó un informe al Consejo de Estado al respecto, pero no asume que sea por un atentado.

2004. El Gobierno deniega la medalla de víctima del terrorismo a los afectados por el incendio del Corona.

2010. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo reconoce la medalla como víctima de terrorismo para Concepción García porque en el incendio participaron al menos tres personas, de una banda armada.

Mayo de 2012. Cuatro familias piden que la Audiencia Nacional reabra la investigación como un atentado terrorista.

11 de marzo de 2013. El juez Fernando Andreu reabre el caso del incendio del Corona.

Opinión:

Aparte de la justicia que aporta el hecho de que se reabra el tema del “incendio” del Hotel Corona de Aragón, debo decir que desde que entré en la antigua AVT en 1990 uno de los objetivos fue conseguir que se conociera toda la verdad de lo ocurrido aquel 12 de julio de 1979.

Podría presentar muchas pruebas de la actividad realizada para conseguir este objetivo que, por lo visto, poco ha importado a la AVT en los últimos años. La prueba más clara es que ha tenido que ser un abogado, un gran abogado y un gran amigo, quien a título particular consiguiera lo que apunta la noticia.

Y para que se conozca una pequeña parte de mi colaboración a tal efecto después de 23 años, decir que una de mis últimas gestiones como responsable del área socio-asistencial de la asociación catalana fue presentar en setiembre de 2009 en la Delegación de Gobierno de Barcelona una larga relación de víctimas a las que les tramité toda la documentación para que tuvieran el derecho a recibir la Gran Cruz o la Encomienda como víctimas del terrorismo. Entre ellas habían varias de las víctimas del ATENTADO contra el Hotel “Corona de Aragón” residentes en Cataluña treinta años después.

Y para aclarar las imbecilidades que algún rtepresentante pueda rebuznar, decir que no acudí al acto de entrega de las Grandes Cruces y de las Encomiendas del pasado 19 de junio, simplemente, porque no me apatecía mlomás mínimo encontrarme con ciertos políticos que pocos meses antes me dijeron que “el terrorismo no es prioritario para la Generalitat”. Al contrario que otros, jamás me ha salido la vena cínica ni hipócrita y por ello no acudí a aquel acto, pero sí me alegró muchísimo que aquellas gestiones llegaran a buen término, aunque se tardara casi tres años en verlo plasmado.

Aún y así, han sido muchas las víctimas que me han hecho llegar su agradecimiento, porque muchas víctimas del terrorismo son, ante todo, personas.

Gracias a todas.

 

20 marzo 2013 (2) El Pais

20 marzo 2013

Luis R. Aizpeolea

Una oportunidad de oro perdida

El Partido Popular siempre ha alardeado de no dejarse seducir por los atajos en política antiterrorista. Era una manera de poner en evidencia la guerra sucia que se practicó contra el terrorismo etarra durante los Gobiernos de UCD y el primero de Felipe González. Sin embargo, sí se ha dejado seducir por los atajos legales, como muestra su interés en mantener la doctrina Parot cuando ya no hay terrorismo etarra que combatir. Esta doctrina jurisprudencial, bautizada con el apellido del preso etarra Henri Parot, es una interpretación del Tribunal Supremo, de 2006, del cumplimiento de la pena que, en vez de aplicar los beneficios penitenciarios sobre el máximo de cumplimiento de prisión, de 30 años, lo hace sobre la totalidad de la condena. Esto ha supuesto el alargamiento de la condena en varios años para el penado y afecta a 50 presos etarras.

La unánime sentencia de la pequeña sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, de julio pasado, tumbó esta interpretación del alto tribunal español por vulnerar los artículos 5, 1 y 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos con el contundente argumento, de principios del derecho, de que “nadie puede recibir una pena más elevada que la que le era aplicada al delito en el momento de su comisión”. La sentencia de Estrasburgo coincidió, además, con una nueva etapa política, el final de 40 años de terrorismo tras el cese definitivo de la violencia de ETA de octubre de 2011. La mera aplicación de la sentencia de Estrasburgo hubiera supuesto el comienzo de la abolición de la legislación excepcional impuesta por los Gobiernos en la etapa del terrorismo etarra. Dicho de otra forma, el reconocimiento de que se abría una nueva etapa, como habían sugerido a Mariano Rajoy el lehendakari Iñigo Urkullu y su antecesor en el cargo y líder del PSE, Patxi López.

Pero el Gobierno, acuciado por problemas más urgentes, como la crisis económica, el caso Bárcenas o la amenaza de secesión en Cataluña, no ha querido abrir un nuevo frente de disensión a su derecha, que presiona con dureza por el mantenimiento de la doctrina Parot y ha decidido hacer bandera de esta doctrina y dar la batalla contra su abolición en Estrasburgo. El Ejecutivo ha perdido, con ello, una oportunidad de oro para mostrar la superioridad del Estado de derecho sobre unos terroristas derrotados, que no han logrado sus objetivos con el chantaje de la violencia. Hubiera sido una buena manera de contribuir a consolidar el final de ETA. Una consolidación a la que no se hace más que poner obstáculos por todas partes, empezando por la propia ETA que sigue teniendo pendientes tareas como el desarme y la asunción de la reinserción individual para sus presos.

En todo caso, la última palabra sobre la doctrina Parot la tiene quien la tiene que tener, el Estado de derecho, representado ahora por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El Gobierno, pese a sus presiones sobre otros Ejecutivos europeos, no lo tiene fácil por el precedente de la sentencia de julio de la pequeña sala que, por unanimidad, concluyó que esta interpretación vulneraba un derecho fundamental, la irretroactividad de las penas. La legitimidad en la lucha antiterrorista se gana cumpliendo fielmente los principios del derecho.

El Partido Popular siempre ha alardeado de no dejarse seducir por los atajos en política antiterrorista. Era una manera de poner en evidencia la guerra sucia que se practicó contra el terrorismo etarra durante los Gobiernos de UCD y el primero de Felipe González. Sin embargo, sí se ha dejado seducir por los atajos legales, como muestra su interés en mantener la doctrina Parot cuando ya no hay terrorismo etarra que combatir. Esta doctrina jurisprudencial, bautizada con el apellido del preso etarra Henri Parot, es una interpretación del Tribunal Supremo, de 2006, del cumplimiento de la pena que, en vez de aplicar los beneficios penitenciarios sobre el máximo de cumplimiento de prisión, de 30 años, lo hace sobre la totalidad de la condena. Esto ha supuesto el alargamiento de la condena en varios años para el penado y afecta a 50 presos etarras.

La unánime sentencia de la pequeña sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, de julio pasado, tumbó esta interpretación del alto tribunal español por vulnerar los artículos 5, 1 y 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos con el contundente argumento, de principios del derecho, de que “nadie puede recibir una pena más elevada que la que le era aplicada al delito en el momento de su comisión”. La sentencia de Estrasburgo coincidió, además, con una nueva etapa política, el final de 40 años de terrorismo tras el cese definitivo de la violencia de ETA de octubre de 2011. La mera aplicación de la sentencia de Estrasburgo hubiera supuesto el comienzo de la abolición de la legislación excepcional impuesta por los Gobiernos en la etapa del terrorismo etarra. Dicho de otra forma, el reconocimiento de que se abría una nueva etapa, como habían sugerido a Mariano Rajoy el lehendakari Iñigo Urkullu y su antecesor en el cargo y líder del PSE, Patxi López.

Pero el Gobierno, acuciado por problemas más urgentes, como la crisis económica, el caso Bárcenas o la amenaza de secesión en Cataluña, no ha querido abrir un nuevo frente de disensión a su derecha, que presiona con dureza por el mantenimiento de la doctrina Parot y ha decidido hacer bandera de esta doctrina y dar la batalla contra su abolición en Estrasburgo. El Ejecutivo ha perdido, con ello, una oportunidad de oro para mostrar la superioridad del Estado de derecho sobre unos terroristas derrotados, que no han logrado sus objetivos con el chantaje de la violencia. Hubiera sido una buena manera de contribuir a consolidar el final de ETA. Una consolidación a la que no se hace más que poner obstáculos por todas partes, empezando por la propia ETA que sigue teniendo pendientes tareas como el desarme y la asunción de la reinserción individual para sus presos.

En todo caso, la última palabra sobre la doctrina Parot la tiene quien la tiene que tener, el Estado de derecho, representado ahora por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El Gobierno, pese a sus presiones sobre otros Ejecutivos europeos, no lo tiene fácil por el precedente de la sentencia de julio de la pequeña sala que, por unanimidad, concluyó que esta interpretación vulneraba un derecho fundamental, la irretroactividad de las penas. La legitimidad en la lucha antiterrorista se gana cumpliendo fielmente los principios del derecho.