jueves, 30 de abril de 2015

29 abril 2015 (2) publico.es (opinión)

29 abril 2015



El cura detenido por abusos a una niña fue condenado a seis años por un atentado ultraderechista






Estragos y atentado frustrado. Esos son los dos delitos por los que tuvo que cumplir
condena a mediados de los años noventa Ignacio V. M., el sacerdote detenido ayer en Villanueva del Duque (Córdoba) acusado de abusar sexualmente de una menor de diez años. El cura, que está en libertad con cargos y sobre el que pesa una orden de alejamiento de la menor, perteneció a una organización terrorista de ultraderecha llamada Milicia Catalana, que fue desarticulada en 1991, según ha podido saber este periódico y ha avanzado ‘Andalucía Directo’.
La desarticulación de este grupo de ultraderecha llegó a ser portada del diario ABC en 1991. El grupo, compuesto por cinco personas (entre ellas el sacerdote arrestado por abusos sexuales en Córdoba), operaba en Cataluña desde 1985 al menos y entre sus acciones destacaba el envío de paquetes bomba (nunca llegaron a explotar) al delegado del Gobierno, al gobernador civil o de haber disparado al exterior de locales de ‘top less’ o de ambiente gay. También el envío de una olla bomba a una clínica catalana que practicaba abortos.

Condena a seis años

Ignacio V. M., que se ordenó sacerdote en el año 2012, fue condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a la pena de seis años de cárcel. El Tribunal Supremo le absolvió del delito de asociación ilícita, ya que en la sentencia consideran probado que el ahora sacerdote intentó desvincularse de Milicia Catalana. No obstante, se le condenó a seis años de cárcel por los delitos de estragos y atentado frustrado, al considerarlo autor del envío de un paquete bomba al delegado del Gobierno, de participar en el envío de ollas bomba a una clínica abortista y otras acciones más de Milicia Catalana. En 1991 se desvincularía de la organización y ya en ningún momento atendió a las indicaciones de su líder.
El sacerdote ha sido detenido ahora después de la denuncia de unos padres de una niña de diez años. Los abusos sexuales habrían sido leves, algo que no obstante se está investigando. La titular del Juzgado de Primera Instancia de Pozoblanco ha acordado ponerle en libertad con cargos y ha dado orden de alejamiento para el cura, informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La juez que instruye la causa practicará ahora diversas diligencias sobre los hechos que se acusan.
Los agentes de la Guardia Civil, que siguen en marcha con el operativo policial, están tratando de determinar si la denuncia se trata de un caso aislado o habría más abusos sexuales en el municipio. El arrestado también es el sacerdote responsable de otras dos parroquias en la comarca de Los Pedroches: Santa Catalina en Fuente La Lancha y San Pedro Apóstol en Villaralto.

“Tolerancia cero” del Obispado

El Obispado de Córdoba ha mostrado el criterio de “tolerancia cero” tras “los hechos conocidos en las últimas horas, en los que el sacerdote Ignacio Mora Vilaltella, párroco en Villanueva del Duque, ha sido imputado por un presunto delito de abusos a una menor”, según han informado a través de una nota de prensa.
La Iglesia tiene mucho interés en defender, proteger y salvaguardar todos los derechos de los menores y establece el criterio de tolerancia cero para los casos de abusos”, asegura la Diócesis de Córdoba en un comunicado. Para ello, “dispone de instrumentos jurídicos propios para esclarecer los hechos que induzcan a pensar que puede haberse cometido algún delito, como estamos haciendo en este caso”, aseguran, abriendo la posibilidad de personarse de alguna manera en la causa que a partir de ahora se pueda abrir en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Pozoblanco, que es el que se ha hecho cargo de la investigación.
“Desde el momento en que las autoridades nos han notificado la detención de este sacerdote, el Obispado ha manifestado a los órganos competentes su voluntad de leal colaboración para que resplandezca la verdad de los hechos”, agregan. “Rechazamos toda conducta delictiva en éste y en todos los campos, y estamos de parte de las víctimas”, aseguran.
Además, la Diócesis concluye su comunicado afirmando que “la ocasión es propicia para mostrar públicamente el reconocimiento a todos los sacerdotes que viven ejemplarmente el ejercicio de su ministerio al servicio de los demás”.

Opinión:

Curiosa la noticia y coincidente con un tema en el que llevo varios días comprometido. Me explico: he solicitado en diversas ocasiones a diferentes administraciones (porque a ciertas asociaciones no les importa lo más mínimo el tema) que dediquen recursos y tiempo a localizar a las víctimas que los miembros de Milicia Catalana pudieron causar. Pero es un tema que no interesa a nadie.

Se puede encontrar mucha más información sobre esta banda terrorista y sus atentados en el dossier que presenté en diciembre de 2010 en las revistas del Sindicat de Policies de Catalunya, mientras fui coordinador del Servei de Informació i Orientació a Víctimes del Terrorisme del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya (SIOVT).

29 abril 2015 publico.es (opinión)

29 abril 2015


Condenado a 100 años de prisión el etarra que mutiló las piernas al capitán Juan José Aliste

Colocó un explosivo en los bajos de su coche, que usó para llevar a su hija y otros tres compañeros al instituto





La Audiencia Nacional ha condenado a una pena de 100 años de cárcel al etarra Sergio Polo Escobés por intentar asesinar al capitán del Ejército Juan José Aliste cuando llevaba a su hija y a otros tres compañeros al Instituto en Salamanca el 10 de noviembre de 1995 al colocar una bomba adosada en los bajos de su vehículo, cuya explosión causó heridas de gravedad que provocaron la pérdida de las dos piernas al militar.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha considerado a Polo culpable de cinco delios frustrados de asesinato terrorista y le ha impuesto el pago de una indemnización de un millón de euros para el militar por las lesiones sufridas, así como el abono de 50.000 euros para su hija, de 10.000 euros para una compañera más otras cantidades que se determinarán en ejecución de sentencia para las otras dos víctimas.

El tribunal juzgó este atentado de Salamanca, después de que la Fiscalía solicitara la reapertura de la causa en 2013 tras haber recibido un informe policial que apuntaba a la posible autoría de Sergio Polo. El caso había sido sobreseído de forma provisional en 1997 por falta de autor conocido.

Los magistrados consideran probado que Polo colocó en la madrugada del 10 de noviembre de 1995 en los bajos del coche del capitán de Infantería un artefacto explosivo, con más de 1200 gramos de clorato sódico y 800 gramos de multiplicador de alto explosivo. "La posibilidad de que en el citado vehículo pudieran montar otras personas no le hizo desistir de su propósito criminal, asumiendo el riesgo que de tal acto se derivaba para las personas y los bienes", señalan.

Tal y como explicaron en el juicio los amigos de la hija del capitán, esa mañana Aliste les recogió "más pronto que de costumbre" para llevarles al Instituto, en cuya puerta les dejó a las 8.20 horas. El coche arrancó y tras recorrer unos cien metros, escucharon el estallido de la bomba, que causó heridas de gravedad al militar por las cuales sufrió la amputación de las dos piernas. Los sanitarios le colocaron prótesis en ambas extremidades inferiores y desde entonces usa silla de ruedas y tiene reconocida una incapacidad del 80 por ciento.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Ricardo de Prada, ha tenido en cuenta la carta mecanografiada en euskera incautada en el domicilio que tenía alquilado Polo y donde también se encontró diverso material para preparar actos terroristas. En esa misiva, la dirigente etarra María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', se dirigía a Polo, apodado 'Lur', realizando una "autocrítica" sobre el atentado de Salamanca.

"No sabíamos que le habías metido tanto material, ! Y encima sale vivo! ...nos dices que tuviste problemas para instalar la lapa en el coche, pero puede haber dos factores..", reflejaba la carta. En el piso donde vivía alquilado en Pasajes de San Juan (Guipúzcoa) se localizaron documentos de horarios de trenes a Salamanca y textos manuscritos transcribiendo dichos horarios.

Por todo ello, la Sala considera que no cabe ninguna duda de que el acusado eligió "el objetivo, decidió la comisión del hecho, lo organizó, confeccionó el artefacto explosivo con un determinado contenido y lo colocó en los bajos de un coche, en un específico momento, explosionando, de tal manera que aun pretendiendo la muerte, termina causando únicamente graves lesiones al militar, además de poner en grave riesgo la vida de sus acompañantes, que si no vieron afectadas sus vidas fue por efecto del puro azar".

Opinión:

Un nuevo ejemplo de que la justicia, aunque tarde, llega. Lo que sí quiero aclarar es que el etarra Sergio Polo Escobés deberá cumplir 30 años completos porque atentó en 1995, justo cuando entró en vigor la reforma del Código Penal que nos trabajamos un pequeño grupo de víctimas en 1994.

Y ya puestos, un fuerte abrazo para Juan José, a quien tuve el placer de conocer y comprobar su enorme humanidad pese al enorme dolor sufrido. Un ejemplo de dignidad y de superación.

martes, 28 de abril de 2015

26 abril 2015 (24.04.15) Proyección de LA REVOLUCION DE LOS ANGELES en Can Peguera

26 abril 2015 (24.04.15)

Proyección de LA REVOLUCION DE LOS ANGELES en Centre Cultural Can Peguera

El viernes 24 cerramos las proyecciones de LA REVOLUCION DE LOS ANGELES para el mes de abril.
En un nuevo formato presentamos el “Cenaforum”, un tiempo de cine y cena. Disfrutamos de la proyección y la cena al mismo tiempo, con lo que el buen ambiente y el posterior debate fue constante durante las dos horas y media que compartimos con los vecinos del distrito de Nou Barris y especialmente de la zona de Can Peguera.
La organización fue excelente y agradecemos a Sandra su excelente disposición y a Josep Aguilar su labor como “intermediario” previo a la coordinación de la proyección.

Para esta ocasión, los representantes del proyecto presentes en el debate fuimos Marc Barbena, Oriol Clavell y un servidor.




lunes, 27 de abril de 2015

26 abril 2015 elconfidencial.com (opinión)

26 abril 2015 


Interior recorta los efectivos anti-ETA de la Guardia Civil ante la agonía final de la banda

El Ministerio de Interior ha acelerado la reestructuración de las plantillas de las Fuerzas de Seguridad del Estado para adaptarlas al escenario desencadenado por el proceso de disolución de ETA





El Ministerio del Interior ha acelerado la reestructuración de las Fuerzas de Seguridad del Estado para adaptarlas al escenario que ha abierto el final irreversible de ETA. Según fuentes cercanas al Instituto Armado, la Dirección General de la Guardia Civil está acometiendo una profunda reorganización de los servicios de información dedicados a la lucha contra la banda terrorista para reducir su número de efectivos y reforzar los departamentos que afrontan en estos momentos la mayor carga de trabajo.
Parte de los agentes de la lucha contra ETA están siendo trasvasados a los grupos que lideran la lucha contra el terrorismo yihadista. Ese movimiento comenzó tras los atentados del 11 de marzo de 2004 y se aceleró después de que la banda anunciara el cese definitivo de su actividad en octubre de 2011. Pero, según fuentes cercanas al cuerpo, los traslados se han intensificado en las últimas semanas ante la percepción de que el final de la organización terrorista es definitivo, aunque su cúpula siga en la clandestinidad y aún no haya entregado todo su arsenal.

Cambios en las oficinas

Un portavoz de la Dirección General de la Guardia Civil asegura que se trata de un “proceso lógico, que entra dentro de lo normal” por el final de la violencia de ETA. Por motivos de seguridad, prefiere no poner cifras a esos movimientos de personal pero, según ha podido saber El Confidencial, los cambios han provocado incluso una redistribución de las diferentes unidades en las dependencias que ocupa el servicio de información del cuerpo, cuya ubicación también se mantiene en secreto.
La reestructuración no sólo tiene su origen en el declive de ETA. El proceso coincide con un grave repunte del fenómeno yihadista en los países occidentales por la propaganda masiva que irradia el Estado Islámico desde sus santuarios en Irak y Siria. La mayoría de las últimas grandes operaciones antiterroristas protagonizadas por la Guardia Civil han tenido como objetivo la desarticulación de células islamistas. La última de ellas se produjo hace un mes con la detención de cuatro miembros de una misma familia de Badalona (Barcelona) que planeaban unirse al Estado Islámico. Por el contrario, la última gran redada del Instituto Armado contra miembros de la estructura operativa de ETA tuvo lugar hace casi dos años, en mayo de 2013, con el arresto en Francia de seis integrantes del aparato logístico.

Refuerzo de la comandancias

La reducción del número de agentes de la lucha contra ETA también se está canalizando mediante traslados voluntarios a las comandancias regionales. Según las fuentes consultadas, se está facilitando el movimiento de agentes desde los servicios centrales a las unidades de información que la Guardia Civil tiene en cada una de las comunidades autónomas para abordar las amenazas desde un enfoque más local.
En la mayoría de los casos, estas salidas están sirviendo para que guardias que han pasado toda su carrera profesional combatiendo a la banda terrorista fuera de sus lugares de origen puedan regresar a su tierra sin dejar de pertenecer al servicio de información.
La reorganización no cuestiona la presencia del Instituto Armado en el País Vasco. Aunque el número de guardias en esa demarcación ha disminuido durante esta legislatura, Interior ya ha advertido de que la salida de la Guardia Civil no está sobre la mesa en el escenario post-ETA. De hecho, hace unas semanas inició los trámites para realizar obras de mejora por valor de 705.000 euros en el estratégico cuartel de Intxaurrondo, situado a las afueras de San Sebastián.

Opinión:

Parece que ya se reconoce que la banda terrorista ETA está en su agonía final. Vencida. Y no será por la colaboración de ciertos representantes políticos ni tan siquiera de algunos supuestos “representantes de las” víctimas.
Ha sido por el excelente trabajo de las FCSE y de la inmensa paciencia y dignidad mostrada por la también inmensa mayoría de la población. Y también porque los propios terroristas que tanto daño han causado saben que destrozar la vida y el futuro al resto de ciudadanos no conduce a nada bueno.
Pero quisiera hacer mención a un tema que quizás quede en el olvido. Si ahora se va a reforzar la lucha antiterrorista contra el yihaidismo… ¿alguien recordará que existen muchas grabaciones anteriores al 11M que esperan ser traducidas? ¿Habrá fondos económicos para traductores? ¿los habrá para mejorar el utillaje y la infraestructura que merece la investigación de este problema mundial?








24 abril 2015 (23.04.15) Noticias de Gipuzkoa

24 abril 2015 (23.04.15)

“El foro ciudadano de Azpeitia nos ha enseñado a entender el sufrimiento ajeno”

Tras un año de reuniones discretas, once azpeitiarras víctimas de distintos tipos de violencia logran un relato compartido




Alaitz Aguado, Jexux Aizpurua, Eneritz Albizu, Miren Alcedo, Jabier Altuna, Joxe Arregi, Felipe Murillo, Miren Odriozola, Manoli Uranga, Eneka Urbieta y Mertxe Urtuzaga. Son las once personas, hombres y mujeres de Azpeitia, que en marzo del pasado año recogieron el guante lanzado por las tres formaciones políticas representadas en el Ayuntamiento de la localidad (Bildu, PNV y Hamaikabat) y se animaron a participar en un foro ciudadano impulsado con la finalidad inicial de conocerse y entenderse.
Ese objetivo, que a priori puede parecer sencillo, se antojaba muy difícil de conseguir; toda vez que esas once personas acudían a la cita con la pesada carga que supone el hecho de haber padecido durante años las consecuencias de alguno de los diferentes tipos de violencia que ha sufrido este pueblo durante largas décadas.
Apoyados por personal de Lokarri, los integrantes del foro comenzaron a reunirse “una vez al mes” en unos encuentros marcados por “la discreción y la confidencialidad”.
Las reuniones se han prolongado durante un año y ayer por la tarde los participantes en la iniciativa comparecieron ante la ciudadanía para dar a conocer el relato compartido que han conseguido extraer del proceso que han protagonizado en el marco del foro ciudadano de Azpeitia.
Mertxe Urtuzaga, Jabier Altuna, Miren Odriozola y Alaitz Aguado fueron las personas encargadas de proceder a la lectura de un relato que, a pesar de las lógicas dificultades, ha posibilitado un importante acercamiento entre vecinos de un mismo pueblo y que hasta la puesta en marcha de esta iniciativa habían estado enfrentados. Y es que la experiencia del foro azpeitiarra bien puede considerarse un ejercicio muy válido de cara a avanzar hacia una convivencia real entre personas de diferentes ámbitos y trayectorias vitales.

El relato compartido

Los participantes en el foro ciudadano de Azpeitia reconocen que la mayoría de ellos acudieron al primer encuentro “nerviosos, inseguros, escépticos, pensando que pudiera tratarse de una cuestión política o temiendo que la experiencia pudiera agravar sufrimientos en vez de curarlos”. Ninguno sabía claramente a qué había sido invitado, con qué clase de personas se encontraría ni cómo se desarrollaría la experiencia. Pero se animaron a asistir a la reunión “por curiosidad, por la necesidad de tales foros, por la motivación personal o por la seriedad de la invitación” cursada desde el Consistorio.
Pronto se percataron de que se encontraban en un espacio de “diferentes vivencias, edad, origen y formas de violencia”.
En cualquier caso, para todos ellos el proceso vivido ha sido “mejor y más fecundo de lo esperado”. Superado el recelo inicial de que los partidos políticos quisieran utilizarles para lavar su imagen, los participantes en el foro sienten que han sido los protagonistas de “un proceso personal en el que se ha impuesto la humanidad”.
A pesar de que sus vivencias y las lecturas de lo sucedido no eran iguales, se sentaron juntos una vez al mes, compartieron sus propias vivencias y escucharon con respeto las ajenas. Y es que, según destacan, “cada uno ha expresado a fondo sus sufrimientos, reconociendo los del otro y escuchándolos con respeto”.
El de Azpeitia ha sido un grupo en el que la palabra de todos sus miembros ha tenido “la misma importancia”. Eso ha posibilitado que en las reuniones todos se sintieran “a gusto y cada vez más relajados”. Y eso que “a veces teníamos miedo a ser malinterpretados o a que nuestras palabras pudieran resultar hirientes”; algo probable cuando se ponían sobre la mesa “historias que nos removían por dentro y que había que digerir”. En algunos momentos “tampoco resultaba fácil escuchar” y “el hecho de hablar y desahogarse suponía revivir ante desconocidos experiencias dolorosas”. Pero precisamente el hecho de haber compartido esas situaciones de sufrimiento vividas “nos ha unido aún más”.
Del proceso vivido, los miembros del foro ciudadano de Azpeitia destacan los momentos difíciles y emotivos; también los buenos y divertidos que han compartido “mientras contábamos las vivencias más duras, sin suavizar ni mitigar nada de modo artificial, pero siempre sin dureza de ningún tipo, sin odio ni resentimiento”.
El suyo ha sido “un ejercicio de sinceridad y de respeto”; un proceso que “nos ha enseñado que también los otros han sufrido como nosotros”. Para ello, los azpeitiarras participantes en la iniciativa “nos hemos puesto en el lugar del otro, hemos ejercitado la empatía y hemos reconocido el dolor del otro como parte de nuestra realidad más amplia”.
Todo ello ha propiciado un acercamiento entre personas que hasta ahora habían estado alejadas entre sí. Y es que, a pesar de toda la diversidad, “nos hemos comprendido y acercado los unos a los otros, hemos sido capaces de hablar, hemos visto que las barricadas no son inevitables y hemos tenido la oportunidad de conocer y de respetar las razones y las conductas de personas que en otro tiempo considerábamos enemigas”.
Reconocen que el proceso no ha sido fácil “pues ha puesto de manifiesto nuestros límites”, pero han concluido que pueden vivir juntos, sin renunciar cada uno a sus puntos de vista, siempre que uno no imponga el suyo a los demás”. Son conscientes de que deben “asimilar una nueva cultura política, mirar el pasado de manera crítica y cambiar las actitudes que tengamos que cambiar”.
Los participantes en la experiencia reconocen que el proceso vivido les ha brindado “una ocasión única a nivel personal para hablar sobre tantos temas y sentimientos que llevamos dentro, para sentir que alguien tiene interés en escucharlo y para saber que sobre estos temas se puede y se tiene que hablar”.

Mensaje a la ciudadanía

Los participantes en el foro aprovecharon la comparecencia de ayer para decir a los azpeitiarras que “si nosotros, que no somos los mejores, hemos sido capaces de hacer lo que hemos hecho, también lo es el pueblo de Azpeitia y toda Euskal Herria”. También quisieron destacar que “para encontrar una salida a la historia de violencia que ha vivido y vive nuestro pueblo, es más importante la responsabilidad que la culpa, el sufrimiento que la ideología, el empeño por construir un futuro mejor compartido que la asignación de las culpas del pasado”. Y para ello creen imprescindible “caer en la cuenta de que hay que confiar tanto en uno mismo como en el otro; y mostrar la humanidad que nos une”.

Todo ello porque, al fin y al cabo, “hemos de mirar adelante, sin necesidad de olvidar el pasado y sin odio”. Y eso, “porque las nuevas generaciones deben conocer lo sucedido... para que no se repita”.

viernes, 24 de abril de 2015

24 abril 2015 (23.04.15) Historia "RosaPaz"

24 abril 2015 (23.04.15)

Historia de nuestra “RosaPaz”


Detalle de una "RosaPaz" 

El 23 de abril se celebra en Catalunya la "Festa de Sant Jordi", en la que se intercambian y regalan libros y rosas. No hay mejor día para recordar una rosa muy especial y que fue un proyecto que no ha llegó a cumplirse ante la desgana y la pasividad de ciertas administraciones y los pocos deseos de trabajar de algunos "representantes" de las víctimas.

La llamada "RosaPaz" fue una iniciativa de un grupo de víctimas en Catalunya que en 2003 planteó al Ministerio de Interior diferentes propuestas de modelos que representaran al colectivo. Tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y ante la nula receptividad que las propuestas despertaron en diferentes entes administrativos, contactamos con diversos agentes sociales y fue la Universidad Juan Carlos I de Madrid quien, en 2008, recogió la propuesta para la creación, mediante diversos cruces, de una rosa que representara al colectivo de víctimas del terrorismo.

Tras muchos esfuerzos y pruebas, los expertos crearon una variedad de rosa a la que denominamos "RosaPaz". Los esquejes de la nueva rosa fueron trasladados vía AVE (ver fotos) cuidadosamente "custodiados" por un servidor, con la intención de ser traspasados y plantados en dos lugares emblemáticos de Barcelona: la Rosaleda de Pedralbes y un jardín adyacente al monumento a las víctimas del terrorismo situado en Avenida Meridiana.


La única "RosaPaz" en su caja de camino a Barcelona (2008)

El 19 de junio de 2008 se presentó públicamente la “RosaPaz” en los actos de recuerdo y homenaje preparados aunque los expertos recomendaron no plantar el único ejemplar en esos meses de calor. No hay constancia de que ningún supuesto representante ni responsable de “las” víctimas se haya preocupado de continuar las gestiones iniciadas por otros y llevar a cabo la propuesta plantando la “RosaPaz” en ninguno de los sitios pensados de antemano.

La única manera de preservar nuestra rosa ha sido gracias a la colaboración de otras víctimas que se comprometieron a cuidarla en el jardín de su casa.

Esta es la historia, muy resumida, de un proyecto iniciado en 2003. En el camino han quedado muchas preocupaciones y gestiones por nuestra rosa preferida...  la "rosapaz". La rosa que se creó para recordar y homenajear a las víctimas del terrorismo.


Aunque algunos la cuidan en nombre de quien se sienta representado por ella.


La "RosaPaz" bajo los dedicados cuidados de Enric y Nuri

24 abril 2015 (1) ABC (opinión)

24 abril 2015


Barcelona estuvo en 2008 a un paso de vivir otro 11-M

Una célula desmantelada ese año pretendía perpetrar un atentado con explosivos previsiblemente suicida en el Metro





Los servicios de Inteligencia e Información centran en Cataluña buena parte de sus esfuerzos en la lucha contra el yihadismo, incluido el acercamiento de sectores radicales de seguidores del islam a los nacionalistas de esa Comunidad. A estos últimos, según fuentes solventes consultadas por ABC, los querrían utilizar para conseguir implantar allí un estado islamista a cambio de apoyar sus tesis soberanistas.

A la vista de los datos, ese especial foco de atención en Cataluña no es una decisión gratuita: entre 1996 y 2013 el 33,3 por ciento de los condenados por delitos relacionados con estas actividades fueron personas detenidas en esa Comunidad -un 28,6 por ciento en la provincia de Barcelona-, y tres de cada diez tenían su residencia allí. Pero es que además esos porcentajes crecen de forma significativa entre 2004 y 2013, pues esos índices aumentan al 37,5 y el 35,7 respectivamente, según datos recogidos por los investigadores del Real Instituto Elcano Fernando Reinares y Carola García-Calvo.

Los dos investigadores recuerdan además que Barcelona era la ciudad elegida por una célula desmantelada en 2008 para perpetrar un atentado con explosivos previsiblemente suicida en el Metro, lo que habría supuesto un nuevo 11-M en España. En esa operación fueron detenidos diez paquistaníes -siete de ellos residentes en la Ciudad Condal y uno nacionalizado español-, así como un ciudadano indio. Todos fueron condenados.

Durante la investigación se detectaron conexiones directas entre esta célula con Therik e Taliban Pakistan (TTP) una de las principales organizaciones asociadas con Al Qaida. Miembros cualificados de este grupo recibían además fondos de otra célula desmantelada en Cataluña en septiembre de 2004.

Los datos desde 2013, cuando las operaciones contra el yihadismo se centran en células relacionadas contra organizaciones establecidas en Siria e Irak, son aún más contundentes y demuestran que Cataluña es la Comunidad en la que hay más riesgo de que se produzca un ataque.

En ese tiempo, el 35,3 por ciento de los implicados han sido detenidos en Cataluña, donde además residía el 39,5 de ellos. Y hasta el 31,8 y el 36 por ciento del total, respectivamente, en la provincia de Barcelona. Para los investigadores citados es muy destacable, además, que los procesos de radicalización han comenzado a afectar, en el caso catalán, a sectores sociales ajenos en principio a comunidades musulmanas, con una llamativa aparición de conversos yihadistas.

Mientras, ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reveló en la Reunión de Directores y Responsables de Centros de Coordinación contra el Terrorismo -que se celebra en Madrid- que en España se han desarrollado desde 2004 un total de 122 operaciones contra el terrorismo internacional, con un total de 566 detenidos. “Gracias a la excelente labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad -dijo-, las detenciones han aumentado, de forma que, en los cuatro primeros meses de 2015, se ha detenido a 42 terroristas. Sabemos, además, que 115 yihadistas se han desplazado desde España a zonas de conflicto y que 14 han regresado, de los cuales nueve están en prisión y cinco en libertad”.

Opinión:


Me gustaría saber si es necesario seguir alertando a la población recordando unos datos de hace siete años. No se hasta qué punto se está alarmando indebidamente a los ciudadanos pero noticias como esta pueden (repito, pueden) llevar a situaciones como la que ayer viví en la festividad de Sant Jordi, cuando oí a dos impresentables dirigirse a dos jóvenes árabes y preguntarles “si sabían donde estaban los puestos donde compraban los libros para hacer bombas”...

Personalmente, me preocupa mucho más saber quien se haría cargo de las víctimas de un probable atentado. No quiero ni imaginarme que reciban el mismo trato que han recibido las víctimas españolas de los últimos actos terroristas...

22 abril 2015 El Correo (opinión)

22 abril 2015 

Las obras del Memorial por las víctimas de Vitoria arrancarán “en una semana”

Las máquinas entrarán en la sede del antiguo Banco de España un mes después de que Rajoy descubriera una placa a modo de primera piedra





El Memorial por las víctimas del terrorismo comenzará a ser una realidad más allá del papel. La sociedad estatal de gestión inmobiliaria de patrimonio Segipsa, a la que el Gobierno central adjudicó la dirección del proyecto, firmó el pasado 15 de abril el acta de inicio de las obras que, según aseguran desde el Ministerio del Interior, está previsto que arranquen en un plazo aproximado de “una semana”.
Las máquinas entrarán en la sede del antiguo Banco de España en Vitoria –edificio que albergará el futuro centro– un mes después de que, el 24 de marzo, el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, descubriera una placa conmemorativa en la fachada del inmueble para simbolizar la colocación de la primera piedra del Memorial. El acto, en el que también participó el lehendakari, Iñigo Urkullu, no estuvo exento de polémica. Y no solo por el hecho de que la relación entre ambos gobiernos no acabe de reconducirse, sino porque resultó que la placa era en realidad de quita y pon –por la noche el rótulo ya no figuraba en la pared–, lo que acentuó las críticas del resto de partidos, que vieron en aquel gesto un puro ardid electoral.
Desde el PP aclararon que la placa no tenía validez real y que se utilizó únicamente para el acto con el fin de mostrar de algún modo el despegue oficial del proyecto. Añadieron que el rótulo definitivo se colocará en el vestíbulo interior del centro y no en la fachada.
Cuatro años después de que el proyecto del Memorial empezara a andar –el retraso que acumula es ya incontable–, la ejecución de las obras, que correrán a cargo de la constructora Tracsa, arrancará en “una semana” con la vista puesta en la rehabilitación integral de la sede del Banco de España. El inmueble, construido en 1920 en el solar que ocupó el teatro de Vitoria, erigido en 1817 y destruido por un incendio en 1914, está en desuso desde hace más de una década. En 2011, el Gobierno central destinó dos millones de euros para la restauración del edificio, que solo iba a respetar la fachada y la cámara acorazada. Pero la iniciativa se paralizó a raíz de los recortes.
Tras los intentos fallidos del Ayuntamiento de convertirlo en un centro municipal –se pensó en el Gazteiz Antzokia–, finalmente el pasado 2 de abril, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, acordaron que acogiera el futuro Memorial. El Ejecutivo de Rajoy ha reservado ya en su proyecto de Presupuestos de este año una partida específica para el proyecto: 1,15 millones se destinarán a su creación y funcionamiento, mientras que otros tres millones estarán dirigidos a rehabilitar el edificio.

Posible subsede

El Ministerio del Interior encargó a un equipo de catorce expertos la elaboración de un informe que definiera el perfil y las funciones del Memorial. En ese grupo figuraban especialistas procedentes de diferentes disciplinas, como Florencio Domínguez, Joseba Arregi, José Luis de la Cuesta, Javier Elzo, Iñaki Ezkerra o Manuel Reyes Mate, entre otros. En las conclusiones, que Interior conoció a mediados de febrero, se apuesta por un centro que aspire a ser “más que un museo”. Y con ese objetivo trabajará el Ejecutivo central. Además de alumbrar un proyecto en recuerdo de las víctimas del terrorismo, está previsto que aborde también actividades como la investigación de las bandas violentas y la prevención de sus acciones terroristas, con la vista puesta en las nuevas generaciones de ciudadanos. También está previsto que Interior ponga en marcha una subsede del centro vitoriano en Madrid enfocada exclusivamente en el yihadismo, que hoy en día representa la principal amenaza a nivel internacional.
El futuro Memorial tendrá como “eje vertebrador” a las víctimas de ETA, “sin olvidar las de otros grupos terroristas” como los GAL, el Batallón Vasco Español y los GRAPO. No tiene visos de incluir a las víctimas de abusos policiales, tal y como había reclamado el PNV. Es el caso, por ejemplo, de los cinco trabajadores que el 3 de marzo de 1976 murieron en Vitoria por disparos de la Policía.
El periodo en estudio comprenderá desde el 1 de enero de 1960, como establece la ley, hasta octubre de 2011, cuando ETA decretó el cese definitivo de su actividad armada. Además, está previsto que el centro incluya un banco de memoria, promocionará los homenajes y actos de recuerdo y mantendrá una exposición permanente que buscará la deslegitimación de la violencia con fines políticos o religiosos. Una escultura de Ibarrola presidirá todo el complejo, cuya apertura se mantiene, salvo nuevos retrasos, para 2016.

Opinión:

Habrá que esperar a conocer cómo acaban las obras y las mejoras para este Memorial por las víctimas, pero por lo que he comentado con algunas no parece que sea del agrado general, máxime cuando ni siquiera se ha hecho una encuesta previa para conocer las opiniones de quienes deberíamos sentirnos representados por ese Memorial.
Lo que sí puedo avanzar es que si va a ser una nueva exposición de fotografías con asesinados, charcos de sangre, destrozos por causa de las bombas y temáticas similares, a mí que me olviden. Ya tengo suficiente con las exposiciones y los homenajes que ciertas entidades realizan, con recursos públicos, para conmemorar a sus propias víctimas sin importarles el resto.
En cuanto a lo de las bandas terroristas, al menos se olvidan de otras quince con sus respectivas víctimas. ¿Qué tal un repasito a la historia del terrorismo a nivel general?

Por cierto, los 3 millones de euros destinados a “rehabilitar el edificio”.... ¿serán auditados y justificados correctamente? Lo digo porque si a alguien se le ocurre hacer algo parecido a los actos que en memoria de las víctimas hacía la gentuza del caso Gurtel,“en mi nombre no, gracias”.

jueves, 23 de abril de 2015

21 abril 2015 (13.04.15) (2) Interviu (completa) (opinión)

21 abril 2015 (13.04.15)




“Síndrome del Norte”, la asignatura pendiente







En 1985 un guardia civil que había estado destinado en el País Vasco mató a un transexual en Barcelona. Los forenses dictaminaron que el agente padecía el ‘síndrome del Norte’ por la gran tensión que sufrió debido a la amenaza etarra. Desde entonces, la patología, que no está reconocida oficialmente como enfermedad profesional, se ha diagnosticado con cuentagotas. Los afectados –unos 15.000 agentes– se quejan de la ardua lucha en los tribunales que deben emprender para que su incapacidad irreversible por estrés postraumático sea considerada como un atentado.
La noche del 14 de abril de1985, el guardia civil José Antonio Sánchez García, de 25 años, bebió más de la cuenta. Después de asar por tres discotecas de Barcelona, el agente se dirigió a la Rambla en busca de sexo. Se subió a su coche una joven llamada Erika, que en realidad era Eduardo Sigfrido Pérez, un transexual venezolano que se prostituía. Una discusión por el precio del servicio fue el detonante. El guardia civil sacó su arma y le descerrajó un tiro en la nuca ala prostituta. Los forenses indicaron que José Antonio Sánchez sufría el síndrome del Norte como consecuencia de su paso por el País Vasco para luchar contra ETA. Había estado destinado allí hacía cinco años, durante ocho meses y presenció la muerte en atentado de un compañero. Era la primera vez que se recogía en un documento médico oficial la existencia de una dolencia mental propia de guardias civiles y policías tras haber estado destinados en el País Vasco durante la época más salvaje de la ofensiva etarra contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El diagnóstico le sirvió al guardia Sánchez para rebajar considerablemente su condena: de 24 años de cárcel a once. Desde entonces, en escasos informes médicos se ha vuelto a ver la expresión síndrome del Norte. La falta de reconocimiento por parte del Estado ha provocado que no existan datos ni cifras oficiales sobre la patología.
Los sindicatos y asociaciones de la Policía y la Guardia Civil estiman que unos15.000 agentes de ambos cuerpos sufren la enfermedad, lo que equivale a un tercio de los que estuvieron destinados en el País Vasco entre 1975 y 1990. De estos, solo a un uno por ciento aproximadamente los tribunales de justicia les han reconocido que sus trastornos mentales son consecuencia de su actividad en el País Vasco. El malagueño Cristóbal Palomo es uno de ellos. Estuvo destinado como policía nacional en el País Vasco entre 1981 y 1986. Presenció atentados que acabaron con la vida de otros policías, pero lo que le marcó para siempre fue el suicidio de su compañero Camilo, en 1981,en Pamplona. “Su muerte estuvo provocada por la enorme tensión que vivíamos en el Norte, muertos de miedo por si éramos los siguientes en caer bajo las balas de los etarras, rodeados del desprecio de la gente y con muy poca preparación”,recuerda Palomo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoció en junio de 2002 que como consecuencia de las condiciones de trabajo de Cristóbal en el País Vasco, éste desarrolló un síndrome depresivo y delirante que le incapacitó permanentemente. Ordenaba entonces el tribunal que se le reconociera la enfermedad profesional en acto de servicio, lo que da derecho a una pensión extraordinaria. Uno de los abogados que más casos por síndrome del Norte ha llevado en los tribunales es Florentino Martínez, letrado de la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (Acfsevt). “De todos los casos que he llevado, unos 50 han logrado el reconocimiento. A partir de 2008 la Administración se volvió muy restrictiva a la hora de reconocerla incapacidad permanente por estrés postraumático. Los cambiaban de destino o los dejaban en el mismo pero con las limitaciones de no poder portar armas, por ejemplo”, explica Martínez.

 Pleito interminable


Al ex policía Jorge Casas le costó 18 años de pleitos que le reconocieran la relación entre su patología de ansiedad crónica y su trabajo en el País Vasco, entre 1980 y 1982.Tiene una incapacidad reconocida del 65 por ciento. Ahora trata deque se le reconozca como víctima del terrorismo; una pretensión que ha sido denegada por la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, del Ministerio de Interior. Pero Casas no se rinde y ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional. “Me salvé de un atentado por los pelos. Fue la gota que culminó el vaso de toda la presión que soporté en el Norte”, alega Jorge Casas. El 26 de marzo de 1982 dos pistoleros de ETA acabaron con la vida de Enrique Cuesta, delegado de Telefónica en San Sebastián, y del policía Antonio Gómez. “Antonio era mi compañero. Nos dirigíamos a dejar al protegido en su domicilio. Yo iba mucho más retrasado cuando escuché los disparos. Me tiré al suelo y después descubrí la masacre”, dice Casas del Estado ha provocado que no existan datos ni cifras oficiales sobre la patología.

A Eva Pato le quedaron solo 50.000 pesetas (300 euros) de pensión en 1994. Tenía tres hijos y 29 años. Su marido, José Santos Pico, policía nacional, se pegó un tiro en la cocina de su casa en San Sebastián. No hubo ni reconocimiento ni ayuda para la viuda. Aunque esta vasca no está considerada oficialmente como víctima del terrorismo, el Director General de la Policia Ignacio Cosidó, pudo escuchar su trágico relato en octubre de 2014,durante unas jornadas sobre mujeres víctimas del terrorismo organizadas por la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (Acfsevt). Su presidente, Paco Zaragoza, califica de infernal el ambiente que vivieron los policías en el País Vasco: “Los agentes que mostraban algún síntoma de debilidad eran tildados por jefes y mandos de cobardes, locos o borrachos. Muchos miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado han caído en el alcohol, y otros se han suicidado por no poder soportar ni las situaciones tan dramáticas, ni las presiones de los mandos para reincorporarse a sus puestos de trabajo inmediatamente de haber sufrido una agresión terrorista o recoger los restos de su compañero muertos en un atentado”. José Santos, el esposo de Eva Pato, no soportó la muerte de la hija de un compañero, en 1991. La joven Coro Villamudría murió en la explosión del coche de su padre, policía, que resultó herido junto a otros dos de sus hijos.“Aquel atentado fue dolorosísimo –recuerda Eva–. Nosotros habíamos sufrido dos atentados, en 1980 y 1981, en nuestras viviendas. Creo que mi marido no quería ser el responsable de la muerte de alguno de nuestros hijos y por eso se quitó la vida”. Desde entonces, Eva lucha para que se reconozca que la muerte de su marido se debió al síndrome del Norte. “Parece que con la ley vigente, que reconoce la figura de los amenazados como víctimas del terrorismo, se podría intentar que, por fin, se haga justicia con mi marido y con otros muchos que se suicidaron por los mismos motivos”, declara la viuda de Santos, para la que ese reconocimiento solo depende de la voluntad política. “Para el Gobierno Vasco, mi marido sí ha sido víctima del terrorismo, pero es un reconocimiento simbólico, que agradezco. Para el Estado, no”.

Reconocimientos nulos

Desde 1982, 447 guardias civiles se han suicidado; uno cada 26 días. Son estadísticas oficiales del Cuerpo. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha iniciado su propio estudio sobre conductas suicidas en la Guardia Civil. ”El riesgo de suicidio entre nuestros agentes se ha multiplicado por cinco respecto a los ciudadanos civiles. Tenemos que saber las causas para poder evitarlos. Si se rastreara los motivos de las jubilaciones anticipadas y de los suicidios, veríamos la trascendencia del ‘síndrome del Norte’”, sostiene Juan Antonio Delgado, portavoz de AUGC. El Sindicato Unificado de Policía(SUP) pretende que se reconozcan los méritos y el sufrimiento de los agentes destinados en el País Vasco. “No se les ha reconocido jamás su labor –sostiene Luis Mariano Rodado, secretario general del SUP del País Vasco–. Ni a sus familias, que padecieron también el ‘síndrome del Norte’ o estrés postraumático”.

El sindicato solicita que se les otorgue la medalla roja al Mérito (pensionada con unos 130 euros al mes) a todos los policías que hayan prestado sus servicios en el País Vasco durante 15 años, y la medalla blanca (sin remuneración)a los que hayan estado cinco años allí.”Todos los que trabajamos en el País Vasco arrastramos alguna secuela. Algunos lo hemos canalizado mejor que otros”, recuerda Rodado. Este policía destinado en el País Vasco desde 1989 perdió a su jefe, Eduardo Puelles, en un atentado en junio de 2009. “Eduardo había cogido uno de los coches de mi equipo, que llevaba dos días de descanso. Son golpes que no se superan nunca”, asegura Rodado.


Viví mi infancia pensando que mi padre era ferroviario como mi abuelo. Eso es lo que me habían dicho en casa. Con seis años, descubrí que era policía, un día de paseo por Vitoria con mi madre. De repente, nos vimos inmersos en una manifestación de Herri Batasuna. Había muchos policías y grité: “¡Mira, cuántos ferroviarios, como papá!”. Mi padre se llama Francisco Martín y nació en Huelva en 1958. Su primer destino como policía nacional fue Miranda de Ebro, en 1980. Al año siguiente, lo trasladaron a Vitoria, en los años de plomo de la ofensiva etarra contra los policías y guardias civiles. Comenzaba entonces para él un viaje sin retorno hacia la destrucción. Residíamos en un piso alquilado en la calle Arana. No nos hablábamos con os vecinos. Mi madre, una granadina valiente, me tenía dicho que no contestara nunca a nada de lo nos que dijeran. Muchas veces nos insultaban en euskera. Recuerdo un día horrible cuando nos disponíamos a ir al colegio. Una vecina que estaba fregando el portal nos derramó un cubo de agua al grito de “txakurrak kampora”. Nos mojamos los pies y mi madre, sin volverla cara, me dijo que siguiera para adelante. Nos refugiamos en una mercería cuya tendera, una anciana gallega, era el paño de lágrimas de mi madre. Me regaló un par de calcetines. Llegué al colegio tarde, muy triste porque no entendía porqué esa mujer nos había tirado el agua. No tengo una imagen fija de mi padre en mi infancia. Cada semana cambiaba de apariencia. Era una manera de autoprotegerse de los terroristas. Cuenta mi madre que cuando yo era muy pequeña lloraba porque a veces no le reconocía. Se dejaba el pelo largo, se lo cortaba, lucía bigote, otras veces barba. Recuerdo aún algunos rituales cuando íbamos a salir todos en familia. Mi padre quería protegernos y se las ingeniaba para no llamar la atención. Primero salía él del piso y, al rato, nosotros. Nos encontrábamos en algún parque y ya paseábamos. Vivir así es duro. Sobretodo lo fue para mi padre, al que ETA arrebató a compañeros y amigos. Francisco González Ruiz  era de Granada, del mismo barrio que mi madre, y en mi casa lo conocían como Paquillo el de La Chana. Mi madre y él habían coincidido en su juventud en esta zona granadina. Al reencontrarse en Vitoria se forjó una gran amistad entre mis padres y Paquillo. La noche del 31 de octubre de 1982, cuando yo acababa de cumplir siete meses, mi padre entraba de servicio y Paquillo terminaba el suyo. Se pusieron a hablar unos instantes, tomando un café, sobre la visita del Papa a España y de las recientes elecciones generales. En ese lapsus de tiempo, llamaron a una de las unidades eco-2 (subestación eléctrica de Iberduero a la salida de Vitoria, dirección Arcaute) para hacer la escolta hasta la central eléctrica. Mi padre iba a hacer el relevo pero aún no se había terminado la consumición y Paquillo le respondió: “Son cinco minutos. Quédate a acabar el café”. Esas serían las últimas palabras de Paquillo a mi padre. Al rato haría explosión un coche bomba  con 50 kilos de goma 2 al paso de las tanquetas de la Policía Nacional que acabaría matando al gran amigo de mi padre. Mi madre escuchó el estruendo desde nuestro piso. Pasó horas llorando hasta que Ramón, compañero policía, se acercó para avisarle deque mi padre estaba vivo. A la mañana siguiente al terminar el turno, mi padre llegó destrozado a casa. Había estado en el lugar de los hechos y había visto lo que quedó del cuerpo de Paquillo. Nunca lo pudo superar. Otro de los hechos que afectaron al ánimo de mi padre fue cuando, a finales de la década de los 80, le comunicaron los inspectores de la Brigada de información (encargada de la lucha antiterrorista) que había sospechas de que ETA estaba planeando atentar contra un policía que tenía sus hijos en el Colegio Antonio López de Guereñu. Entre esos niños, me encontraba yo. Este episodio atormentó a mi padre hasta el punto que mi madre, mi hermano yo nos bajamos a vivir a Granada. En 1992 mi padre fue destinado a Fuengirola (Málaga). Había pasado once años en el País Vasco. Ya instalados en la Costa del Sol vimos cómo mi padre seguía manteniendo conductas que no eran normales. Mirar los bajos del coche, revisar toda la casa antes de dormir, sentarse de cara a la puerta o ponerse nervioso si algún desconocido le miraba más de un minuto seguido no son más que anécdotas de lo que la vida nos tenía guardado. Una noticia sobre ETA en un informativo podía suponer tres meses de infierno en mi familia. Recuerdo los grandes ataques de ira de mi padre, las puertas rotas, los llantos y, lo peor de todo, cuando se encerraba en su habitación con las persianas cerradas, sin una ranura de luz, y decía esperar la muerte. Cualquier ruido podía desestabilizarlo. Muchas madrugadas el simple ladrido de un perro hacía que cogiera la pistola y nos despertara a todos para ver si estábamos bien y comprobar que no había nadie en la casa. El terrorismo nos perseguía. En junio de 2002 ETA explosionó dos coches bomba a una manzana de mi casa, en Fuengirola. Hubo seis heridos graves. Aquella catástrofe hizo que mi padre definitivamente sucumbiera al síndrome del Norte. Al poco, le dieron de baja, y posteriormente lo jubilaron. La lucha en los tribunales de mi padre fue  para que le reconocieran su sufrimiento en acto de servicio. Estuvo de baja desde 2004 hasta 2007 y le concedieron  la incapacidad permanente pero sin ese reconocimiento. Ya en 2012, después de cinco años de juzgados y tribunales médicos, obtuvo el reconocimiento oficial de enfermedad mental por los servicios prestados como policía en el País Vasco, o lo que es lo mismo, el diagnóstico  de síndrome del Norte, y la jubilación en acto de servicio. Fue la propia Abogacía del estado la que ese mismo año instó a la dirección general de la Policía nacional a que incoara un expediente de averiguación de causas de jubilación por sospechar que se podía tratar de un caso de víctima del terrorismo. Tres años después, no sabemos nada del tema. Una de las mayores desilusiones que me he llevado en mi búsqueda por encontrar ayuda para mi padre ha sido la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). “Sentimos no poder ayudarle. Su padre no es víctima del terrorismo y no puede recibir nuestro apoyo psicológico”. En dos ocasiones me han dado esta respuesta. ¿Cómo es posible que una asociación de víctimas dé la espalda a quienes se han dejado la salud mental por velar por la seguridad de todos los ciudadanos frente al terrorismo? Los recuerdos del País Vasco atormentan aún a mi padre. No ha logrado desprenderse de la ansiedad y el estrés y ha estado ingresado en siete ocasiones en hospitales psiquiátricos. El síndrome del Norte le ha derivado con los años a otras patologías como el trastorno límite de la personalidad y la depresión crónica. Él es víctima del terrorismo y ha de ser tratado como tal y no acarrear el estigma de “los locos del norte”“los policías pirados” y otros tantos calificativos con los que son despreciados.

Opinión:

Impresionante reportaje el realizado por Ana María Pascual. Otros muchos medios que apoyan a la administración o a cualquier asociación de víctimas deberían aprender a ofrecer la REALIDAD SOCIAL de tantas personas que han sufrido las consecuencias del terrorismo. Pero la ineptitud o la desidia no les permite mostrar la osadía suficiente para hablar claro sobre el tema.
Pero a mi, que llevo mas de media vida dedicado al tema asistencia la víctimas del terrorismo, tampoco me preocupa si el Ministerio o la administración de turno se puede molestar con lo que a continuación voy a explicar.
El reportaje de Ana María Pascual me da la oportunidad de ofrecer mucha información que he vivido en primera persona al dedicar cientos de horas a tramitar expedientes de otras personas afectadas por las consecuencias de los atentados terroristas que han vivido.
Y si molesta a alguien, ajo, agua y resina. Ahí van los datos y si un solo representante político se atreve a investigar el tema, tiene todos los datos a su disposición.
Ah, advierto que esto va a ser largo…

Que hayan personas que han sufrido todo lo sufrible mientras servían a los ciudadanos en el País Vasco y ahora reclamen el derecho a ser reconocidos como víctimas del terrorismo lo encuentro lógico y coherente.
El problema es que el legislador, o sea los representantes públicos que crean las leyes, han legislado de tal manera que, desgraciadamente, se han colado much@s list@s en la relación de víctimas “reales” del terrorismo y ello ha llevado a quienes deciden si se es o no se es víctima, a poner en práctica la frase que dice “pagarán justos por pecadores”.
Se han dado casos de personajes que han conseguido incapacidades y pensiones presentando lesiones “aparecidas misteriosamente” hasta veinte años de presenciar un atentado. Hay otros cuyo nombre aparece en la relación de heridos de una sentencia y van por la vida explicando lesiones y experiencias que nunca han vivido (como la misma sentencia aclara). Otros, haciendo gala de su posición en algunas asociaciones, reales o virtuales, exigen constantemente el ser reconocidos como víctimas o claman amenazando por la venganza de “las” víctimas. También encontramos a aquell@s que, mostrando un hipócrita interés en las lesiones de otros, las han mezclado como si fuera su propia historia. O aquellas que van detrás de algún responsable de la administración implorando recibir una pensión “bajo mano” o una subvención para que su cónyuge se pueda hacer una intervención de reducción de peso… De todo ello, no lo olvidemos, el Estado debería estar interesado en conocer a donde van los recursos, aunque otra cosa es que le interese investigar… ya sabemos aquello que tanto sirvió a algunos para obtener réditos electorales: “las víctimas siempre tienen la razón”.

Pues no, eso no es verdad. Las víctimas no tenemos siempre la razón, y menos cuando las que hablan, exigen y gritan son las que algunos llamamos “víctimas de tirita”. O ni siquiera son víctimas porque no tienen ni el derecho a solicitar una Gran Cruz o una Encomienda. Por suerte, porcentualmente son pocas pero lo suficientes para que el Estado no se fíe de nadie y…

luego está el otro lado de la cuestión, el lado de las víctimas que muestran una dignidad y una paciencia que nunca se acaba, unos seres humanos que no levantan la voz por no molestar, que viven su dolor con la esperanza de que nadie mas sufra lo mismo que ell@s... Son esas víctimas a las que se les exige 35 años después del atentado que presenten un documento original de la primera baja para cobrar una mísera indemnización… o las que llevan meses esperando que un ministerio les responda con un “si” o un “no” una pregunta muy sencillita pero que no está reflejada en la legislación… padres y madres que tienen sus secuelas psiquiátricas reconocidas simplemente como “enfermedad común” por no estar presentes en el lugar del atentado cuando les asesinaron a sus hijos pequeños… existen cónyuges de herid@s que tuvieron que visitar los hospitales para reconocer cadáveres ante la posibilidad de que su familiar estuviera entre ellos… o los que solo son noticia el día del atentado para la foto de siempre y luego no reciben ni una llamada telefónica para saber cómo están… o las que se enteran por la prensa de que una asociación y un fiscal las representa en un juicio sin siquiera haber hablado antes dos minutos o verse las caras…

Con todo lo antedicho no quiero decir que los miembros del las FCSE a las que hace referencia el excelente reportaje de Ana María Pascual no tengan toda la razón para exigir lo que creen es de derecho. Sólo faltaría, les animo a hacerlo. Pero quiero advertirles que, en 27 años de trabajo asistencial y como víctima de ETA, he visto tanta injusticia y tanto aprovechado del dolor ajeno que el hecho de que el Estado sea ahora mas restrictivo obedece, entre otras razones, al morro que algun@s han mostrado, muestran y mostrarán en el mundo de “las” víctimas del terrorismo.
¿Qué podemos esperar de un Estado al que no le importa lo más mínimo encontrar a las víctimas del terrorismo a las que tanto dice reconocer?