lunes, 30 de noviembre de 2015

30 noviembre 2015 (25.11.15) infolibre.es

30 noviembre 2015 (25.11.15) 

El fiscal superior de Euskadi cree que si ETA se disolviera, un “gran número” de presos de la banda “saldrían a la calle”

Juan Calparsoro afirma que el acercamiento de presos "podría ser positivo para la reinserción y resocialización de los reclusos"


El máximo responsable de la Fiscalía en Euskadi se muestra a favor además de una reforma del tipo penal sobre el delito de enaltecimiento del terrorismo

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, considera que si ETA se disolviera, un "gran número" de presos de la banda "saldrían a la calle" y otra parte importante serían "acercados" a cárceles próximas a Euskadi.

Calparsoro ha planteado esta reflexión en su comparecencia de este miércoles ante la Comisión de Seguridad y Justicia del Parlamento vasco, en la que ha presentado la Memoria de la Fiscalía Vasca correspondiente a 2014, un documento que fue dado a conocer el pasado mes de septiembre.

En un momento de su intervención, y en respuesta a la parlamentaria de EH Bildu Leire Pinedo, el fiscal se ha mostrado partidario de "flexibilizar" la política penitenciaria respecto a los presos de ETA, un planteamiento que Calparosoro ha defendido en numerosas ocasiones.

Según ha explicado, acabar con la dispersión de los reclusos de la organización terrorista y "acercarlos" a prisiones próximas a Euskadi "podría ser positivo para la reinserción y resocialización de estos reclusos".

No obstante, ha precisado que adoptar una decisión de este tipo sería más fácil si ETA anunciará su disolución. "Si mañana ETA se disuelve, un gran número de presos serían acercados y un gran número de presos saldrían a la calle", ha manifestado, tras lo que ha señalado que esto es sólo un "pronóstico".

Libertad de expresión

El máximo responsable de la Fiscalía en Euskadi también se ha referido a la posible modificación del tipo penal sobre enaltecimiento del terrorismo. Calparsoro ha explicado que según su opinión "personal" y la de otros juristas, sería conveniente "reformar" este tipo penal.

Esto, según ha dicho, se debe a que se trata de un delito "que roza la libertad de expresión", por lo que debería hacerse "una aplicación más ponderada" del mismo. "Sería interesante hacer una reforma", ha insistido.

Memoria

La Memoria de la Fiscalía Vasca correspondiente a 2014 refleja un descenso general en los índices de criminalidad. El año pasado, se incoaron 109.468 diligencias previas en todos los juzgados de la Comunidad Autónoma Vasca, frente a 115.520 de 2013, lo que supone descenso del 5,25%. De ellos, 19.471 corresponden a Álava (frente a 19.146 del año anterior), 33.418 a Guipúzcoa (frente a 34.789 de 2013) y 56.579 a Vizcaya (frente a 61.585 del pasado año).

Además, el pasado año se abrieron 6.357 diligencias urgentes, 1.163 en Álava, 2.170 en Guipúzcoa y 3.024 en Vizcaya, lo que supone un descenso de un 6%. La bajada fue especialmente importante en Vizcaya (del 10,32%) y en Álava (del 5,75%), frente a un aumento del 1,84% en Guipúzcoa. El número de conformidades en los juzgados de instrucción fue del 87,21% de las calificadas en este procedimiento.

En 2014 se celebraron 12.112 juicios de faltas con intervención del Ministerio Fiscal (3.764 en Guipúzcoa, 1.716 en Álava y 6.622 en Vizcaya), frente a los 11.856 de 2013. En toda Euskadi se dictaron 12.141 sentencias en juicios de faltas, de las que el 44,12% (5.357) fueron absolutorias y el 55,87% (6.784) condenatorias.



29 noviembre 2015 (2) mundo.sputniknews.com

29 noviembre 2015

España no quiere la guerra

http://mundo.sputniknews.com/europa/20151129/1054222010/espanoles-Siria-guerra.html

El 53,9 por ciento de los españoles rechaza la posibilidad de que el Gobierno español se comprometa a realizar acciones militares directas en Siria, según una encuesta realizada por Sigma Dos para El Mundo.

Los encuestados responden a la pregunta "¿Cree que España debería sumarse a las acciones militares en Siria?". Un 53,9 por ciento responde que "no", un 34,8 por ciento responde que "sí" y un 11,3 por ciento no sabe o no contesta.

El estudio también destaca que el 83,2 por ciento de los ciudadanos cree posible que en España se repita un atentado como el ocurrido en París.

El mayor rechazo a la guerra se encuentra entre los votantes de Podemos, un 77,2 por ciento lo rechaza. Le sigue Izquierda Unida, con un 65 por ciento; PSOE con un 57,2 por ciento de sus votantes en contra; el Partido Popular con un 53 por ciento y finalmente los votantes de Ciudadanos, que solo un 45,8 por ciento rechazan la intervención.

Este sábado se celebraron decenas de manifestaciones por todo el país con el lema "No a la guerra" y "No en mi nombre", para mostrar el rechazo de una parte de la ciudadanía a la participación de España en este conflicto.

Hasta el momento, el Gobierno español no ha detallado la colaboración que mantendrá con Francia en la lucha contra el Estado Islámico.




29 noviembre 2015 El Mundo del Siglo XXI

29 noviembre 2015 



Los españoles temen al IS, pero no quieren ir a la guerra







La posible participación española en el operativo militar que varios países llevan a cabo en Siria e Irak para combatir al Estado Islámico (IS) mantiene dividida ideológicamente a la opinión pública española. Así al menos lo pone de manifiesto la encuesta realizada por Sigma Dos para El Mundo que publicamos hoy. Frente a un 34,8% de encuestados que opina que España debería sumarse a los ataques aéreos que desde hace más de un año viene realizando la coalición internacional, el 53,9% considera que nuestro país debería abstenerse de participar. El 11,3% restante declara no tener ninguna opinión formada o prefiere no responder a la cuestión.
Aunque la diferencia entre quienes son partidarios de las acciones bélicas para acabar con el IS y los que opinan lo contrario es de casi 20 puntos, el rechazo a la guerra como solución al terrorismo islámico no ha alcanzado el porcentaje del 91% que recogió la encuesta del CIS en febrero de 2003, unas semanas antes de que se celebrase la cumbre de las Azores. Entonces, la intervención en Irak para derrocar el régimen dictatorial de Sadam Husein provocaba un amplio rechazo popular, que se puso de manifiesto en varias manifestaciones multitudinarias en toda España, en las que participaron tanto votantes del partido en el Gobierno, el PP, como de los partidos de centro y de izquierda. Era un no generalizado a una guerra que se consideraba injusta e innecesaria.
Ahora, sin embargo, la situación es diferente y los partidos políticos han trasladado su división a la sociedad española, convirtiendo en una cuestión ideológica la manera de combatir al IS. Así, sólo un 35,9% de los votantes del PP se muestra contrario a la intervención en Siria e Irak, frente al 53,2% que sería partidario de la participación activa en la guerra. Estos porcentajes se invierten entre los votantes de los partidos de izquierda, donde el rechazo a la participación española en los bombardeos es ampliamente mayoritario. Entre los electores del PSOE, un 57,2% es contrario a la guerra, porcentaje que se amplia al 77,2% en el caso de Podemos y al 65% en el de IU. Entre los votantes de Ciudadanos, la división es absoluta, ya que un 45,3% se muestra favorable a la intervención bélica frente a un 45,8% que la rechaza.
Esta división ideológica se puso de manifiesto en la escasa repercusión de las concentraciones que se celebraron ayer en varias capitales, organizadas por los autoproclamados alcaldes del cambio y apoyadas por IU, Podemos y las candidaturas de unidad popular. El grito de 'No a la guerra' que la casi totalidad de la ciudadanía española hizo suyo, se ha convertido en un eslogan que algunos líderes quieren rentabilizar de cara a las próximas elecciones del 20 de diciembre.
Pero la encuesta que publicamos arroja otro dato significativo. Preguntados por la posibilidad de que en España se pueda producir un atentado terrorista como el de París, el 83,2% de los encuestados ha respondido que lo ve posible, frente al 13,5% que no lo cree. Es decir, la amplia mayoría coincide en que el yihadismo representa un peligro inminente para nuestra seguridad y que en cualquier momento puede volver a golpear en España como lo hiciera el 11 de marzo de 2004.
La combinación de ambos resultados de la encuesta refleja que pese a que la abrumadora mayoría de los españoles asume que estamos en el punto de mira del terrorismo islámico, la mayor parte no cree que participar activamente en la guerra sea la solución. Una opinión que refuerza la política de cautela mantenida hasta ahora por el presidente del Gobierno. Rajoy hace bien en no comprometer a España en un asunto de enorme trascendencia como éste, máxime cuando existe la posibilidad de que en menos de un mes las urnas elijan a otro candidato. No obstante, tanto él, si sale reelegido, como un nuevo presidente del Gobierno, sea del color que sea, tendrán que asumir el doble vínculo que condiciona de forma insoslayable nuestra política exterior: que España forma parte de la OTAN, y como tal debe participar en sus operaciones porque de ellas depende también nuestra seguridad; y que la UE exige por el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa, la "asistencia con todos los medios" posibles a un Estado miembro que haya sido "objeto de una agresión armada en su territorio". No contemplar esta realidad colocaría a España en una inasumible situación de aislamiento internacional. Por esta razón, tanto Rajoy como su posible sucesor deberían realizar un esfuerzo de pedagogía política para que la sociedad española comprendiera que España no puede abdicar de sus obligaciones y que, aunque a nadie le guste la guerra, hay ocasiones en las que no queda más remedio que acudir al recurso de la legítima defensa.



sábado, 28 de noviembre de 2015

27 noviembre 2015 (26.11.15) (3) La Opinión de Tenerife

 27 noviembre 2015 (26.11.15) 


¿Qué es el pacto antiyihadista?

El plan propició varias medidas legales, una inversión de 10 millones en medios y un plan contra la radicalización






El pacto antiyihadista es el acuerdo firmado el pasado 2 de febrero (semanas después de los atentados de Charlie Hebdo) por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Consiste en un pacto de Estado abierto al resto de formaciones que consta de un total de ocho puntos que afectan al ámbito político, al judicial y policial.

Tras los recientes atentados de París, ya han manifestado su intención de adherirse a este pacto Ciudadanos, UPyD, Partido Aragonesista y Unió. Podemos también asistirá a la próxima reunión de seguimiento de este pacto que tendrá lugar este jueves en el Ministerio del Interior, pero ha aclarado que acudirá en calidad de observador, según fuentes ministeriales

  Reforma del Código Penal

El acuerdo contemplaba modificar el Código Penal en los delitos relacionados con terrorismo. La premisa era que las leyes que sirvieron para derrotar a ETA se quedaban desfasadas para combatir un terrorismo nuevo y diferente como el yihadista. Por ello se impulsó este cambio, que fue aprobado el 26 de marzo en el Congreso de los Diputados con el apoyo del PP, el PSOE y los grupos minoritarios Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias.

Se introducía una nueva tipificación de terrorismo en la que ya es necesario pertenecer orgánicamente a una banda armada para ser acusado por este delito (medida contra los 'lobos solitarios'). También se regulaba la figura del adoctrinamiento pasivo ante los numerosos casos de personas que se han radicalizado ante el ordenador de su casa consumiendo páginas webs yihadistas.

No obstante, para condenar por adoctrinamiento pasivo (penado con entre dos y cinco años de cárcel) es necesario demostrar un deseo de integrarse en una banda terrorista, colaborar con ella o perseguir sus fines. Es decir, periodistas, analistas, y fuerzas de seguridad pueden consultar estos contenidos sin temor a ser acusados. También se castiga con penas de entre dos y cinco años a quienes se desplacen a lugares en conflicto como Siria o Irak con la intención de integrarse en una banda yihadista.

Por enaltecer el terrorismo, la pena máxima pasa de dos a tres años, lo que abre la puerta a entrar en prisión incluso sin antecedentes, y se tiene en cuenta como agravante que el enaltecimiento se realice en Internet o las redes sociales. Además el juez podrá acordar la destrucción de archivos informáticos. La reforma también recoge la prohibición para que los condenadas por terrorismo puedan ejercer como profesores. Todas estas medidas llevan en vigor desde el 1 de julio.

"La máxima pena" para el asesinato terrorista

Este fue uno de los puntos más conflictivos y estuvo cerca de dar al traste con el pacto ya que el PSOE se opone a la prisión permanente revisable introducida por el PP en su reforma de Código Penal, la máxima pena actualmente. Finalmente, la redacción de la Ley remite a la prisión permanente revisable en los casos de asesinato, aunque como pidieron los socialistas, desaparece del texto la mención expresa de esta figura.

De este modo, en el apartado relativo de la clasificación de penas por delitos terroristas se castiga "con la prisión por el tiempo máximo previsto en este Código Penal si se causara la muerte de una persona". Esto permite a los socialistas poder derogar la prisión permanente revisable en caso de llegar a gobernar sin necesidad de modificar el pacto antiyihadista

  Reforzar a las Fuerzas de Seguridad, jueces y fiscales

Para ello el pacto pedía "impulsar las reformas legislativas necesarias para actualizar y reforzar el marco jurídico". En virtud de este acuerdo antiyihadista, el próximo 7 de diciembre entrará en vigor otra batería de medidas ya aprobadas en la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Entre ellas destaca una ampliación del campo de acción de los agentes encubiertos informáticos que podrán, a partir de ahora, usar identidades falsas en las redes sociales, incluyendo los chats, vía principal de encuentro y radicalización de los islamistas radicales. La nueva norma introduce, además, medidas de investigación tecnológica adaptadas a la actualidad y amplía la interceptación de comunicaciones que afectará a WhatsApp, SMS y escuchas ambientales. Deberán siempre contar con la autorización de un juez.

  Honrar a las víctimas

El pacto suscrito por PP y PSOE incluye "honrar con la dignidad debida su memoria" y el "apoyo a sus asociaciones y organizaciones representativas".


  Recursos humanos y materiales

Este punto establece dotar a la administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia de los medios necesarios para luchar contra el yihadismo. El Gobierno ha aprobado este año una partida de 10 millones de euros para incrementar el material y el personal de la lucha antiterrorista, incluidos hackers informáticos.


  Combatir la radicalización

Con este fin, el Consejo de Ministros aprobó un plan para luchar contra la radicalización violenta en la que el Ejecutivo se compromete a plantar batalla al relato yihadista difundiendo una contranarrativa a su mensaje violento, principalmente en Internet, y a crear grupos locales en cada municipio para la rápida detección de posibles conflictos.

Cada grupo local está formado por representantes de la Policía Local, Policía Autonómica en su caso, Ayuntamiento, Juzgados, Centros Escolares, Asuntos Sociales, Entidades Sociales y Colectivos de Riesgo. Para facilitar los trabajos se diseñó un sistema específico de intercambio de información entre la Administración Local y la Central.


  Colaboración internacional

Se busca promover en el seno de la Unión Europea y en las instituciones internacionales la adopción de políticas contra el terrorismo y participar activamente en los foros internacionales. El pasado octubre el Gobierno llevó a varias víctimas del terrorismo ante el Consejo de Seguridad de la ONU para que fuesen escuchadas en ese foro.

Otra de las medidas que España está impulsando en el ámbito internacional es la implantación del Passenger Name Record (PNR) europeo, para lo que ya han adaptado incluso la legislación española a la espera de que el Parlamento Europeo de luz verde a este mecanismo tras cinco años de debates. El 'PNR' es un fichero de metadatos que ya utilizan otros países como Estados Unidos o Canadá para prevenir la entrada de elementos yihadistas en sus fronteras.


  Buscar el consenso entre partidos

En el texto que firmaron Rajoy y Pedro Sánchez en febrero se recogía la necesidad de "promover en las Cortes Generales iniciativas inspiradas en el presente acuerdo, con el objetivo de alcanzar el más amplio consenso entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria".

El punto dos del acuerdo firmado mantiene que se siga aplicando a los terroristas que causen muerte la "máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal", pero sin más especificaciones.

Ambas partes se comprometen a mantener el pacto antiterrorista aunque se produzcan cambios en el sistema de penas.
El PSOE no está a favor de la pena perpetua pero accede al pacto antiterrorista por "responsabilidad de Estado" y se compromete a derogar la prisión permanente revisable si llega al poder.
Los demás puntos del acuerdo recogen el compromiso de impulsar las reformas necesarias para reforzar el marco jurídico, garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para la prevención, persecución y castigo de los delitos y poner en marcha políticas activas para erradicar la radicalización violenta, incluidas expresiones racistas.

Claves del Pacto Antiterrorista 
¿Qué se perseguirá?

Enaltecimiento: penas de uno a tres años si se justifica públicamente el terrorismo o se humilla a las víctimas.
Internet: personas que consulten de forma habitual webs cuyos contenidos van dirigidos para captar a nuevos miembros para la organización
Primeros pasos: aquellos que hayan establecido contacto con alguna organización o terrorista
Entrenamiento: penas de 1 a 8 años para aquellos que reciban adiestramiento militar por parte de alguna organización terrorista.
Entrenamiento al exterior: personas que viajen a otros países controlados por terroristas con el objetivo de formarse o pertenecer al grupo.
Tentativa: penas de 8 a 15 años para aquellos individuos que hayan mostrado voluntad de cometer algún atentado o hayan iniciado ya preparativos.


27 noviembre 2015 (2) 20 minutos

27 noviembre 2015 (26.11.15) 20 minutos



Las posturas de los partidos sobre el pacto antiyihadista: del 'no' rotundo a la unidad a medias







El pacto antiyihadista nació de una llamada telefónica del líder socialista, Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras los atentados de enero pasado a la revista francesa Charlie Hebdo.
La idea era alcanzar un pacto de Estado contra este tipo de terrorismo, para lo cual acordaron de manera urgente presentar una proposición de ley. Las críticas del resto de partidos no se hicieron esperar, centradas en las prisas, ya que al no tramitarse como proyecto de ley se hacía por la vía exprés, saltándose los informes que hubieran tenido que hacer los órganos consultivos; pero también por el hecho de que se cocinara entre el PP y el PSOE, dejando al margen al resto del arco parlamentario.
El texto fue aprobado en el Congreso en marzo pasado, sin lograr los apoyos de ningún otro partido, salvo los minoritarios UPN, CC y Foro Asturias. La primera fase implicaba modificar el Código Penal en los delitos relacionados con terrorismo, fase ya adoptada desde el 1 de julio, cuando entró en vigor la reforma del Código Penal del PP, que incluía otros muchos aspectos.
Introdujo el incremento de penas, incluida la prisión permanente revisable (cadena perpetua), y regulaba la figura del lobo solitario, además del adoctrinamiento pasivo o el envío de suicidas a zonas de conflicto. Precisamente el aumento de las penas y la tipificación de los delitos de terrorismo fueron los asuntos que más críticas suscitaron, especialmente entre los partidos de izquierda, que consideraban que podía suponer que conductas que no tenían nada que ver con el yihadismo acabaran tificadas como tal, con el consiguiente recorte de derechos y libertades. El próximo 7 de diciembre entrará en vigor la segunda batería de medidas legales previstas, que se centran en combatir la captación a través de Internet y que han sido incluidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), con importantes novedades. Y ahora, tras los atentados de París del pasado 13 de noviembre, el pacto yihadista vuelve a estar sobre la mesa, ya que varios partidos han cambiado de postura y han querido sumarse.

Esta es la postura al respecto a día de hoy de las diferentes formaciones políticas:

PSOE y PP: El partido socialista fue, como decíamos al inicio, el promotor del pacto. El principal escollo entre este partido y el PP fue la prisión permanente revisable, a la que el partido que lidera Pedro Sánchez se oponía y se opone. Finalmente, para no dar al traste con el acuerdo, alcanzaron una fórmula intermedia por la que se suprimía del texto del pacto la referencia expresa de esa figura, que pasaría a estar incluida en la reforma del Código Penal del PP. Este cambio deja al PSOE en posición de derogarla si llega al Gobierno y logra la mayoría necesaria, como ha anunciado que es su intención, sin necesidad de modificar el pacto antiyihadista. Pero PP y PSOE tuvieron que limar más diferencias antes de la aprobación del texto final. También a propuesta del PSOE, en un intetno por sumar más apoyos, acotaron los supuestos en que unos desórdenes públicos pueden considerarse terrorismo. De este modo, los desórdenes salen de esa lista y pasan al artículo 573 bis, dejando claro que, al igual que la sedición, los desórdenes sólo podrán ser considerados terrorismo "cuando los cometa una organización o grupo terrorista o individualmente amparados en ellos". En otra enmienda, introdujeron un cambio en la redacción de los delitos de captación, adoctrinamiento y adiestramiento para incluir también la trata de mujeres con la finalidad de obligarlas a contraer matrimonio o exportarlas sexualmente por parte de una organización terrorista o de quienes colaboran con ella. Desde el inicio, tanto PP como PSOE han estado ensalzando el valor de la unidad en la lucha contra el terrorismo y han manifestado su deseo de que el resto de partidos se sumasen al pacto.
CIUDADANOS:  El líder de la formación naranja, Albert Rivera, llevaba meses pidiendo poder firmar el pacto antiyihadista. Finalmente, este jueves ha tenbido la oportunidad de hacerlo, junto a otras tres formaciones. Rivera ha manifestado recientemente la necesidad de estar "unidos y demostrar responsabilidad" ante el terrorismo yihadista. Asimismo, considera que el acuerdo de los partidos en esta materia es importante porque "cualquier decisión que se tome frente al terrorismo, ya no será de un partido o de otro". En su opinión, firmar ese pacto permite sacar el terrorismo de la política de partidos y que sea una política de Estado, "gobierne quien gobierne".
PODEMOS: El partido que dirige Pablo Iglesias ha matizado bastante su postura. En un primer momento, tras el 13N, Iglesias se demarcó de los valores del acuerdo y rechazó las soluciones que, a su juicio, solo pasaban por "la venganza". Sin embargo, poco a poco, tras varias conversaciones con Rajoy, el secretario general de Podemos ha ido suavizando su postura, llegando incluso a ofrecer "colaborar con el Gobierno y todas las fuerzas políticas" dejando a un lado las "etiquetas" para dar una respuesta conjunta al terrorismo islamista. Para ello, pidió al presidente estar presente en todas las reuniones que se celebren para buscar soluciones a la amenaza terrorista. Han pedido, además, que a las reuniones se sumen las organizaciones sociales, de derechos humanos y cooperación, aunque de momento han recibido una negativa. En la reunión de este jueves en la que varios partidos se han firmado al pacto, Podemos ha estado presente, aunque no lo ha suscrito. Ha acudido, por tanto, en calidad de observador, y ha reiterado su disposición a participar en todas las conversaciones. Por otra parte, el partido ha lanzado sus propias iniciativas contra el terrorismo yihadista, como la creación de un Consejo de Paz en el que reunir a todas las fuerzas y miembros de la sociedad civil en un marco donde se supere el pacto antiyihadista, sobre el que Iglesias señaló que no se siente "identificado" por, entre otras cuestiones, la limitación que a su juicio se hace de las garantías judiciales. En cambio, sí está abierto a hacer cambios legislativos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para actuar con más eficacia contra la red de financiación del terrorismo.
IZQUIERDA UNIDA: El partido de Alberto Garzón ha rechazado estar presente en la reunión del pacto y su candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, ha explicado que se desmarca del acuerdo porque considera que  "repite los errores del pasado". IU quiere que se tengan en cuenta al resto de fuerzas políticas para sentarse a hablar sobre un posible pacto antiyihadista, y no sumarse a un "acuerdo precocinado de PP y PSOE". "No vamos a participar en ninguna justificación de la doctrina que va desde Bush hasta Hollande. Una doctrina que sólo ha servido para crear más caos en Oriente Medio, más fanatismo entre la población que sufre los bombardeos y beneficios multimillonarios para los traficantes de armas, a expensas de la vulneración de los derechos humanos con casos de espionaje, torturas y asesinatos extrajudiciales”, ha señalado Garzón. Por contra, propone que España luche contra el terrorismo “respetando la legalidad internacional y cortando las vías de financiación y las relaciones con los países cómplices del terrorismo”.
UPyD: Pese a haberse abstenido en la votación durante su paso por el Congreso, la formación magenta es uno de las partidos que este jueves han rubricado el pacto. Durante la tramitación en la Cámara, Rosa Díez acusó a PP y PSOE de imponer el bipartidismo y de esconder tras un falso pacto antiyihadista una "chapucera" reforma del Código Penal. Tras el 13-N, la formación ha optado por dejar de lado sus reticencias, pero su portavoz, Andrés Herzog, ha lamentado este jueves tars la firma del pacto que ni el presidente del Gobierno ni el líder del PSOE hayan asistido a la rúbrica. “Hay cierto desprecio de Mariano Rajoy y Sanchez a quienes nos sumamos", ha dicho. También ha reclamado al pacto "cosas concretas, como la dotación de medios".
CDC: El partido de Artur Mas, que en el momento en el que el pacto del PP y PSOE fue votado en el Congreso aún estaba en coalición con Unió (CiU), también se abstuvo. El portavoz de Interior de CIU entonces, Jordi Jané, denunció que lo que hicieron PP y PSOE fue"un acuerdo bipartidista en el que una vez solemnizado y publicitado se invitó al resto". Pero sobre todo, lo que impidió que diesen un voto a favor fue la prisión permanente revisable y lo que entendieron como una definición "desmesurada" de terrorismo. Pidieron, entre otras cosas, revisar el concepto de adoctrinamiento pasivo: "condenar a quien difunda contenidos, sí, a quien navegue por Internet, no".
UNIÓ (UDC): Ya rota la histórica coalición que formaba con CDD, el partido que lidera Josep Antoni Duran i Lleida se ha sumado este jueves al pacto antiyihadista. En la reunión, el diputado de Unió Josep Sánchez Llibre ha afirmado que hay una "situación de guerra" y ha lamentado que el Gobierno no se haya comunicado con Artur Mas, presidente en funciones de la Generalitat.
PNV: El Partido Nacionalista vasco votó en contra del Pacto en el Congreso, y pese a las continuas peticiones por parte de PP y PSOE de que se sume, insiste en su negativa. "No se concede la presunción de inocencia a nadie, sino que se criminaliza a todo el mundo", dijo en el diputadoEmilio Olabarría durante su tramitación en el Parlamento. Este miércoles, el cabeza de lista del PNV por Bizkaia al Congreso, Aitor Esteban, afirmó que su formación no está dispuesta a suscribir un pacto que, a su juicio, niega a la Ertzaintza "el acceso directo" a la información sobre el yihadismo. "El hecho de firmar un papel no conlleva nada por sí solo. En este, por ejemplo, se dice que debe haber mejor coordinación entre las policías y que se debe incrementar el número de agentes policiales. ¿Y qué pasa? Pues que PP y PSOE niegan a la Ertzaintza el acceso directo a la información sobre el yihadismo y, además, cuando se hacen convocatorias para que haya más ertzainas, el Gobierno central las prohíbe. Entonces, ¿a qué jugamos?, ¿a firmar un papel para, luego, no cumplirlo? Nosotros no estamos dispuestos a eso", dijo. No obstante, reiteró el compromiso, tanto del Gobierno vasco como del PNV para actuar contra el terrorismo.
FORO ASTURIAS, CC y UPN: Estos tres partidos minoritarios ya se sumaron al pacto antiyihadista que pergeñaron PP y PSOE durante su tramitación parlamentaria PARTIDO ARAGONÉS: El PAR es uno de los partidos que este jueves se han unido a la firma del pacto, junto a C's, Unió y UpyD




viernes, 27 de noviembre de 2015

27 noviembre 2015 información.com (opinión)

27 noviembre 2015



Herzog (UPyD), "sorprendido" por su formato, esperaba que la reunión de pacto antiyihadista fuera "de trabajo de verdad"








El candidato de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales del 20 de diciembre, Andrés Herzog, se ha mostrado "sorprendido" por el formato de la reunión de este jueves de la comisión de seguimiento del pacto antiyihadista --al que se ha adherido la formación 'magenta'--, y ha señalado que esperaba que dicho encuentro fuera "una reunión de trabajo de verdad".
A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Sevilla, ha calificado de "muy peculiar" el formato de la reunión, el hecho de que fuera "retransmitida en público, abierta", y ha incidido en que "esperaba que fuera una reunión de trabajo de verdad" en la que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, les "explicara a los representantes de los distintos partidos la situación real, las demandas de Francia en relación a la lucha contra el terrorismo".
Con todo, ha valorado que en la reunión se escenificara "la unidad de todos los partidos", algo que "tiene un valor en sí mismo", y ha indicado que le trasladó al ministro del Interior que "espera que esto sea el principio de un verdadero trabajo", de modo que la comisión de seguimiento del pacto "tenga continuidad en el tiempo" y se pueda "profundizar en cuestiones necesarias, como dotar de medios humanos y materiales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o invertir en recursos", así como en "proteger a víctimas españolas de atentados terroristas".
En ese sentido, ha lamentado que, "a consecuencia de la reforma de la Ley de jurisdicción universal", hay víctimas españolas de atentados recientes como los de París o Túnez que "ahora mismo se encuentran desprotegidas".
Respecto a la posición que debe mantener España en la lucha internacional contra el terrorismo yihadista, Herzog ha incidido en que debe pasar por "dar todo nuestro apoyo a nuestros aliados", y ha rechazado por "intolerable" que el Gobierno pueda esperar a que pasen las elecciones generales para concretar su ayuda a Francia.
Frente a ello, Herzog cree que el Ejecutivo tiene la "obligación de explicar cuanto antes cuál va a ser" la "aportación" de España, y "no se puede supeditar decisiones de este calado al calendario electoral". "Esto debe quedar al margen de intereses partidistas", ha insistido el candidato de UPyD, que ha afirmado no entender "la postura de partidos como Podemos", que acudió a la reunión de este jueves como "meros observadores", o de aquellos que "ni siquiera fueron", lo que considera "un error".
Herzog ha concluido señalando que en lo que consista el apoyo de España a sus aliados es "una cuestión que tiene que hablarse con Francia, bajo mandato de la OTAN y la coordinación de la UE". En todo caso, cree que, "en ese contexto, España tendrá que aportar lo que sea necesario para combatir el terrorismo", aunque no sabe si eso debe pasar por "tropas, inteligencia o equipamiento militar", y debe mantener una "postura clara" ante sus "aliados".

Opinión:

Increíble lectura la que acabo de realizar. Dice este señor que "a consecuencia de la reforma de la Ley de jurisdicción universal", hay víctimas españolas de atentados recientes como los de  París o Túnez que "ahora mismo se encuentran desprotegidas" cuando han sido los mismos políticos los que han aprobado tal legislación y no recuerdo a ninguno que la protestara. De hecho, ya en octubre de 2010 presenté en la Comisión del Congreso de los Diputados y como coordinador del SIOVT, una serie de propuestas para que no se llegara a esta situación y cinco años después no se ha hecho absolutamente nada.
Es muy cansado y muy frustrante ver a a aquell@s que no hacen mas que quejarse (políticos o víctimas) pero no hacen nada por cambiar las cosas. Gente que se reúne en jornadas y congresos sin saber muy bien para qué, excepto para justificar subvenciones que a final de año si no se han gastado hay que devolver.
Y del tema de las víctimas de Túnez puedo ofrecer mucha información pero de algo estoy seguro: el señor Herzog no creo que haya hecho una sola gestión por conocer, de primera mano, cual es la situación de las víctimas españolas en Túnez. Ni una sola gestión.
Si quiere se lo explico.


26 noviembre 2015 (6) El Periódico de Catalunya (opinión)

26 noviembre 2015



La mejor defensa: la prosperidad
Carles Vivancos







Si mañana se terminara la guerra en Siria, pasado mañana los millones de sirios refugiados en Turquía, Líbano y Jordania seguirían sin poder volver a sus lugares de origen. Ni ellos ni los millones de desplazados que continúan dentro de les fronteras sirias. Ninguna de estas personas, expulsadas contra su voluntad y con su proyecto de vida en suspenso a causa de la guerra, vería mejorar su dura realidad cotidiana por la mera finalización de las operaciones militares.
Tendrán que pasar  unos cuantos años, una vez terminada la violencia, para que puedan regresar a sus lugares de origen. Y harán falta unos cuantos años más para que recuperen unos estándares vitales similares a los que tenían antes del otoño de 2011. También tardarán en recuperarse los habitantes originales de las ciudades cercanas a la frontera con Siria que desde hace cuatro años sufren, codo a codo con los refugiados, las consecuencias de una larga guerra.
Nos encontramos frente a un problema vital de millones de personas, todas ellas vecinos de nuestro compartido Mediterráneo, que se viene anunciando como un problema colectivo de los países y ciudades ribereños. El éxodo de refugiados que quieren reconstruir su vida en el seno de la Unión Europea hace años que dura. Prácticamente desde el inicio de las hostilidades. Pero si este verano el tema nos ha asaltado desde las portadas de los diarios, las cabeceras de los noticiarios o los 'trending topic' es porque algunos centenares de miles, apenas una fracción de los millones que hay, tratan de huir de su desesperanza vital y buscan un lugar donde reconstruir su proyecto de vida. Como seres humanos, están en su derecho. Son nuestros vecinos. Nuestro bienestar depende de que el suyo este en unos niveles razonables, como lo estaba para la mayoría de ellos antes de que estallara la guerra en Siria.
La palanca que nos tiene que hacer reaccionar ante esta realidad no es dar una respuesta a los atentados de París. La palanca que nos tiene que mover es darnos cuenta que si millones de nuestros vecinos continúan viviendo sin expectativas de futuro permitiremos que se continúe alimentando un mito. El mito de que este es un conflicto entre civilizaciones o un conflicto entre religiones. Llegados a este punto solo recordarles que Al Capone y sus sicarios justificaban sus actos de violencia pregonando que “ellos hacían justicia para los italo-americanos, la justicia que el Estado les negaba”. En aquel caso y en el que nos ocupa estamos frente a una banda de delincuentes fuertemente armados y altamente organizados que usan el pretexto de  que “el injusto es el otro” para construir su imperio mafioso.
Por muchas razones: de humanidad, de empatía, de sensibilidad, de creencia, de solidaridad, de puro raciocinio o de egoísmo, (cada cual que se identifique con la que más próxima le resulte…) los y las ciudadanas que vivimos en el Mediterráneo debemos sentirnos interpelados por este problema. Ha llegado el momento de actuar. De actuar con firmeza, inteligencia y sentido de la historia.
La mejor forma de combatir la desesperación es ayudando a construir expectativas de futuro. Ayudando a construir prosperidad.
La gente de Barcelona lo sabemos. Y sabemos como hacerlo. De ciudad a ciudad. Lo hicimos para dar apoyo a nuestros hermanos de Sarajevo. Y fue un éxito. Tenemos que volver a hacerlo. Hemos de comprometernos, de común acuerdo con las otras ciudades solidarias de España y Europa, con las ciudades de Turquía, Líbano y Jordania que llevan cuatro años acogiendo refugiados. Hemos de empezar pidiéndoles perdón por haber tardado tanto en reaccionar. Y acto seguido hemos de ejercer un firme compromiso de largo recorrido. Empezando por la urgente ayuda humanitaria. El largo recorrido necesario para acompañar a estas ciudades en su reconstrucción económica. Ciudad a ciudad. En su camino a la prosperidad. La mejor defensa de nuestros estándares de vida en la ribera norte del Mediterráneo es la prosperidad de nuestros vecinos del sur y del Levante.
La ciudad de Barcelona, como ya hizo en el pasado, debe ejercer su liderazgo euro-mediterráneo y encabezar un movimiento de ciudades europeas que se comprometa con la reconstrucción económica de las ciudades fronterizas con Siria afectadas por el alud humano que huye de la guerra. Tenemos en la ciudad la sede de numerosas instituciones internacionales (la Unión pour la Méditerranée, Metrópolis, la Asociación Mediterránea de Cámaras de Comercio, el IEMED, entre muchas otras…) que pueden ser algunos de los instrumentos necesarios para llevar a buen término esta iniciativa. Pongámoslas a trabajar. Encabezadas por el Ayuntamiento, por supuesto.

Opinión:

Aparte de tener el honor de conocer personalmente a Carles Vivancos y haber compartido con el muchos ratos de trabajo y de solidaridad con víctimas del terrorismo (p.e. muchos miércoles en la puerta de El Periódico de Catalunya durante el secuestro de Marc Marginedas), debo reconocer que comparto su artículo al 100%.

Como alguien decía en un foro: “algú ho tenia que dir”. Y ha sido el.

jueves, 26 de noviembre de 2015

26 noviembre 2015 (23.11.15) (5) El País (opinión)

26 noviembre 2015 (23.11.15) 


Aguirre pide una placa municipal para recordar el atentado en Francia

La líder del PP reclama que se coloque en la plaza de la Villa de París






La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado que su grupo propondrá la instalación de una placa conmemorativa en la Plaza de la Villa de París de los atentados terroristas que se produjeron en la capital francesa hace diez días.
Así lo ha anunciado en la reunión del grupo municipal donde ha dado a conocer las iniciativas que los 'populares' presentarán en el próximo pleno.
Aguirre ha explicado que su grupo ha presentado una declaración institucional sobre los atentados de París que ha sido respaldada por PSOE y Ciudadanos, mientras que la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, ha condicionado el apoyo de Ahora Madrid a una serie de enmiendas "que no serían sustanciales" y que todavía no han sido remitidas.
"Nos gustaría que la declaración institucional se aprobara por unanimidad, en caso de no ser así lo llevaríamos como moción", ha indicado Aguirre.
Además, Aguirre ha afirmado que "Madrid, con mucha diferencia, es la capital europea más golpeada por el terrorismo en los últimos tiempos", con 491 víctimas del terrorismo.
"Por eso los madrileños comprendemos el dolor, la desolación y la rabia de los ciudadanos de París y por eso en estas horas terribles que están viviendo las familias y los amigos de las víctimas queremos hacer llegar a los ciudadanos todo nuestro apoyo y cariño", ha agregado para proponer que, "en recuerdo de esas víctimas, se instale una placa conmemorativa en la Plaza de la Villa de París de Madrid".

Opinión:

Pues qué bien... mientras tanto lo de preocuparse por la infinita mayoría de víctimas del 11M mejor lo deja para otro día ¿no?

Lo extraño es que no haya pedido lo mismo para las víctimas del 11S, por poner otro ejemplo.

26 noviembre 2015 (4) La Vanguardia (opinión)

26 noviembre 2015 



El monumento al 11-M de Atocha tiene “deficiencias de construcción”







El Ayuntamiento concluye que la obra debe replantearse e incide en que las asociaciones de víctimas podrán optar a ayudas en proceso de libre concurrencia, algo que critica el PP

No valdrá un arreglo a medias.

El Ayuntamiento de Madrid ha indicado que el monumento al 11-M de la estación de Atocha  presenta “deficiencias” de  construcción y que es “necesario replantearlo”, por lo que ya se negocia con los arquitectos que levantaron el monumento, en un proceso en el que se quiere contar con la participación de las víctimas.
Así lo ha dicho la delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer, para añadir también que las asociaciones de víctimas también podrán optar en 2016, en proceso de libre concurrencia, a una serie de ayudas habilitadas por el departamento de Derechos Sociales, donde se especificará la singularidad de estos colectivos.
Mayer se ha expresado en estos términos durante el debate de una proposición del PSOE, que ha sido aprobada por unanimidad, para la reparación del monumento y que éste se incluya en el catálogo de bienes protegidos del Consistorio, unido al reconocimiento económico de las ayudas a las asociaciones de víctimas del terrorismo y la creación en Madrid de un Foro o Red de ciudades por la convivencia, la tolerancia y el diálogo.
La delegada ha explicado que en el mes de octubre se rompió un cable que mantiene erguida la estructura y ya se ha intervenido para repararlo, con la previsión de su reapertura en diciembre. No obstante, entiende que existen deficiencias de construcción que obliga a replantear el monumento y que, en ese sentido, se negocia un nuevo convenio con Adif para llevarlo a cabo.
Respecto a las ayudas, Mayer ha dicho que hay una partida presupuestaria y que las asociaciones podrán acogerse a ellas en proceso de libre concurrencia, aunque habrá consideraciones específicas para recoger la singularidad de estas asociaciones.
Mayer ha dicho que el mejor mecanismo “para combatir el miedo es hablar y escuchar” y que el Foro que plantea la proposición debe ser “global” y abierto a organizaciones políticas, sociales y culturales de ciudades, también del ámbito internacional.
Mientras, la portavoz municipal del PSOE Purificación Causapié ha condenado el destrozo del monumento al 11-M de la estación de El Pozo y lamenta las acciones de “odio y fanatismo” con “afán de dañar a la democracia”.
Tras lanzar un mensaje de homenaje a las víctimas del atentado de París, ha dicho que el monumento del 11-M en la estación de Atocha no ha recibido la “atención adecuada y suficiente”, expresando su preocupación por la “situación dejación” de este elemento de recuerdo a las víctimas del terrorismo.
Causapié ha asegurado que las víctimas deben recibir apoyo económico y reconocimiento a su memoria y ha defendido la creación del Foro por la convivencia y la tolerancia, porque frente al “totalitarismo” se combate con “más libertad”, señalando que Madrid tiene que ser “referente” en este campo porque el “fanatismo” se aprovecha de la “desigualdad, la exclusión y la pobreza”.
La edil de Ciudadanos Sofía Miranda ha indicado que el momumento al 11-M de Atocha no ha recibido la atención que requiere, aunque ha reconocido que su construcción es “singular” y su “mantenimiento costoso”. No obstante, ha dicho que la deuda con las víctimas “ no se salda solo con mantenimiento” de monumentos sino que también debe concederse las subvenciones que se venían otorgando.

Acto de vandalismo

El edil del PP Pedro Corral ha iniciado su intervención denunciando el acto de vandalismo que ha sufrido una placa conmemorativa de Hortaleza en recuerdo a los guardias civiles asesinados por la banda terrorista Grapo a finales de 1979, reclamando al Consistorio que la repare cuanto antes.
Respecto al monumento del 11-M en Atocha, ha indicado que su grupo no va a hacer un “caso político” de esta avería pero sí le parece “injustificable” que el Ayuntamiento quiera llevar a un proceso de libre concurrencia las subvenciones a las víctimas del terrorismo. Cree que no debe ponerse a estos colectivos a competir con asociaciones deportivas o folclóricas por unas ayudas, algo que puede ser “dañino” para la memoria de las víctimas.

Opinión:

Es chocante que haya quien se queje de un proceso de libre concurrencia cuando lo mejor es que exista la mayor transparencia posible en la adjudicación de los recursos públicos para subvencionar a entidades. De este modo se evitarán situaciones esperpénticas como aquellas en las que alguien que no justifica las cantidades recibidas se queje de “estar perseguido” o aquellas en las que cabe la posibilidad de que los recursos pueden ir destinados a las mismas víctimas por pertenecer a diferentes asociaciones al mismo tiempo.

Y, por cierto, ¿qué derechos tienen las víctimas que no pertenecen a ninguna asociación? ¿O las que no somos informadas de nada pese a que nuestro nombre figure en algún listado? 
Por otro lado ¿de quién es la responsabilidad de los errores cometidos en relación al monumento en Atocha?