miércoles, 26 de febrero de 2020

26 febrer 2020 (3) Ajuntament de Badalona

26 febrer 2020



Moció per modificar la placa víctimes de terrorisme

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de febrer una moció per modificar la placa víctimes de terrorisme.
La moció proposa els següents acords:

PRIMER. – Instar a l'Ajuntament de Badalona a modificar el text de la placa de metall instal·lada al parterre del xiprer de la porta de la Casa de la Vila perquè deixi de referir-se a les víctimes de l’11M i faci referència a totes les víctimes del terrorisme.
La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 26 de febrer de 2020



Opinió:


Doncs farem el mateix que hem fet des de l’any 2000, col·laborar en tots els projectes que se han fet a Catalunya en homenatge al col·lectiu de víctimes del terrorisme. Ja saben que estarem sempre allà on calgui per ajudar.

26 febrero 2020 (2) Heraldo de Aragón (opinión)

 26 febrero 2020



Un mutilado que perdió sus manos por una bomba reclama ser considerado víctima de terrorismo al Consejo de Estado 

Envía una carta a la vicepresidenta Carmen Calvo y otra a la presidenta de la Comisión de Interior para revisar su caso, que ocurrió en 1961 y fue archivado por los tribunales.  

"Clama y no ceses", es el eslogan del mutilado Juan Luis Serrano Calleja, quien no se detiene en su batalla de reclamar su condición de víctima de terrorismo, por haber perdido sus manos con 11 años en la explosión de dos bombas de mano piñatas italianas (procedentes de la Guerra Civil),envueltas en dos periódicos en el Canal Imperial en 1961.

Acaba de solicitarlo en una carta a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Carmen Calvo, para que se revise su caso en el Consejo de Estado al aplicar la ley de 2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo porque se aplica a todos los hechos cometidos desde el 1 de enero de 1960. Solicita a la ministra Calvo, responsable de las Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que creen una comisión de la verdad sobre los hechos donde un grupo de chicos fueron víctimas de la explosión de las dos bombas cuando jugaban en la Torre El Coronel y buscaban regaliz de palo en aquellas tristes Navidades.

Juan Luis Serrano Calleja ha remitido otra misiva a la recién nombrada presidenta de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, la socialista Ana María Botella, para que se realice un estudio sobre el suceso que sufrió para aplicarle la Ley 29/2011 de víctimas de terrorismo y reclama poder comparecer ante los diputados para explicar lo que ocurrió aquel 26 de diciembre de 1961.

"Había un polvorín militar muy cerca del lugar, en la Quinta Julieta y detrás del cementerio. El paquete estaba envuelto en dos periódicos, pero el juez no quiso investigar nada. No hemos encontrado informes del Gobierno Civil de 1961. Además, el gobernador civil José Manuel Pardo de Santayana evitó que un bar del barrio de Torrero hiciera una colecta para las víctimas", critica el mutilado, quien es muy conocido en el barrio de Torrero y en el hospital Miguel Servet, donde es monitor.
Serrano se siente una "víctima triple" del Estado español: de la Guerra Civil, que fue el origen de las bombas italianas; de la Dictadura de Franco, por el abandono que sufrió tras perder sus manos; y del Estado democrático, que le niegan el acceso a los archivos para hallar información y el Ministerio de Interior, que no reconoce que las dos bombas explotaron a los cinco niños por estar escondidas.  

Su proceso judicial desde 1961 lo ha llevado al Juzgado de Instrucción 4 de Zaragoza, que archivó los hechos, a la Audiencia Nacional, que no admitió las pruebas solicitadas por la víctima, al Tribunal Supremo, que llegó a abrir la posibilidad de reconocerlo como víctima de terrorismo pero no lo admitió por ser unos hechos anteriores a 1968, y hasta el Tribunal Constitucional, que no aceptó su recurso. "Ahora lo voy a llevar a Ginebra, pero antes de llegar a otro tribunal, espero que el Gobierno y el Congreso puedan reconocer mi condición de víctima de terrorismo", concluye Juan Luis Serrano. 

Opinión:

Evidentemente, sin tener acceso a toda la información es muy complicado aportar una posible solución a lo ocurrido pero considerando que el Tribunal Supremo, que llegó a abrir la posibilidad de reconocerlo como víctima de terrorismo pero no lo admitió por ser unos hechos anteriores a 1968”, habría que plantearse si ahora sería posible su reconocimiento porque gracias a las gestiones de Ernest LLuch y de un servidor (y a quien no le guste, que se j...) el periodo de cobertura en la legislación se amplió al año 1960...
Ahí lo dejo.



26 febrero 2020 El Periodico de Catalunya (opinión)

26 febrero 2020




1.200 personas se benefician de las ayudas para las víctimas del terrorismo en Madrid
La Comunidad de Madrid ha concedido 20 millones de euros a Ley para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo

Un total de 1.200 personas se han beneficiado de la Ley para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo, aprobada hace año y medio con el respaldo de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid a excepción de Podemos, que se abstuvo. Desde su aprobación se han destinado 20 millones de euros en ayudas de la Comunidad de Madrid para las víctimas del terrorismo.

El consejero de Justicia, Interior y Victimas, Enrique López, ha calificado de "muy positivo" el balance de esta normativa, que nació con el objeto de "expresar el reconocimiento y rendir homenaje a las victimas del terrorismo en la Comunidad de Madrid" siendo de aplicación a los hechos sucedidos desde el uno de enero de 1960.
Al respecto, López ha destacado que la aprobación de esta "ley pionera ha supuesto reconocer a
este colectivo su enorme sacrificio en defensa de la libertad de la democracia española", algo que para el Gobierno de la Comunidad sigue siendo "un ejemplo" y para lo que se ha comprometido en ofrecer todo su apoyo.
Información de las ayudas

Hasta ahora, un total de 1.200 personas se han beneficiado de "una ley de ámbito regional, complementaria a la normativa nacional y que quiere mejorar de forma transversal a través de las diferentes consejerías". Con el fin de garantizar la interlocución con las victimas, la Comunidad creó el Comisionado del Gobierno para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, al que encomendó la tramitación y gestión de las ayudas contempladas en la ley.

Antes Ángeles Pedraza y, en la actualidad, Ignacio García de Vinuesa, han desarrollado una actividad centrada en ofrecer información y divulgar todas las ayudas y medidas aprobadas por la Comunidad para las victimas y sus familiares, asociaciones y fundaciones que las atienden.
El balance del Comisionado muestra "una actividad importante", según ha destacado la Comunidad. En total han sido 1.867 las llamadas atendidas por la institución, que también ha recibido 688 consultas por correo electrónico. "El resultado de esa acción en lo que tiene que ver con las indemnizaciones satisfechas se salda con la concesión por parte de la Comunidad de Madrid de 15 millones de euros en ayudas solo en 2019, una cifra a la que se sumarán este año otros cinco millones", destacan desde el Gobierno regional.

Balance de solicitudes

Según los datos, han sido 1.200 las solicitudes de ayuda informadas de forma favorable hasta el momento, sobre 1.526 registradas desde octubre de 2018. A ellas hay que unirle las subvenciones a entidades que representan y defienden los intereses de las víctimas del terrorismo.
En este caso, la Comunidad ha concedido 300.000 euros en ayudas a ocho de estas entidades: la Asociación de Victimas del Terrorismo (58.294 euros); Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M (52.736 euros); Fundación Victimas del Terrorismo (50.000 euros); Asociación 11M Afectados del Terrorismo (40.000 euros); Fundación Pro-Derechos Humanos Miguel Ángel Blanco (40.000 euros); Fundación Rodolfo Benito Samaniego (40.000 euros); Asociación Dignidad y Justicia (13.710 euros) y Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (5.258 euros).

El cumplimiento de la Ley se ha ido desarrollando desde su aprobación. Así, el Consejo de Gobierno el pasado 30 de abril de 2019 aprobó un acuerdo por el se actualizaba el catálogo de servicios y actividades a disposición de las victimas. El acuerdo supuso poner a disposición de las mismas el uso gratuito de instalaciones deportivas de la Comunidad de Madrid. Desde entonces, el Gobierno ha recibido 239 solicitudes de acceso a estos recursos, de los cuales 183 ya han sido reconocidas y otras 48 están pendientes de resolución.

Las víctimas pueden acceder de forma gratuita a los centros culturales dependientes de la Comunidad de Madrid, como el jardín del Castillo de Manzanares el Real, pero, hasta el momento, no ha recibido ninguna solicitud por parte de ninguna persona de este colectivo.

Opinión:

Y aquí en Catalunya todavía esperando una simple ley de asistencia a las víctimas del terrorismo… espero que más pronto que tarde se den cuenta de que hay muchos problemas sociales que necesitan respuesta urgente.

Lo que no entiendo es ¿cómo en algunos sitios hay tantos recursos económicos y en otros hay tan pocos o, en realidad, no existen? Me gustaría conocer el trasfondo de esta situación y, por qué no, cuales son los criterios que se siguen a nivel burocrático en cada CCAA para acceder (y conseguir) tales ayudas…

25 febrero 2020 (2) El País (opinión)

25 febrero 2020 



La Comunidad de Madrid distribuye 20 millones de euros entre las víctimas del terrorismo
183 afectados tienen acceso gratuito a las instalaciones deportivas del Gobierno regional

La Comunidad de Madrid ha distribuido 20 millones de euros entre las víctimas del terrorismo, según un balance que ha hecho el Ejecutivo regional desde la entrada en vigor hace un año y medio de la ley regional de protección a estos afectados. A estas ayudas han accedido también ocho colectivos, según fuentes de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas. 
La Ley para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid a excepción de Podemos, que se abstuvo. Su objetivo era “expresar el reconocimiento y rendir homenaje a las victimas del terrorismo en la Comunidad de Madrid”. De hecho, se aplica a los hechos sucedidos desde el 1 de enero de 1960.
La norma creó la figura del Comisionado del Gobierno para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, al que encomendó la tramitación y gestión de las ayudas contempladas en la ley. Este cargo lo ejerció en un primer momento Ángeles Pedraza -actual gerente del organismo del teléfono de emergencias 112. El relevo lo tomó el exalcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa. El trabajo de ambos se ha dirigido a ofrecer información y divulgar todas las ayudas y medidas aprobadas por la Comunidad para las victimas y sus familiares, asociaciones y fundaciones que las atienden.
El balance del Comisionado muestra una actividad importante, según fuentes de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, a cuyo frente está Enrique López. Han sido 1.867 las llamadas atendidas por la institución, que también ha recibido 688 consultas por correo electrónico. El resultado de esa acción en lo que tiene que ver con las indemnizaciones satisfechas se salda con la concesión por parte de la Comunidad de Madrid de 15 millones de euros en ayudas solo en 2019, una cifra a la que se sumarán este año otros cinco millones.
Han sido 1.200 las solicitudes de ayuda informadas de forma favorable hasta el momento, sobre 1.526 registradas desde octubre de 2018. A ellas hay que unirle las subvenciones a entidades que representan y defienden los intereses de las víctimas del terrorismo.
La Comunidad ha concedido 300.000 euros en ayudas a ocho de estas entidades: la Asociación de Victimas del Terrorismo (58.294 euros); Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M (52.736 euros); Fundación Victimas del Terrorismo (50.000 euros); Asociación 11M Afectados del Terrorismo (40.000 euros); Fundación Pro-Derechos Humanos Miguel Ángel Blanco (40.000 euros); Fundación Rodolfo Benito Samaniego (40.000 euros); Asociación Dignidad y Justicia (13.710 euros) y Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (5.258 euros).
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 30 de abril de 2019 un acuerdo por el se actualizaba el catálogo de servicios y actividades a disposición de las victimas. Este texto ponía a disposición de las mismas el uso gratuito de instalaciones deportivas de la Comunidad de Madrid. Desde entonces, el Gobierno ha recibido 239 solicitudes de acceso a estos recursos, de los cuales 183 ya han sido reconocidas y otras 48 están pendientes de resolución.
Las victimas pueden acceder de forma gratuita a los centros culturales dependientes de la Comunidad de Madrid, como el jardín del Castillo de Manzanares el Real, pero, hasta el momento, no ha recibido ninguna solicitud por parte de ninguna persona de este colectivo.

Opinión:

Pues nada, a seguir con el reparto de los recursos públicos para “las víctimas del terrorismo” aunque después sean los mismos que deniegan la creación de una Comisión de Investigación para conocer las interioridades de los atentados de agosto de 2017 en Catalunya.
Con toda sinceridad hay que decir que sería muy oportuno saber cuales son los criterios para estos repartos porque es indudable que uno de los puntos no debe ser la proporcionalidad al número de miembros de cada entidad ¿no?, con la única salvedad de que la Asociación “11M Afectados por Terrorismo” representa, además de a mas de 150 asesinados y 1.500 heridos de los atentados del 11-M, también a casi 100 víctimas de esos mismos atentados asistidas y atendidas desde la UAVAT.

Lo que jamás llegaré a entender es que existan entidades que, a nombre de una sola víctima, reciban recursos que dudo sirvan para atender a otras muchas víctimas.

24 febrero 2020 La Vanguardia (opinión)

24 febrero 2020 



Actos vandálicos en el memorial a las víctimas del 11M en El Pozo
El Ayuntamiento de Madrid trabaja ya en la “reparación urgente” del monumento

El memorial a los 192 fallecidos por la explosión de once bombas colocadas en cuatro trenes de Madrid el 11 de marzo de 2004 por una célula yihadista de El Pozo del Tío Raimundo (Vallecas) ha sufrido “un lamentable acto vandálico”.
Así lo han indicado desde la cuenta de Twitter de la Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas, donde han adjuntado fotografías del memorial en el que se pueden ver los cristales del memorial rotos.
Asimismo, han indicado que el área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid trabaja ya para la “reparación urgente” del memorial para que “vuelva a estar perfecto cuanto antes”.

Opinión:

Felicitar a La Razón porque habla de una “célula yihadista” como autora de los atentados.
Y decirle a La Razón que no estaría de más proponer una posible autoría de lo que denominan “acto vandálico”. Si hubieran sospechas de que esos actos “vandálicos” los hubieran producido miembros de algunas siglas concretas de ideologías “izquierdistas”, estoy seguro que la noticia sería mucho más extensa. ¿Alguien lo duda?
Y podría ser hasta noticia de portada.



23 febrero 2020 (13.02.2020) (4) Conferencia en Club Rotary Pedralbes

23 febrero 2020 (13.02.2020)



Conferencia en Club Rotary Pedralbes

El pasado jueves 13 de febrero tuve el honor de impartir una conferencia en la sede del Club Rotary Pedralbes en las instalaciones del Real Club de Polo de Barcelona.
En el transcurso de la conferencia pude ofrecer información veraz y documentada sobre la situación real de las víctimas y afectados que estamos asistiendo desde la Unitat de Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme (UAVAT). Poder ofrecer toda la información solicitada, tanto en la conferencia como en las preguntas subsiguientes fue una enorme oportunidad para poder contrastar con pruebas concluyentes algunas de las noticias que aparecen en los medios y también para aclarar dudas que algunos de los asistentes mostraron al respecto.
Agradezco públicamente la excelente acogida recibida por Club Rotary Pedralbes y cuento con la seguridad de poder seguir conversando en futuras ocasiones. 



Obtenido de la página web rcpb.org

13.02.2020 Roberto Manrique, Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo

Jueves 13 de febrero de 2020, 14:00 horas. Reunión en la sala privada del Restaurante Chalet, Real Club de Polo.
Conferencia de Roberto Manrique, Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo. Expresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Cataluña (invitado por Joan Arjona).

El atentado de Hipercor fue perpetrado por la organización terrorista ETA el 19 de junio de 1987 en la ciudad de Barcelona, y consistió en la colocación de un potente explosivo en un centro comercial de la empresa Hipercor Meridiana que dejó 21 muertos y 45 heridos. Roberto Manrique, superviviente del atentado, es asesor de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (así como expresidente de la Asociación de Victimas del Terrorismo en Cataluña) que ofrece atención psicológica y ayuda jurídica a víctimas y sus familiares (Hipercor, atentados yihadistas de Cambrils y Barcelona). Roberto nos ofreció un relato muy personal y emotivo de su vivencia personal y de la de otros afectados.

lunes, 24 de febrero de 2020

23 febrero 2020 (3) La Sexta (opinión)

23 febrero 2020 



https://www.youtube.com/watch?v=K0FtnxRzfBc

El PP no tiene proyecto de País sin ETA
"Desde que no nos matan, no tenemos proyecto"

El ex-Ministro Margallo confirma con la confesión del comentario de una dirigente vasca en 2015, a la salida de un mitin del PP en el País Vasco sin apenas afluencia: "Desde que no nos matan, no tenemos proyecto" que hizo pública el sábado en su intervención en televisión

Opinión:


Mejor no opinar porque si digo lo que pienso y tal como esta el patio últimamente, podrían meterme en la cárcel.

23 febrero 2020 (2) 20minutos

23 febrero 2020 



¿Cuándo nos tomaremos en serio el terrorismo ultraderechista?

Miquel Ramos (periodista) y Miguel Urban (eurodiputado)

El pasado miércoles 19 de febrero, un atentado ultraderechista en dos bares frecuentados mayoritariamente por población migrante se cobraba once muertes en la ciudad alemana de Hanau. Una vez más se reproducía un ya macabro modus operandi del terrorismo ultraderechista, manifiesto y vídeo trufado de estereotipos racistas, xenófobos y teorías de la conspiración; y atentado. Una dinámica demasiadas veces repetidas y que tuvo el 22 de julio de 2011 su punto de inflexión cuando una bomba estallaba en el centro político de Oslo, causando al menos cinco muertos. Dos horas más tarde, un hombre armado mataba a sangre fría a decenas de jóvenes que se encontraban en la isla de Utoya en un campamento de la Liga de Jóvenes Trabajadores, en lo que ha sido el atentado ultraderechista mas mortífero de Europa hasta el momento.
A pesar de que las primeras noticias especularon sobre la autoría yihadista del doble atentado, el asesino confeso de los jóvenes de Utoya y autor de la bomba de Oslo, fue Anders Behring Breivik, exmilitante del Partido del Progreso Noruego, una de las pujantes formaciones europeas de extrema derecha islamofóbica. Una vez confirmada la autoría, la prensa intentó mostrar a Breivik como simplemente un maníaco asesino, pero era mucho más, tenía un ideario político xenófobo, racista antiinmigración, alentado desde hace años por una parte del arco parlamentario noruego representado por el Partido del Progreso. Una ultraderecha también con un importante eco en el resto de los países escandinavos: Partido de los Auténticos Finlandeses, Partido Popular Danés y Partido Demócratas de Suecia, que han hecho de la Islamofobia, el rechazo a la inmigración y de una especie de “chovinismo del bienestar” sus banderas y sobre lo que han sustentado unos magníficos resultados electorales en la ultima década.
En demasiadas ocasiones comprobamos como policías, autoridades y prensa intentan sepultar las motivaciones políticas de los atentados de la ultraderecha como la obra de un loco. Se prefiere “psiquiatrizar lo ocurrido” antes que revisar por ejemplo como Breivik fue un militante activo y dirigente local hasta 2006 del Partido del Progreso que llego a ser la segunda fuerza política de Noruega a base estigmatizar a la población migrante, en especial a la musulmana. O como Luca Triaini, que en 2018 hirió de bala a seis migrantes en un atentado ultraderechista, fue candidato municipal de la xenófoba Liga Norte italiana solo un año antes. Aunque los datos en Alemania son los más alarmantes de todos, en donde la extrema derecha ha cometido 10.105 actos violentos en la ultima década y 83 asesinatos desde 1990, cinco veces más que el terrorismo yihadista en el mismo periodo. En un momento en el que por primera vez la extrema derecha ha conseguido entrar en el Bundestag desde el final de la II Guerra Mundial.
La extrema derecha lleva tiempo construyendo un nuevo relato con las mismas y viejas formas de siempre contra determinados colectivos. Si durante principios de siglo XX se esgrimió la supuesta conspiración judía para acabar con la raza blanca y dominar el mundo, hoy impregna el ideario ultraderechista la Teoría del Gran Reemplazo y sus variantes, que advierten del supuesto plan de islamizar Europa y sustituir a su población por personas migrantes. Esta idea coreada al unísono por la ultraderecha occidental fue la que motivó tanto la masacre de Breivik en Noruega hace ocho años, como la de Christchurch (Nueva Zelanda) el año pasado, que se saldó con 51 musulmanes ejecutados en una mezquita. El pasado miércoles, de nuevo, la elección de dos locales de shisha responde también a la motivación islamófoba, casualmente pocos días después de que la policía alemana detuviera a más de una decena de neonazis armados que planeaban asaltar armados varias mezquitas.
No se puede negar que el odio racista es hoy una de las principales amenazas ya no solo para la seguridad sino para las mismas democracias. Diversos analistas expertos en terrorismo e inteligencia llevan tiempo advirtiendo de la creciente amenaza supremacista, situándola incluso por encima del terrorismo islamista que ha sacudido en diversas ocasiones Europa, pero que la mayoría de víctimas que se ha cobrado han sido musulmanas, y fuera de nuestras fronteras. Atronador silencio de los islamófobos cuando además se les recuerda que han sido los mismos musulmanes, los sirios, kurdos, palestinos, libaneses e iraquíes, quienes han derrotado al ISIS y a Al Qaeda en su propia casa.
El antisemitismo, la islamofobia, el odio y la persecución a las personas gitanas que perdura en Europa y que pocas veces trasciende, continúan instalados en una Europa temerosa de sus propios demonios, de una ultraderecha que nunca fue derrotada y que supo sobrevivir en las grietas de la democracia, y que hoy marca las agendas políticas y mediáticas.
Las redes sociales y demasiadas veces los medios de comunicación convencionales están sirviendo como altavoz de los odios y los prejuicios de la ultraderecha más crecida y más poderosa desde hace décadas. La impunidad con la que se diseminan los discursos de odio en las redes y la normalización de estos en la política y en la sociedad, que ha aceptado como ‘una opinión legítima como cualquier otra’ el odio a determinados colectivos, provoca que cada vez más fanáticos tomen la iniciativa y actúen por su cuenta para salvar a Occidente del peligro, ya sea asesinando a personas migrantes, poniendo bombas en centros de menores, atacando poblados gitanos, asesinando feministas y personas LGTBI, o a judíos y musulmanes. Pero también a quienes consideran colaboradores de la supuesta pérdida de privilegios del hombre blanco occidental y heterosexual. Es decir, a los que nos acusan de ‘buenistas’, de ‘políticamente correctos’, de ‘feminazis’, de llevar los derechos humanos como bandera. Por eso, Breivik asesinó a 69 adolescentes noruegos del Partido Socialista. Por eso asesinaron a Jo Cox, la diputada laborista inglesa defensora de las personas migrantes. Y por eso fue asesinado el político cristiano-demócrata Walter Lübcke, por defender las políticas de asilo en Alemania.
Desde luego no creemos que los partidos de extrema derecha asuman la gran parte de responsabilidad que les corresponde por llevar años echando gasolina ideológica sobre el odio al “extranjero”, al “diferente”, por alentar una imagen estigmatizada de la migración, como invasores, como delincuentes... de hecho hemos visto como en demasiadas ocasiones han banalizado o incluso hasta han justificado algunos atentados. Pero tampoco creo que los “responsables” partidos del sistema asuman su culpa por adaptar sus discursos y políticas públicas a los dictados de una ultraderecha en ascenso, asumiendo una buena parte de sus postulados, legitimando ante la opinión pública europea el ascenso de la xenofobia, la islamofobia y el racismo. Seguramente todos estos partidos estarán de acuerdo en que es mejor “psiquiatrizar lo ocurrido”, considerar los atentados como la pesadilla de un loco, antes que enfrentarse a la dura tarea de analizar las motivaciones políticas de esta tragedia y razonar sus propias responsabilidades. Pero no lo olvidemos, la extrema derecha, como ya demostró hace ochenta años, tiene vagones de tren y estrellas de todos los colores para las solapas de todos y todas nosotras.

Opinión:

Solo publicar el tuit que remití tras leer el presente artículo. Quien quiera pruebas que me consulte con total libertad.

“Buena pregunta. Quizás la respuesta la tenga el Ministerio de Interior, a quien no le importa lo mas mínimo localizar a las victimas entre 1960 y 1980. Me lo repitieron en marzo de 2014: “quien quiera algo, que venga a vernos”. Y las asociaciones ¿hacen algo?

23 febrero 2020 diario16.com (opinión)

23 febrero 2020 



La Transición sangrienta: los orígenes del terrorismo de extrema derecha en España
La violencia de los grupos franquistas fue mucho más estructurada y activa de lo que nos han querido contar hasta ahora

El terrorismo de extrema derecha que está dejando su zarpazo brutal en toda Europa (como el último atentado ocurrido a manos de un extremista en Hanau, cerca de la ciudad alemana de Fráncfort, que ha dejado 11 muertos) es bien conocido en España. Durante la Transición nuestro país no fue ese remanso de paz y tranquilidad que algunos se empeñaron en describir tras la muerte de Franco en 1975. La extrema derecha fue mucho más activa y sangrienta de lo que nos han querido contar y basta con echar un vistazo a los periódicos de la época para comprobar que los restos del aparato militar franquista causaron estragos durante años.
Así, desde el 13 de septiembre de 1979 hasta febrero de 1980, en la provincia de Barcelona un comando estable de extrema derecha formado por activistas de Fuerza Nueva y agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Civil llevó a cabo atentados, incendios y robos que fueron reivindicados primero por la Triple A y después, de manera permanente, por el Ejército Español de Liberación (EEL), tal como cuenta Mariano Sánchez Soler, escritor y periodista, en su libro de referencia La Transición sangrienta. Una historia violenta del proceso democrático en España (1975-1983).
La Triple A o Alianza Apostólica Anticomunista fue una organización terrorista surgida en los estertores del franquismo presuntamente vinculada a los aparatos represivos del Estado español. Generalmente actuó en el País Vasco y en el País Vasco francés entre 1977 y 1982, durante los años más duros y convulsos de la Transición española. Un informe de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco de 2010 le atribuye hasta 8 asesinatos de las 66 víctimas mortales del terrorismo parapolicial y de extrema derecha desarrollado entre 1975 y 1990. Una vez disuelta la organización, algunos de sus integrantes pasaron a formar parte de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que surgieron poco después.
“A finales de los años 70, Manuel Reinero Banda, hijo y hermano de guardias civiles y al que llamaban El Comandante, organizó un pequeño ejército y actuó en la frontera entre la delincuencia común y la política. Una actividad emprendida también por otros grupos violentos de extrema derecha en la etapa final de la Transición española, una vez aprobada la Constitución, culminado el pacto político y el consenso, y con la sombra del golpismo como último recurso involucionista”, asegura Sánchez Soler.
En el extraño ejército de Reinero actuaron un sargento y un número de la Policía Municipal de Ripollet, al menos dos guardias civiles –uno de ellos expulsado del Cuerpo antes de su detención− y un guardia jurado. Cuando el 16 de febrero de 1980 la Policía barcelonesa desarticuló el Ejército Español de Liberación encontró, junto al armamento (que incluía una granada reglamentaria) capuchones con las siglas de la Triple A. Según la nota policial, “el grupo se hallaba en fase organizativa incipiente o en período de formación y pretendía, desde una perspectiva radical antimarxista, dar respuesta mediante la lucha armada a organizaciones violentas de signo ideológico contrapuesto”. Tras la desarticulación de la banda, sus miembros acabaron en la cárcel y Manuel Reinero, industrial, fue condenado a 47 años de cárcel por tenencia de armas y robo en edificio o establecimiento.
Según explica Sánchez Soler, las actividades del Ejército Español de Liberación comenzaron en los últimos meses de 1979, cuando Manuel Reinero Banda, delegado local de Fuerza Nueva en Polinyà, decidió formar un grupo de acción violenta, sujeto a una jerarquía, disciplinado y con empleo de armas, primeramente designado por conocimiento de la prensa diaria como Triple A y después con la denominación de Ejército Español de Liberación.
El historial de la banda ultra no es demasiado conocido hoy por hoy. El 13 de septiembre de 1979, a una hora no determinada, Reinero y otros dispararon repetidamente contra la sede del Partido Socialista de Sentmenat y causaron daños valorados en 50.000 pesetas. Fue el primero de una larga serie de atentados. También tirotearon otra casa socialista en Santa Perpètua de Mogoda e impregnaron de gasolina el coche del alcalde de Ripollet, Carlos Ferré. El 11 de octubre prendieron fuego al coche de otro militante de izquierda, Julio Regulado, al que consideraban que “profesaba ideas políticas contrarias a las suyas”. El 19 de octubre, Reinero y un compañero, Julio González, dispararon sus armas ilegales contra el Ayuntamiento de Ripollet, por no ondear en él la bandera nacional. Después, el comando perpetró una serie de atracos a entidades bancarias de la zona para recaudar fondos.
Dos días más tarde, el Ejército Español de Liberación decidió llevar a cabo otras acciones de tipo político, como el tiroteo contra la sede de la Sociedad Amigos del Arte de Terrassa. El 9 de marzo del 81, apenas dos semanas después del 23F, Reinero entregó a la Audiencia Nacional una minuciosa confesión sobre la trama ultra que había actuado en la comarca del Vallès (Barcelona) durante 1979 y 1980. “Trataba así de acogerse a los posibles beneficios de una nueva ley todavía no aprobada y que estaba en trámites de discusión: la del terrorista arrepentido”, asegura Sánchez Soler. En su declaración, Reinero implicaba a cinco guardias civiles como integrantes de la célula. Las cloacas del Estado, en complicidad con los residuos de la extrema derecha, empezaban a funcionar a pleno rendimiento. Y la espiral de violencia iba a ser imparable.

Opinión:

Un buen resumen de las actividades terroristas de la ultraderecha cometidos en Catalunya, aunque faltan muchas otras.
Eso fue lo que intenté explicar en una reunión mantenida en Madrid con la Directora de la Dirección General de Atención a Víctimas del Terrorismo y uno de sus asesores en marzo de 2014, tras realizar un exhaustivo estudio de las bandas terroristas que habían actuado en Catalunya desde el año 1960 (año en que la legislación empieza a reconocer los atentados terroristas).
Desgraciadamente, el listado de mas de 280 nombres y apellidos que les mostré, junto al nombre de la banda autora del atentado, el lugar y la fecha… no les importó lo más mínimo. Su frase “quien quiera algo que venga a vernos” todavía me retumba en los oídos.

Pero al menos tengo la dignidad intacta. Al contrario que algunos personajes que tienen que enviar mensajes de apoyo a la ya destituida Directora de esa oficina para seguir disimulando los montajes que llevan organizados desde hace muchos años, por mi parte no tengo nada que agradecerle ni reconocerle porque jamas hizo nada por las victimas que necesitaron realmente el reconocimiento oficial.

21 febrero 2020 (20.02.2020) (2) El Correo (opinión)

21 febrero 2020 (20.02.2020)



La moral en la política

Nacido en Bilbao el 29 de mayo de 1946, Fernando Buesa pasó su infancia en Guernica. Cursó Derecho en Madrid y Barcelona, para luego ejercer de abogado en Vitoria. Compaginó su profesión con una carrera política excepcional. Siempre ligado al socialismo vasco, fue diputado foral de Álava (1979-1983), concejal del ayuntamiento de Vitoria (1983-1987), secretario de Organización del PSE-PSOE (1985-1988) y diputado general (1987-1991). Desde 1984 era parlamentario autonómico y en septiembre de 1991, además de asumir la Consejería de Educación, fue nombrado vicelehendakari del Gobierno Vasco de coalición PNV-PSE presidido por José Antonio Ardanza.
En 1995 ETA mató al líder del PP Gregorio Ordóñez. Era el comienzo de la socialización del sufrimiento. La nueva estrategia de la banda consistía en atemorizar a los vascos y navarros no nacionalistas mediante la persecución y el asesinato de cargos públicos del PP, el PSOE y UPN, así como de intelectuales, profesores, periodistas y otro tipo de profesionales. La campaña se saldaría con una treintena de víctimas mortales.
Como a tantos otros políticos, a Fernando Buesa se le asignó protección policial. Su escolta era Jorge Díez Elorza, un ertzaina de 26 años. Por desgracia, los terroristas llevaban ventaja. El comando Ituren de ETA les estuvo vigilando durante más de un mes para descubrir sus rutinas. Según la sentencia, “finalizada tal fase de averiguación de datos, comprobaron que un gran número de días recorría la calle Aguirre Miramón de Vitoria (Álava) con objeto de dirigirse a la sede del partido político de que era portavoz”. Los etarras colocaron una furgoneta-bomba “en diversas ocasiones, en las inmediaciones de los lugares de usual recorrido del señor Buesa próximos a su domicilio, sin que por diversas circunstancias pudiera llevarse a cabo el atentado previamente planeado”.
Hasta el 22 de febrero de 2000. Ese día Buesa y Díez salieron de la casa del primero para dirigirse a la sede del PSE. Cerca del cruce de la calle Aguirre Miramón con la calle Nieves Cano, en plena zona universitaria, la banda había colocado una furgoneta Renault Express cargada con 20 kilogramos de explosivos y bolas de metal. Algo después de las 16:30 horas, cuando las víctimas pasaban por allí, el comando activó el artefacto mediante un sistema de radio frecuencia. La explosión acabó con la vida de Fernando Buesa y Jorge Díez. Además, hubo dos mujeres heridas.
Tres años antes, en julio de 1997, el secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco había unido a todos los demócratas frente al terror. No obstante, ahora la respuesta al atentado de Vitoria mostró el preocupante grado de división que se estaba instalando en la sociedad vasca, inédito desde los tiempos de la dictadura. Tras el esperanzador “espíritu de Ermua”, la mayor revuelta cívica contra ETA, había llegado el frentismo. Todas las fuerzas nacionalistas, incluyendo las radicales, se habían agrupado en el Pacto de Estella (1998). Con este, el PNV dejaba a un lado una década de colaboración transversal con el PSE en el Gobierno Vasco y orillaba también la clara frontera moral trazada en el Pacto de Ajuria Enea (1988), del que solo HB quedó fuera por su connivencia con ETA. Pero Estella devolvía a los extremistas a la centralidad del tablero político sin necesidad de que condenaran el terrorismo, lo que lanzaba un pernicioso mensaje a la ciudadanía.
El Pacto de Estella fracasó por la intransigencia y las prisas de ETA, no por la falta de voluntad “soberanista” de los dirigentes de aquel PNV, con Xabier Arzalluz, Juan José Ibarretxe y Joseba Egibar a la cabeza. A la banda le pareció que aún así estos iban demasiado lento y en diciembre de 1999 rompió la tregua que venía manteniendo desde un año antes. Su primer asesinato fue el del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en Madrid. El siguiente, el que aquí nos ocupa.
En un clima de tensión, dos manifestaciones masivas recorrieron las calles de Vitoria. Una se convirtió en un acto jeltzale de apoyo al lehendakari Ibarretxe, que hasta entonces mantenía un acuerdo de legislatura con EH, sucesora de HB. La otra, siguiendo la llamada de la familia de Buesa, reunió a los constitucionalistas.
Conviene no olvidar la lección de aquellos días de febrero de cara a evitar futuras derivas que antepongan la clave étnica a la democrática. Para ello, hay entidades como la Fundación Fernando Buesa, que, con el brutal atentado de hace ahora 20 años en la memoria, mira hacia adelante a través de una encomiable labor educativa, para transmitir a las nuevas generaciones la necesidad de preservar la moral en la política y en cualquier ámbito de la vida pública.

Opinión:

Desde el máximo respeto y con el conocimiento previo de mi argumentación, me gustaría recordar que lo que algunos llaman “la socialización del sufrimiento” se inició (por lo menos) el 19 de junio de 1987 cuando la banda terrorista ETA atentó en los Almacenes Hipercor de Barcelona.
Fue un atentado indiscriminado en el que la masacre afectó directamente a víctimas denominadas “civiles”, es decir, víctimas que no portaban uniforme de ningún CFSE.
Ya va siendo hora de que cada atentado, dentro del inmenso dolor que haya causado, sea reconocido sin que se le de la importancia merecida a los atentados porque la víctima tuviera la política como profesión. Si se le pregunta a cualquier ciudadano anónimo qué sintió al enterarse de lo ocurrido en Hipercor, seguramente dirá que “me podría haber ocurrido a mi porque compro en supermercados o visito centros comerciales”… cuando ETA asesinaba a políticos, la inmensa mayoría de la ciudadanía lo veía como algo más lejano.
Las encuestas de aquellos lejanos años lo confirman pero, a saber por qué razones, parece que ahora es moda que aparezcan personas hablando de lo que no conocieron.

 Ah, y aprovecho a recordar también una opinión de un viejo activista social, muy buena gente por cierto: “El artículo omite que entre las dos manifestaciones que se celebraron en Vitoria con motivo del asesinato de Fernando Buesa y Jorge Díez u grupo de ciudadanos con Gesto por la Paz nos manifestamos en medio de ambas tratando de unir e ir juntos frente al terrorismo”. Y yo añado que me consta que tras el atentado en Hipercor no fueron mas de 200 las personas que se manifestaron en Euskadi contra el atentado… en cambio, en 1995 fuimos muchos miles los que lo hicimos.