15 noviembre 2020
"El Estado venció a ETA y ahora el Estado aplica la ley penitenciaria"
Fernando Grande-Marlaska dirige el Ministerio del Interior desde hace dos años y medio, cuando Pedro Sánchez le llamó, en junio del 2018, tras la moción de censura que derrotó a Mariano Rajoy. En aquel momento era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y magistrado de la Audiencia Nacional. En sus manos se halla uno de los ministerios más complejos e intrincados. Para Grande-Marlaska no hay día sin frente abierto. La Vanguardia le entrevistó el pasado jueves en Madrid.
¿Qué opinión le merece que el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tenga que comparecer en sede judicial por el caso Kitchen, causa en la que se investiga una posible utilización de servicios de la Policía para robar documentos al extesorero del PP, que podrían afectar al expresidente Mariano Rajoy?
Preocupación máxima. Me parece absolutamente dramático para el Estado de derecho la utilización de medios públicos con fines completamente espurios y partidistas, haciendo uso de instituciones tan bien valoradas como son la Policía y la Guardia Civil. Y todo ello, además, para obstruir un procedimiento judicial como era el caso de la caja B del PP. Dejemos a la autoridad judicial que desarrolle la investigación que pueda conducir a la verdad judicial. Desde luego los elementos que conocemos son muy poco discutibles. La única calificación que merecen es muy poco apego al Estado de derecho, a la división de poderes, y a los valores democráticos.
¿Cómo se explica que en este país un grupo de policías pueda montar operativos como los que se describen en el caso Kitchen o en la denominada operación Catalunya?
Se explica encontrando a los responsables políticos que nunca debieron dedicarse a la política y ocupar según qué cargos. Políticos que conocieron en la Policía a personas que nunca debieron llevar el uniforme. Solo existe esa explicación.
¿Cómo se ha podido generar en España un fenómeno como el del excomisario Villarejo?
Fueron personas que acumularon mucho poder. Entre ellos el propio ministro del Interior, porque es un cargo que objetivamente da mucho poder. Algunas personas alimentaron un fuerte sentimiento de impunidad. Y eso es lo peor que le puede pasar a alguien. En el momento que una persona siente que no es controlada es la perdición.
¿Se puede dar por zanjada esa época?
Uno de nuestros objetivos es evidentemente que ese tipo de actuaciones esté extramuros del sistema democrático, puesto que son comportamientos que nada tienen que ver con el 99% de la Policía y Guardia Civil. Son unos pocos, pero eran unos pocos que estaban en lugares muy sensibles. Siempre tengo entre ceja y ceja evitar generar ese sentimiento de impunidad, aunque siempre hay elementos disonantes.
Se acaba de anunciar la restitución de Josep Lluís Trapero como jefe de los Mossos d’Esquadra. ¿Existe malestar en la Guardia Civil por la sentencia de la Audiencia Nacional que le ha absuelto?
No hay ningún malestar en la Guardia Civil por el contenido de una resolución judicial que ha devenido firme porque no ha sido recurrida. Una sentencia se conforma en base a una prueba y el tribunal ha llegado a una conclusión. No hay ningún malestar.
¿La vuelta de Trapero puede generar situaciones de incomunicación de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía con los Mossos?
El grado de coordinación y cooperación entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías autonómicas es relevante. Hemos profundizado de una forma clara y determinante y se mantendrá. Hay un nivel de sintonía absolutamente importante.
¿Qué le parece la posible modificación del Código Penal para reformar la tipificación del delito de sedición?
Algunos tipos del Código Penal se encuentran un poco lejanos a la realidad. Se ha visto en la sentencia del procés que determinadas definiciones típicas como rebelión y sedición se acompasan muy poco con la realidad del siglo XXI. Se ha observado un necesidad claramente razonable y precisa para su modificación.
¿Apoyará el indulto para los condenados del procés ?
Será en el Consejo de Ministros, cuando toque, donde haga la valoración que considere oportuna.
¿Qué evaluación hace de un hipotético ofrecimiento de apoyo ruso al independentismo catalán tal y como recoge una última investigación de la Guardia Civil?
Estando el procedimiento judicializado no voy a valorarlo. Sería inmiscuirse en otro poder del Estado. Pero me preocupan las filtraciones sumariales porque no son inocuas. Van dirigidas a establecer una interpretación de unos concretos hechos. El derecho a la información es que un medio se busque la información, no que busque información ya procesada. Por eso un juez podría prohibir a un medio publicar intervenciones telefónicas mientras esté en fase de instrucción porque es material del sumario.
¿La citada operación de la Guardia Civil apareció con el nombre de Volhov en documentos oficiales. En Volhov, localidad rusa cercana a San Petersburgo, tuvo lugar una acción de guerra hitleriana con apoyo de la División Azul. Se ha dicho que fue una error mecanográfico, puesto que la operación se llama Voloh. ¿No le parece un curioso error?
A mí se me trasladó que era Voloh, un dios eslavo de los bosques. Comenté que si el nombre hubiese sido el otro, me parecería muy desafortunado. Se me insistió en que el nombre era Voloh.
¿Existe preocupación oficial sobre la presencia de capitales rusos opacos en Catalunya?
No existe ninguna preocupación en ese sentido. Tenemos unos equipos de inteligencia y de información, ampliamente profesionalizados, con conocimientos importantes y eficaces en el ámbito de la delincuencia económica o en la lucha de la financiación de diferentes actividades criminales.
Existen varias investigaciones sobre una supuesta injerencia rusa en el 1-O. ¿Existen datos que muestren una percepción real al respecto?
No existe ningún dato que suscite preocupación.
Partidos de la oposición acusan al Gobierno de favorecer el acercamiento de presos de ETA al País Vasco para obtener el apoyo de EH Bildu a los presupuestos del 2021. ¿Qué opinión le merecen las críticas de las asociaciones de víctimas del terrorismo?
No voy a entrar en un debate con las asociaciones de víctimas. Pero sí voy a decir que mantenemos la misma política desde hace dos años y medio, política que viene fijada en la legislación penitenciaria. No hay un tratamiento de colectivo, el tratamiento es individualizado. Quien propone un traslado o modificación de grado de cumplimiento son las juntas de tratamiento, y evidentemente hay un criterio de la secretaría general y de instituciones penitencias. Pero son criterios absolutamente técnicos. No me gusta hablar de acercamientos sino de trasladar a una persona para cumplir un programa de tratamiento que establece la autoridad penitenciaria. Me parece decisivo. Si una persona progresa de primer a segundo grado se debe cambiar en algunas ocasiones de centro penitenciario donde se le puedan dar los programas correspondientes. Me gustaría que se viera que desde junio del 2018 hasta la fecha actual no ha habido una modificación determinante. No hay una moneda de cambio sino la aplicación la ley penitenciaria. La ley hay que aplicarla. A ETA la venció el Estado de derecho. Si ahora que ETA no existe, que llevamos años sin ella, me pregunto si ese Estado de derecho puede no aplicar la ley.
¿Se debe dar por cerrada la política de dispersión?
La política de dispersión fue una política antiterrorista y fue muy eficaz. Pero se venció a la organización. Estamos hablando de personas condenadas que no se les está dejando en libertad, se está simplemente cumpliendo la ley, revisando expediente por expediente. Hay muchos funcionarios con mucha profesionalidad y una neutralidad absoluta en las juntas de tratamiento que es lo que le corresponde a la administración. Las asociaciones saben que no les mentimos, que estamos aplicando la legislación.
¿Cuál es la amenaza terrorista en España tras los recientes atentados en Francia y Austria?
El índice de amenaza terrorista en España es importante. Desde el 2015, cuando se establecen los nuevos niveles de amenaza, estamos en un nivel 4. La amenaza no deja de ser importante pero no hay que ser alarmistas. No minimizo nada. Contamos con un nivel de coordinación, eficacia y cooperación en la prevención de las fuerzas de seguridad del Estado muy alto.
¿Cuál es la situación real que hay en estos momentos en las islas Canarias tras un incremento de la inmigración irregular? Hay quien habla de avalancha.
No me gusta la palabra avalancha porque parece algo incontrolado. Me gusta más hablar de entradas extraordinarias, algo que no se colige con la situación habitual o que era de esperar. La pandemia en marzo nadie la esperábamos. Ha influido en los países de origen y de tránsito, donde los flujos son más importantes. Esto conlleva transitoriamente que tengamos una presión excepcional, que no significa que no lo hubiéramos tenido, pero no en estos niveles. La pandemia ha sido determinante.
Opinión:
Qué lástima que no le hayan preguntado al señor Ministro por aquella carta en la que nos prometía que las solicitudes de reconocimiento de víctimas de los atentados de agosto 2017 que llegaran pasado el plazo del año serían estudiadas con cariño y atención…
Ya se pueden ustedes imaginar cual ha sido la respuesta a esas solicitudes por del Ministerio que tan dignamente dirige.
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