29 mayo 2022
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Las víctimas olvidadas de la "Transición ejemplar"
Una investigación pone nombre a las 134 personas que murieron por excesos policiales entre 1975 y 1982
A Gladys del Estal, una ecologista navarra de 23 años, la mataron de un tiro a bocajarro en el cráneo el 3 de junio de 1979, pero aquella arma no la disparó ningún comando terrorista, sino un guardia civil en una manifestación antinuclear que se celebraba ese día en Tudela (Navarra).
Tampoco eran atracadores los que acribillaron la puerta que se resistió a abrir el estudiante de magisterio Bartolomé García el 22 de septiembre de 1976 en Santa Cruz de Tenerife, sino una unidad policial que andaba tras la pista –falsa- de un secuestrador. Ni fue una banda de pandilleros la que propinó al profesor de matemáticas Francisco Javier Núñez la paliza que casi acaba con su vida cuando volvía de comprar el periódico el 15 de mayo de 1977 en Bilbao, sino un grupo de agentes que esa mañana reprimían una concentración pro amnistía, y que acabaron rematándolo cuando el herido acudió al juzgado a denunciar la agresión.
Estas tres muertes forman parte de la historia jamás contada de la Transición. Al menos, no como la ha contado el historiador barcelonés David Ballester, que acaba de reunir en un libro los nombres y las peripecias mortales de todos los ciudadanos que perdieron la vida por excesos policiales entre 1975 y 1982.
Crímenes policiales
‘Las otras víctimas. La violencia policial durante la Transición’ -editado por Prensas de la Universidad de Zaragoza y adelantado en el número de mayo de la revista de historia Sàpiens- tiene el atractivo de ofrecer un repaso exhaustivo de la lacra de crímenes policiales sobre la que se asienta la democracia española –a través de un código QR, el libro permite descargar las fichas de todos y cada uno de los casos- y ponerle número: 134.
A esa cifra ascienden los civiles muertos en esos siete años por abusos de las fuerzas de seguridad del Estado. Entre ellos figuran 17 catalanes que perdieron la vida a manos de agentes de la Policía o la Guardia Civil en situaciones difíciles de explicar. Como Roque Peralta Sánchez, que fue tiroteado a bocajarro por un miembro de la Benemérita cuando participaba en una protesta durante la fiesta mayor de Súria de 1977, o Gustau Muñoz de Bustillo, que recibió un disparo mortal por la espalda en una manifestación del PCE (i) en Barcelona en 1978. Tenía 17 años y la bala había salido de una pistola policial.
En su estudio, Ballester distingue tres categorías de víctimas en función del contexto en el que perdieron la vida: cinco murieron como resultado de torturas, 38 fallecieron en manifestaciones y concentraciones ciudadanas y 91 recibieron disparos mortales por parte de "agentes de gatillo fácil” que tiraron alegremente del arma reglamentaria cuando vestían de uniforme o estaban fuera de servicio. Esta fue la principal causa de muerte de civiles a manos de la Policía y la Guardia Civil en aquellos efervescentes años.
Impunidad
Algunos de estos casos trascendieron a la prensa e incluso llegaron a juzgarse, pero otros muchos quedaron en el olvido o apenas fueron investigados. “Todas estas historias transmiten la sensación de impunidad con la que operaban los cuerpos policiales en esos años. Los agentes sabían que, hicieran lo que hicieran, no les iba a pasar nada”, señala Ballester.
A modo de prueba, el historiador llama la atención sobre las grabaciones de las conversaciones que mantenían algunos uniformados en plena acción: “¡Buen servicio! Dile a Salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Aquí ha habido una masacre”, presumía un agente ante otro a través de la emisora después de arrasar la manifestación que hubo en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que perdieron la vida cinco civiles por disparos de la Policía”.
Por la violencia policial empleada y el saldo de fallecidos cosechado, aquella jornada, recordada como 'Los Sucesos de Vitoria' acabaría pasando a la memoria de la lucha democrática de este país, pero la historia de excesos policiales más truculenta de esos años ocurrió a 900 kilómetros de la ciudad vasca, en Almería. El 9 de mayo de 1981, tres jóvenes que hacían turismo por la provincia en vísperas de la comunión del hermano de uno de ellos, eran detenidos por la Guardia Civil en una carretera almeriense tras ser confundidos con terroristas de ETA. Al día siguiente, sus cuerpos aparecían tiroteados y con señales de tortura en el interior de un coche en llamas arrojado a una cuneta.
El 'caso Almería'
En el juicio del ‘caso Almería’ solo fueron condenados tres de los 11 agentes implicados, que no llegaron a cumplir ni la mitad de la pena que sentenció el tribunal. “Cuarenta años después, aún estamos esperando que una autoridad policial o del Gobierno nos llame para decirnos: lo sentimos”, se lamentaba este miércoles en Madrid, en la presentación del libro y la revista, Francisco Mañas, hermano de una de las víctimas.
Presente también en este acto, le respondió Fernando Martín López, secretario de estado de Memoria Democrática, quien anunció que la Ley de Memoria Democrática que se discute estos días en el Congreso contará con una comisión que analizará las vulneraciones de derechos que hubo en España en esos años. “La ley buscará la reparación y el resarcimiento de las víctimas”, adelantó el representante del Gobierno.
Según Ballester, la violencia empleada por algunos agentes en esos años tiene una explicación histórica: “Las fuerzas de seguridad no fueron depuradas al llegar la democracia y muchos agentes, provenientes de la Brigada Político Social franquista, siguieron aplicando las mismas técnicas del régimen anterior”, argumenta el investigador.
En su opinión, los casos recabados en su libro ponen en cuestión el relato oficial de la Transición. “Se nos ha vendido como una operación modélica y ejemplar, ¿pero cómo podemos verla así sabiendo que, en esos años, cada 19 días moría un ciudadano inocente a manos de la policía?”, plantea el historiador.
