22 marzo 2024
La Fiscalía pide 22 años de cárcel por terrorismo para el hombre que envió cartas bomba a Sánchez y las embajadas
El Ministerio Público afirma que el jubilado “construyó” y después “remitió” a diferentes instituciones “artefactos explosivos” con el objetivo de “variar” el posicionamiento del Gobierno de España a favor de Ucrania y “causar profunda conmoción” en la sociedad
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 22 años de prisión para Pompeyo G.P., el jubilado de 74 años que fue detenido en enero del año pasado por enviar seis cartas con explosivos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la embajada de Ucrania en Madrid, entre otros.
En su escrito de acusación, la fiscal Ana Noé Sebastián le atribuye un delito de terrorismo, por el que solicita diez años de cárcel; y otro de fabricación, tenencia, colocación y empleo de explosivos con finalidad terrorista, por el que solicita otros 12. No obstante, establece el límite de veinte años de prisión como máximo de cumplimiento efectivo de la condena con arreglo a lo que establece el Código Penal.
La Fiscalía afirma que Pompeyo G.P es una persona “contraria al apoyo prestado” a Ucrania por parte de España y Estados Unidos. Y que, con el objetivo de “variar esos posicionamientos y causar profunda conmoción en la normal convivencia pacífica de la sociedad española” construyó hasta seis “artefactos explosivos” en su domicilio de Miranda de Ebro (Burgos) que luego envío a Sánchez, la embajada de Ucrania en Madrid, la empresa de armamento Instalaza, la embajada de Estados Unidos en Madrid y el centro de satélites Base Aérea de Torrejón.
Los envíos se realizaron en los meses de noviembre y diciembre de 2022. El primer paquete con este material explosivo se detectó el 24 de noviembre de 2022 en el Palacio de la Moncloa y había sido remitido por correo ordinario. La carta fue interceptada por los servicios del Departamento de Seguridad de Presidencia mientras realizaban las tareas de filtrado de la correspondencia. Como el resto de sobres fue enviado desde Burgos.
Posteriormente, relata la fiscal, se fueron conociendo otros envíos similares en contenido y forma: llegaron a las embajadas de Ucrania y EEUU en Madrid, a la empresa Instalaza, un centro fabricante de armas en Zaragoza en el que se manufacturan los lanzadores de Granada que España está enviando a Ucrania, al Ministerio de Defensa o a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. Los hechos se saldaron con un trabajador de la Embajada de Ucrania herido por la explosión de uno de los artefactos.
En el registro de la vivienda de Pompeyo G. P. se encontró un dron con capacidad para transportar carga explosiva, así como distintos materiales y dispositivos para fabricar nuevos envíos. La Fiscalía detalla también que en su teléfono tenía instaladas las aplicaciones RT Noticias y Sputnik, que define como “aplicaciones oficiales de los medios gubernamentales de la Federación Rusa”. Así como la aplicación Sputnik VPN, enfocada a “falsear” la geolocalización del usuario, añade la fiscal.
Opinión:
Entiendo que es una decisión muy lógica porque podría asimilarse a la situación de los llamados “lobos solitarios” del terrorismo yihadista.
No es muy normal que alguien se dedique a ese tipo de actuaciones y quede sin investigar y, ya puestos, sin juicio y probable condena.
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