01 octubre 2013
El Gobierno presiona a los presos de ETA al decapitar a Herrira
Una seria advertencia a los presos de ETA. La Guardia Civil , en una operación coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, decapitó ayer a la dirección de Herrira, el movimiento de apoyo a los reclusos de la banda surgido hace dos años tras la estela de la nueva línea política emprendida por la izquierda abertzale a través de Sortu. En una acción coordinada en los tres territorios del País Vasco y en Navarra, el instituto armado detuvo a 18 de los principales dirigentes de la organización, entre los que figuran sus portavoces oficiales Jon Garay, Nagore García y Beñat Zarrabeitia, además de significados representantes como Amaia Esnal, Roberto Noval o Fran Balda. El operativo policial registró las sedes de la asociación, bloqueó sus cuentas bancarias, se incautó de documentación y ordenadores y clausuró 32 perfiles de Twitter, 125 cuentas de Facebook y 38 páginas webs.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que anunció el «cese cautelar» de las actividades de Herrira, justificó la intervención porque este colectivo es un «tentáculo de ETA» y se ha convertido en «sucesor de las ilegales Gestoras pro Amnistía y Askatasuna». «El Gobierno no deja de realizar todo lo que tiene que hacer para conseguir la disolución de ETA», insistió. El juez y la Guardia Civil acusan a la organización de estar detrás de un centenar de homenajes a presos de la banda –«ongi etorris», en palabras de Fernández Díaz–, por lo que, entienden, se habría cometido un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo.
El golpe policial desató una rápida reacción del Gobierno vasco y del PNV, así como de las diferentes formaciones de la izquierda abertzale. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu calificó los arrestos de «mala noticia» y desde Sabin Etxea se tildaron las detenciones de «preocupante retroceso en las expectativas de consolidar la paz en Euskadi». El Gobierno y el partido jeltzale combinaron sus reproches a la operación con los exhortos a ETA para su «disolución».
El desmantelamiento de Herrira llega en un momento de especial efervescencia para la banda terrorista y sus cerca de 700 reclusos, que cumplen condena en centros penitenciarios de España y Francia. Tanto la organización como los presos descartan realizar una lectura crítica de su pasado, como se les exige desde formaciones como el PNV, el PSE y el PP o desde el propio Gobierno de Mariano Rajoy, que demanda una petición pública de perdón por el daño causado
«Relato de los opresores»
El golpe policial se ha registrado apenas tres días después del último comunicado de ETA, en el que ésta advierte de que no renegará nunca de su «trayectoria de lucha» ni aceptará «el relato de los opresores». «No demandamos que el resto de fuerzas políticas compartan nuestro punto de vista, pero, al mismo tiempo, no podemos aceptar que tengamos que renegar de nuestra trayectoria de lucha y asumir el relato de los opresores», insistía la organización armada, que descarta disolverse.
Junto a este pronunciamiento, el propio colectivo de presos, el englobado dentro del EPPK, acaba de finalizar un debate interno sobre las recomendaciones del ‘foro social’ que, el pasado marzo, organizó Lokarri y en el que se les invitaba a reconocer el daño causado y a aceptar las vías individuales para su reinserción. Los reclusos descartan también echar la vista atrás o mostrar cierto arrepentimiento por sus acciones, que han provocado cientos de víctimas mortales y miles de heridos.
El EPPK, en un documento interno que estaba previsto que viera la luz en las próximas semanas, asume «nuestra responsabilidad en el daño causado» y se compromete a «renunciar a las vías del pasado», es decir, a la lucha armada. Un gesto que, añade ese texto, no significa «renunciar a nuestro pasado, sino que en adelante renunciamos a los medios empleados en el pasado dentro de la dirección lógica de la izquierda abertzale». Fuentes de la lucha antiterrorista ven esta declaración, consensuada por los reclusos tras meses de debate, como un paso «adelante», aunque lejos de la petición de perdón que exigen el Gobierno central y las principales asociaciones de víctimas.
Familiares «sensibles»
La decapitación de Herrira provocó todo un terremoto en la izquierda abertzale. Dirigentes de EH Bildu y Amaiur, así como el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, se acercaron a las sedes registradas para interesarse por la operación policial y denunciar la actitud del Gobierno central. El colectivo de presos y sus familiares se ha convertido, de hecho, en la pieza más sensible de la nueva estrategia de la izquierda abertzale tras el triunfo de la ponencia ‘Zutik Euskal Herria’, que proclama el uso exclusivo de las vías pacíficas.
Los líderes de Sortu habían trazado una hoja de ruta en la que estaban convencidos de que, tras el anuncio de «cese definitivo» de la violencia de ETA hace dos años, el Gobierno español aceptaría acercar a los terroristas encarcelados a prisiones del País Vasco e iniciar un proceso de excarcelaciones paulatinas, comenzando por aquellos internos con enfermedades graves o que han cumplido tres cuartas partes de su condena.
Un planteamiento que ha chocado con la negativa del gabinete de Rajoy a realizar cualquier tipo de movimiento en la política penitenciaria, consciente de las tensiones que eso le genera con las víctimas del terrorismo. Dos años después de la Conferencia de Aiete y del final de ETA, Sortu aboga ahora por que la banda y sus reclusos den pasos por su cuenta sin esperar a la participación del Gobierno del PP. Una nueva estrategia que puede quedar tocada tras la operación de ayer. El partido de Hasier Arraiz, que ayer guardó silencio, se pronunciará hoy en un acto en Bilbao frente a la sede de Herrira.
Opinión:
He podido leer vía Twitter algunas opiniones sobre la inoportunidad de estas detenciones, opiniones incluso vertidas por algunas víctimas a las que admiro y con las que comparto militancia “social” desde hace muchos años. Remarco la opinión que ya he presentado hoy a algún medio pensando que, sinceramente, la redada ha sido extensa y me imagino que tendrán pruebas suficientes para haberla llevado a cabo. De ser así, por mi parte, nada que objetar, ya que defenderé siempre la obligación de respetar la legislación vigente y si alguien no lo hace, se arriesga precisamente a ser detenido.
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