04 agosto 2014
Interior
reducirá al mínimo las escoltas ante el fin de ETA
El ministerio
retirará 200 agentes y una treintena de vehículos de ese servicio para
dedicarlos a tareas de seguridad ciudadana
El Ministerio del Interior retirará en breve los
guardaespaldas a muchos de los altos cargos del anterior Gobierno socialista,
así como a otras personalidades y periodistas que aún mantienen la protección.
Tras constatar que ETA ha dejado de ser un peligro, la Secretaría de Estado de
Seguridad completará un programa de supresión de guardaespaldas que permitirá
recuperar a 200 agentes y a una treintena de vehículos, que serán dedicados a
labores de seguridad ciudadana.
A la llegada de Mariano Rajoy al poder, en diciembre
de 2011, más de 1.600 cargos públicos disfrutaban de escolta policial a cargos
de erario público. En otros países europeos, las autoridades protegidas no
superan la treintena.
En marzo de 2012, pocos meses después de iniciarse
la legislatura, la
Secretaría de Estado de Seguridad constató la “ostensible
disminución de la amenaza de ETA” y dictó la instrucción 3/2012, encaminada a
suprimir los servicios de escolta para derivarlos a otras labores, sobre todo
de seguridad ciudadana.
La instrucción ordenaba determinar con carácter
restrictivo el listado de personalidades que merecen contar con guardaespaldas,
objetivar el nivel de riesgo, fijar unos criterios para retirar los escoltas a
los cargos políticos que han dejado de serlo y eliminar esta protección durante
el tiempo de vacaciones o estancias en el extranjero.
En una primera fase, Interior retiró los 424
guardaespaldas privados con que contaban políticos del País Vasco y Navarra, lo
que supuso un ahorro de 3,8 millones de euros al Estado, además de rescatar a
427 policías y guardias civiles que vigilaban permanentemente los domicilios de
estas personas.
En junio de 2012, Interior suprimió las
“protecciones dinámicas”, es decir, los agentes que acompañaban a los cargos
públicos en todos sus desplazamientos a un buen número de personalidades. Con
esa medida, 646 policías y guardias civiles quedaron liberados para otras
tareas.
El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el “cese
definitivo de su actividad armada” a través de los diarios Gara y Berria.
Aunque la banda no ha entregado sus armas y se resiste a disolverse, el
Gobierno está hoy plenamente convencido de que los etarras no volverán a
cometer atentados. Por eso, ahora va a “retirar un número considerable de
dispositivos de protección de personalidades” y culminar así su plan de
reducción de escoltas, según fuentes de Interior.
Todavía hay muchos altos cargos del Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero que mantienen su seguridad a cargo del erario público,
pese a cesaron en sus funciones en diciembre de 2011. También hay diputados y
algunos periodistas que cuentan con escolta, así como un número no especificado
de personas a las que “excepcionalmente” se les asignó protección porque
estaban atemorizadas y no creían que ETA hubiera dejado de matar para siempre,
según fuentes policiales.
Los especialistas dependientes del secretario de
Estado de Seguridad, Francisco Martínez, han realizado en los últimos meses una
evaluación individualizada de los peligros que afronta cada una de las personas
que disponen hoy de acompañamiento policial. El diagnóstico es que en la
mayoría de los casos el nivel de riesgo es “bajo o muy bajo”. Pese a eso, ha
habido más de un caso en que la persona escoltada se negaba a quedarse sin
protección, lo que ha ocasionado enfrentamientos con los responsables del
Ministerio del Interior.
A partir de septiembre, tendrán guardaespaldas el
presidente del Gobierno, la vicepresidenta, los ministros, los presidentes del
Congreso y del Senado, los presidentes del Tribunal Constitucional y del
Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado, los responsables de altos
órganos judiciales, delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, así
como los secretarios de Estado de Seguridad y Defensa. Cuando se cesa en
algunos de estos cargos, el titular mantiene la protección durante uno o dos
años, dependiendo del análisis de riesgo que determinen los especialistas.
Las fuentes informantes recalcan que la protección
de los Reyes y los miembros de la familia real es competencia exclusiva del
departamento de seguridad de la
Casa del Rey, no del Ministerio del Interior.
Como resultado de la aplicación de las nuevas
directrices, unos 200 agentes van a dejar estas tareas el próximo septiembre,
lo que permitirá además emplear una treintena de vehículos camuflados en otras
misiones policiales.
“Hay muchas personas que se han sentido liberadas
cuando se les ha quitado el servicio de escolta, sobre todo los cargos públicos
del País Vasco que llevaban muchos años con ella”, explica un alto cargo
policial,
Es la misma sensación que expresó públicamente hace
dos años el periodista Luis del Olmo, cuando entrevistaba al ministro del
Interior, Jorge Fernández. Entonces le dijo: “Usted sabe que ETA ha intentado
asesinarme en siete ocasiones. Si no lo ha conseguido ha sido porque los
escoltas que ustedes pusieron a mi cuidado desbarataron sus planes. Llevo 30
años con escolta. Pero como creo que a ETA ya no le interesa matar a nadie en
este momento, le pido con todo respeto que me retire la escolta”. En esa misma
entrevista, el ministro avanzó que la eliminación de servicios de
guardaespaldas iba a suponer un ahorro de 16 millones de euros.
El plan de Interior, no obstante, ha supuesto
algunos encontronazos. “Hay otras personas que se resisten a perder algo que
ellas mismas, admiten que actualmente solo les sirve como un elemento de
distinción. Y, claro, eso no tiene el menor sentido”, añade el mismo mando
policial.
Además del ahorro de personal, la reducción de
escoltas policiales supone un fuerte ahorro económico para las arcas del
Estado, que Interior no ha cuantificado a EL PAÍS. No obstante, es evidente que
suponen cientos de miles de euros los gastos en desplazamiento, comidas y
alojamiento hotelero que conlleva el trabajo del ejército de escoltas que deben
acompañar día y noche a sus protegidos.
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