03 diciembre 2018 El Periódico de Catalunya (opinión)

03 diciembre 2018 

Las víctimas de Barcelona quieren forzar una indemnización como la del 11-M

La ley prevé 500.000 euros por fallecimiento y la sentencia de los atentados de Madrid los fijó en 900.000

Las acusaciones quieren poder juzgar a los miembros de la célula por los asesinatos y heridos de agosto de 2017

Con la investigación de los atentados de Barcelona y Cambrils concluida, salvo en su vertiente internacional (aún secreta), las acusaciones personadas en el caso tratan de lograr que los dos procesados por integración en la célula de Ripoll tengan también que responder por los asesinatos y los 140 heridos que se produjeron en los atropellos de agosto de 2017. Todas ellas han recurrido en apelación el auto de procesamiento dictado por el juez Fernando Andreu, que limitó los delitos que atribuye a Driss Oukabir y Mohamed Houli Chmlal a integración en organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y estragos en grado de tentativa.

Así, además de evitar la sensación de juicio fallido que previsiblemente tendrán las víctimas, por no poder juzgar a nadie por la muerte de sus familiares o sus propias secuelas, se conseguirá que las indemnizaciones que se les concedan se fijen por sentencia, como ocurrió con los atentados del 11-M.

Confían que así puedan superar las previstas en la ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo para cuando no se puede juzgar a los autores o porque se desconocen o porque, como en este caso, fueron abatidos por los Mossos. No obstante, tanto fuentes de la Audiencia Nacional como del Ministerio del Interior aseguran que con la reforma de esta norma en el 2011, aunque un tribunal fije cantidades superiores, el Estado solo resarce a los afectados con las que ella establece para evitar “diferencias sustanciales entre sentencias” y que se “vulnere el principio de equidad entre víctimas”.

El problema es que esa equidad también se vulnera de otra forma. La ley de solidaridad prevé indemnizar con 500.000 euros el fallecimiento y con 750.000, la gran invalidez, mientras que la sentencia del 11-M resarció la muerte con 900.000 euros y concedió hasta millón y medio a los grandes lesionados.

Condena mediante

Para que en los atentados de Barcelona un tribunal fije las indemnizaciones Oukabir y Houli tendrían no solo que ser juzgados por las muertes, sino también ser condenados. La Sección Segunda de lo Penal será la encargada de resolver los recursos que propugnan ampliar su procesamiento con 15 asesinatos y 140 en grado de tentativa. El de Pau Pérez, a quien Younes Abouyaaqoub mató en su huida, nadie discute que no puede atribuírseles.

El juez cuenta con el respaldo de la fiscalía, que argumenta que no se les pueden imputar los asesinatos porque “se rompió totalmente el curso causal a raíz de la explosión” del chalé de Alcanar. Sostiene que Oukabir se había desvinculado de las intenciones del comando, cuando este compró los cuchillos la tarde de los atropellos, y Houli, estaba en el hospital. Las acusaciones defienden que ambos habían participado en todos los actos preparatorios de la célula "para causar el terror", objetivo que también se cumplió con los atropellos.

Otra opción será centrarse durante la vista en los contactos que el CNI tuvo con el líder de la célula, el imán Abdelbaki Es Satty, cuando estuvo preso en Castellón. Al salir adoctrinó a los jóvenes de Ripoll, y uno de ellos, Moussa Oukabir, ya amenazó con matar infieles en una red social en 2015.

Opinión

La labor de cualquier colectivo que dedica su tiempo a asistir a las personas debe tener entre sus objetivos el representar, de la mejor manera posible, los intereses de quienes depositan su confianza. Y una de las labores de la UAVAT es asesorar y asistir a los afectados los atentados terroristas en diferentes materias, incluyendo la jurídica.

En esa asistencia hay muchas temáticas diferentes a las que la administración competente no presta atención. Las consecuencias psicológicas se atienden (y solo en algunos casos) en los primeros meses tras el atentado. Pero las laborales, familiares, escolares, medicas, administrativas, burocráticas... esas ya quedan a cargo de la propia victima o de quien pueda ayudarla.

Desde UAVAT estamos en todos esos campos. Y uno de ellos es el jurídico-penal, el que marca el deseo de justicia por parte de cualquier afectado que lo exija. Desgraciadamente confiamos en las buenas palabras que desde la administración se decían en relación a la asistencia que, supuestamente, recibían las victimas. Nuevamente pusimos nuestra confianza en un ente que, con el paso del tiempo, demostró su pasividad e inoperancia en la asistencia que una enorme cantidad de victimas necesitaban y por ello, en febrero iniciamos oficialmente nuestra labor. Una labor que nos ha llevado a contactar con más de 180 afectados y a los que, entre otras muchas tareas, les hemos ofrecido asesoramiento jurídico. Esta labor nos ha llevado a trabajar, como venimos haciendo desde 2004, con la Asociación "11M Afectados por Terrorismo" para representar los intereses que en el proceso penal se inician tras sufrir un atentado terrorista. Y lo hacemos con ellos porque llevan la dirección letrada, son la primera asociación que se persono como acusación y porque tienen una experiencia acumulada inigualable tras representar a las familias de mas de 150 asesinados y 1.500 heridos en los atentados del 11 de marzo de 2004.

Explico todo esto porque se acerca el tiempo en el que se hablara sobre el próximo juicio en el que estamos personados y, evidentemente, habrá que filtrar muy mucho inicia la campaña informativa.

Y explicar la verdad y no lo que algunos querrán vender...