29 julio 2020 (25.07.20)
No los quieren cerca,
los quieren libres
No podemos permitir que condenados por delitos de
terrorismo se sirvan de la legislación penitenciaria para dejar sin contenido
las condenas penales fijadas en sentencia
Carmen Ladrón de
Guevara es abogada de la Asociación de Víctimas
del Terrorismo (AVT)
Bruselas, 26 de junio de 2018, comparece el recién
investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras una de las sesiones del
Consejo Europeo. En respuesta a una pregunta de uno de los corresponsales que
cubren la reunión, confirma lo anunciado dos días antes en su primera
entrevista como presidente en Televisión Española, habrá cambios en la
política penitenciaria: "ETA fue derrotada por la
democracia y, en consecuencia, lo que tenemos que plantear como Gobierno, esa
es nuestra responsabilidad y para eso pido apoyo de la Cámara, es revisar la
política penitenciaria y adecuarla a una nueva realidad, siendo
empáticos, por supuesto, con las víctimas del terrorismo".
Este
anuncio lo realizaba precisamente un 26 de junio pocas horas antes de que se
celebrara en el Congreso de los Diputados el tradicional acto de homenaje a las
víctimas del terrorismo en su día nacional. De ahí lo de la empatía con las
víctimas del terrorismo…
Las víctimas del terrorismo empiezan a inquietarse, y así
se lo trasladan a la presidenta de la Asociación Víctimas
del Terrorismo, Maite Araluce, que reivindica la necesidad de mantener la política de
dispersión para la reinserción de los presos etarras y anuncia que: "la AVT estará vigilante ante los
próximos movimientos que vaya a realizar el Gobierno".
Centro Penitenciario
de Villabona (Asturias) 8 de agosto de 2018, el Gobierno traslada a los presos
de ETA Olga Sanz y Javier Moreno a la cárcel de Basauri. A la primera le habían
concedido el tercer grado el anterior Ejecutivo, el segundo en julio de ese
año. Ambos son pareja y son trasladados a una prisión cerca de su núcleo
familiar para poder disfrutar de las ventajas del tercer grado. Aunque todavía no se trata de un
movimiento de la nueva política penitenciaria, sí que supone un anuncio de lo
que vendrá después.
Madrid, 21
de julio de 2020, el Ministerio del Interior comunica la decisión del traslado
de otros tres presos de ETA a cárceles más próximas a sus domicilios. Por ahora,
son los últimos de los 49 traslados aprobados y de los que han sido informados
las asociaciones de víctimas.
Podemos decir que, desde septiembre de 2018, ha habido un salto,
tanto cuantitativo como cualitativo, en lo que a los traslados se refiere.
Hemos pasado de 17 traslados en 2018 y 11 en 2019, a 21 en lo que va de
año. Pero lo más preocupante es que hemos pasado de condenados por delitos
menores —depósito de explosivos y armas o
colaboración— con pocos años de condena pendiente
por cumplir, a condenados por delitos muy graves —tanto de sangre como no— a
los que, en algunos casos, les queda casi la mitad de la condena por cumplir.
La
inquietud es máxima entre el colectivo de víctimas del terrorismo. La Asociación Víctimas
del Terrorismo, que engloba a más de 4.700 víctimas del terrorismo, consiguió
el compromiso del Ministro Marlaska —en
la primera reunión que mantuvo con él, el 13 de septiembre de 2018— de informar
previamente de cada uno de los movimientos. "No es lo mismo que las
víctimas se enteren por la prensa a que se enteren por nuestros psicólogos y
abogados", le trasladó la presidenta de la AVT. Si bien es cierto que
en un principio, junto con el compromiso de no trasladarlos a cárceles del País
Vasco y de hacerlo únicamente con
aquellos presos a los que les quedarán pocos años de condena por
cumplir, se optó por el no acercamiento de presos con delitos de sangre —lo que
implicaba que no tuvieran víctimas directamente afectadas—. A partir del 30 de
diciembre de 2019 cambió con el acercamiento del dirigente de ETA José María
Arregi Erostarbe, alias Fiti. Convirtiéndose en algo progresivo
durante el 2020, con el traslado de 21 condenados por
terrorismo, teniendo seis de ellos condenas por delitos de sangre y por tanto
víctimas directamente afectadas.
En las
llamadas que desde la AVT
se realizan a esas víctimas para advertirles de lo que poco después van a
conocer por los medios de comunicación, hay una respuesta común: "¿Pero… y por
qué? ¿Qué necesidad hay?". Estas son preguntas a las que
nos cuesta dar respuestas.
Podríamos
decirles que es la ley, como cuando les anunciamos la puesta en libertad del
terrorista que ha asesinado a su familiar por cumplimiento definitivo de la
condena, lo cual aceptan resignadas. Pero en este caso no es así. Es tan legal
acercarles como no hacerlo porque el destino de cada uno de los presos es una
decisión discrecional de la administración penitenciaria. O lo que es lo mismo:
el acercamiento o alejamiento de un preso etarra es una cuestión de política
penitenciaria, no de legalidad penitenciaria.
Podríamos
decirles que es fruto de una negociación del Gobierno con los nacionalistas y los herederos de los
batasunos pero tampoco tenemos esas certezas. Además, no nos
corresponde a los profesionales que nos dedicamos a la asistencia legal y
psicológica de las víctimas realizar esas afirmaciones con el daño que en las
víctimas podría ocasionar sin estar completamente seguros. Sería irresponsable.
O
simplemente podemos guardar silencio y comprometernos con ellas en que haremos
todo lo que esté en nuestra mano para que cumplan íntegramente sus condenas.
Porque esto es lo que está en juego. El premiar a los terroristas acercándoles
a sus núcleos familiares, nos preocupa. Pero lo que de verdad nos preocupa es
que ese sea un paso previo a excarcelaciones anticipadas. Primero se les
concede la progresión a segundo
grado o se les
flexibiliza el primero aplicándoles el art. 100.2 RP. Después se les acerca,
para acabar concediéndoles el tercer grado y abriéndoles la puerta a acceder a
la libertad condicional antes del cumplimiento íntegro de sus condenas.
Este temor se funda en dos realidades. En primer lugar los
datos: de los 49 acercados, a ocho se les ha progresado al tercer grado, y dos
de ellos gozan ya de la libertad condicional. Y, en segundo lugar, las
verdaderas intenciones de los presos etarras. Estas se reflejan con nitidez en
las declaraciones del expreso Gorka Fraile —primer acercado que ya está en
libertad condicional—, poco tiempo después de salir de prisión, el pasado 19 de
abril. En una entrevista, además de reconocer que están asumiendo la legalidad
como "método de lucha", expone el proceso que deben de seguir cada
uno de los presos para vaciar las cárceles: "Con mi excarcelación
cae una barrera más. Como he dicho antes, aunque por ahora son
muy pocos y pocas, cada vez son más los que están consiguiendo que se les
conceda el paso a segundo grado y algunos permisos. El siguiente paso a los
permisos es el tercer grado… Está claro que para conseguir que esta situación
se normalice es necesaria la presión social. Tenemos que empezar a creernos que
es posible, que hay que vaciar las cárceles y para ello existen mecanismos que
nunca habíamos utilizado. Son nuestros derechos".
Y esta es
la clave. Cuando la AVT
le reclamó al Ministro Marlaska que se les exigiera la colaboración con la
justicia como señal de verdadero arrepentimiento para tomar cualquier decisión
que suponga una mejora en la situación penitenciaria de los presos de ETA, se
nos dijo que eso no lo exige la ley y que bastante es que se les exige condenar la violencia y asumir la legalidad
penitenciaria. Sin embargo, esa condena de la violencia y esa
asunción de la legalidad penitenciaria se quedan en papel mojado si los presos
lo utilizan como "método de lucha para vaciar las cárceles" y después
son recibidos como héroes en sus pueblos. Porque no nos engañemos: no los
quieren cerca, los quieren libres.
No podemos permitir que condenados por delitos tan graves
como los de terrorismo se sirvan de la legislación penitenciaria, y de la
política penitenciaria, para dejar sin contenido las condenas penales fijadas
en sentencia y la legislación penal para el cumplimiento íntegro y efectivo de
las condenas. El derecho penitenciario no puede convertirse en la puerta de
atrás del derecho penal y facilitar la excarcelación anticipada de los presos
terroristas —ya sea por medio de terceros grados encubiertos derivados
de la aplicación del art. 100.2 RP, o ya sea por la aprobación de libertades
condicionales— si no es con un plan de tratamiento individualizado, excepcional
y encaminado claramente a su resocialización y reinserción, para lo cual
consideramos clave la exigencia de la colaboración con la justicia.
En esto
juega un papel fundamental también el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional y la Sección Primera de
la Sala de lo
Penal de esa misma Audiencia, encargada de la resolución de los recursos de
apelación contra las resoluciones del primero. En los últimos meses hemos sido
testigos tanto de la concesión de flexibilizaciones de grado por parte del juez
de Vigilancia Penitenciaria como de regresiones de grado ordenadas por la Sección Primera por incumplir con los
requisitos legales. Para ello es fundamental el rol que juega
el fiscal de Vigilancia Penitenciaria, toda vez que las posibilidades que
tienen las víctimas de recurrir estas decisiones son mínimas —quedando vetada únicamente a la
posibilidad de recurrir la libertad condicional—.
Hay una
realidad que no por dolorosa va a ser evitable. En los próximos 3-4 años el
colectivo de presos se verá reducido a la mitad porque los presos etarras irán
saliendo en libertad por cumplimiento de sus condenas. Para que salgan mejor de
lo que entraron, y aunque no consigamos que salgan arrepentidos, intentemos que
por lo menos no salgan orgullosos de los graves crímenes cometidos. Está en
juego la fortaleza de nuestro Estado de derecho y la garantía de que la
violencia terrorista no vuelva a nuestro país. Quizá no de la mano
de los que estuvieron presos, pero sí de la de sus hijos y nietos.
Opinión:
Por lo visto y leído en el artículo, hay quien no recuerda la labor de pedagogía
realizada por la antigua AVT en 1994. Sí, aquellos meses dedicados a explicar
en encuentros colectivos, casa por casa o víctima a víctima si era preciso, lo
que significaba la modificación del Código Penal que se solicitaba bajo la
campaña “en favor del cumplimento íntegro de las condenas impuestas a los
terroristas”.
Parece que a algunos les interesa, por encima de todo,
olvidar todo aquel trabajo y consideran que ahora es el momento, nuevamente, de
crispar el ambiente y de presentar cuestiones jurídicas que ya están
suficientemente expuestas en la legislación. ¿Por qué ahora plantear estas
cuestiones? ¿Por qué no las plantearon durante el mandato del gobierno
anterior? ¿Por qué a Fernández Díaz o a Zoido no les plantearon toda esta
movida? ¿Por qué tienen que llamarme víctimas de atentados cometidos en la década
de los 90 preguntando si lo que se les explicó entonces está “cambiando por
culpa del ministro Marlaska”? ¿Acaso está cambiando algo, se está haciendo algo
en contra de la legislación vigente?
A los que ahora tanto protestan no les recuerdo haciendo lo
mismo cuando ocurría lo que se refleja en la fotografía adjunta. Son datos, son
hechos, son números contrastados. De hecho, no recuerdo haberles visto en
ninguna asamblea de la antigua AVT y mucho menos opinar al respecto. Ni tampoco
cuando nos trabajamos las modificaciones de 1995 o 2004…
Es lo que nos suele pasar a los que tenemos un bagaje y una
experiencia demostrable, que además tenemos memoria y dignidad para evitar que
mercadeen políticamente con nuestro dolor.
Además, aunque haya quien no los quiera en casa y los
quiera libres… sin importar el lugar, la condena la acabarán cumpliendo igual. Porque
así lo marca la legislación.
Para terminar, sí tiene razón cuando dice que las asociaciones
deberían advertir a las víctimas sobre la puesta en libertad de los
terroristas. Pero quizás el problema sea que hay quien jamás ha hablado con las
víctimas, ni las ha visitado, ni ha llorado con ellas o las ha acompañado al
hospital, al forense o al cementerio… por no hablar de quien ya no distingue
entre víctimas, pseudovíctimas, amigos de las víctimas y aprovechados de las víctimas…
y eso le complica muy mucho la labor.
