15 junio 1997 (2)
La informació referent al desè aniversari de l’atemptat de Hipercor va tenir una enorme repercussió. Al cap i a la fi eren deu anys de lluites en las que en Robert Manrique va ser el capdavanter en donar veu i presència a les víctimes del terrorisme a Catalunya.
La informació referent al desè aniversari de l’atemptat de Hipercor va tenir una enorme repercussió. Al cap i a la fi eren deu anys de lluites en las que en Robert Manrique va ser el capdavanter en donar veu i presència a les víctimes del terrorisme a Catalunya.
En José Clemente ho definia perfectament en aquest reportatge publicat al diari “ABC” del diumenge 15 de juny, en el que es pot observar un acurat desenvolupament de tot el tema indemnitzatori que envoltava aquest atemptat.
El dolor continua una década después
Sólo ha cobrado una de las 34 víctimas del atentado del hipermercado de Barcelona que reclamaron indemnizaciones
Los afectados denuncian la incomprensión de la Administración y piden la reunión que les prometió Mayor
El próximo jueves se cumplen diez años del atentado en un hipermercado de Barcelona, el más sanguinario de ETA. El aniversario de la masacre, en la que perdieron la vida 21 personas, cuatro de ellas niños, y otras 45 resultaron heridas, diez de las cuales sufren invalidez permanente, viene marcado por el cansancio de las víctimas y la desidia de la Administración. “Los gobiernos socialistas nos han tratado peor que a nuestros verdugos, y ahora llevamos un año esperando a que Mayor Oreja cumpla su palabra de recibirnos” afirma Roberto Manrique, delegado de la AVT en Cataluña y una de las víctimas de aquella fatídica tarde de junio de 1987.
“Veintiuna personas asesinadas por ETA es el pago a 40.000 votos catalanes. Ningún voto más a Herri Batasuna”. Este es el texto de una octavilla en forma de esquela que adorna el panel de notas del despacho de Roberto Manrique, delegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Cataluña y uno de los muchos heridos aquella fatídica tarde del 19 de junio de 1987, cuando la banda terrorista ETA colocó un coche bomba en los grandes almacenes cargado con 20 kilos de amonal y abundante material inflamable.
Manrique y su equipo de la AVT se han convertido en la única referencia activa de las víctimas de aquel brutal atentado en el que perdieron la vida 21 personas, cuatro de las cuales apenas superaban los quince años de edad. Durante diez años, los supervivientes del atentado han tenido que soportar todo tipo de incomprensiones, de comentarios jocosos, de miradas raras, de abandono administrativo. “Hemos llegado a tener la sensación de haber hecho algo malo”, precisa Manrique, carnicero de Hipercor que resultó con quemaduras en los brazos, las manos, el muslo derecho, la cabeza y los pies.
Solo uno
“La incomprensión es muy grande –apostillan otros afectados- pues muchos creen que sólo reclamamos porque queremos el dinero y punto”. A tal extremo llegan algunos que estando el delegado de la AVT desayunando en un bar se le acercó un vecino y en vez de preguntarle por su estado de salud le dijo que le pagara un café porque “seguro que habéis cobrado un montón de dinero de Interior”, cuando en realidad sólo una de las 34 víctimas de la acción criminal, Alvaro Cabrerizo, ha sido indemnizada por el Estado.
De las víctimas de la masacre no se acuerda nadie, ni siquiera la administración más cercana que preside el alcalde socialista Pascual Maragall, pues en todo este tiempo el Ayuntamiento de la Ciudad Condal no ha dado ni una sola peseta de subvención, mientras que la Generalitat catalana ha limitado todas sus ayudas a 565.000 pesetas y a un local en el Hotel de las Entidades para que pudieran reunirse y poner en marcha la asociación. “El resto de los fondos para que la asociación pueda funcionar nos llega de la Asociación de Víctimas del Terrorismo”.
La solidaridad con las víctimas del atentado tampoco abunda. “Sólo hemos recibido llamadas de apoyo y ánimo de Ricardo García Damborenea y del profesor Francisco Tomás y Valiente, que redactó un manifiesto de condena por las víctimas y nos lo hizo llegar en cuanto pudo”. La AVT , que no olvida nunca esos detalles, le devolvió a la familia el gesto con otra recogida de firmas tras el asesinato del que fuera presidente del Tribunal Constitucional, firmas que fueron entregadas personalmente a la viuda a los pocos días de su mortal atentado en Madrid.
Silencios e incomprensiones
A lo largo de esta década de silencios e incomprensiones las víctimas de esta salvaje acción criminal han tenido que luchar incluso contra ellos mismos. No todos eran partidarios de las reclamaciones por lo que en diciembre de 1989, tras el juicio celebrado en las dependencias de la Audiencia Nacional contra los autores del atentado –los pistoleros etarras Domingo Troitiño y Mercedes Ernaga, ya que Santiago Arróspide y Rafael Caride fueron juzgados en rebeldía- se formaron dos grupos de presión que dieron lugar a sendos expedientes administrativos que llevaron los abogados Santiago Montaner y Julio de Miquel. El primer grupo lo integraron doce víctimas con graves secuelas físicas y psicológicas y, el otro grupo, era el de Alvaro Cabrerizo. Este último perdió a su esposa y sus dos hijas la fatídica tarde del 19 de junio de 1987.
El expediente de Cabrerizo, pese a ser el segundo bloque de reclamaciones es, de momento, el único resuelto por la Audiencia Nacional , ya que en su caso no se han tenido que cuantificar daños físicos sino las tres muertes de sus familiares más directos. Cabrerizo ya ha sido indemnizado por el Estado (sentencia del Contencioso Administrativo de 5 de abril de 1994) pero el recuerdo de su esposa e hijas permanece intacto en su memoria, torturándole en cada instante de su atormentada existencia. “Veo cada día a sus amigas por la calle. Una de ellas ya se ha casado y tiene un hijo... ¿cómo voy a poder olvidarlas?”, se pregunta visiblemente emocionado.
Al final de un largo tunel
La indemnización del segundo grupo, el de los otros doce afectados, también lleva camino de resolverse (sentencia del Contencioso condenatoria del Estado como responsable civil subsidiario del 5 de junio del año 1995). No obstante, la sentencia fue recurrida por el abogado del Estado, lo que obligó, de nuevo, al Supremo, a pronunciarse sobre el caso, esta vez, el 28 de febrero de este mismo año. Las víctimas consultadas por este periódico esperan ver el final del largo túnel de su reclamación resuelto este mismo verano, si el Estado no recurre a otra ardid para retrasar algo que ya ha sido claramente estudiado por las partes. El aparente éxito de las dos primeras reclamaciones ha movilizado a otras víctimas que al principio decidieron no demandar al Estado (14 de marzo del año pasado). Es el denominado tercer grupo o tercer expediente de afectados por el atentado etarra en la Ciudad Condal.
La llegada al Gobierno del Partido Popular devolvió la esperanza a este colectivo en una pronta resolución de su problema, ya que antes habían sido marginados por los anteriores gobiernos socialistas hasta límites insospechados. Esta última reclamación, formulada por otros veintiún afectados, pese a encontrarse en los primeros pasos de su gestación, se beneficiará del camino administrativo realizado en los dos casos anteriores. Los abogados se muestran, al menos, optimistas sobre su desenlace.
Las resistencias burocraticas planteadas por la administración han discurrido de forma paralela al drama personal y humano al que se han visto abocadas estas familias por el sólo hecho de ser víctimas de un atentado terrorista. El cansancio se nota en sus rostros, pero también el malestar de haber sido marginados por quienes al principio se erigieron en sus defensores. “Si no hubiese sido por la AVT –coinciden en señalar un grupo de afectados- habríamos arrojado la toalla mucho antes”. “Nos sentimos cansados y despreciados por una administración que negocia con el preso etarra Lasa Michelena ‘Txiquierdi’, que recibe a la viuda de García Goena y a la comisión de parlamentarios de presos de ETA, y margina, da largas y finalmente no recibe a las víctimas de toda esa gente”, afirman de forma taxativa las mismas fuentes.
Los otros afectados
José Vargas es otra víctima del atentado desde el punto de vista laboral. Es comerciante de profesión y perdió su coche en el aparcamiento de los grandes almacenes. Intentó algún tipo de indemnización pero como al resto le ha sido sistemáticamente denegada. Al final le propusieron un crédito blando para que pudiera comprar otro vehículo, crédito que le ha llevado al embargo de sus bienes por no pagar los plazos mensuales a que obliga dicho crédito. “Me siento doblemente desmoralizado y ofendido”.
Núria Manzanares habla por primera vez de aquel día. Su hermana Mercedes se llevó a sus dos hijos Silvia y Jordi, de 13 y 9 años, respectivamente, al hipermercado para comprar unos bañadores. Nunca más regresaron. Núria, que nunca volvió a los grandes almacenes, ha permanecido en silencio para tratar de olvidar a su hermana e hijos, pero “no puedo, es superior a mis fuerzas. Además, -añade- lo ves cada día en televisión, aquí, allá, en todas partes las víctimas, los terroristas y el Estado que se desentiende o trata mejor a ellos que a nosotros”. Manzanares vio a su marido sufrir un tumor cerebral: “No quiero decir que sea a consecuencia de aquello, pero algo habrá...”. La única compensación la tuvo el mismo día del atentado. Sin saberlo estaba embarazada y hoy tiene un precioso niño de nueve años.
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