22
octubre 2025
La
Generalitat resucita la oficina de víctimas del terrorismo 13 años después de
que la cerrara Mas
Las
asociaciones reivindicaban ese servicio público ante el vacío administrativo
con el que toparon las víctimas de los atentados del 17-A
La
Generalitat ha resucitado, 13 años después de su cierre, la oficina de atención
a las víctimas del terrorismo. La consejera de Interior, Núria Parlon, presenta
este viernes un servicio que las asociaciones de víctimas llevaban años
reclamando después de que el expresidente de la Generalitat Artur Mas lo
clausurara en 2012 como parte de la política de austeridad desatada tras la
crisis económica. La falta de apoyo de la Administración se puso en evidencia
ante los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, que
costaron la vida a 16 personas y dejaron casi 500 afectados, entre personas
heridas y con secuelas psicológicas. Las víctimas se han sentido desatendidas
por el Estado y por la Generalitat, tal como reconoció la sentencia judicial de
los atentados, y solo la iniciativa voluntariosa de particulares les brindó
apoyo cuando más lo necesitaban.
La
nueva oficina, bautizada con el nombre de Servei d’Atenció i Suport a les
persones Afectades pel Terrorisme (SASPAT) tiene como objetivo dar una
“respuesta institucional clara” a las necesidades de las personas afectadas por
el terrorismo, que “han de hacer frente a menudo a procesos de recuperación
complejos que se pueden prolongar durante años”, según el acta de presentación
del evento que se celebrará este viernes en el Departamento de Interior, y que
asistirán expertos en terrorismo, además de víctimas y familiares.
El
Gobierno tripartito (formado por PSC, Esquerra e Iniciativa) creó en 2010 una
oficina de atención a la víctima que acabó cerrando puertas apenas dos años más
tarde, con CiU al frente de la Generalitat, y en plena época de recortes en el
gasto público auspiciados por el presidente Artur Mas. Robert Manrique, víctima
del atentado de ETA en Hipercor (Barcelona) y un histórico en la lucha por los
derechos de las víctimas de atentados, fue una de las caras visibles para
reivindicar el retorno de un servicio público.
La
necesidad de que la Administración tomara las riendas en la atención a las
víctimas, como ya ocurre en otras autonomías, se volvió acuciante tras los
atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. La sentencia que condenó a tres
de los miembros de la célula yihadista de Ripoll (Girona) estableció que las
víctimas habían sido “las grandes olvidadas” del proceso, ya que no se había
hecho un recuento sistemático de su número y, por tanto, muchas habían quedado
sin la protección requerida.
Fueron
Manrique y su equipo, a través de la Unidad de Atención a Víctimas (UAVAT)
quienes, entre la ausencia de la Generalitat y la mala gestión del Ministerio
del Interior, llevó las riendas en el acompañamiento y localización de
víctimas. Pero UAVAT tuvo que echar el cierre en 2023, cansados sus miembros,
todos voluntarios, de suplir como buenamente podían una labor que corresponde a
los poderes públicos. La entidad y las víctimas, sin embargo, nunca perdieron
la esperanza de que se reabriera la oficina, tal como finalmente ha ocurrido.
Tras
años de silencio, la voluntad política para resucitar la oficina se puso en
marcha durante el homenaje en La Rambla de Barcelona en 2024, en el séptimo
aniversario de la masacre. Las víctimas distribuyeron un escrito a la treintena
de políticos presentes en el homenaje para denunciar la pasividad de la
Administración y recordarle sus reivindicaciones: además de la reapertura de la
oficina, una normativa autonómica propia de atención a víctimas (como la que
tienen otras comunidades); un protocolo de actuación postatentado; y la
creación de un centro de memoria histórica sobre el terrorismo.
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