11 noviembre 2025 eldiario

 

11 noviembre 2025 

El Gobierno estudia reconocer a Caparrós como víctima del terrorismo de Estado durante el proceso autonomista andaluz

Pedro Sánchez remite una carta a las hermanas, cuya petición de acceso a los documentos del Congreso hasta ahora anonimizados se vota este martes en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a las hermanas de Manuel José García Caparrós en la que les invita a gestionar con el Ministerio del Interior la petición de que el joven malagueño, asesinado de un disparo durante una marcha por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977, sea reconocido como víctima del terrorismo y les agradece el “compromiso” con la memoria democrática. La carta, a la que este medio ha tenido acceso, está firmada “en nombre del presidente” por el director de gabinete de la Presidencia del Gobierno y fue remitida el pasado 22 de octubre. Ellas la recibieron la semana pasada.

El reconocimiento como víctima del terrorismo es una reclamación que las hermanas reiteraron el pasado junio, en una rueda de prensa en la que también exigieron al Gobierno que cumpliera con su compromiso para desclasificar de forma completa y sin anonimizar los documentos de la investigación en el Congreso de los sucesos que acabaron con la vida de Manuel José. Algo a lo que la Mesa dará luz verde este martes, si todo discurre como está previsto.

Manuel José García Caparrós, malagueño de 19 años, murió de un impacto de bala en las cargas policiales tras la manifestación por la autonomía andaluza que se celebraron en todas las capitales andaluzas el 4 de diciembre de 1977. Después de que grupos de ultraderecha reventaran la protesta, hubo disparos al aire y a las personas, y del arma de un agente de la policía armada salió la bala que mató a Manuel José, que se ha convertido con el paso de los años en el principal símbolo de la autonomía andaluza. Es Hijo Predilecto, hay calles en su nombre y su memoria ha sido recuperada mediante películas, libros y artículos de prensa. Antonio Banderas le rindió un emotivo homenaje al dedicarle su reconocimiento como Hijo Predilecto.

Las hermanas defienden que la declaración de Manuel José como víctima del terrorismo supondría, casi cincuenta años después, su reparación íntegra. Abriría también la puerta a eventuales reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Presidencia no les cierra la puerta y las deriva a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, al que da traslado para que estudie su petición “conforme a la normativa vigente”. Según han explicado en alguna ocasión, a las hermanas no les satisface el término “víctimas del posfranquismo”, que pretende el Gobierno, porque ni siquiera saben bien qué significa ni qué implicaría.

Desclasificación en marcha

Por otro lado, la carta de Presidencia subraya la desclasificación completa de “los documentos completos, sin anonimizar” está sólo pendiente de la autorización final para que Dolores, Francisca y Purificación puedan presentarse en el Congreso.

La vicepresidenta María Jesús Montero se comprometió en febrero, durante un acto de homenaje a García Caparrós, a facilitar el acceso íntegro a los documentos secretos de la investigación de su muerte en el Congreso. Sin embargo, la falta de pasos efectivos en los meses siguientes soliviantó a las hermanas, que en junio cargaron con dureza contra el Gobierno, a cuyo Presidente remitieron una carta, pidiéndole celeridad en el acceso, el reconocimiento como víctima y una reunión. “En esta lucha está toda nuestra vida”, advertían.

Ahora, el director de gabinete de Presidencia subraya que la desclasificación ya está en marcha gracias a la reforma de las normas de acceso a la documentación del Congreso, impulsada en septiembre, que va a permitir, dice, “que la familia pueda conocer por fin lo que ocurrió aquel 4 de diciembre de 1977”.

Sánchez no acepta la propuesta de reunión, pero la carta insiste en la disposición del Gobierno a colaborar “en todo lo que esté en nuestra mano” para “avanzar en la verdad, la justicia y la reparación”. En ocasiones anteriores las hermanas no habían recibido respuesta. Las hermanas la “agradecen”, aunque subrayan que la petición era mantener un “encuentro formal” como “familiares de víctimas de la transición”.

Las hermanas quieren conocer quién fue el agente de la policía armada de cuya pistola salió la bala que mató a su hermano durante las manifestaciones por la autonomía andaluza. Ese nombre jamás se ha sabido con certeza, porque quienes en estos años han accedido al expediente se lo han encontrado anonimizado. La investigadora y secretaria judicial Rosa Burgos accedió al expediente y en 2017 publicó Las muertes de García Caparrós (Ediciones El Observador), donde se concluye que el autor del disparo responde a las iniciales M.P.R.

La carta de Presidencia a las hermanas incluye en dos errores sorprendentes. Uno, con el nombre del asesinado, a quien llama “Manuel Caparrós”, y no Manuel José García Caparrós. Hace unos años, también el Ayuntamiento de Málaga se equivocó y colocó en el punto declarado Lugar de Memoria Democrática una placa en recuerdo a “José Manuel García Caparrós”. El otro error de la misiva es anunciar la desclasificación de los documentos de la Comisión de Encuesta de “1987”, cuando los documentos datan de 1978.

Votación en la Mesa del Congreso, este martes

Las hermanas han recibido la carta en vísperas de que llegue el momento que llevan años deseando. Si todo va como está previsto, accederán al fin a los documentos en los que esperan encontrar el nombre completo de la persona que apretó el gatillo de la pistola que mató a su hermano. Según fuentes próximas a la familia, Dolores, Francisca y Purificación acudirán la próxima semana al Congreso de los Diputados, en cuyos archivos están los papeles hasta ahora anonimizados de la Comisión parlamentaria que investigó este suceso hace casi medio siglo.

Antes de que eso ocurra, la Mesa del Congreso debe ratificar este martes que, de acuerdo con la nueva norma de acceso a la documentación de sus archivos, las hermanas pueden ver los documentos. Fuentes de la Mesa confirman que el Departamento de Archivos y Documentación ha emitido un informe y ya ha preparado la documentación.

El visto bueno parece garantizado gracias a los votos favorables de los diputados del PSOE y de Sumar, que ya dieron su conformidad a la modificación de las normas de acceso a documento el pasado 23 de septiembre. En cambio, para el PP se trata de una votación endiablada: sus miembros en la Mesa deben optar por autoenmendar su negativa de entonces y votar a favor, o mantener el voto en contra, evidenciando una ruptura con el discurso en Andalucía de Juan Manuel Moreno, quien en 2022 prometió a las hermanas que apoyaría su lucha por acceder a esos documentos.

En septiembre, el voto en contra de los diputados nacionales del PP obligó a improvisar una respuesta al PP de Andalucía, donde la muerte de García Caparrós ha adquirido con el paso de los años un estatus simbólico que todas las fuerzas políticas, salvo Vox, pelean por capitalizar. También el PP, que por boca de sus portavoces andaluces alegó primero que los diputados nacionales “no sabían lo que votaban” y se equivocaron (“una cagada”), y después ha restado valor a que las hermanas puedan ver los documentos ahora. “La familia va a acceder sí o sí cuando se cumplan 50 años, no es algo insalvable ni que se vaya a prolongar en el tiempo”, dijo el portavoz Toni Martín.

En realidad, la motivación del PP para votar “no” al acceso a los documentos era evitar “favorecer los intereses de Sumar”, tal y como recogen las actas de aquella votación desveladas por elDiario.es. Pese a su teórico apoyo a la lucha de las hermanas por acceder a la documentación (que el propio PP andaluz pudo consultar en 2017), en el PP siguen considerando que esta es una batalla que alimenta a la izquierda. Durante años, IU (ahora en Sumar) ha acompañado a las hermanas en sus reclamaciones y últimamente ha sostenido la reclamación de modificar la normativa si era necesario, llegando incluso a advertir a su socio de Gobierno de un posible recurso ante el Tribunal Constitucional si no se daban pasos efectivos hacia la desclasificación.