25
noviembre 2025
Cantabria
amplía las indemnizaciones a víctimas del terrorismo
Se
extenderá a más víctimas y sus familiares
El
Consejo de Gobierno de Cantabria ha aprobado el proyecto de Ley que modifica la
Ley autonómica 1/2023, de 5 de abril, de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y
Dignidad a las Víctimas del Terrorismo con el que se amplían los objetivos de
la norma y la cobertura de las indemnizaciones, extendiéndola en beneficio de
más víctimas y sus familiares.
El
Gobierno autonómico pedirá al Parlamento su tramitación directa por
procedimiento de urgencia y en lectura única, dada la naturaleza del proyecto y
la simplicidad de la norma, que ha sido además acordada y pactada con la
Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE) y con la que el
Ejecutivo da cumplimiento a la proposición no de ley aprobada el pasado mes de
abril por la propia Cámara legislativa.
La
consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa,
Isabel Urrutia, ha valorado el nuevo paso dado por el Gobierno presidido por
María José Sáenz de Buruaga para satisfacer “el derecho a la reparación
integral” de las víctimas del terrorismo y “devolver la deuda que la sociedad
cántabra tiene con aquellos que sufrieron los atentados y sus familiares”.
Actualmente,
ha dicho, Cantabria “es una comunidad referente en el apoyo económico, material
y moral” al colectivo y ha recordado este Gobierno ha sido el primero de
Cantabria en la creación de una dirección específica para la protección de las
víctimas del terrorismo –la Dirección General de Justicia y Víctimas del
Terrorismo-, y de un programa presupuestario “exclusivo” para esta finalidad.
Además, ha cumplido “en tiempo record” las medidas económicas y de
reconocimiento y homenaje previstas en la norma autonómica que lleva vigente
poco más de dos años.
En
este periodo de tiempo, ha apuntado la consejera, se han aprobado los primeros
expedientes indemnizatorios a 35 víctimas, por un importe total de más de 1,3
millones de euros, que ahora se verán ampliados con el nuevo proyecto de Ley.
Igualmente,
el Gobierno cántabro ha organizado actos de homenaje y reconocimiento a las
víctimas y ha creado nuevas distinciones autonómicas específicas para este
colectivo como son la Medalla de Cantabria a las víctimas del terrorismo y la
Medalla en defensa y atención al colectivo, que el próximo año 2026 cumplirán
su tercera edición, habiéndose reconocido hasta el momento a un total de once
personas y entidades.
Por
último, la consejera de Presidencia ha apuntado que todos estos avances para
una “cobertura global” en beneficio de las víctimas se han realizado de la mano
de la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE), como es el
caso, ha reiterado, del contenido de la nueva norma autonómica, garantizando,
al mismo tiempo, las mayores oportunidades de participación ciudadana durante
su elaboración, mediante su sometimiento al trámite de consulta previa y al de
audiencia e información pública del texto.
Alcance
del proyecto de ley
La
modificación de la Ley 1/2023, aprobada hoy por el Consejo de Gobierno en una
reunión extraordinaria, ahonda y extiende el sistema de reparación integral de
los daños causados por las actuaciones terroristas y en una mejor defensa de
los intereses de las víctimas de terrorismo.
En
este contexto, se han ampliado como beneficiarios de las ayudas económicas a
los herederos de quienes, teniendo derecho a recibir las indemnizaciones
previstas, hubieran fallecido antes de la entrada en vigor de la ley autonómica
de 2023, siempre que los herederos fueran cónyuges o personas ligadas a ellas
por análoga relación de afectividad o parientes consanguíneos dentro del
segundo grado.
Por
otro parte, la nueva norma amplía los supuestos merecedores de indemnización,
extendiéndola a las víctimas de secuestro y de amenaza o coacciones directas y
reiteradas de organizaciones terroristas cuando, en este último caso, hubieran
determinado la necesidad de establecer su centro de vida familiar en alguno de
los municipios de Cantabria.
En
este supuesto, se establecen nuevos criterios de exigencia de empadronamiento
para facilitar su efectiva aplicación, delimitando la fecha del cambio de
residencia y la extensión del empadronamiento hasta la entrada en vigor de la
Ley 1/2023 de Cantabria.
De
cualquier forma, en estos nuevos casos también se requerirá el resto de
cumplimientos legales para la concesión de las indemnizaciones y el previo
reconocimiento por parte del Ministerio del Interior de la condición de
víctima.
El
proyecto de Ley consta de 6 artículos, una disposición transitoria y una
disposición final.
Opinión:
Una nueva CCAA que tiene una ley autonómica para la
asistencia a las víctimas del terrorismo. Un nuevo reto para conseguir lo mismo
en Catalunya que, entiendo a partir de enero próximo, se empezará a trabajar en
serio con las propuestas presentadas ya en 1995 en la época como delegación
catalana de la ANTIGUA AVT.
A ver cómo va…
Y si a alguien no le gusta es que, simplemente, no
entiende la realidad de quien SI ha vivido y sufrido las consecuencias de un
atentado terrorista.
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