11
diciembre 2025
El
Gobierno olvida tramitar la solicitud de reconocimiento a García Caparrós como
víctima del terrorismo de Estado
El
pasado octubre, el director de gabinete de la Presidencia, “en nombre de Pedro
Sánchez”, informó por escrito a las hermanas del joven malagueño asesinado
durante la manifestación autonomista del 77 que remitía al Ministerio de
Interior su reclamación para tramitarla, pero nunca llegó a hacerlo
El
Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado sin tramitar la solicitud para reconocer
como víctima del terrorismo de Estado a Manuel José García Caparrós, el joven
malagueño asesinado por la Policía durante la masiva movilización de andaluces
por una autonomía plena que tuvo lugar en Málaga el 4 de diciembre de 1977,
hace ahora 48 años.
El
pasado mes de junio, las hermanas de García Caparrós -Dolores, Francisca y
Purificación- enviaron una carta al presidente del Gobierno con una serie de
reclamaciones: la desclasificación y acceso al expediente secreto del asesinato
de Manuel José, que alberga el Congreso de los Diputados, el reconocimiento
como víctima del terrorismo y una reunión con el presidente.
El
22 de octubre, recibieron una carta de vuelta firmada por el director de
gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, “en nombre del
presidente”, informándoles de que el reconocimiento de víctima de terrorismo
era una competencia del Ministerio de Interior, y de que se derivaba su
solicitud a este departamento para que lo gestionara.
“En
relación con su solicitud de reconocimiento a su hermano como víctima del
terrorismo, le informamos de que esta materia corresponde al Ministerio del
Interior, órgano competente a través de la Dirección General de Apoyo a
Víctimas del Terrorismo. En consecuencia, damos traslado de su carta a dicho
ministerio para que estudie y valore su petición conforme a la normativa
vigente”, reza la misiva.
El
reconocimiento civil de víctima del terrorismo no es una simple consideración
administrativa, supondría colocar al joven malagueño en el mismo estatus que
los asesinados por ETA, por los GAL, por el Grapo o por organizaciones
yihadistas, y abriría la puerta a sus familiares a ayudas económicas,
asistencia jurídica y exenciones fiscales.
Sin
embargo, dos meses después de la carta y habiéndose celebrado el pasado 4 de
diciembre los actos de homenaje por el aniversario de la muerte del joven
sindicalista, y habiéndose reunido ese mismo día la vicepresidenta del
Gobierno, María Jesús Montero, con las hermanas García Caparrós, en Málaga, la
petición de éstas no ha sido tramitada por el Gabinete del Presidente del
Gobierno, pese al anuncio de su misiva.
El
departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska asegura a este periódico que
“no ha entrado” la solicitud de la familia para iniciar el proceso
administrativo para el reconocimiento como víctima de terrorismo. Y desde el
Gabinete de la Presidencia reconocen que la petición no se ha gestionado aún,
pero no aclaran por qué ha quedado varada la tramitación ni por qué no se ha
remitido la solicitud al Ministerio de Interior desde que respondieron a la
carta de las hermanas, hace dos meses.
El
pasado 4 de diciembre, ante la ausencia prolongada de respuesta por parte del
Gobierno, Francisca, Purificación y Dolores escribieron una segunda misiva,
esta vez dirigida a la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del
Terrorismo, para saber si Presidencia les había derivado su solicitud.
“Instamos a que se nos informe de cómo podemos comenzar a hacer efectivo esta
consideración de víctima de terrorismo para nuestro hermano, vilmente asesinado
por la espalda en una manifestación pacífica donde se creó terror por parte de
la policía armada”, reza la carta.
La
figura de Manuel José García Caparrós está reconocida como una suerte de mártir
del proceso autonomista andaluz. La Junta le nombró Hijo Predilecto de
Andalucía a título póstumo, y todas las fuerzas políticas -excepto Vox- votaron
hace unos años en el Parlamento para que el Congreso facilitara a la familia el
expediente de la comisión que investigó su asesinato, en 1987, con información
bajo secreto.
Después
de muchas gestiones y lances políticos, la Cámara Baja aprobó una reforma del
reglamento de archivos que sirvió para sortear la Ley de Secretos Oficiales y
permitir a las García Caparrós consultar el expediente íntegro de hermano el
pasado 18 de noviembre.
La
otra reclamación histórica de la familia es el reconocimiento del joven como
víctima del terrorismo de Estado, que podía suponer alguna indemnización para
las hermanas por el asesinato de Manuel José. El Ministerio del Interior, a
través de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, gestiona
este recocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo en
España, regulado por una ley de 2011.
El
Gobierno ofrece ayudas económicas, asistencia psicológica y jurídica a los
familiares y un certificado oficial para acreditar su condición de víctima, que
le permite acceder a beneficios como excenciones fiscales para la vivienda o en
el pago de determinadas tasas. La Ley de reconocimiento y protección integral a
las víctimas del terrorismo amplió el marco temporal para la consideración de
víctima, pero desde Interior aseguran que se gestionan los expedientes que
llegan sin mirar la fecha.
Fuentes
del Ministerio de Interior aseguran que no han tramitado nunca una petición de
reconocimiento de víctima del terrorismo por excesos policiales durante la
transición o el periodo preautonómico, pero sí para víctimas de grupos de
extrema derecha. En febrero de 2023, el Consejo de Ministros concedió la Gran
Cruz del Reconocimiento Civil a Vicente Cuervo Calvo, con una asunción
automática de su condición de víctima del terrorismo.
Cuervo,
un joven militante de la CNT que no había cumplido aún los 22 años, fue
asesinado por elementos ultraderechistas en Vallecas, en Madrid, el 10 de
febrero de 1980.
Opinión:
Permítanme un breve recordatorio. ¿A quién le puede
extrañar ese olvido si en sentencia de mayo de 2021 de los atentados de agosto
2017 en Catalunya aparecen 345 heridos mientras en el auto de procesamiento de octubre
de 2018 solo aparecían 160? ¿Por qué desde el Gobierno no buscaron, en casi cuatro
años, a esos casi 200 de diferencia? Por no hablar de los otros 125 afectados
que aparecen en los 68.000 folios del sumario pero que NO aparecen en la sentencia…
Repito. ¿A quién le puede extrañar ese olvido?
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