10 octubre 1989 (2) La Vanguardia

10 octubre 1989 (2)


 

“La Vanguardia” va publicar el dimarts 10 de octubre un reportatge molt ben presentat sobre les algunes de les víctimes de l’atemptat de Hipercor coincidint amb el judici a l’Audiéncia Nacional.

La mayoría de víctimas no han querido presenciar el juicio para no reabrir las heridas no cicatrizadas producidas por el criminal atentado de ETA

Gritos roncos en el silencio del dolor

Hay heridos que aún precisan injertos

Cuando los dos procesados entraron en la sala pareció oírse un rumor sordo que fue poco a poco en aumento. A medida que el fiscal iba leyendo su escrito de acusación, el zumbido creció hasta amenazar con temblar los mismísimos cimientos de la Audiencia Nacional. Las palabras del fiscal, pese a todo, lograron imponerse como si no ocurriera nada: “Los integrantes del comando decidieron colocar una potente bomba incendiaria en los almacenes Hipercor, aunque sabían que la explosión implicaba una ineludible masacre”. Alvaro Cabrerizo podía oír en esos momentos, presente en la sala, el creciente murmullo que acompañaba el relato fiscal. Mientras señala un imaginario clavo que le atraviesa el cerebro, explica que “es como una cosa aquí dentro. Siempre vuelves alo mismo. Desde que te acuestas hasta que te levantas, pensando en ellos. Luego, cuando te das cuenta de que no los verás más, te desesperas. Procuras no ver sus cosas, sus juguetes. .. Pero es imposible”. Alvaro Cabrerizo perdió el 1 9 de junio de 1 987 a su mujer y a sus dos hijas. Algunas dela víctimas han preferido no asistir a la vista del juicio. Algunos para no reabrir las heridas. Otros, para evitar que las heridas se hagan más profundas. Es el caso de Susana González y Elena Navarro. Ambas estaban aquel día en Hipercor y ambas fueron alcanzadas por la onda expansiva del coche bomba. Tardaron más de 174 días en recuperarse. Una recuperación muy parcial, ya que todavía hoy sufren“neurosis de angustia y estrés postraumático persistente”.Lo mismo le ocurre a Agustina Cabanillas, con cicatrices por todo el cuerpo y “necesidad de reconstrucción cutánea”. Siempre tiene la misma pesadilla. “Sueño que mi nieta está en un carrito de compra, rodeada de llamas, y yo no la puedo sacar. Me despierto gritando.”

Roberto Manrique es una de las pocas víctimas que sí se encontraba entre el público. Llegó a Madrid la semana pasada, “sin deseos de venganza”,como él dice, pero con ganas de preguntarles “por qué lo hicieron”.Dos años después de la salvajada de ETA, algunos heridos aún precisan injertos de piel y correcciones importantes en los brazos. Otros tienen“cicatrices hipertróficas que mejorarán con el tiempo”. Todos los heridos ya han llegado a acuerdos con Hipercor y con su compañía aseguradora, la New Hampshire. Ahora sólo queda por resolver las indemnizaciones que le corresponde pagar al Estado. Para los afectados, el juicio no sólo debería servir para condenar a los culpables, sino también para intentar dirimir la responsabilidad civil subsidiaria.  La Audiencia Nacional, sin embargo, estableció en su día que la Administración no debería pagar las indemnizaciones a las que sean condenados los etarras, ya que “lo s resarcimientos a las víctimas tienen una naturaleza exclusivamente administrativa y la responsabilidad civil del Estado no puede ser acordada por el tribunal penal que juzga el hecho terrorista”. Familiares de los heridos explican que “sólo hay un único culpable: ETA. No lo olvidemos nunca, pero tampoco que los etarras hicieron tres llamadas telefónicas para avisar que habían colocado una bomba y no se produjo el desalojo del supermercado, con lo que se hubiera evitado la matanza”.

Pánico en la población

Antes de su “acción” contra Hipercor, el comando Barcelona ya se había dado a conocer, “con demostración de la imparable extensión de los sentimientos de indefensión y pánico entre la población catalana”,como dice el fiscal. En las fechas previas al día 1 9 de junio de 1987, los etarras ya habían cometido 13 atentados que costaron tres vidas. Francesc Geli, Santiago Muntaner, Juli deMiquel y Sebastiá Roca, los letrados que el Colegio de Abogados de Barcelona puso a disposición de los afectados, recuerdan que no se hizo caso de las llamadas. La Constitución, según los abogados, establece “la obligación del Estado de indemnizar por toda lesión que sufran los ciudadanos en sus bienes o derechos a consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. Los abogados sostienen que la segundad ciudadana es un servicio público y que, por lo tanto, el Estado debe pagarlas indemnizaciones a las que sean condenados los etarras. Sólo los etarras parecían oír, porque sólo ellos comprendían que eran los gritos de los muertos, los recuerdos de Alvaro Cabrerizo, las angustias de Susana González y Elena Navarro, las pesadillas de Agustina Cabanillas y las preguntas sin respuesta que se hace aún hoy Roberto Manrique.