15 mayo 1993 (aprox)
L’atemptat de Vic va portar a la realització de un judici ala Audiència Nacional contra l’autor que havia quedat viu desprès de l’enfrontament amb la Guàrdia Civil a Lliçà de Munt.
L’atemptat de Vic va portar a la realització de un judici a
Molts medis de comunicació vam contactar amb l’amic Robert per tenir dades sobre el judici, la situació dels afectats i tots els problemes generats. En Robert ja tenia la experiència viscuda en dos judicis anteriors i era una excel·lent font de informació.
La revista “Pronto” publicava el següent reportatge el mes de maig, amb una tècnica jurídica que pocs podíem esperar de una revista de las anomenades “del cor”. La companya Pilar Muñoz ho va reflectir perfectament.
I un altre sorpresa: ja aleshores ens semblava increïble la experiència que només en tres anys havia acumulat en Robert en una temàtica que molt poc temps abans era absolutament desconeguda per a ell. I per molts de nosaltres.
Un altre detall important: en aquest reportatge es menciona per primer cop que en Robert ja havia rebut l’oferiment de dos psicòlogues per col·laborar: la Sara Bosch i la Eva Bernat. Per qüestions de canvi de residència l’Eva ho va deixar temps desprès però la Sara encara continua treballant amb en Robert. Es, sense cap dubte, la psicòloga que mes temps porta en aquesta tasca, especialitzada en temàtica terrorista. De part de tots els amics d’en Robert, Sara, gràcies per la teva col·laboració.
Víctimas del terrorismo: del dolor al abandono
El juicio por el atentado a la casa cuartel de la Guardia Civil de Vic , que tiene lugar estos días en Madrid cuando se cumplen dos años de la barbara acción de ETA que mató a 10 personas, hirió a bastantes más y dejó sin ogar a 30 familias, vuelve a poner en primer plano el abandono en el que quedan las víctimas inocentes del terrorismo.
Explica Roberto Manrique, delegado en Cataluña de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que pocas veces se da la circunstancia de que el juicio a los presuntos responsables de un atentado terrorista coincida con el aniversario de la tragedia. Sin embargo, en el caso del salvaje atentado con coche-bomba de ETA a la casa cuartel de la Guardia Civil , ocurrido el 29 de mayo de 1991, se produce la coincidencia: Juan José Zubieta Zubeldia, único superviviente de aquel criminal comando etarra del que en pocos días se cumplirán dos años, comparecerá hoy lunes, 24 de mayo, ante el juzgado número 4 de la Audiencia Nacional de Madrid, acusado de una cincuentena de delitos, entre ellos 8 asesinatos si bien las víctimas mortales fueron diez.
El Ministerio Fiscal pedirá para el presunto terrorista 1392 años y 3 meses de cárcel mientras que la acusación particular desempeñada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que representa en el juicio a 5 familias de guardias civiles y otra más civil cuya hija murió en la caserna donde jugaba con otras niñas, solicitará para el acusado una pena de 1476 años y 6 meses. Si Zubieta Zubeldia es declarado culpable de los cargos que se le imputan tendrá que pagar 20 millones de pesetas a los herederos de las víctimas y a razón de unas 10000 pesetas por día de lesión a los numerosos heridos que resultaron de la tragedia que conmocionó, hace dos años, a la tranquila población de Vic y que ha quedado grabada a fuego y muerte en el recuerdo de todos sus habitantes.
Indemnizaciones que no se cobran.
Pero una cosa es lo que dicta la justicia y otra muy diferente la realidad, como recuerda Roberto Manrique, trabajador incansable y altruista de la AVT desde que él mismo resultase herido en el criminal atentado de Hipercor en Barcelona, hace ya 6 años. “El procedimiento habitual es que el terrorista se declare insolvente y a partir de ahí no paga nadie. En España no existe la responsabilidad civil, al contrario del resto de Europa donde el Estado primero paga a los afectados y luego se encarga, por los medios que sea, de cobrarle ese dinero a los terroristas. Y si no puede recuperarlo, no cobra pero la víctima ya ha sido, como mínimo, resarcida económicamente”.
En estos momentos, los terroristas deben en lo que jurídicamente se llaman “piezas de responsabilidad” un total de 55000 millones de pesetas a sus víctimas, una 13000 personas en toda España. De esta cuantiosa cifra “nadie ha visto un duro, desgraciadamente”, sigue explicando Manrique, que no ve la posibilidad de que esta situación discriminatoria vaya a variar a corto plazo mientras la legislación vigente no cambie y se haga”mas favorable a las víctimas que a sus verdugos”.
Los dos años que han pasado desde el atentado de Vic han venido a demostrar una vez más, según repiten incansablemente los responsables de la AVT , que las víctimas del terrorismo tienen que repornerse a la desgracia que les ha tocado vivir por el fanatismo de unos pocos en el más completo de los desamparos. “La misma noche del atentado nuestra asociación estuvo en Vic –recuerda Robrto Manrique-. Hablamos con algunas peersonas que dijeron ser del Ayuntamiento para ponernos a su disposición, pero nos aseguraron que ellos se encargarían de todo. Al cabo de 15 o 20 días volvimos a hablar con ellos para repetirmes el ofrecimiento y volvieron a decirnos que no hacía falta nuestra ayuda. Nos pareció perfecto porque siempre es mejor que se encargue la Administración , que tiene mas medios que nosotros, con pocos recursos económicos”. Sin embargo, dos años después de los trágicos hechos que se cobraron la vida de 10 personas (seis de ellas niños), hirieron a varias decenas y dejaron sin casa ni enseres a verda de 30 familias, se ha visto que la realidad siempre va a la zaga de las promesas del primer momento. Desorientados y sin que nadie les diera razón de sus derechos ni atendiera a las promesas del primer momento, algunos de los afectados por el atentado de Vic se pusieron en contacto con la AVT para desgranar el rosario de problemas con el que se encuentran. “No hay ningún departamento de la Administración que se ponga en contacto con las víctimas para explicarles qué leyes les amparan o cuales son los procedimientos legales que tienen para reclamar por los daños físicos, psicológicos o materiales que han sufrido”, subraya Manrique.
Añade luego que la AVT intenta suplir en la medida de sus posibilidades esa falta de información, ese abandono a su suerte de los afectados. Muchas de las víctimas desconocen que existe un plazo legal de un año, a partir del día siguiente del atentado, para reclamar por daños materiales.
La víctima es quien paga
Las familias que perdieron su casa en el atentado de Vic (un inmueble situado frente a la casa cuartel y que tuvo que ser desalojado) han visto cumplido el plazo legal sin reclamar y tendrán que pagar alrededor de 800.000 pesetas en concepto del 10 por ciento de los gastos de rehabilitación del inmueble, que todavía permanece sin poder ser habitado. “Esta es una situación paradójica e injusta –asegura Manrique-. Ya es bastante desgracia que una familia vea destrozada su casa sin culpa alguna para que encima tenga que dar dinero de su bolsillo para repararla”. Todos los afectados de Vic que quedaron sin hogar han recibido durante estos dos años una aportación de 35000 pesetas para alquilar una nueva casa pero, dado los precios del mercado, esa cantidad resulta a todas luces insuficiente.
Los que resultaron heridos por el atentado tampoco lo tienen mejor. La Seguridad Social paga por día de baja y otorga una pensión para los incapacitados, del doble del salario para funcionarios y civiles o también del doble del salario mínimo interprofesional para amas de casa y desempleados (poco más de 100.000 pesetas). Sin embargo, si el afectado es menos de edad, recibe sólo una ridícula pensión de 3.000 pesetas al mes. Es el caso, por ejemplo, de Irene Villa, la niña que perdió las dos piernas y cuatro dedos en un atentado en Madrid. Y como ella, todas las víctimas menores que, desgraciadamente, son bastantes.
Asegura Roberto Manrique que la AVT atiende los problemas económicos, sociales, escolares, médidos, psiquiátricos y jurídicos de las cerda de 1.400 familias afectadas por el terrorismo en todo el Estado. Si bien el número de víctimas es mucho mayor, “muchos de ellos se desaniman ante los trámites, lo mucho que hay que pelear para conseguir cosas y desisten de reclamar sus derechos”. Con una subvención anual de sólo 8 millones de pesetas, cada delegación de la asociación se organiza como mejor puede acogiendo con el mayor entusiasmo las aportaciones privadas, por pequeñas que sean. “Cuando la gente se entera del abandono en que nos encontramos, siempre hay quien nos echa una mano”, explica Manrique. Es el caso de dos psicólogas de Barcelona que se pusieron en contacto con la asociación para ofrecer gratuitamente sus servicios en materia de terapias, medicación o seguimiento. Porque esa es otra de las secuelas graves de las víctimas del terrorismo en la que nadie repara: el trauma psicológico del que apenas de sabe nada, porque todavía nadie se ha dedicado a estudiar cómo reaccionan las personas que han vivido una experiencia de ese calibre.
Condenas más duras
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