04 julio 2025 Naiz

 

04 julio 2025 

La ONU interpela al Estado español por su «falta de acción» ante los 5.379 casos de tortura

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha celebrado esta semana su 144 periodo de sesiones, en el que se ha examinado al Estado español en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones adquiridas en base al Pacto Universal de DDHH. La tortura ha sido uno de los temas que ha centrado los debates.

La tortura, la Ley de Secretos Oficiales y la Ley de Amnistía de 1977 han centrado los debates de las sesiones del examen al Reino de España que se han llevado a cabo esta semana en Ginebra en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en las que ha participado la abogada de GEBehatokia Iratxe Urizar. El anterior examen se realizó en 2015, por lo que, según este organismo, era «una cita muy importante» en la que el Comité había preparado una extensa batería de preguntas dirigidas a la delegación española sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en base al Pacto Universal de Derechos Humanos.

En dichas sesiones, los integrantes del Comité de DDHH, expertos e independientes, han realizado preguntas a la numerosa delegación española basándose en el informe que el mismo Estado les ha hecho llegar y tomando en cuenta los informes aportados desde la sociedad civil, entre ellos el de GEBehatokia, con dos temas centrales de preocupación: la tortura y la memoria.

De acuerdo con el observatorio vasco, los miembros del organismo de la ONU han interpelado al Estado español «de manera muy directa» sobre esas cuestiones. «El tema de los numerosos casos de tortura recogidos por el informe del Instituto Vasco de Criminología (IVAC), al igual que lo hizo en 2023 el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, sigue llamando la atención de los miembros del Comité, y también la falta de acción por parte del Estado ante esta realidad tan grave y numerosa», ha expresado Urizar.

Concretamente, explica que el integrante del comité Koji Teraya mostró «su sorpresa» por que «no se hubieran iniciado procedimientos por los 5.379 casos recogidos por parte del IVAC siguiendo el Protocolo de Estambul», e insistió «en que la delegación española aclarase si, tal y como la sociedad civil señalaba, la prescripción para los delitos de tortura no había sido derogada». «¿Por qué no es acorde con la normativa internacional de no ser prescriptible? ¿Qué obstáculos hay para eliminar esa prescripción?», preguntó.

El tema de la prescripción de la tortura, de hecho, centró varias de las preguntas de los integrantes del Comité, quienes reclamaron «la necesidad de abolir el artículo que posibilita la detención incomunicada, premisa para el uso de la tortura».

La delegación española también fue interpelada sobre el nivel de implementación de las resoluciones internacionales a nivel interno, como las resoluciones del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzosas (el reconocimiento del caso ‘Naparra’) o del Comité contra la Tortura, como el examen del año 2023, donde se instaba a iniciar de oficio investigación por los 5.379 casos de tortura, o el caso sobre Raúl Fuentes Villota, del que, «a día de hoy, no tenemos conocimiento de que se haya dado ningún paso en ningún sentido».

Ante esas cuestiones, la delegación española «no ha sido muy explícita en las respuestas», de acuerdo con GEBehatokia.

Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU mostró «su preocupación» con varias preguntas efectuadas insistentemente por los expertos Hernán Quezada y Hélène Tigroudja sobre la «implementación real» de las resoluciones internacionales.

Así, Tigroudja preguntó por «la efectividad del mandato del Defensor del Pueblo, el valor jurídico y el índice de aplicación de sus resoluciones y si las denuncias por uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la autoridad o las denuncias de tortura forman parte de su mandato. Insistían en que no necesitaban aclaraciones sobre el marco normativo español, sino su manera de aplicarse e interpretarse».

Esta experta también trasladó la «sorpresa» por parte del Comité «al comprobar que la Ley de Amnistía de 1977 no había sido derogada, ya que la misma impedía el acceso a la justicia de las víctimas de la dictadura de Franco y no garantizaba el derecho de las familias a saber la verdad», explica GEBehatokia, que añade que «mostró gran sorpresa al ver que el Defensor del Pueblo no se posiciona en esta cuestión, ni dice nada sobre este tema».

Además, y «recogiendo lo trasladado por las asociaciones, trasladó su preocupación por que lo recogido en la Ley de Memoria se topaba con el obstáculo de la Ley de Amnistía».

Por su parte, Quezada «se refirió explícitamente al hecho de que no se hayan retirado las condecoraciones a Galindo, Vaquero, Dorado y Bayo».

Observaciones finales, a mediados de julio

Las observaciones finales del informe se publicarán a mediados de julio. A la espera de ello, GEBehatokia subraya «la importancia del trabajo discreto y de pasillo que se desarrolla en estos espacios, en un momento en el que la propia existencia de los mecanismos de defensa de derechos humanos de Naciones Unidas están en peligro, fruto de las nuevas políticas aplicadas por estados europeos y la administración Trump, que han disminuido considerablemente sus aportaciones».