24 junio 2025
Marchena:
Abordar ahora una reforma estructural de la Justicia sería un error
El
magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Manuel Marchena fue muy
claro: abordar ahora una reforma estructural de la Justicia sería un error.
“No
pueden realizarse reformas estructurales en el Ministerio Fiscal con prisas y
sin acuerdo de las principales fuerzas políticas. No es el momento”, afirmó
ayer con rotundidad durante la presentación de su libro La justicia amenazada
(Espasa, 2025), en un acto celebrado en el Colegio de la Abogacía de Cantabria,
en Santander, junto al decano, Carlos Pérez Sánchez, y Lola Cruz,
Marchena,
que presidió la Sala de lo Penal del Supremo durante una década, argumentó que
cambios de calado —como el paso de la instrucción penal del juez al fiscal—
exigen un amplio consenso político.
“Son
decisiones que afectan a la arquitectura del sistema y no pueden tomarse sin
acuerdo”, advirtió. En su opinión, el contexto actual no es propicio para ese
tipo de pactos.
Un
contexto muy tensionado en el que tres de las 4 asociaciones de jueces y dos de
las tres de fiscales han convocado tres días de huelga seguidos los próximos 1,
2 y 3 de julio en protesta contra el contenido de la Ley de Ampliación y
Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que impulsa el Ministerio de
Justicia. Según las asociaciones convocantes, la norma devalúa el sistema de
acceso a la carrera y compromete la independencia judicial.
El
magistrado repasa en su libro asuntos especialmente sensibles para el sistema
judicial español: la situación del Consejo General del Poder Judicial, el papel
del fiscal general del Estado —“históricamente controvertido”—, el uso abusivo
del aforamiento, la acción popular, la violencia machista o los delitos de
odio. Temas que, en sus palabras, requieren reflexión y serenidad
institucional.
En
materia de violencia machista, Marchena reconoce avances significativos: “Se ha
hecho muchísimo y se ha roto la indiferencia social”. No obstante, ha matizado
que persiste una “confianza mágica en las soluciones normativas” y subrayó la
necesidad de ampliar los recursos asistenciales a las víctimas, así como
reforzar la educación en el respeto a la mujer desde edades tempranas.
“Muchos
chavales no están concienciados ni educados en la dignidad de la mujer”,
lamentó.
Sobre
la acción popular —una figura singular del ordenamiento español—, recordó su
valor constitucional, pero ha criticado que los partidos la utilicen como
prolongación del combate político. “No todo cabe en el proceso penal”, subrayó.
El
acto contó con la presencia de autoridades judiciales y políticas como José
Luis López del Moral, presidente del TSJ de Cantabria; Isabel Urrutia,
consejera de Justicia del Gobierno regional; y el expresidente de la Autonomía
cántabra, Miguel Ángel Revilla.
Opinión:
Bueno, pues nada… ahora resultará que si la legislación debe
modificarse ha de ser cuando el juez Marchena lo crea conveniente.
Esta situación me recuerda al día en el que un juez, allá por
2005 en unas Jornadas sobre terrorismo yihadista, me dijo que la sentencia condenatoria
contra el Estado que trece víctimas le ganamos al propio Estado “ahora, a día
de hoy, no la habríais ganado”.
Dicho de otro modo ¿hay sentencias que dependen del momento
político de turno? Pues va a ser que sí…
Y si nos ponemos a hablar de la acción popular que ejercen
ciertas siglas “sociales”… mejor me callo.
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