14 abril 2025
Villarejo: el comisario al que no dejan defender al Estado ni defenderse
Por José Carlos Piñeiro González
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El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha sido durante años uno de los
agentes más eficaces y comprometidos con la seguridad del Estado español. Su
nombre, sin embargo, ha sido arrastrado al lodo mediático y judicial como parte
de una estrategia que, lejos de buscar la verdad, parece orientada a silenciar
lo que sabe y evitar que salgan a la luz verdades incómodas para quienes han
utilizado y se han beneficiado de sus servicios en las cloacas del Estado
Villarejo no era un comisario cualquiera. Su trayectoria está marcada por
operaciones sensibles, muchas de ellas relacionadas con la lucha contra el
terrorismo, el crimen organizado y la corrupción. Ha actuado, en múltiples
ocasiones, bajo órdenes superiores, prestando servicios que, por su naturaleza,
exigían discreción, riesgo y lealtad a las instituciones. Sin embargo, cuando
esas mismas instituciones han visto peligrar su imagen o sus intereses, no han
dudado en abandonarlo, desentendiéndose del precio que él ha pagado por
obedecer.
Uno de los aspectos más inquietantes de su situación actual es la negativa
del Estado a desclasificar la documentación incautada en los registros de su
domicilio. Archivos que, según él mismo y diversas fuentes, contienen pruebas
de sus operaciones y del conocimiento que tenían los responsables políticos de
sus actuaciones. En un Estado de Derecho, el principio de defensa debe ser
sagrado. ¿Cómo puede defenderse alguien si se le impide utilizar pruebas
fundamentales que avalan su versión de los hechos?
Se trata, a todas luces, de una arbitrariedad grave. Mientras a otros se
les protege con el manto del secreto oficial, a Villarejo se le condena
mediáticamente sin juicio justo, sin permitirle demostrar que actuaba como
servidor del Estado y no como un agente libre o fuera del control
institucional. La instrumentalización de su figura ha servido tanto para
desviar la atención de otros escándalos como para advertir a quienes conocen
los entresijos del poder que hablar puede salir caro.
Este escenario plantea una cuestión inquietante: ¿quién controla realmente
el uso del secreto oficial en España? ¿Y quién decide qué se puede conocer y
qué debe permanecer oculto? La respuesta, en el caso Villarejo, parece clara:
se utiliza el silencio administrativo y la opacidad para encubrir
responsabilidades de altos cargos, mientras se sacrifica al ejecutor.
Defender al Estado no debería ser motivo de persecución. Muy al contrario,
quienes lo hacen, en cumplimiento de su deber y bajo órdenes, merecen
reconocimiento y garantías procesales plenas. José Manuel Villarejo está
pidiendo, ni más ni menos, lo que en cualquier democracia avanzada sería lo
mínimo exigible: poder defenderse con las pruebas que obran en poder de quien
lo acusa.
Hasta que no se desclasifiquen esos documentos, cualquier proceso contra él
estará inevitablemente viciado de parcialidad. Y lo que es peor: estaremos
asistiendo, en silencio, a una de las mayores injusticias cometidas en nombre
de un supuesto interés superior del Estado que, paradójicamente, solo se ve
perjudicado por la falta de transparencia.
Porque en este caso, el verdadero escándalo no es lo que Villarejo sabe o
dice. El escándalo es que no le dejen hablar. Y eso, en democracia, debería
alarmarnos a todos.
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