martes, 11 de febrero de 2020

10 febrero 2020 La Razón

10 febrero 2020 



Yihadistas: 186 «bombas» cuando salgan de la cárcel 
Los terroristas no aceptan los programas
No interiorizan que lo que han hecho es delito y se aferran a que son «soldados de Alá», que les ordena seguir en la lucha

Son 186 «bombas de relojería» cuando abandonen la cárcel en España. Y hay otros 78 que se pueden sumar a la lista. Los planes para sacar de la radicalización a los presos yihadistas chocan con el fanatismo de quienes se creen en posesión de la única verdad que les ilumina su dios Alá.
No están dispuestos a dejar su radicalización por más que se articulen programas y protocolos para que abandonen el yihadismo. Los presos, ante los psiquiatras, argumentan que los delitos que han cometido no son tales, sino acciones consecuentes con la participación en la lucha.
No admiten su culpa y, en consecuencia, cuando salen de la cárcel suelen estar más fanatizados y con un odio mayor a occidente, que, según ellos, les ha privado de la libertad durante el cumplimiento de las penas. Que cometan un atentado es sólo cuestión de tiempo.
En los últimos cuatro meses, ha ocurrido en dos ocasiones en Inglaterra, lo que ha encendido todas las alarmas y ha puesto sobre la mesa el asunto sobre qué hacer con estos presos en Europa.

Dos casos en Inglaterra

En noviembre del año pasado, fue Usman Khan el que cometió un atentado con cuchillo en el Puente de Londres. Había sido detenido en 2012 por pertenecer a una célula yihadista y, tras cumplir la mitad de la pena, fue puesto en libertad. Hace unos días, un individuo de 20 años llamado Sudesh Amman cometió un atentado, también con cuchillo, en la capital inglesa. Acababa de salir de la cárcel.
En ambos casos, los terroristas fueron abatidos por la Policía, ya que portaban chalecos que aparentaban contener explosivos. Las acciones criminales fueron asumidas por el ISIS (Estado Islámico, Daesh); dijo que los fallecidos eran soldados del califato.
Chérif Chekatt, autor del atentado en el mercado navideño de Estrasburgo, el 11 de diciembre de 2018, también se había radicalizado en prisión.
Pero no hay que irse tan lejos. Aquí, en España, se han producido varios casos. El más reciente es el del camionero Allal el Mourabit, detenido por la Guardia Civil en julio del año pasado, al sospechar que podía cometer atentados con el vehículo de gran tonelaje que conducía, como los ocurridos en Niza y Berlín. Había sido ya arrestado en 2016 por intentar sumarse, hasta en dos ocasiones, a las filas de Daesh. Fue juzgado por la Audiencia Nacional y su estancia en la cárcel no debí servir para desradicalizarle, ya que tuvo que ser arrestado de nuevo. Según se informó oficialmente, se había dedicado a administrar perfiles y canales en redes sociales desde donde había difundido gran cantidad de material propagandístico violento.
Un caso más lejano en el tiempo, pero de gravísimas consecuencias, es el del argelino Allekema Lamari, uno de los responsables de la célula que perpetró la masacre del 11-M en Madrid. Había sido detenido, juzgado y encarcelado por pertenecer al GIA argelino y su estancia en prisión (siempre se consideró inocente) sólo sirvió para radicalizarle. Fue uno de los que se suicidó en el piso de Leganés.
¿Cuál es la situación actual de los presos yihadistas en España?. Según han informado a LA RAZÓN fuentes penitenciarias, existe, desde 2014, un plan para, por un lado, realizar un seguimiento y control de los reclusos condenados; e intentar su tratamiento para sacarles de la radicalización.

Tres grupos

Para ello, se les ha dividido en tres grupos:
A/los condenados, y preventivos por delitos de terrorismo yihadista, que son 133.
B/Los condenados por cualquier otro tipo de delitos no terroristas, pero que se sabe que son yihadistas. Se les considera como posibles captadores de otros presos para que se sumen a la «lucha yihadista». Son 53 reclusos.
C/ Y los internos que, por sus características, vulnerabilidad y otras circunstancias, son susceptibles de ser captados. Estos individuos son vigilados por los funcionarios, de acuerdo con unos parámetros y protocolos, con el fin de detectar cualquier inicio de radicalización y actuar en consecuencia. Son 78.
Se procura que del grupo A estén solos y han sido dispersados por las distintas cárceles españolas. Se evitan, en la medida de los posible, los contactos entre los que pertenecen a los grupos B y C, para evitar captaciones.
Las fuentes consultadas admiten que, como ocurre en otros países de occidente, la desradicalización de estos individuos es muy difícil y, en muchos casos, imposible, ya que no admiten que han hecho el mal, que han cometido delitos. Están convencidos que son «moujahidines» (combatientes) de la yihad y que lo que les ocurre es culpa del occidente, que no se somete a la única religión verdadera, el Islam en su versión más rigorista (Sharia).
La solución para atajar el problema es, en opinión de las fuentes consultadas, la de someterlos a una libertad vigilada cuando cumplan condena, ya que su fanatización se mantiene, si es que no ha aumentado, durante su estancia en prisión.
Las Fuerzas de Seguridad del Estado han realizado diversas operaciones contra las redes de radicalización en las cárceles a lo largo de los últimos años.
En agosto de 2018, la Guardia Civil desarticuló un grupo formado por 25 internos afines a Daesh. Se encargaban de captar, adoctrinar y radicalizar a otros presos. Las pesquisas se iniciaron tras aparecer en los muros de varias prisiones pintadas a favor de la banda yihadista que lideraba entonces Abu Bark Bagdhadi. Detrás de lo que parecía una simple acción contra el reglamento penitenciario, se escondía toda una organización, en periodo de constitución, para coordinar el adoctrinamiento de presos.
Más recientemente, en febrero del año pasado, fue el Cuerpo Nacional de Policía el que desmanteló otra red, centrada en la cárcel de Valdemoro, a uno de cuyos funcionarios habían captado con dinero para que les suministrara el material necesario para sus actividades criminales.

Dos millones

El cabecilla, llamado Souleiman, había ofrecido a dos internos, que iban a obtener la libertad, un millón de euros para que cometieran atentados con mochilas bomba en Madrid y Barcelona. La operación permitió determinar que la célula poseía recursos financieros, provenientes del mundo de la droga y los delitos comunes; y logísticos, para que los actos terroristas se pudieran llevar acabo, todo coordinado desde la cárcel y con un enlace de Daesh en el exterior.
Las prisiones, como opinan los expertos, son un foco de radicalización a través de reclusos catalogados, o cumpliendo condena, por terrorismo, que ya están controlados por los Grupos de Seguimiento de Instituciones Penitenciarias.
Pero, cada vez con más frecuencia, se puede constatar que presos condenados por delitos comunes, que no han tenido ningún contacto a priori con entornos yihadistas, se radicalizan durante su estancia en prisión.
En definitiva, las cárceles se convierten en «incubadoras» y en ellas existe «un flujo constante de personas vulnerables, a menudo violentas, muchas de ellas con trastornos de personalidad, enfermedades mentales que se sienten agraviadas y alienadas».
Las citadas operaciones policiales pusieron al descubierto el «Frente de Cárceles» de ISIS, cuyo objetivo es «adoctrinar, radicalizar y captar ideológicamente» a otros reclusos para la ideología yihadista.




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