jueves, 27 de abril de 2017

26 abril 2017 El Mundo del Siglo XXI (opinión)

26 abril 2017



Mayor Oreja: “El desarme de ETA ha sido teatro”
Mayor Oreja denuncia que en Bayona culminó el “falso proceso de paz” de la banda

Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación Valores y Sociedad y ex ministro del Interior, consideró ayer en una conferencia el desarme de ETA como “una teatralización ridícula e irrelevante”. El que fuera eurodiputado popular hasta 2014 situó en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el inicio de un “falso proceso de paz” por el cual se ha “blanqueado y legitimado el proyecto político de ruptura de ETA”.
El ex ministro participó ayer en una conferencia presentada por María San Gil, junto al escritor Jon Juaristi, dentro del ciclo de charlas El necesario fortalecimiento de España organizado por Valores y Sociedad. En él han participado figuras como José María Aznar. Juaristi coincidió en señalar el desarme como “el sainete trágico de Bayona” a la vez que lamentó que “la impunidad de ETA es un hecho consumado”.
Mayor Oreja destacó el papel jugado por Arnaldo Otegi, al que según él hay quien lo considera “un hombre de paz capaz de rebelarse” contra la banda terrorista, “cuando la verdad es que todo este proceso estaba liderado por ETA”.
“Es mentira”, continuó, “que ETA esté derrotada. Lo que está sucediendo es un proceso político destructivo para España”, advirtió Mayor Oreja, ya que “es la alternativa al PNV”. Mientras tanto, los partidos que el presidente de la Fundación Valores y Sociedad definió como “constitucionalistas” quedan, aun sumando sus resultados electorales en el País Vasco, “por debajo de la fuerza política de ETA”.
Mayor Oreja matizó que el independentismo vasco es “un solo movimiento” junto al catalán, “lo que sucede es que la vanguardia y la retaguardia van cambiando”. Tras el plan Ibarretxe, ETA pasó “a la retaguardia” y “el testigo pasó a las instituciones gobernadas por el nacionalismo catalán”. En esta carrera por turnos, el ex dirigente popular señaló a Junts pel Sí como la “fórmula política que encontró el nacionalismo” para seguir avanzando. Todo ello, valoró, como consecuencia del “resentimiento político”. En este contexto situó también a Podemos, el partido “especializado en agitar y explotar ese resentimiento”.
El ex ministro estableció además la existencia de un nuevo orden mundial que intenta “destruir los valores cristianos: la vida, el matrimonio y la familia” con un “laicismo obsesivo”. Fruto de ello es el desapego de Mayor Oreja por la política actual: “Muchos nos sentimos huérfanos en lo político y en lo social”. Para el ex ministro, los escándalos políticos no son casuales, sino la constante muestra de una “decadencia que preside nuestro presente”.

Opinión:

Sinceramente, me cuesta entender que alguien que fue ministro de Interior y tuvo que acudir a numerosos entierros causados por la banda terrorista ETA diga lo que dice. Quisiera estar equivocado pero me da la impresión de que el hecho (teatral o no, es un hecho) de la derrota de la banda terrorista ETA no acaba de ser del todo positivo para ciertos representantes políticos. Y me duele. Me duele porque la derrota de la banda terrorista ETA implica que, aunque jamás podrán compensar el dolor que han causado, entre todos hemos conseguido que nadie mas sufra las consecuencias de sus actividades terroristas. Hablaba de esto hace 48 horas mientras compartía una comida con los familiares directos de cuatro víctimas mortales que son ejemplos vivientes de dignidad, coraje y paciencia. La entereza mostrada por la inmensa mayoría de víctimas del terrorismo que anteponemos el bienestar del resto de la comunidad a los impulsos que como seres humanos cada uno podemos tener es digno de encomio.
Pero lo que no merece encomio alguno es ver que alguien mezcla las ideologías que no le agradan con el terrorismo. Me parece indigno.
Tan indigno como que el mismo que dice esas frases en una conferencia fue capaz de decir en enero de 2000, tras el final de la “tregua” de la banda terrorista ETA al asesinar a un militar en Madrid, que “estaría dispuesto a sentarme con ETA”.

Eso es indigno señor Mayor Oreja. Todo lo demás es opinable. ¿A quién quiere usted engañar? ¿a las hemerotecas? Sepa al menos que a muchas víctimas jamás nos engañó… y ya son más de veinte años de “contactos”…


martes, 25 de abril de 2017

25 abril 2017 El Periódico de Catalunya (opinión)

25 abril 2017




Tres detenidos en Barcelona por los atentados de Bruselas
Los Mossos vinculan a los arrestados con la célula que cometió la acción terrorista
Los sospechosos estuvieron en la ciudad hasta el día antes de la masacre

Lunes 21 de marzo del 2016. En el aeropuerto de Zaventem en Bruselas nadie sospecha que, dentro de apenas 24 horas, ahí va a producirse el mayor atentado terrorista en la historia de Bélgica. En ese momento, en la terminal, tres treintañeros marroquís esperan para tomar un avión a Barcelona. Es un día complejo en el aeródromo. Hay huelga y varios vuelos han sido cancelados, entre ellos el de los jóvenes, que acaban optando por volar a la capital catalana haciendo escala en París.
Los tres vuelan con papeles falsificados. Ponen fin así a una semana en la capital belga, donde han hecho noche en varios apartahoteles y han tenido contacto con varios individuos. Algunos de sus contactos se mueven en el difuso ecosistema criminal belga, donde el tráfico de drogas, de armas y el yihadismo se solapan. Sobre todo, durante esos días, se han visto en varias ocasiones con Yasin Attar, un marroquí que juega un papel central en el caso.
Horas más tarde, a primera hora de la mañana del 22 de marzo, una célula terrorista vinculada al Estado Islámico ataca en el aeropuerto de Zaventem y en la estación de metro de Maelbeck, causando la muerte a 32 personas y heridas a 340. Cinco días después. la policía detiene a Yasin Attar, a quien acusa de haber proporcionado apoyo logístico a los terroristas autores de la masacre. 
Yasín Attar, que desde entonces sigue en prisión, es muchas cosas a la vez. Presuntamente involucrado en el tráfico de drogas,es primo de los hermanos Ibrahim y Khalid Bakraouli, que se hicieron estallar para cometer los atentados (uno en el metro y otro en el aeropuerto). Y además es hermano Oussama Attar, el yihsadista veterano de la guerra de Irak considerado el cerebro de esos ataques y que es el yihadista mas buscado de Europa.
Los policías belgas rastrearon la actividad de Attar en los días y semanas previos al atentado. Fue ahí donde aparecieron los tres marroquís. Tras conseguir aclarar cuál era su identidad, pues se movían con documentación falsa, los investigadores lograron saber que residían en Barcelona. La jueza belga que investiga los atentados pidió entonces la colaboración a la Audiencia Nacional. Los Mossos, gracias a un aviso ciudadano que alertaba sobre trapicheo con drogas, ya seguían la pista a varios de ellos.

Mossos enviados a Marruecos

Poco a poco, los Mossos, con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía, el CNI y la Policía Federal Belga, fueron tirando del hilo. Hasta la madrugada de este martes cuando, a las 4,30 horas, en el mayor operativo antiyihadista de los últimos tres años, 350 miembros de la policía de la Generalitat irrumpieron de forma simultánea en 12 pisos y locales de Barcelona (en la calle Viladomat), L’Hospitalet de Llobegat, Santa Coloma de Gramente, Cornellà, Masquefa y Ripollet, donde detuvieron a nueve personas: ocho marroquís y un español de entre 31 y 39 años. La operación continuó horas más tarde, a 1.200 kilómetros, en Tánger, donde la policía marroquí, con la presencia de mossos –algo muy poco habitual- y policías nacionales, realizó registros en las viviendas que los detenidos en Barcelona tenían en esa ciudad.
En los registros se localizaron 500 gramos de hachís, 35.000 euros, dos pistolas y un revólver. En conjunto, los detenidos han sido acusados de pertenencia a organización terrorista, grupo criminal relacionado con el tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y apropiación indebida.
No obstante, seis de ellos no tienen, en principio, vinculación con el yihadismo. Se trata presuntamente de personas dedicadas al tráfico de drogas que, además, atraca a otros narcotraficantes para robarles y vender su mercancía. Eso sí, se investiga si los beneficios que obtenían del narcotráfico servían para financiar la yihad.

Primera noticia en Bélgica

Los tres que viajaron a Bruselas son los que centran las pesquisas pues la policía de la Generalitat les acusa de pertenencia al Estado Islámico y de haber colaborado en el atentado de Bruselas. Las investigaciones se centran ahora en determinar cuál fue la actividad de los detenidos durante los días que pasaron en la capital belga: es decir, si forman parte de la célula yihadista o si solo conocían a los terroristas de Bruselas por su vinculación como traficantes.
La prensa belga, donde los arrestos en Barcelona han sido la noticia de portada durante toda la jornada, informó de que el objetivo de la redada era Oussama Attar, el cerebro de los atentados. No obstante, fuentes de la investigación han informado a EL PERIÓDICO que Attar no está detenido y que su presencia nunca ha sido detectada en Barcelona.

Opinión:


Las detenciones, independientemente de los que al final acaben siendo acusados son la muestra de dos cuestiones: una, la internacionalización del terrorismo y dos, la excelente labor de las FCSE.

lunes, 24 de abril de 2017

24 abril 2917 (3) El Periódico de Catalunya

24 abril 2017



Guerreras de Alá

El factor femenino ha ido ganando cada vez más peso en las actividades del Estado Islámico

Imágenes de mujeres rodeadas de niños, felices en su papel de pilar de la familia; imágenes de mujeres de negro, armadas con kalashnikovs, en posición de combate. La regla número uno de la publicidad: adaptar tu mensaje a tu mercado. Los terroristas de Estado Islámico, maestros de la propaganda, saben muy bien cómo atraer a su causa a mujeres de todo el mundo, en árabe, en inglés, en francés; a unas les presentan la supuesta vida idílica de la perfecta mujer musulmana; a otras la atracción de la acción y la aventura. Poco importa que sea publicidad engañosa, que la realidad que hay al otro lado no tenga nada que ver con ese paraíso que proponen.

Un papel como combatientes

Aunque siempre ha habido mujeres vinculadas a la yihad, desde que el EI proclamó su califato, en junio del 2014, el factor femenino ha ido ganando un peso cada vez mayor en su lucha. Primero como apoyo a los hombres, como esposas, cocineras, guardianas del hogar, como alivio sexual y, sobre todo, como madres garantes de la continuidad demográfica de las futuras generaciones de ese Estadoideal que dicen estar construyendo. También en funciones de mujeres para mujeres, como las de policía de la moral o captadoras, pero pronto, y cada vez más, en su necesidad de contar con todas las manos disponibles, como combatientes.

El 10% de los captados

TASe calcula que de los 5.000 foreign fighters europeos que se han trasladado a Oriente Próximo –sobre todo Siria e Irak– para unirse a organizaciones terroristas islamistas, un 10% son mujeres. Es el mismo porcentaje que se registra entre los españoles: entre los 208 que se han sumado a la lucha por el califato hay 21 mujeres, a las que se suman otras 23 que ya han sido detenidas en territorio español, según un reciente estudio del Real Instituto Elcano. 
Jóvenes atractivas, formadas, con futuro… No hay un solo patrón, pero sí hay a menudo algunos rasgos comunes: jóvenes que han entrado en una espiral de dudas sobre su identidad, que se sienten rechazadas por su religión, sin que hayan sido nunca fanáticas ni especialmente devotas, que buscan, y encuentran aquí, una causa por la que vivir, y, en algunos pocos casos, también por la que morir. Jóvenes que llegan a la yihad vía redes sociales, pero también alentadas por captadores muy bien entrenados para detectar vulnerabilidades.

Entorno retrógrado y violento

Pero lo que hallan es muy diferente de lo soñado. No es ya que sea un entorno machista y retrógrado, anclado en tiempos más que remotos, es que se sumergen en un entorno violento, en el que se las utiliza a menudo como rehenes para retener a los hombres, como objetos de comercio y moneda de cambio sexual.

Curiosamente, son las mujeres también, y sobre todo las madres –que detectan perfectamente los cambios de personalidad de sus hijos–, las que pueden tener un papel fundamental a la hora de impedir la radicalización de los jóvenes. Tenerlas en cuenta y trabajar con ellas en el desarrollo de las políticas de prevención debe ser imperativo para la lucha antiterrorista en las sociedades occidentales.

24 abril 2017 (2) El País (opinión)

24 abril 2017



Libertad de expresión (y convivencia) en la era del tuit
Juristas, académicos y sociólogos discrepan sobre los límites de la ley para combatir el odio en las redes sin coartar el derecho de opinión

Un año de cárcel y siete de inhabilitación para una estudiante de 21 años por burlarse en Twitter del atentado de ETA que mató a Luis Carrero Blanco hace cuatro décadas. El caso Cassandra encendió a finales de marzo el debate sobre los límites del humor, los de la libertad de expresión y los del Código Penal. El eterno debate pero ahora en un escenario nuevo: el de la eclosión de las redes sociales, el foro global.

Pocas semanas antes de la sentencia sobre Cassandra Vera se produjo otra similar: la condena al cantante César Strawberry, que había tuiteado, por ejemplo, que añoraba a los GRAPO y bromeó con enviar un “roscón-bomba” al Rey. Esos mensajes, dijo el Tribunal Supremo, “alimentan el discurso del odio” y “legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales”. Y entre un caso, el de Strawberry, y el otro, el de Cassandra Vera, hubo un episodio particular en otro frente: la reacción de rechazo frontal en varias ciudades a la campaña tránsfoba del autobús de la asociación Hazte Oír.

Algunos de los que habían justificado la condena a Strawberry argumentando que la libertad de expresión no lo ampara todo defendieron entonces que Hazte Oír tenía el derecho constitucional a difundir su mensaje, por muy hiriente que este fuera; y algunos de los que habían clamado contra la condena a Strawberry apelando al derecho fundamental a la libertad de expresión pidieron la inmovilización del autobús de Hazte Oír alegando que su mensaje no era inocuo: discriminaba y podía dañar profundamente a los niños transgénero. Eran asuntos muy distintos, pero en ambos surgió un argumento parecido: la necesidad de combatir el odio, la humillación o el menosprecio al otro.

¿Cómo hacerlo eficazmente sin caer en la desproporción o la arbitrariedad?

El País ha hablado con juristas, académicos y sociólogos sobre un asunto con doble cara: ¿está en riesgo la libertad de expresión en España por la tendencia a resolver por la vía penal cuestiones de toda naturaleza? ¿Está, por el contrario, en riesgo la convivencia por la banalización de discursos intolerantes en las redes sociales? ¿Hay forma de combatir lo segundo sin caer en lo primero?

¿Es odio o es terrorismo?

Los delitos de odio son, según la definición de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) asumida por España, los “motivados por los prejuicios” del agresor hacia su víctima. Bajo ese paraguas, el Gobierno del PP reformó en 2015 dos artículos del Código Penal, ampliando su alcance y endureciendo las penas. Uno, el 510, castiga los discursos o comportamientos que inciten “directa o indirectamente” al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra personas o colectivos, y el “menosprecio o humillación” a esos colectivos. Persigue actos homófobos, racistas, xenófobos, antisemitas, los ataques motivados por ideología o los referidos a la identidad sexual. El juez que ordenó inmovilizar el autobús de Hazte Oír invocó este artículo.

El otro es el 578, creado en 2000 —con ETA y sus organizaciones afines aún muy activas— para castigar el “enaltecimiento del terrorismo” y la “humillación a las víctimas” (sólo específicamente a las del terrorismo). Este es el que se ha aplicado a Cassandra Vera y César Strawberry.

Internet lo cambia todo

Tanto para el artículo 510 como para el 578 se introdujo en esa reforma el agravante de comisión del delito a través de Internet o redes sociales: en esos casos se aplica la pena máxima (cuatro años de cárcel para los delitos de odio, tres años para el enaltecimiento terrorista). Y ahí se abrió una puerta nueva, en un momento en el que una parte importante de la población, en especial los jóvenes, vuelca literalmente su pensamiento en Internet.

Todos los juristas consultados subrayan la importancia de analizar el “contexto” —básicamente, dilucidar qué poso de intención o de simple inconsciencia hay en un comentario lanzado al vuelo— cuando se juzgan estos delitos, pero todos admiten que no es fácil.

“En esta era hemos vuelto a la plaza pública. Internet está sustituyendo el monopolio de los medios: todo el mundo puede hacer uso de esa libertad en la plaza pública del ciberespacio. También un mentiroso o un malvado”, señala Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid y académico de la RAE y de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional en la Autónoma de Barcelona, añade: “Las personas deben ser conscientes de que Twitter o Facebook no son juguetes: es comunicación, y está sujeta a unas reglas comunes”.

Los datos

Es difícil cuantificar los delitos de odio que se producen cada año, porque se siguen en distintos juzgados de toda España y afectan a varios artículos salpicados por el Código Penal. Un informe del Ministerio del Interior sostiene que en 2015 hubo 1.238 “investigaciones”; el 61% de ellas, por xenofobia o motivación ideológica. Pero esas investigaciones no tienen por qué acabar en el juzgado. La Memoria de la Fiscalía referida a ese año habla de 84 “diligencias de investigación abiertas” y 228 “procedimientos judiciales” por odio y discriminación (61 de ellos, por el artículo 510), pero alerta de “la imposibilidad de ofrecer datos estadísticos fiables” ante la falta de medios informáticos.

En el caso del enaltecimiento del terrorismo las cifras son algo más claras, al estar centralizadas por la Audiencia Nacional: 60 diligencias incoadas ese año por la fiscalía (43 de ellas, archivadas) y 32 escritos de acusación, por esas diligencias o anteriores. Este delito es el que ha centrado la atención mediática y ha provocado una polémica mayor; quizá porque se da la paradoja de que hay muchas más condenas ahora que cuando ETA mataba. Según la base de datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2005 y 2011 la Audiencia Nacional dictó 13 condenas y 19 absoluciones por enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas; desde 2015 hasta ahora ha habido 54 condenas (51 de ellas, por comentarios en redes sociales) y 13 absoluciones.

Argumentos contra la vía penal: excesiva e inútil

Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, sostiene que se está haciendo un uso excesivo de la vía penal en este tipo de delitos. “Es desproporcionada e inútil. Sólo debería aplicarse cuando hay una incitación directa a un acto de violencia concreto; cuando la gente está, digamos, poniendo en marcha algo, no solo diciendo fascistadas. Eso del ‘clima de hostilidad’ que han metido ahora en el Código... ¿Ese clima qué es, cómo se concreta?”, pregunta.

De la misma opinión es Muñoz Machado, defensor de la “doctrina del peligro inminente”. “No es lo mismo decir ‘yo mataría a Trump porque es un majadero’ que atentar contra él. Esa diferencia marca lo que es lícito y lo que no. Hay tipos penales que antes tenían tres renglones y ahora son tres páginas. Esas leyes arreglalotodo no permiten a los jueces tener en cuenta las circunstancias de cada caso”, considera. Tanto él como Cancio, en todo caso, detectan un “ambiente irrespirable” en las redes sociales y abogan por sustituir la vía penal por otras de tipo administrativo (multas, cerrar ciertos chats, prohibir la difusión de determinados discursos) o civil (protección del honor).

Mónica Cornejo, doctora en Antropología en la Complutense, y Artemio Baigorri, sociólogo de la Universidad de Extremadura, están también en esa línea. “Este no es un asunto de castigo penal sino de autocontrol. Creo que el Estado sólo debe intervenir con campañas de sensibilización o educativas, para que con el tiempo las nuevas generaciones se comporten de otra manera. Si vas por la vía penal es casi tanto como decirle a la gente lo que tiene que pensar”, dice Cornejo. Baigorri cree que si hubiera que aplicar el Código Penal a todo lo que se dice en Internet “el 20% de la población estaría encausado”. “Esto es un sarpullido que pasará. La clave es la educación. Estos casos que oímos estos días, los tuiteros... ahí lo que hay es un problema de educación”, dice. “Yo confío en que, al ser este un proceso adaptativo que acaba de empezar, las próximas generaciones dejarán de actuar así. Hasta entonces sólo queda aguantar. Con serenidad, como cuando se ve crecer a los niños. Con esto de Internet hay un proceso de infantilización en la sociedad”.

Argumentos a favor: la intolerancia es un veneno

Frente a ese punto de vista está el de, por ejemplo, Miguel Ángel Aguilar, fiscal coordinador del servicio de delitos de odio y discriminación en la provincia de Barcelona, y miembro de la Unión Progresista de Fiscales. Él cree que se está poniendo mucha atención en casos reales pero “más anecdóticos” y no se está atendiendo al veneno que para la sociedad supone la intolerancia en masa. “Hay que entender que ciertos discursos de odio favorecen delitos, suponen un peligro para muchos colectivos. Que, cuando una persona hace un discurso racista u homófobo, eso puede tener consecuencias concretas en las condiciones de vida de muchas personas”, insiste. Y cuenta su experiencia sobre el terreno: “Muchas veces, en la investigación de delitos violentos muy graves, cuando accedemos a los ordenadores o móviles de los autores vemos que habían consumido gran cantidad de discursos de odio. Es importante buscar la proporcionalidad y ver las circunstancias de cada caso, pero la vía penal es imprescindible para perseguir discursos que ponen en peligro el modelo de convivencia democrático y la dignidad de las personas”.

Freixes coincide: “La libertad de expresión no es ilimitada, nunca lo ha sido. Es más, precisamente el hecho de que tenga límites es lo que puede salvaguardar la democracia en un momento dado”. La catedrática no ve riesgo de inconstitucionalidad en las condenas a Cassandra Vera y Strawberry, aunque sí cree que en casos como esos sería más proporcional y útil imponer penas alternativas (trabajos en beneficio de la comunidad) en lugar de cárcel.

La magistrada Alejandra Frías, que en los últimos años ha sido vocal del Consejo Nacional de Ciberseguridad, apunta: “Quizá sería útil actualizar normativas como la ley de derecho al honor, adaptándola a la nueva realidad de Internet. Por ahí podrían resolverse muchas infracciones que merecen un reproche administrativo y no penal. Pero la vía penal debe existir. No se pueden aprovechar las redes sociales para decir barbaridades”.

El filósofo y académico Emilio Lledó, con más de 50 años de experiencia docente a sus espaldas, desconfía de las medidas penales en este ámbito, pero se declara “sin aliento” por lo que oye de lo que se dice en las redes sociales, que no sigue. “La ignorancia y la estupidez siempre acaban en violencia”, dice. “Fomentar el odio es un crimen”.

Opinión:

Vistas las diferentes opiniones de tantos especialistas en lo relacionado con el odio, la incitación, la xenofobia o la intolerancia… ¿alguien piensa tomar cartas en el asunto del tuit de Alfonso Rojo en el que menciona (y puede atemorizar) a las víctimas del atentado en Hipercor ante la idea de ser disparados “en la nuca” por parte de la alcaldesa de Barcelona? ¿O es que el delito “de lo que sea” depende de quien sea el presunto delincuente?
Y conste que cuando digo “alguien” me refiero a las entidades o a quien dice representar la memoria de “las víctimas del terrorismo”. ¿O no será que hay periodistas que tienen bula en ciertos sectores?


24 abril 2017 El Mundo del Siglo XXI

24 abril 2017


ETA mintió y sólo entregó la mitad de las armas que dijo

Anunció que depositaba 120 y el recuento de Francia acredita 53 pistolas y 10 armas largas

El Gobierno responde a ETA tras el desarme: “No habrá impunidad”

ETA mintió en la escenificación de su rendición, los autodenominados artesanos de la paz mintieron y, por extensión, también dejaron de cumplir con su obligación los miembros de la Comisión Internacional de Verificación encabezados por el profesor Ram Mannikalingam. En realidad, la organización terrorista no entregó 120 armas distribuidas en ocho zulos -tal como anunciaron todos ellos en los actos oficiales y ruedas de prensa organizados el pasado día 8-, sino que, según el recuento realizado por las autoridades galas, sólo pusieron a disposición de la policía francesa 53 pistolas y 10 armas largas. También los restos incompletos de varias armas cortas y las cuatro granadas Mecar de las que dijeron disponer.
El recuento todavía no ha sido comunicado de forma oficial a las autoridades españolas, pero esas son las cifras que han llegado ya hasta el Gobierno y se corresponden con las que EL MUNDO adelantó días antes de la entrega.
Así, el día 8 de marzo, ETA y los artesanos anunciaron en rueda de prensa en el Museo de Historia de Bayona que, previa entrega a unos intermediarios, ponían a disposición de la Procuraduría francesa -equivalente a la Fiscalía española- 87 armas cortas y 35 largas (122), pero finalmente lo entregado está en torno al 50% de lo prometido, que a su vez ya era una pobre contribución respecto al material del que la banda terrorista dispone realmente.
Ya entonces quedó claro que la actual dirección de la banda había hecho un recuento muy escaso, porque sólo en el robo efectuado en una empresa importadora de la localidad francesa de Vauvert en 2006, los etarras se llevaron 350 armas (300 revólveres y 50 pistolas), de las cuales el día de la rendición 150 no habían sido incautadas por las Fuerzas de Seguridad. A ésas hay que añadir aquellas que tenía guardadas por compras anteriores. En definitiva, ETA, en su rendición probablemente no haya entregado más allá del 40% del material que tenía oculto.
Parte de ese material, probablemente, esté en los cuatro zulos que desaparecieron en el último momento de la lista de geolocalizaciones entregadas a la Fiscalía gala. Los intermediarios de ETA habían comunicado a las autoridades francesas que iban a ofrecer la situación geográfica de 12 zulos, pero a última hora sólo facilitaron las coordenadas de ocho ubicaciones.
De esos ocho almacenes, al menos uno era artificial, es decir, había sido creado en los últimos días para trasladar las armas que podían encontrarse en algún domicilio o propiedad particular, en algún lugar comprometedor para sus propietarios. Se trata del zulo hallado en Saint Pée sur Nivelle, excavado en un lugar de recreo cercano a un lago, frecuentado por excursionistas y familias con niños, y ubicado a pocos metros de una carretera muy transitada. La hipótesis con la que trabajan las Fuerzas de Seguridad es que los cuatro zulos que cayeron de la lista pueden estar en domicilios o propiedades particulares, para cuyos dueños los artesanos de la paz no consiguieron la impunidad que solicitaron a las autoridades francesas. Alguno puede estar también en alguna ubicación que ETA sospecha vigilada por la Guardia Civil.
De hecho, los agentes de la Guardia Civil estaban dispuestos a actuar si los intermediarios de la organización terrorista se acercaban a determinados lugares, pero las autoridades francesas prefirieron mantener un perfil bajo al respecto. Los franceses se ciñeron a los pactos que habían establecido, cuyo límite fue que todas las actuaciones relacionadas con la entrega de armas y organizadas por los intermediarios de ETA tuvieran «apariencia de legalidad».
En realidad, la banda terrorista estaba en una carrera contrarreloj. Temerosa de que le quitaran las pocas armas que le quedaban; consciente de que sus propios miembros se lamentaban de que apenas quedaban las siglas; y advertida por la izquierda abertzalede que el interés sobre ella había decaído en Euskadi, hasta tal punto que nadie iba a acordarse de buscar una salida para sus presos.
En esta situación, las autoridades galas podían haber señalado a sus intermediarios la puerta de la Fiscalía para que entregaran sus zulos y nada más. Pero, con el acuerdo del Gobierno español, aceptaron una escenificación dentro de un amplísimo margen de maniobra que no permitía la impunidad, pero tampoco alentaba las detenciones; que no era el espectáculo que una ETA evidentemente derrotada quería dar, pero que permitía la propaganda dirigida a un público internacional al que quería hacerle llegar un mensaje que garantizara su futuro respaldo: «Dado que la banda trabaja por la paz, justo es que los Estados busquen una solución para sus presos».
Esa mañana del 8 de abril, el representante de ETA, Rene Etxegaray, entregó, en una institución democrática como el Ayuntamiento de Bayona, las geolocalizaciones a monseñor Zuppi, el obispo de Bolonia, con la aquiescencia del Vaticano. En presencia de Harold Good, representante de la Iglesia Metodista de Irlanda y de la Comisión de Verificación Internacional -llamada al principio por ETA pero estrechamente unida, después, al Gobierno vasco- cuyos miembros cobran 700 euros al día. Minutos después de este acto que oficializaba la rendición de la banda, un asesor del verificador Mannikalingam -que una vez hecha la entrega se quitó de en medio- subió a un coche que le estaba esperando y trasladó la información a la Fiscalía. El acto simbólico de la rendición se hubiera consumado de todos modos, pero todos ellos incumplieron con su obligación de verificar que se entregaba el 100% del armamento o, por lo menos, de aquel número de armas que había sido comprometido. No hicieron su trabajo de contables, pero sí el de propagandistas.



viernes, 21 de abril de 2017

21 abril 2017 Diario Palentino (opinión)

21 abril 2017 



Un guardia civil víctima de ETA presentará en el Casino su último libro

Juan José Mateos San José, natural de Ciudad Rodrigo y vecino de Irún, no es muy dado a salir en la prensa, por razones obvias, pero con Diario Palentino recientemente hizo una excepción y aseguró sin tapujos: «Venir a Palencia para honrar a sus víctimas es para mí un honor. No se puede hablar del desarme de ETA sin hablar de las víctimas». Este guardia civil retirado (perteneció al antiguo Grupo Antiterrorista Rural (GAR) de la Guardia Civil y sufrió en sus propias carnes un atentado de ETA cometido el 20 de julio de 1996 en Reus) presentará el día 4 de mayo en el marco del Casino de Palencia, a partir de las 20,30 horas, su última obra Los verdugos voluntarios

Según explica su autor, este libro narra una crónica totalmente real sobre la terrible vida bajo la amenaza de los terroristas, analizando la historia de España y en concreto de Euskadi, desde la prehistoria hasta nuestros días. Los inicios de la banda, los primeros atentados, los peores años de terrorismo por estar en pleno apogeo asesino y la decadencia. Atentados, atentados fallidos, operaciones policiales, enfrentamientos armados, así como el día a día de las víctimas. Se presenta en sociedad con el objetivo de ofrecer un homenaje a todas ellas, así como a las personas que tanto dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad como fuera, han contribuido a dejar a la banda en el estado actual. El libro estará a la venta en Librería Iglesias situada en la Calle Mayor frente al Casino y el propio autor firmará ejemplares y dedicatorias tras concluir el acto de presentación en el Casino. El acto, así como al autor, será presentado por el representante de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Palencia, Ángel Gutiérrez, y a la cita literaria acudirán, según han informado fuentes de la organización, el alcalde de la ciudad, Alfonso Polanco; la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén; el delegado de la Junta, Luis Domingo González; el subdelegado del Gobierno, Luis Miguel Cárcel, así como personalidades de la política, la empresa, sindicatos y de la cultura de la provincia de Palencia

Opinión:


Pues si alguien de Palencia o cercanías desea acudir a la presentación, Juan José estará agradecido de recibirle. Tan agradecido como yo lo estoy con él por tener la deferencia de reconocer mi labor en su libro. Un abrazo, amigo.

20 abril 2017 La Vanguardia (opinión)

20 abril 2017 



Memoria catalana de ETA

ETA ha entregado recientemente las armas y hace casi seis años que anunció oficialmente que ponía fin a la lucha armada. Mientras el Gobierno Rajoy, el PP y los medios de la derecha son terriblemente avaros a la hora de celebrar estas noticias, la sociedad vasca y navarra y sus instituciones lo viven con esperanza, satisfacción y voluntad de recoser un país roto por décadas de violencia. El reto es enorme y comporta, entre otras acciones, intentar elaborar un relato que ayude a la reparación de todas las víctimas y al asentamiento de una nueva cultura política, totalmente distinta de la que mantuvo al terrorismo. Todo eso no es nada fácil, por descontado.

Cualquier conflicto genera una diversidad de memorias que deben convivir de la forma menos mala posible una vez las armas han callado. Antes de querer dar lecciones a vascos y navarros sobre la gestión de la memoria colectiva traumática, hay que reconocer que la sociedad española no ha resuelto de manera ejemplar su relación con el pasado reciente. La memoria colectiva de la II República, de la Guerra Civil y del franquismo sigue siendo motivo de disputa entre fuerzas políticas y también rezuma actitudes inquietantes que no siempre encajan en un talante democrático. Unos simulan que el franquismo fue un pie de página anecdótico y otros idealizan las trincheras de antaño. A unos les cuesta condenar la dictadura y a otros les cuesta admitir que no todos los que lucharon contra Franco eran demócratas.

ETA, que surgió bajo el franquismo y se prolongó durante el periodo democrático, es un fenómeno que forma parte de la memoria de varias generaciones. Una memoria tan cambiante como la experiencia y la mentalidad de los individuos. A cada contexto histórico corresponde una mirada diferente. Los mismos que se alegraron cuando los etarras atentaron contra Carrero Blanco en 1973 se manifestaron con el alma en un puño contra el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco en 1997. No hace falta ser psicólogo ni sociólogo para constatar que el manejo de la memoria de ETA es un asunto altamente delicado, no sólo por las muchas capas que se sobreponen, también porque junto al resentimiento que provoca toda violencia está el uso partidista que el PP ha hecho –sobre todo contra el gobierno de Zapatero– de las asociaciones de víctimas, unas entidades que deberían quedar siempre al margen de la reyerta política.

Ahora, cuando entramos en lo que todos los expertos consideran el final definitivo de ETA, echo de menos más atención a la memoria catalana de lo que ha representado este terrorismo, que también dañó –y mucho– nuestro país. Estamos hablando de unas ochenta acciones etarras en territorio catalán, de 54 muertos y más de 200 heridos. Todo el mundo recuerda los peores episodios: Hipercor, el cuartel de la Guardia Civil de Vic, el aeropuerto de Reus, seis policías nacionales en Sabadell, el mosso d’esquadra Santos Santamaría, los concejales populares José Luis Ruiz y Francisco Cano, y el exministro socialista Ernest Lluch. Estos atentados nos golpearon, pero tengo la sensación –reconozco que es una impresión subjetiva– de que hemos tendido a colocarlos en un rincón poco iluminado de la memoria colectiva, como si molestaran. ¿Un exceso de silencio? La frontera que separa la contención de la indiferencia es un papel de fumar.

Catalunya ha sufrido a ETA como el que más y, demasiado a menudo, no lo parece. Sólo en el atentado del supermercado Hipercor, el 19 de junio de 1987, fueron asesinadas 21 personas, y 45 quedaron heridas. ¿Por qué cuesta tanto que Catalunya aborde de manera más explícita y más valiente esta historia de dolor provocada por la violencia con coartada ideológica? Sería fácil atribuir este fenómeno a la vasquitis de ciertos entornos, un seguidismo que ahora está en retroceso, afortunadamente. Hay que pensar a fondo. El asunto no permite simplificaciones. Lo que resulta extraño –por no decir incomprensible– es que, incluso después del atentado de Hipercor o del asesinato de Lluch, hubiera algunos sectores de la sociedad catalana que no se dieran cuenta de lo que era de veras aquella organización que hablaba con las bombas. Este es un ángulo muerto del relato al cual deberemos acceder –lo antes posible– si queremos ser honestos con nosotros mismos. Justamente porque el nacionalismo catalán optó por formulaciones pacíficas y democráticas, este ejercicio se puede hacer sin necesidad de caer en sobreactuaciones de ningún tipo. Sólo los frikis y los activistas de la difamación son capaces de vincular el proceso catalán con ETA.

Uno de mis mejores amigos vivió amenazado durante unos años por ETA. Afortunadamente, hoy lo puede explicar, con una sonrisa que sólo tapa a medias la desazón fosilizada. Su caso –por ejemplo– forma parte de esta memoria colectiva incómoda que tendremos que saber elaborar, con verdad y generosidad, también con empatía y respeto.

La Catalunya maltratada por ETA no puede ser un relato secreto que sólo las víctimas guardan en el silencio de su hogar. Debemos abrazarlo con dignidad. Es parte de nuestra historia.

Opinión:

Coincido en un amplio porcentaje con las opiniones de Francesc Marc Alvaro en su artículo y reconozco que me sorprende que alguien tenga la valentía de poner negro sobre blanco el uso partidista que alguna sigla ha llevado a cabo con las asociaciones de víctimas. Pero para ser sincero hay que recordar la existencia de alguna asociación que por no compartir esos objetivos ha sido motivo de durísimos ataques e incluso de graves insultos dirigidos contra algunos de sus componentes. Todas las generalizaciones entrañan un riesgo.
La lectura del artículo me ha llevado a recordar que lo que se menciona ya lo avancé en 2002 siendo algunos de los “peregrinos motivos” por los que fui expulsado de aquella nueva AVT aunque el paso de los años me dio la razón, siendo incluso reconocido no hace mucho por quien fue presidente de esa asociación.
Otra cuestión es que esa utilización me movió a cesar en mis actividades a nivel asociativo, tarea que desde 2009 desempeño absolutamente por libre y que por esta razón me permite aconsejar al señor Francesc Marc Alvaro (y a tod@s l@s que deseen escribir sobre este asunto o similares) que antes de hacerlo consulten las correspondientes sentencias… se sorprenderán de muchos detalles que algunos desean que nunca sean descubiertos.
Ahora se acercan días complicados y la sociedad lo agradecería enormemente.