lunes, 16 de septiembre de 2019

15 septiembre 2019 (4) El Periódico de Catalunya (opinión)

15 septiembre 2019 



Mireia Martínez: «Despertar la empatía de las personas es ya una victoria»Su hermano de 3 años, Xavi Martínez, fue la víctima mortal más joven del atentado terrorista del 17-A en Barcelona

Hace ahora dos años, Mireia Martínez (Sabadell, 1996) miraba desubicada y sin saber exactamente qué pasaba a su padre, Javier Martínez, cuando él concedía su primera entrevista. Días atrás había perdido a su hermano Xavi el crío de tres años al que los terroristas arrebataron la vida en La Rambla aquel 17-A que nos marcó a todos para siempre. Hoy Mireia habla por primera vez con un sosiego, una madurez y una dignidad descomunales.

-Antes que nada, ¿cómo está?
-Un poco agobiada. Estos dos años mi familia ha parado, pero yo he seguido con mi vida porque quería normalizarla. Pero ahora, al final de mi carrera de Psicología, me he dado cuenta de que no estaba curando la herida, sino que estaba simplemente taponándola. Y quiero hacer un parón para curarla.

-¿Qué ha cambiado en estos dos años?
-El atentado marcó un antes y un después: mi vida no se parece en nada a la de antes. Ha cambiado mi familia, mis amistades, mi manera de pensar. Si intento ser positiva, pienso que ha habido un crecimiento personal. Yo no he tenido una vida muy fácil [de pequeña le diagnosticaron cáncer], pero esto ha sido aprender de la vida.

-Hábleme de ese cambio de pensamiento.
-Antes yo me sentía protegida; sentía que si tenía un problema el Estado me iba a ayudar. Pero, cuando te ocurre algo de este calibre y te ves solo en el mundo, te das cuenta de que nada tiene sentido. Sobre todo te das cuenta de que falta humanidad.

-¿A qué se refiere?
-Para empezar, a efectos legales no soy ni víctima porque no estaba allí, a pesar de que perdí a mi hermano. Tras el ruido mediático de mi padre, me ofrecieron una psicóloga que, tras un año de tratamiento, todavía no ha cobrado. Nos sentimos muy solos, sin orientación: la atención a las víctimas ha sido un desastre desde el momento cero.

-Una víctima de Hipercor, Jordi Valls, me dijo que se sentía “como un expediente más”.  
-Completamente. Para el Ministerio somos un número: no ha habido ni un 'cómo estás'; los medios se han centrado en la lucha política y las víctimas hemos quedado escondidas; y desde la ACVOT, la asociación catalana de víctimas, nunca se han puesto en contacto con nosotros, por eso colaboramos con Robert Manrique y la UAVAT.

-Su padre me dijo: "Quiero que la muerte de mi hijo sirva para algo". ¿Cree que ha sido así?
-Yo creo que sí. Mi padre encontró fuerza de no sé dónde para tocar conciencias; para que la gente sepa que somos personas normales y que esto les podría pasar a ellos. El principal problema de la sociedad es la falta de empatía, y, por mucho que no consigamos todo lo que queremos, despertar la empatía de las personas es ya una victoria.

-Tras dos años, ¿cree que el 17-A es un tabú en la sociedad catalana?
-Totalmente: cuando sale una noticia sobre el tema como para pedir explicaciones, la gente lo hace dos días y luego se corre una cortina de humo. El 17-A es dolor, y la gente no quiere dolor.

-¿Cómo afronta su familia el juicio?

-Estamos preparados, todavía esperando fecha. Nosotros pensamos que el CNI tuvo alguna responsabilidad, como mínimo por negligencia. También exigimos una Comisión de Investigación. Yo tengo muchas ganas de luchar por un cambio: me doy por satisfecha sólo con poder cambiar la vida de alguien que pase por lo mismo que yo. No sólo luchamos por nosotros: luchamos por todos.

Opinión:

Tras leer la entrevista de Mireia Martínez sólo me queda decir que siento en lo más profundo no haber contactado antes con toda su familia... la UAVAT se creó en febrero de 2018 y no fue hasta mayo que conocí a su padre, a Javier.
Esos nueves meses transcurridos desde el día del atentado hasta que nos conocimos fueron meses que habríamos ganado en todo el trabajo y la asistencia pendiente... pero las noticias que llegaban desde el Ministerio de Interior los meses posteriores a los atentados hablaban de una asistencia completa con todos los recursos necesarios.
A la vista está que no decían la verdad.
Ni del ministerio de Interior nio de aquellos que dicen trabajar por las victimas pero, evidentemente, ni las buscan ni mucho menos las asisten.

Pero el tiempo pone a cada uno en su sitio y la verdad siempre acaba por aparecer.

15 septiembre 2019 (3) publico.es (opinión)

15 septiembre 2019 



La semana fantástica de Ángeles Pedraza

David Bollero

Con el nombramiento de Ängeles Pedraza, ex presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, al frente del Organismo Autónomo Madrid 112 se confirman varias realidades, entre las que destacan que la tragedia del terrorismo puede dar de comer si no se tienen escrúpulos y que la nueva presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso nos regalará infinidad de momentos esperpénticos.
Los tres últimos fichajes de Díaz Ayuso deben de ser un regalo para quienes la votaron, pero para quienes no lo hicieron es orín que cae del cielo con anuncios de lluvia. Los más de 260.000 euros al año que se embolsarán entre Pedraza, Pedro García Aguado (del programa Hermano Mayor) y el torero Miguel Abellán son una estafa al pueblo madrileño.
Pedraza ganará 93.855 euros anuales, casi 11.000 euros más que el presidente del Gobierno. Estará al frente de Madrid 112, es decir, el organismo que coordina la seguridad y emergencias en la Comunidad de Madrid. ¿Cuáles son sus méritos? Haber trabajado 24 años en El Corte Inglés, desempeñando labores de secretaria de administración y técnico textil y compras.
Para que se hagan una idea, el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 Carlos Novillo, es un ingeniero agrónomo que previamente trabajó como bombero y en Protección Civil (llegó a ser presidente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos), habiendo asumido la dirección general de Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid.
No es necesario ahondar en el perfil de una y otro y su idoneidad para el cargo (tampoco es cuestión de humillar, por muy digno que sea trabajar en unos grandes almacenes). Sin embargo, sí es conveniente indicar el ejemplo de enchufe en toda regla por parte de Aguado. Pedraza ha vivido su particular semana fantástica, con hasta tres cargos diferentes a elegir para ser colocada en el nuevo gobierno regional.
Hay que admitirle una cosa a Pedraza, se le dan bien las compras, porque pareciera que eso ha hecho con su nuevo trabajo. Los 60.000 euros que podía embolsarse por ser comisionada de la Cañada Real Galiana no terminaban de convencerla. Pues nada, tomamos el listado de altos cargos, vemos una cifra que encaje en nuestra avaricia y mira, hay uno que roza la cifra mágica de 100.000 euros. ¿Organismo Autónomo Madrid Ciento qué? Bueno da igual, ese mismo. Y dicho y hecho.
Y Pablo Casado, allá en lo alto de Génova, tan pancho, pues hay que devolver los favores recibidos cuando Pedraza era azote de la izquierda resucitando una y otra vez a una banda terrorista desaparecida. De hecho, él mismo la puso en las listas del Senado, pero el batacazo electoral del PP la dejó fuera… de ahí la recolocación en Madrid, cuyo equipo de gobierno del PP en coalición con Ciudadanos y su ‘Equipo Aguado’, efectivamente, está cada vez más aguado.
Como decía al principio, de la tragedia del terrorismo se puede comer; sólo hace falta dejar a un lado la conciencia. Si se politiza ese horror en la dirección adecuada -normalmente a la derecha-, no faltará un buen plato de garbanzos, eso sí, en el mejor de los restaurantes. Marimar Blanco es otro buen ejemplo que, tras quedarse fuera del Congreso por los malos resultados electorales, volvió a colarse en la Cámara Baja por la puerta de atrás, después de que Daniel Lacalle renunciara a su acta de concejal.   Ahora, la propia Blanco podría también unirse al equipo de Díaz Ayuso con un cargo a medida: comisionada de las víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid.
En esta panda de pesebreros y pesebreras del terrorismo no podemos olvidar a Francisco José Alcaraz, que tras ser una de las personas que más han dividido a las víctimas de ETA, una de las personas que más ha dividido a las víctimas de ETA come ahora del Senado, como representante de Vox.  
¿Cuál es la conclusión que extraemos de todo esto? Pues más allá de cómo se ha sacado rédito de una tragedia como la provocada por el terrorismo, que la política está adulterada, emponzoñada de principio a fin, con elevada resistencia al antídoto del servicio público. Y mientras el electorado siga contribuyendo y respaldando esa ponzoña, la gangrena se extenderá por toda la sociedad.

Opinión:

Pues es el señor David Bollero mete el dedo en una llaga que molesta a mucha gente pero que es del todo cierta… datos, nombres, apellidos, cifras y fechas… nada más que añadir.
Bueno, sí. Una propuesta… si sigue escarbando en ese cenagal encontrara muchos otros nombres. Y siempre dependiendo de las mismas o similares siglas… Y una breve aclaración: cuando dice “Francisco José Alcaraz, que tras ser una de las personas que más han dividido a las víctimas de ETA”, en lugar de ETA deberia escribir del terrorismo porque me consta que, al menos en la antigua AVT (1981 a 2002), habían tambien víctimas de muchas otras bandas terroristas… hasta que llegó el maldito jueves 11 de marzo de 2004 y se demostró que hubo que crear otra asociación que atendiera a la inmensa mayoría de víctimas de los cuatro atentados del 11M porque desde la autodenominada asociación mayoritaria no se aportaba la asistencia necesaria e imprescindible.
Que bonito sería conocer la memoria de las gestiones realizadas por algunos de los nombrados en el artículo (e incluso de los que puedan ser nombrados en algún otro futuro). Memoria de gestiones que debería ser pública y que, evidentemente, sirve para conseguir subvenciones, recursos públicos y otro tipo de ingresos que deben ser utilizados para asistir a las víctimas del terrorismo. Lo que sí puedo aportar es que ninguna de las personas afectadas por los atentados del 17 de agosto de 2017 en Catalunya han recibido una sola llamada de ninguno de los nombres que se mencionan en el presente artículo.
Y por si alguien no sabe lo que es una “memoria de gestiones”, le invito a visitar el siguiente enlace:



15 setembre 2019 (2) Vilaweb (opinió)

15 setembre 2019 



La causa del 17-A, paralitzada a l’Audiència espanyola pel recompte oficial de víctimes
L'instructor ha refusat la personació de gairebé vint persones en considerar que no eren damnificades directes

La causa que investiga els atemptats gihadistes de Barcelona i Cambrils de l’agost del 2017 es troba paralitzada al Jutjat Central d’Instrucció número 4 de l’Audiència espanyola a causa del recompte oficial de víctimes. Més de dos anys després, encara no s’ha esclarit el nombre real de damnificats en els atemptats, que va deixar setze persones mortes.
La Direcció general de Suport a les Víctimes del Terrorisme encara ha de recaptar la informació necessària per elaborar un balanç oficial de víctimes, que espera tenir llest a finals d’aquest any o principis del 2020. Davant d’això, i segons que han explicat a l’agència Europa Press fonts jurídiques, l’instructor de la causa, el magistrat José Luis Calama, ha fet un sedàs pel seu compte davant les nombroses peticions. Gairebé una vintena de persones que es consideren víctimes han volgut personar-se en el procediment i Calama ho ha refusat, en considerar que no es tracta de persones damnificades directament. Calama argumenta en les seves interlocutòries que ‘els metges forenses no poden establir la relació causa-efecte entre l’atemptat i les presumptes lesions de naturalesa psíquica referides pels recurrents’. També recorda una sentència del Tribunal Suprem espanyol segons la qual ‘per reivindicar el caràcter de víctima es necessita una mica més que una percepció subjectiva’.

Opinió:

“La Direcció general de Suport a les Víctimes del Terrorisme encara ha de recaptar la informació necessària per elaborar un balanç oficial de víctimes, que espera tenir llest a finals d’aquest any o principis del 2020”, es la frase que resumeix tot el descontrol existent en la administració competent… trigar 30 mesos en fer un llistat “oficial” es vergonyós, i que vagin esperant que a la UAVAT encara estem trobant mes víctimes, fins i tot de les que apareixen en el “auto de procesamiento”…
Vol dir aixó que des de la administració competent no se ha localitzat a les víctimes?


15 septiembre 2019 Cadena COPE (opinión)

15 septiembre 2019 


La causa de los atentados de 2017 en Cataluña, paralizada en la Audiencia Nacional por el recuento oficial de víctimas
El instructor ha rechazado la personación de casi 20 personas que decían tener secuelas psicológicas pero no eran damnificados directos

La causa que investiga los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 se encuentra paralizada en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional debido al recuento oficial de víctimas, pues más de dos años después aún no se ha esclarecido el número real de damnificados en esta acción criminal que dejó 16 personas fallecidas.
Según han explicado a Europa Press fuentes jurídicas, el problema con el que se ha encontrado el actual instructor de la causa, el magistrado José Luis Calama, es que casi una veintena de personas que dicen ser víctimas de los atentados han querido personarse en el procedimiento.
Mientras la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo recaba la información necesaria para elaborar un balance oficial, que espera tener listo a finales de este año o principios de 2020, el juez de la Audiencia Nacional ha tenido que hacer una criba por su cuenta ante las numerosas peticiones.
Para realizar a una selección precisa, el magistrado ha solicitado informes médicos de estas personas que se personaban como víctimas de los atentados de la célula yihadista. En el caso de los que ya ha rechazado, Calama argumenta en sus autos, a los que ha tenido acceso Europa Press, que "los médicos forenses no pueden establecer la relación causa-efecto entre el atentado terrorista y las presuntas lesiones de naturaleza psíquica referidas por los recurrentes".

Algo más que una percepción subjetiva

El magistrado también recuerda una sentencia del Tribunal Supremo según la cual "para reivindicar el carácter de víctima se necesita algo más que una percepción subjetiva", de modo que "la simple conciencia de la propia victimización no otorga el concepto de ofendido por el delito".
Dicha sentencia del alto tribunal establece que "tampoco basta la experiencia psicológica de la injusticia" y que la "conceptuación" como víctima "no puede derivarse del impacto emocional ocasionado por el delito". "La victimidad, incluso entendida en su dimensión más histórica, ha de entenderse como una condición objetiva, originada por un padecimiento ligado de forma directa a un hecho punible", subraya.
Las fuentes consultadas por Europa Press han precisado que la mayoría de los casos que el juez ha descartado como damnificados se trata de personas que alegaban secuelas de tipo psicológico por lo ocurrido en Barcelona y Cambrils hace dos veranos, pero ha resultado que no fueron víctimas directas de los ataques.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior calcula que la cifra definitiva de víctimas acabará rondando el centenar de personas. Por el momento se han abonado 5,2 millones de euros en concepto de indemnizaciones y se ha reconocido a 96 personas como víctimas, a los que hay que sumar otras 24 personas a las que se han otorgado ayudas como afectados.
Pero al mismo tiempo, Interior sigue tratando de resolver los 549 expedientes que ha recibido después de supuestas víctimas, de los cuales ya ha resuelto el 74%, según explicó a Europa Press el pasado agosto la propia directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos.
El 26% restante procede de la "avalancha de tramitaciones" derivadas desde la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT), que en junio de 2018 firmó un convenio con el Ayuntamiento dirigido por Ada Colau. Ramos ya adelantó que "la inmensa mayoría de los expedientes aún en estudio van a ser negativos".
La UAVAT, con el respaldo del Consistorio catalán, lanzó un teléfono gratuito y se quejó de que Interior no atendía a muchos afectados con secuelas psicológicas, pero según la oficina que dirige Sonia Ramos, esos "testigos" con secuelas no son reconocidos por la ley como víctimas con derecho a indemnización económica, aunque sí pueden tener ayuda psicológica o darse de baja por enfermedad.
El procedimiento oficial para reconocer a una persona como víctima del terrorismo está contemplado en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral, que establece una serie de requisitos claros: haber sufrido acción terrorista, tener presencia directa en la acción terrorista o haber sufrido daños personales consecuencia del acto terrorista. Para ello se utilizan también informes oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Geolocalización del teléfono móvil de Driss Oukabir

Pero el recuento oficial de damnificados --y las correspondientes tramitaciones para aceptar o no su personación en la causa-- no es el único escollo para cerrar la instrucción de esta causa, ya que la defensa de uno de los procesados, Driss Oukabir, solicitó una nueva diligencia.
Se trataba de la geolocalización de su teléfono móvil en los días previos de los atentados para tratar de demostrar que no estuvo ni en la casa de Alcanar ni en un restaurante de la localidad de Tona (Barcelona), donde dos testigos le situaron el 16 de agosto.
El juez Calama encargó en un principio esta diligencia a los Mossos d'Esquadra, pero finalmente será la Policía Nacional la que emita el informe, del que aún no se ha dado traslado a la Audiencia Nacional, según las fuentes jurídicas consultadas.

Procesados hace casi un año

Y todo ello a pesar de que se va a cumplir ya un año de que el primer instructor, el magistrado Fernando Andreu --ahora en la Sala de lo Penal--, emitiese un auto de procesamiento con un prolijo relato de los hechos ocurridos en Barcelona y Cambrils y en el que no veía indicios suficientes para atribuir a los tres acusados el delito de asesinatos terroristas.
En concreto, Driss Oukabir y Mohamed Houli Chemlal están procesados por delitos de integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de explosivos y estragos en grado de tentativa. A Said Ben Iazza, quien fue detenido en Castellón meses después de los atentados, le imputa colaboración en organización terrorista.
El delito de integración en organización terrorista prevé una pena entre 6 y 14 años de prisión. El de fabricación y tenencia de explosivos entre 8 y 15 años y el de estragos, en grado de tentativa, de 10 a 15 años. El delito de colaboración con organización terrorista está sancionado con penas que oscilan entre los 5 y los 10 años de prisión.
Según el criterio del juez Andreu, con el que Fiscalía estuvo de acuerdo, no hay indicios suficientes de que los tres procesados conocieran los planes de la célula que ejecutó el ataque. De esta célula formaban parte Mohamed y Omar Hichamy, Moussa Oukabir, Said Aalla y Younes y Houssaine Abouyaaqoub, quienes fueron abatidos por los Mossos pocas horas después de los atentados, y el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty y Youssef Aalla, que fallecieron en la explosión de la casa de Alcanar un día antes.
A diferencia del criterio de instructor y Fiscalía, acusaciones populares como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y particulares sí consideran que se puede atribuir a los tres procesados los 16 asesinatos de los atentados, por lo que es más que previsible que la pena que solicitarán será mucho mayor.

Opinión:

Aparte de la cuestión relacionada con las víctimas a las que no se quiere reconocer por parte de la administración competente y de la que he informado abundantemente en este blog, quisiera dejar muy claro que mencionar a la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) en la noticia es un modo de minimizar la importancia de otras acusaciones, como la que ejerce la Asociación “11M Afectados por Terrorismo”, que es indudablemente la mayoritaria en número de representaciones… y si no que pregunten a cada acusación a cuántas víctimas conoce y, por tanto, a cuántas representa.

A cada uno lo suyo.

14 setembre 2019 ElTemps (entrevista)

14 setembre 2019 



L'última estocada judicial del 'tot és ETA'

Aquest dissabte milers de persones recorreran els carrers de Bilbao per oposar-se al macrojudici que arranca la pròxima setmana. Una vista oral en la qual estan citades pels delictes d'integració en banda armada, finançament i enaltiment del terrorista 47 persones que formaven part de les organitzacions d'assistència legal, social i psicològica dels presos d'ETA. Un sumari que, a parer de les diferents veus consultades per aquest setmanari, s'emmarquen dintre de la doctrina del tot és ETA, la qual va comportar, per exemple, la clausura de veus mediàtiques com ara Egunkaria

El llenguatge de les pistoles callava de soca-rel. Amb el cessament de la violencia per part d’ETA l'any 2011, forçada pel canvi d'estratègia que s'havia produït durant anys a l'esquerra abertzale i per la pressió policial de l'Estat i dels serveis d'intel·ligència espanyols, s'havien acabat els trets al clatell, les explosions a plena llum del dia i les desaparicions clandestines per soterrar cossos en calç viva. La ràbia, el dolor i l'odi s'aigualien per transformar-se en diàleg, convivència i normalitat amb el pas inexorable i inevitable del calendari.

Quan només restava un mes per commemorar-se els dos anys d'aniversari de l’adeu a l’activitat armada d’ETA, l'Audiència Nacional engegava una operació judicial amb què semblava tornar èpoques pretèrites. A les ordres del magistrat conservador Eloy Velasco, la Guàrdia Civil registrava el setembre de 2013 les diferents seus que tenia la plataforma Herrira, nascuda en 2012 i dedicada a realitzar tasques de suport i solidaritat amb els presos bascos i els familiars dels membres de l'organització armada. En aquella operació, es detindrien 18 persones a les quals se'ls imputava els presumptes delictes d'integració en ETA, enaltiment del terrorisme i finançament del terrorisme.

«Es tracta d'un tentacle d'ETA», va afirmar l'aleshores ministre d'Interior, el conservador i membre de l’Opus Dei Jorge Fernández Díaz, el qual estaria assenyalat poc després per impulsar suposadament les clavegueres policials que van fabricar informes i proves falses per incriminar dirigents independentistes catalans i formacions d'esquerres com ara Podem. «L'Estat de dret no està en suspens i el Govern no deixa de realitzar tot el que ha de fer per aconseguir la dissolució d'ETA. No n'hi ha prou amb el cessament definitiu de la seua activitat terrorista, sinó l'ha de seguir la dissolució», proclamava una vegada s'havia ordenat la suspensió d'activitats d'Herrira i el tancament d'un centenar de comptes de correu, pàgines web, blogs, usuaris de Twitter i Facebook, així com la retirada del passaport dels detinguts.

La reacció del nacionalisme i el sobiranisme basc fou immediata. De manera pràcticament inèdita, PNB i EH Bildu van acordar un comunicat conjunt en el qual denunciaven que el Govern espanyol de Mariano Rajoy, «sabent que ETA va anunciar fa quasi dos anys el cessament definitiu de la seua activitat armada [...] tracta de recuperar la idea que l'activitat d'aquesta organització perdura». A la declaració conjunta aprovada al Parlament basc, criticaven «l'estratègia política-judicial del Govern espanyol, que empra instàncies judicials com ara l'Audiència Nacional per activar la tesi del tot és ETA». Fins i tot, els socialistes bascos se sumaven a la crítica en un altre text de repulsa, i també la coalició que aixopluga les diferents sensibilitats de l'esquerra abertzale a l'Ajuntament de Sant Sebastià. L'exdirigent del PSE, Jesús Eguiguren, un dels artífexs de la pau a Euskal Herria, qualificava la ràtzia «d'autèntic disbarat jurídic i polític».

L'anomenat sumari 11/13, però, sumaria més encausats, i arribaria a la xifra de 47 persones. En gener de 2014, l'institut armat emmanillaria vuit persones que actuaven d'intermediàries entre els col·lectius de suport als presos i els diferents agents socials, sindicals i polítics bascos. Dintre d'aquesta ràtzia de les forces de seguretat, s'escorcollen els despatxos de diversos lletrats, un fet que provocaria la queixa del mateix Degà del Col·legi d'Advocats de Biscaia per no preservar els drets fonamentals. 12 mesos més tard es produiria un altre cop policial a la xarxa de solidaritat amb els presos d’ETA: la benemèrita detindria quatre persones més. Fins i tot, s'escorcollaria la seu del sindicat abertzale LAB a Bilbao. Les actuacions judicials es completarien en març de 2015 amb la detenció de dos membres del col·lectiu Etxerat, que aixopluga familiars dels empresonats, i altres dos de Jaiki-Hadi, una organització dedicada a l'assistència mèdica i psicològica dels encarcerats.

Després de quasi quatre anys des de la primera batuda de la Guàrdia Civil contra la xarxa de solidaritat del món abertzale amb els presos d'ETA, l'Audiència Nacional acollirà la pròxima setmana el judici contra els 47 processats. Acusats d'exercir de corretja de transmissió entre el grup armat i els reclusos d'ETA, segons els informes de la benemèrita, Fiscalia i l'acusació particular, que exerceix l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT), sol·liciten penes d'entre vuit i vint anys de presó. L'AVT, de fet, va personar-se quan va produir-se la primera ràtzia policial argumentant que Herrira «no es penedia dels crims d'ETA, no renegava de l'organització terrorista i es mantenia sota la seua disciplina, justificant els delictes comesos i enaltint el seu ideari».

Una tesi que comparteix el magistrat Velasco, el qual assenyala a la seua interlocutòria de processament que els encausats empraven el grup de coordinació, denominat Koordinazio Taldea, per «dirigir i donar directrius generals al conjunt del front de presons, garantint així la cohesió dels seus membres i la fidelitat». «Eren plenament conscients de la seua dependència d'ETA», ressalta el togat, tot i que aleshores l'organització violenta havia cessat les seues activitats armades. «El seu objectiu era homenatjar i enaltir els terroristes d'ETA», complementa l'AVT en la seua querella inicial.

Com a resposta al judici del sumari 11/13, diferents organitzacions socials, polítiques i sindicals del conjunt dels territoris bascos ha organitzat una manifestació aquest dissabte a Bilbao per denunciar el macrojudici. Una vista oral basada en unes ràtzies policials que, segons els acusats, «van vulnerar els drets a la llibertat per l'abús de la presó provisional; el dret d'associació pel tancament de comptes a les xarxes socials; el dret de reunió per prohibir-se manifestacions; el secret professional per confiscar sense autorització judicial documents professionals; el dret a la defensa per escorcolls sense l'assistència legal; el dret d'integració física i psíquica per romandre alguns acusats entre dos i tres anys en règim d'aïllament, o el dret de llibertat d'expressió per clausurar webs sota sospita de tenir relació amb Herrira». «El procés, en el seu conjunt, és una aberració jurídica que vulnera els drets fonamentals», apunta Amaia Izko, advocada processada al judici.

«Ens estan encausant per la nostra activitat pública i transparent d'assessoria legal als presos bascos, així com per l'assistència social, mèdica i psicològica als mateixos reclusos», assenyala la lletrada que defensa, al seu torn, alguns dels joves acusats per la baralla a un bar l’Altsasua, que resten empresonats des de 2016. «La nostra tasca era notòria i pública. Ens processen amb documents o papers que són anteriors a la creació de la plataforma Herrira. Com també ens acusen de formar part d'una organització que havia fet el seu comiat dos anys abans», defensa. «Aquest macrojudici respon a una estratègia per obstaculitzar el procés de pau i la normalització amb cops repressius que ens retrotrauen a èpoques i escenaris passats i oblidats. L'objectiu és atacar als presos, ja que la seua existència és una qüestió incòmoda per a l'Estat, a causa dels efectes de la dispersió que pateixen els seus familiars», agrega.

Izko, qui insisteix a qualificar la causa «d'aberració jurídica», apunta que aquest judici «és clau perquè és el primer que se celebra després de la dissolució d'ETA». Ara bé, considera que tot el procediment judicial és «producte d'un temps passat». «És anacrònic», comparteix Paul Ríos, activista pels drets humans al País Basc. «Aquesta vista oral ens retrotrau a un escenari que hauria d'estar superat i que, afortunadament, a Euskadi s'ha superat amb una normalització que, malgrat les dificultats, marxa a un ritme més accelerat del previst», assegura. «El processament d'unes persones per la seua activitat pública i per les seues idees sembla una tornada al passat. Al País Basc, les majories socials per la pau són tan amples que hi haurà un desencaixament entre la realitat actual i allò que viurem en seu judicial», censura.

Com a participant del procès de Pau que s'ha donat al País Basc, Ríos expressa que «la impressió generalitzada sobre Herrira era que actuaven públicament i amb transparència». «Encara més, s'havien emprès contactes amb sectors de la societat basca amb els quals aquests col·lectius havien estat tradicionalment allunyats mentre ETA actuava», indica. «Aquestes organitzacions, a més, havien abandonat les seues postures anteriors de justificació i defensa de la violència». Una transversalitat en la reivindicació dels drets dels presos d'ETA que ha provocat que més de 150 personalitats demanen aturar el procés judicial que s'inicia el pròxim dilluns. Entre elles, hi destaquen els exlehendakaris Juan José Ibarretxe i Carlos Garaikoetxea, els escriptors Bernardo Atxaga i Toti Martínez de Lezea, el professor universitari Francisco Letamendia, el jugador de l'Athletic de Bilbao Mikel San José o el cantant Fermín Muguruza.

«És evident que aquest procediment judicial està emmarcat dintre de l'estratègia del tot és ETA, la qual va servir per criminalitzar aquells sectors socials, polítics i sindicals que no compartien les tesis de la dreta o el socialisme espanyol, com ara Geroa Bai», retrau Koldo Martínez, parlamentari a la cambra navarresa de Geroa Bai i membre de l'associació cívica Zabaltze, la qual va néixer per defensar dels drets humans i s'oposa a qualsevol expressió terrorista. «Nosaltres hem firmat un text que manifesta la inquietud pel procediment atès que aquestes persones han desenvolupat i desenvolupen una activitat pública voluntària o professional en l'àmbit dels drets dels presos, per la qual cosa es poden estar enjudiciant activitats emparades pel legítim dret a la llibertat d'expressió, reunió i manifestació», afirma.

L'investigador especialitzat en comunicació i membre d'Alternatiba, una formació sorgida d'una escissió del referent basc d'Izquierda Unida i que actualment s'integra a la coalició abertzale EH Bildu, Jonathan Martínez, coincideix a assenyalar que aquesta actuació judicial «està emmarcada dintre de l'estratègia engegada per Baltasar Garzón del tot és ETA». «Es tracta de la teoria de l'entorn d'ETA, amb la qual poden imputar-te per formar part del grup armat quan només desenvolupes una tasca de suport i solidaritat, per exemple, amb els familiars dels presos, que s'uneixen per poder sufragar els viatges a les presons dintre de la sagnia de la dispersió», exposa. I denuncia: «El sumari és tan boig que encausa a persones que des de la seua funció d'advocats va treballar perquè els presos es posicionaren a favor que ETA plegara la seua activitat armada». «L'operació era un intent per part de l'Estat d'obstaculitzar el procés de pau», remata.

«El procediment judicial, el qual s'emmarcava sense dubte en l’estratègia del tot es ETA, tenia una intencionalitat molt concreta: aïllar els presos a través d'una acció policial que poguera desmantellar la xarxa de solidaritat que hi ha al voltant d'ells. No debades, els presos són l'element més incòmode per a l'Estat arran que ETA plega», esposa Nora Miralles, investigadora en conflictes armats al Centre Delàs de Barcelona. «Amb aquesta operació, s'intentava, a més, reforçar el marc mental i el relat que havia distribuït el Govern espanyol del PP, qui difonia que la fi de l'activitat armada d'ETA era una simple jugada de l'organització. D'aquesta manera, volien mostrar que ETA encara estava viva», detalla.

Aquest cop judicial contra els col·lectius que assistien als presos de la desapareguda organització armada també tenia un altre objectiu. O, si més, així ho argumenta Miralles: «L'oposició a la dispersió dels presos i l'excarceració d'aquells amb malalties cròniques són demandes assumides per amplis sectors de la societat basca. A més, Herrira havia incorporat aquest discurs més transversal en contraposició als missatges que tradicionalment havien llençat aquests col·lectius, com ara les Gestores ProAmnistia. Fins i tot, s'havien fet trobades amb víctimes d'ETA i algunes d'elles havien acudit a manifestacions d'Herrira contra la dispersió». «La ràtzia policial intentava desmuntar aquestes noves complicitats amb acusacions inversemblants com ara imputar que un familiar d'un membre d'ETA formava part de l'estructura armada per mostrar la seua solidaritat», raona.

Tot i que associacions de víctimes com ara l'AVT, acusació particular que s'ha alineat amb les tesis de l'Audiència Nacional, i altres afectats per l'activitat d'ETA, tenen d'una opinió crítica sobre aquest procediment judicial. «És cert que determinats advocats han sigut tradicionalment la corretja de transmissió entre la banda terrorista i els presos etarres, però crec que aquest judici és una mena d'anacronisme. Cal no oblidar ETA, combatre la impunitat dels crims sense resoldre. Ara bé, aquesta mena d'actuacions judicials estan desfasades amb els temps que es viuen al País Basc. Com ho estan els discursos de la dreta, que tot i ser legítims, intenten ressuscitar el malson d'ETA per rendibilitat electoral», afirma Gorka Landaburu, director del setmanari Cambio 16.

«En 30 anys que duc acudint a judicis sobre terrorisme mai se m'ha pogut passar pel cap que els advocats siguen etarres. Un lletrat pot defensar una persona encara que no compartesca ideològicament res amb el seu client. És cert que, en determinats casos, pot haver-hi una certa coincidència en alguns aspectes polítics. Ara, això no fa que siguen terroristes», valora Roberto Manrique, qui va ser víctima de l'atemptat d'ETA a Hipercor  l'any 1987. I agrega: «El mateix passa, evidentment, amb els familiars dels etarres».


Una visió crítica d'un procés judicial que, a parer de diversos sectors del País Basc, sembla emmarcat en aquella estratègia del tot es ETA, amb la qual van apagar-se veus mediàtiques de manera impune, com ara el diari Egunkaria. L'Audiència Nacional serà l'escenari, segons aquests agents plurals de la societat de Navarra i Euskadi, de la darrera estocada d'aquella doctrina judicial.

14 septiembre 2019 El Correo

14 septiembre 2019 



Eloy Velasco Juez de la Audiencia Nacional

«Me temo que aún nos quedan por sufrir atentados yihadistas en grandes ciudades europeas»
Pide más colaboración y compromiso de los Estados miembros de la UE para combatir de forma más eficaz un fenómeno muy complejo

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dice que no quiere ser agorero, incluso toca la madera de su silla, pero admite que «desgraciadamente nos queda aún por sufrir atentados yihadistas en grandes ciudades de Europa».
Velasco participó ayer en el I Congreso Internacional de Terrorismo Yihadista celebrado en Irún impartiendo la conferencia titulada ‘Terrorismo, Código Penal y Directiva Europea’.

Vuelve a su tierra para hablar de otro terrorismo, el yihadista.
Lo triste es que no tenemos tiempo de descansar. A uno que ha durado 50 años le sigue otro más internacional, el yihadista, que nada nos dice que no vaya a durar otros 50. Por lo tanto, hay que seguir combatiéndolo para sobrevivir.

¿Cómo es la radiografía del fenónemo yihadista desde un despacho de la Audiencia Nacional?
Está cambiando porque se les ha quitado el punto romántico de ‘estamos conquistando el mundo desde el Estado Islámico’, pero creo que nos queda por sufrir algunos atentados en grandes ciudades de Europa por células que pretendan combatir a Occidente.

¿Existe riesgo en España?
No se puede decir. Siempre se afirma: ‘En Navidades no vayas a los mercadillos’. Igual vas, no te pasa nada y sucede en otro lugar. Los terroristas cambian mucho de táctica para conseguir que les salga bien el atentado. No hay una situación específica de riesgo. Pero hay que estar alerta y no bajar la guardia.

El perfil del terrorista yihadista ha evolucionado. ¿Cuál es?
El de un joven e inmaduro, sin ideas claras y muy infuenciable, desastabilizado psicológicamente, que quiere complementar su falta de psique con una proyección social y hacerse pasar por el héroe o el salvapatrias de turno.

Usted ha redactado varios autos contra células yihadistas, ¿Cómo actúan en la actualidad?
Han cambiado mucho. Ahora es gente que hace interpretaciones extremistas y muy equivocadas del Corán y el Islam; y que va a intentar captar a gente desestructurada que no brille para dar falsas promesas de que va a ganar el cielo. A gente que no tiene nada que ganar en la tierra, los reclutadores hacen que mueran matando.

La cooperación internacional es crucial. ¿Funciona?
La cooperación internacional, los exhortos, las comisiones rogatorias, las órdenes europeas de investigación o de detención... Con todos los respetos, no funcionan del todo satisfactoriamente. Nosotros damos más de lo que recibimos. España entrega a gente reclamada por justicias de otros países, y sin embargo, hay otros países que achacan consideraciones muy feas, de carácter político o un ‘no me fío de España’, y no nos entregan personas. La norma es la misma para Europa. Y si esto es terrorismo internacional, lo que empieza en Bélgica puede acabar matando a una persona en Burgos. Al terrorismo internacional se combate internacionalmente.

Poner de acuerdo a 28 países...
¡Es horroroso! Estamos en un club que tiene 28 miembros, cada uno habla su idioma y es muy difícil estructurar un sistema jurídico en la UE, llena de tantos idiomas y etnias. Lo bueno es que se pactan mínimos para que todos nos coordinemos pero luego es cada político en cada parlamento de cada país el que tiene que decidir. No solo tenemos que formar parte del club para ir convergiendo con leyes comunes sino que tenemos que ayudarnos entre fiscalías, justicias y policías de los diferentes países para ordenar los atentados que ha habido y que habrá, desgraciadamente.

¿A Europa le falta más coordinación?
Europa solo obliga a tipificar como delito el  adiestramiento: enseñarte militares, fabricar explosivos y usarlos... Pero hay gente que enseña radicalidad, doctrina equivocada. El problema no es la religión, sino ciertas interpretaciones lastimosamente supremacistas en las que hacer sufrir a otro les parece que les lleva al cielo.

¿Qué sucede con las víctimas?

Son las grandes olvidadas. Es una expresión bárbara, pero las víctimas han tenido muertos por la cara. Nosotros hemos puesto en el artículo 578 un delito de humillación, de menosprecio a la propia víctima, porque hay gente que en las redes sociales se permite el lujo de insultar y volver a abrir heridas de gente que está está superando una perdida. 

13 septiembre 2019 El Correo (opinión)

13 septiembre 2019



Aboga en una carta por la destitución de Ángeles Pedraza y Mari Mar Blanco de sus cargos públicos por su vinculación al PP

Que el colectivo de víctimas del terrorismo es muy variopinto es casi una obviedad. Pero de un tiempo a esta parte se ha venido acentuando el papel político de algunos damnificados a raíz de su incorporación en listas electorales –especialmente numerosa en las últimas citas con las urnas– y en cargos de responsabilidad institucional nombrados a dedo. Si bien las víctimas están en su derecho de hacer política, este paso ha despertado los recelos de otras, que reivindican su independencia frente a posicionamientos partidistas.
Dos son los nombres que han saltado a la palestra en los últimos días, aunque el runrún llevaba ya tiempo escuchándose de puertas hacia dentro. Son los de Ángeles Pedraza y Mari Mar Blanco. Covite, cuya presidencia ostenta Consuelo Ordóñez, ha abogado hace solo 24 horas por la destitución de ambas de sus actuales cargos. Lo hizo por primera vez públicamente, a través de una carta abierta. Pedraza acaba de ser nombrada gerente del servicio de emergencias Madrid 112, tras su cese como comisionada para las víctimas del terrorismo del Gobierno de dicha Comunidad, mientras que Blanco ostenta la presidencia de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Ambas forman parte activa del PP.
Ángeles Pedraza, cuya hija falleció en los atentados del 11-M, se retiró de la primera línea de la AVT en abril de 2016. Cercana a Cristina Cifuentes, todos los rumores apuntaban a su salto a la política de la mano del PP. Y así lo hizo. A principios de julio del pasado año su nombre empezó a sonar con fuerza después de que Ángel Garrido anunciara su nombramiento como comisionada para las Víctimas del Terrorismo de Madrid. En la carrera hacia el liderazgo del PP, Ángeles Pedraza se situó al lado de Pablo Casado. Su apoyo le valió un sillón en el comité ejecutivo nacional. Pero no fue tanto el salto a la política sino su cargo en el Gobierno de la Comunidad lo que despertó los recelos en diferentes colectivos de víctimas. La Asociación 11-M no escondió su malestar, pero también Covite. Aunque no se ha sabido hasta esta semana, el colectivo que lidera Consuelo Ordóñez, hermana del exconcejal del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, envió una carta a Garrido en la que le solicitaba la destitución de Pedraza al considerar que el cargo como comisionada debía regirse por «la independencia política y el consenso». Una semana después, el entonces presidente de Madrid deshechó la idea alegando la trayectoria «intachable» de la expresidenta de la AVT en la defensa de los derechos de las víctimas. Desde el pasado martes, Ángeles Pedraza es la nueva gerente de Madrid 112.
Desde Covite aseguran no sentirse «representados por aquellas víctimas que ocupan cargos de representación y gestión de nuestros derechos al mismo tiempo que militan y tienen cargos en partidos políticos». Hacen alusión a los puestos que ha ocupado Pedraza, pero también al hecho de que Mari Mar Blanco siga siendo presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo a la vez que participa activamente en actos del PP y es diputada del mismo. Blanco ocupa este cargo desde que como presidente del Gobierno Mariano Rajoy le situara en el mismo en 2012. Responsables de Covite ya le habían trasladado a título personal a ella lo que consideraban una «incompatibilidad ética». Pero no son el único colectivo que lo así lo piensa. Se da la circunstancia de que en las últimas horas el nombre de la hermana de Miguel Ángel Blanco ha empezado a sonar para el comisionado de apoyo a las víctimas de Madrid del que acaba de salir Pedraza, a cambio de que ceda su escaño en el Congreso. Dicha carambola política, ahora bien, no ha sido confirmada oficialmente.
Con su carta Covite quiere no solo critica este baile de cargos y pedir la destitución de Pedraza y Blanco, sino hacer «un alegato» en defensa de la «independencia política de las víctimas del terrorismo», al tiempo que lamentan que haya, dijeron, «quienes se presten a la utilización partidista de la causa». «Perjudican a todo el colectivo», reprochan.

Opinión:

Curioso que ahora COVITE participe en la decisión de pedir la dimisión de las señoras Blanco y Pedraza cuando, no hace mucho, se les pidió unirse a la misma propuesta y prefirieron una “elegante inhibición”… Quien quiera pruebas, no tiene más que navegar en este humilde blog.
¿Por qué ahora sí? ¿Qué diferencias hay desde la propuesta enviada entonces y la decisión tomada ahora? Bueno, como dice el refrán… “nunca es tarde…”

Y por otra parte, que se hable AHORA de que el colectivo de víctimas es variopinto (yo lo llamo “pluralidad”) no deja de ser chocante, porque hay muchas víctimas que llevamos años denunciando la misma obviedad y parecía no importar a nadie. Nuevamente me pregunto ¿por qué ahora sí importa y hasta hace escasas fechas no se mencionaba?