23 marzo 2024 elmon.cat (opinión)

 

23 marzo 2024 

 

Aena complica al juez del Tsunami la utilización la muerte del Prat como terrorismo

Un informe del gobierno español en el Congreso recuerda los protocolos y el número de muertes en los aeropuertos en 9 años y se constata que el día de la protesta se aplicaron con normalidad

Se han invertido muchos esfuerzos. Ni los atestados policiales largos y densos de los efectivos de la poderosa Unidad Central Especial 3 del Servicio de Información de la Guardia Civil, ni las pruebas periciales, ni la revisión de las actuaciones judiciales resueltas y cerradas hace cuatro años no han permitido relacionar la muerte por un infarto de un ciudadano francés en el aeropuerto de Barcelona, el 14 de octubre de 2019, con las protestas del Tsunami Democrático. Ahora, Aena, la empresa que gestiona los aeropuertos en el estado español, tampoco lo pone fácil al juez del Tsunami, Manuel García Castellón. Al contrario.

Así se desprende de un informe presentado en el Congreso de Diputados, pedido por el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, sobre los servicios sanitarios obligados e instalados a los aeropuertos –en especial, el del Prat– y sobre las defunciones registradas en los últimos nueve años. En el informe, al cual ha tenido acceso El Món, Aena desglosa de pe a pa cuáles son los recursos sanitarios previstos y, en detalle, el sistema previsto para las muertes por infarto en las infraestructuras aeroportuarias.

En este sentido, Aena y el gobierno español destacan que durante el periodo 2015-2024, en el que por los aeropuertos de la red han transitado alrededor de 2.000 millones de pasajeros, la cifra de muertes ha sido de 187 personas. Muertes de las cuales la sociedad pública desconoce los motivos porque los servicios judiciales o forenses no las reportan al aeropuerto correspondiente. Es decir, además de la protección médica en las instalaciones o del aseguramiento del traslado sanitario, Aena repasa los protocolos que se cumplieron y recuerda que es posible la muerte de una persona en un aeropuerto por un infarto sin que haya circunstancias especiales.

Una defunción clave

La defunción del ciudadano francés del 14 de octubre de 2019, durante la protesta bautizada como Todo el mundo al aeropuerto, es una de las piezas clave para el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en su pretensión de acusar de terrorismo la decena de investigados en la causa contra la plataforma que espoleaba las protestes postsentencia del Procés. Entre estos acusados se cuentan el presidente en el exilio y candidato de Junts per Catalunya a las elecciones del 12-M, Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira -también exiliada-, o el secretario de la Mesa del Parlamento Ruben Wagensberg, así como miembros de la junta de Òmnium, empresarios o cargos del equipo de Puigdemont.

La tesis del juez y de los analistas de la Guardia Civil es que supuestamente el ciudadano francés finado tardó en recibir la asistencia médica por el tapón provocado en los accesos a las terminales aeroportuarias. Para intentar demostrarla, los Guardias Civiles llegaron a hacer varios viajes en diferentes horas del día entre el aeropuerto y el Hospital del Valle de Hebrón, donde se trasladó a la víctima, para acreditar que se tardaba menos por carretera que en helicóptero, medio elegido el día de las protestas por los facultativos del SEM a causa de la manifestación. La causa de la muerte, investigada en primera instancia por los Mossos d’Esquadra y por los juzgados de instrucción del Prat y de Hospitalet del Llobregat, fue «natural».

El informe de Aena, firmado por gobierno español

El gobierno responde al diputado abertzale aportando la información que facilita Aena como empresa gubernamental. El informe evidencia que el día 14 de octubre se cumplieron todos los protocolos establecidos por la compañía, por la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) y los acuerdos establecidos con el sistema sanitario público sufragado por el Régimen General de la Seguridad Social. «El compromiso de Aena con el pasajero y el ciudadano siempre es velar por su seguridad e integridad, cumpliendo con la normativa aplicable tanto en cuanto a los primeros auxilios como en los traslados de urgencia en los centros médicos», insiste el texto. De hecho, la respuesta deja clara la capacidad de respuesta que hay en las mismas instalaciones para urgencias médicas y la colaboración con entidades especializadas.

«Para facilitar la coordinación ante la necesidad de asistencia y/o evacuación», aduce el documento, «los aeropuertos comunican estas situaciones en el Centro Coordinador de Emergencias Médicas (112 o 061, según el caso) de cada provincia, a fin de que dispongan de toda la información necesaria para adecuar los recursos disponibles y así garantizar la atención por parte de los servicios de emergencias». Es decir, tal como funcionó aquel día, según los atestados policiales y los informes médicos de asistencia tanto por el Sistema de Emergencias Médicas como del Hospital del Valle de Hebrón o los informes forenses.

Médicos garantizados

«Igualmente, hay que mencionar que los aeropuertos mantienen en todo momento una comunicación fluida con las autoridades locales, a fin de garantizar la más eficaz coordinación, así como un servicio de atención primaria de urgencia adecuado y traslado sanitario de urgencia», contextualiza la respuesta. Ahora bien, también añade que «Aena, en los aeropuertos donde está determinado por su nivel de actividad, dispone de un servicio de asistencia sanitaria y de ambulancia, en consonancia con la situación de la mayoría de los aeropuertos europeos». En este contexto, añade que los aeropuertos, como el del Prat, «disponen de un servicio de asistencia sanitaria -médico, diplomado universitario de enfermería (DUE) y técnico de emergencias sanitarias (TIESO)- y ambulancia, durante todo el horario operativo los 365 días del año».

Los datos de empleados del servicio médico pertenecientes a la plantilla de AENA S.M.E., S.A., a fecha 31 de enero del 2024, ascienden a 29 médicos y 45 DUEs, ubicados en los aeropuertos AS Madrid-Barajas, Jerez, Málaga-Costa del Sol, Palma, Sevilla, Tenerife Sur, València, Vitoria, FGL Granada-Jaén, JT Barcelona-El Prat, Alicante-Elche Miguel Hernández y Santiago-Rosalía de Castro. «El procedimiento para su actualización permite ofrecer una atención primaria de urgencia y transporte sanitario de urgencia durante todo el horario operativo de los aeropuertos», concluye. Además, el informe también menciona que «la asistencia de primeros auxilios queda cubierta, además, mediante Columnas de Rescate Cardíaco (desfibriladores semiautomáticos externos) y personal del aeropuerto que ha recibido la formación adecuada para el uso de estos desfibriladores, de acuerdo con la legislación vigente». «Los desfibriladores son considerados como la mejor herramienta médica para actuar a tiempo ante una parada cardiorespiratoria, mejorando así la supervivencia de los afectados por un infarto de miocardio», resalta el informe.

Opinió:

Es el momento de repetir algunos comentarios relacionados con la noticia que publica Quico Sallés.

Cuando apareció la noticia por primera vez me hice las mismas preguntas que ahora vuelvo a presentar.

Si alguien cree que se puede ser víctima de un atentado terrorista, la legislación dice que para solicitar el reconocimiento hay un años desde el momento del atentado o de la consolidación de las lesiones.

¿Se entiende bien? Pues a ello hay que añadir que debe ser el interesado quien vaya al Ministerio de Interior y la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo y solicite el probable reconocimiento. Eso quiere decir que el Ministerio de Interior no irá a hacer la labor preactiva sino que responderá reactivamente a una posible solicitud que le pueda llegar.

¿Por ello están tan molestos en el Ministerio de Interior cuando encontramos víctimas y les informamos de sus derechos? Seguramente sí.

Su frase preferida es “QUIEN QUIERA ALGO QUE VENGA A VERNOS”, tal y como me dijeron en marzo de 2014 (sí, hace diez años) en una reunión presencial a la que acudí a título individual. Desgraciadamente, la inmensa mayoría de asociaciones y grupos sucedáneos diversos no estaban preocupados por esta cuestión. Tal y como explica algún presidente/a (que no tiene por qué ser también víctima del terrorismo): “no somos una agencia de  detectives para tener que buscar a nadie”.

Pero quiero ir un poco más allá porque es el momento de poner cosas sobre la mesa. Esta labor de búsqueda de víctimas ¿La han hecho desde la propia administración competente en la materia? En el caso de los atentados de agosto de 2017 en Catalunya, un simple vistazo a la página de la sentencia donde aparece la representación procesal de cada una aclararía fehacientemente esta pregunta.

Aunque alguno haya cobrado hasta 30.000 euros a una víctima por hacerle una simple gestión telemática…

Es quizás por eso que no quieren que se presente un Centre de Memòria sobre Terrorisme? Es para poder disimular o incluso esconder este abandono de sus obligaciones hacia “LAS” víctimas?

Sinceramente, creo que nos divertiremos mucho en un futuro… id comprando palomitas.