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abril 2024 (27.04.24)
Historiadores
para desmontar el mito de la Transición pacífica: “La policía importó métodos
violentos del franquismo”
Una
comisión de expertos creada por el Gobierno al amparo de la Ley de Memoria
Democrática estudiará las vulneraciones de derechos durante esta etapa, entre
ellas los excesos de las fuerzas policiales que acabaron con la vida de
ciudadanos sobre los que el reconocimiento oficial ha pasado de puntillas
Que
de la Transición se salió “sin un solo roce de violencia salvo ETA” o que “no
hubo sometimiento ni miedo”, solo “grandeza moral y reconciliación”. Son dos
frases pronunciadas hace algunos años por dos figuras políticas relevantes –la
exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo (PSOE) y el exlíder del PP Pablo
Casado respectivamente–, pero suenan a un relato que todavía hoy sigue en pie:
el de un paso de la dictadura franquista a la democracia incruento y pacífico.
Eso a pesar de lo que, frente al olvido institucional, llevan años demostrando
los historiadores.
Cubrir
ese vacío es, en parte, lo que se propone la Ley de Memoria Democrática con la
constitución de una comisión técnica que ha echado a andar esta semana con su
aprobación en el Consejo de Ministros. Formada por una docena de expertos en
Historia y Derecho Penal, el grupo tendrá el cometido de estudiar las
“vulneraciones de derechos humanos a personas por su lucha por la democracia y
los derechos fundamentales” en esta etapa
Aunque
habitualmente se denomina Transición al periodo que se inicia con la muerte de
Franco, en 1975, la comisión iniciará sus trabajos con la entrada en vigor de
la Constitución, en 1978, y hasta el 31 de diciembre de 1983 porque la ley de
memoria extiende su aplicación al periodo anterior. En un año, el equipo deberá
entregar un informe y proponer “vías de reconocimiento y reparación”.
Porque,
pese a que la derecha e incluso parte de la vieja guardia del PSOE, saltara en
tromba contra esta medida acusando al Gobierno de “hacer saltar por los aires”
la Transición o pactar la ley “con terroristas”, en referencia al apoyo de EH
Bildu, la Transición dejó tras de sí un reguero de víctimas de la violencia
política que han quedado en un margen de la memoria.
“Es
un fenómeno sobradamente estudiado por la historiografía, que ha demostrado y
señalado las dimensiones que alcanzó y cuál fue su impacto”, esgrime Víctor
Aparicio, doctor en Historia Contemporánea y autor de La violencia, actor
político de la Transición (2023). No se trata de invalidar de plano esta etapa,
de hecho la Ley de Memoria Democrática dedica una buena parte a defender sus
logros, pero “cuando se habla de la Transición no puede dejarse fuera” la
violencia y sus víctimas, muchas de la cuales “han sido olvidadas quizá por la
tendencia que ha habido a subrayar el proceso como modélico”, añade el experto.
Víctimas
del terrorismo
Aunque
no hay cifras públicas y oficiales, varias investigaciones académicas y
periodísticas han intentado dibujar un mapa aproximado de lo que ocurrió: el
periodista Mariano Sánchez Soler contabilizó en La Transición Sangrienta (2010)
591 muertes por violencia política entre 1978 y el primer año de Gobierno de
Felipe González, mientras que la profesora de la Universidad de Borgoña
(Francia) Sophy Baby, una de las integrantes de la recién creada comisión,
elevó la cifra a 714 en El Mito de la transición pacífica. Violencia y política
en España (1975-1982).
De
entre ellas, la inmensa mayoría fueron víctimas del terrorismo. El que más
crímenes cometió fue el terrorismo de la banda ETA, con 376 muertos, según el
trabajo de Baby, que atribuye además 66 a los GRAPO, uno a Terra Lliure y 67 a
grupos terroristas de extrema derecha en un momento en el que coexistían varios
como la Triple A, el Batallón Vasco Español o los guerrilleros de Cristo Rey.
Además, la ultraderecha conformaba grupos como Fuerza Nueva o Frente de la
Juventud “desde los que también se cometieron violencias y asesinatos, aunque
no fueran el mismo fenómeno que el terrorismo”, señala Aparicio. Al mismo
tiempo se dio una “violencia de Estado”, en la que se incluyen los abusos
policiales, que se cobró la vida de 178 personas, de acuerdo con la clasificación
de Baby.
La
comisión no estudiará todos los casos. El Gobierno ya ha aclarado que “en
ningún caso” se incorporarán aquellas víctimas “vinculadas a una organización o
grupo terrorista” o que se dedicaran a “subvertir el orden constitucional” en
una clara referencia a las sugerencias que en el trámite de la ley se hicieron
respecto a que la comisión investigaría, por ejemplo, los asesinatos por parte
de los GAL de los miembros de ETA Lasa y Zabala. Y está por ver hasta qué punto
se evalúan aquellas víctimas mortales que lo fueron a manos de grupos
terroristas a las que el Estado, a veces tarde, ya ha reconocido.
Pocos
detalles ha dado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática,
pero sí ha avanzado que la comisión está pensada para casos como el de la líder
estudiantil y militante del Partido Socialista de los Trabajadores Yolanda
González, asesinada por miembros de la extrema derecha en 1980. Aunque el grupo
deberá dilucidar aún qué parámetros usar para incorporar o no a las víctimas a
su estudio, todos los ojos apuntan a aquellas que fueron asesinadas por
actuaciones policiales y para las que no ha habido reconocimiento ni
reparación.
Represión
y 'gatillo fácil'
A
fondo ha estudiado esta violencia policial el historiador David Ballester,
miembro del Centro de estudios sobre dictaduras y democracias de la Universitat
Autònoma de Barcelona. En su libro Las otras víctimas: la violencia policial
durante la Transición (1975-1982), Ballester ha documentado 135 asesinatos a
manos de las fuerzas policiales en tres contextos: “Por un lado está la
represión en manifestaciones y actos reivindicativos o políticos, también lo
que llamamos violencia por gatillo fácil, que era cuando usaban inadecuadamente
armas de fuego y, por último, tortura a detenidos y presos”, enumera.
La
cuestión es que el paso de la dictadura a la democracia en España no fue un
proceso de ruptura. “No hubo una depuración de los cuerpos policiales heredados
del franquismo, lo que comportó que algunos miembros que habían hecho de la
vulneración de los derechos humanos y la violencia su modus operandi lo
importaran”, sostiene Ballester, que se refiere especialmente a aquellos
agentes que estaban en la Brigada Político Social de Franco y que pasaron a la
Brigada Central de Información, que la sustituyó. Ejemplo paradigmático fue el
policía 'Billy el Niño', acusado de torturas, que murió en 2020 sin haber sido
juzgado y con las medallas que había recibido por su trabajo intactas. La
última la recibió en 1982, ya en democracia.
Víctimas
de esta violencia policial que previsiblemente serán estudiadas por la comisión
fueron, por ejemplo, la ecologista Gladys del Estal, que con 23 años fue
asesinada por un guardia civil en una protesta antinuclear celebrada en Tudela
(Navarra) el 3 de junio de 1979. También Valentín González, el sindicalista de
la CNT al que mató un policía nacional en la huelga celebrada en el Mercado de
Abastos de Valencia el 25 de junio de 1979. En marzo de ese mismo año el joven
Ursino Gallego-Nicasio, de 14 años, era asesinado por el disparo de una bala de
goma en una manifestación en Parla (Madrid) por la escasez de agua.
Sin
embargo, más allá de este tipo de casos en contextos de protesta, hubo “muchas
personas que murieron por extralimitaciones policiales” sin que necesariamente
tuvieran una posición política o estuvieran “luchando por la democracia”, que
es la condición que establece la ley al definir qué víctimas estudiará la
recién creada comisión. Para los historiadores, esta redacción “comporta el
riesgo de dejar a gente fuera”, cree Aparicio. Ballester pone el ejemplo del
caso Almería, ocurrido en 1981 y en el que tres jóvenes residentes en Santander
que se trasladaron a Roquetas de Mar para asistir a una comunión fueron
torturados y asesinados al ser confundidos con miembros de ETA.
Además
“los casos de gatillo fácil” se produjeron en muchas ocasiones “en contextos
diversos”, por ejemplo, en la barra de un bar, detalla el historiador, que cree
que el Gobierno “cometería un error” si no estableciera “un criterio más amplio
y generoso” más allá de si la víctima “luchaba o no por la democracia”. Será
una decisión que probablemente protagonizará las primeras reuniones de la
comisión. “Si las circunstancias hubieran sido otras y los cuerpos policiales
se hubieran democratizado habría habido errores y excesos, pero no tantos. Hay
que encuadrar también a estas víctimas sin significación política en un
problema estructural de violencia en la Transición”.
Opinión:
Aparte de recomendar absolutamente el libro del amigo David Ballester
(ya lo hice en este mismo blog en el momento de su presentación), es importante
revisar los datos ofrecidos por otros especialistas porque, leyendo que hubo
una víctima de Terra Lliure durante el tiempo de la llamada Transición, no
coincide con la realidad. La única víctima mortal causada por la banda
terrorista Terra Lliure fue la señora Emilia Aldomá y la fecha fue el 11 de
septiembre de 1987, por lo que no coincidiría con los años de la llamada
Transición.
Desconozco si la información que se presenta está muy resumida
pero siguiendo con la información aportada por la profesora de la Universidad
de Borgoña (Francia) Sophy Baby, tampoco aparecen las víctimas causadas por el
Exèrcit Popular Català (EPOCA) en los atentados del 9 de mayo de 1977 con el
asesinato de José María Bultó Marqués y el 25 de enero de 1978 con el asesinato
de Joaquín Viola Sauret y su esposa Josefina Tarragona.
Y, por lo visto, tampoco deben tener constancia del
atentado contra la Sala de Fiestas “Scala” Barcelona, en la que resultaron
asesinados cuatro trabajadores: Bernabé Bravo, Ramón Egea, Juan Manuel López y
Diego Montoro en enero de 1978.
Y con tal de poder aportar información contrastada y
documental, no tengo ningún problema en que puedan consultar el estudio que
presenté sobre terrorismo en Catalunya en diciembre de 2010.
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