06 noviembre 2020
Barcelona aporta 50.000 euros a la acusación popular en el juicio por el 17-A
El juicio dará comienzo este próximo martes 10 de noviembre en la Audiencia Nacional
El Ayuntamiento de Barcelona aportará 50.000 euros para los gastos judiciales de la Asociación 11M, que actúa como acusación popular en el juicio por los atentados terroristas del 17 de agosto de 2017, en el juicio que empieza el próximo martes en la Audiencia Nacional. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha atendido a los medios tras la firma de un convenio de colaboración y un encuentro telemático con las víctimas y familiares de víctimas del atentado de la Rambla del 17 de agosto de 2017 y el resto de los que hubo en Cataluña en esos días, acompañada de acompañada de Eulogio Paz, presidente de la Asociación 11M, y Robert Manrique, de la Unidad de Atención a las Victimas de Atentados Terroristas (UAVAT), creada a raíz del atentado del 17-A.
"Las víctimas tienen derecho a tener representación propia -en el juicio- en su justa reivindicación de saber la verdad y tener reparación dentro de lo posible", ha señalado Colau, que ha considerado una "obligación moral" de las administraciones dar apoyo jurídico a las víctimas de atentados terroristas. En el encuentro, la alcaldesa ha señalado: "nos personamos como ayuntamiento, no solo porque la ciudad salió perjudicada, sino para acompañar a las víctimas y a su representación". Asimismo, ha asegurado que, además del convenio económico, el equipo jurídico del consistorio y el de la asociación 11M estarán coordinados.
"Queda mucho por hacer y mejorar"
Colau ha hecho un llamamiento a que no se olvide a las víctimas de atentados terroristas y se mejore la atención que les dan las administraciones, a las que ha reclamado que hagan un "esfuerzo" de "empatía". "Queda mucho por hacer y que mejorar en la política de atención a las víctimas en este país", ha sostenido Colau, quien ha denunciado que las víctimas de los atentados del 17-A se han encontrado con "burocracia, frialdad y poca empatía en estos tres años" y a muchas incluso se les ha negado el reconocimiento como tales por sus secuelas psicológicas y no físicas.
Manrique ha explicado de las 217 víctimas que han podido asistir desde la UAVAT, únicamente 74 han sido aceptadas para personarse en el juicio, y ha alertado de que "hay más de 100 personas que están en el listado de víctimas oficiales" y con las que no se ha contactado, según él, por lo que ha asegurado que cree que hay víctimas que tienen sus derechos cercenados. Por su parte, Paz, ha advertido de que las secuelas psicológicas, médicas y sociales del atentado no se terminan con el juicio, en el que quieren que las víctimas sean reconocidas y que se condene por asesinato a las personas que se van a juzgar: "Hay una cuestión que nos guía: la verdad, la justicia y la reparación".
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