12 abril 2026 El País (opinión)

12 abril 2026 

Las cartas de perdón de los presos de ETA: “El sufrimiento que creé es irreparable, pero trataré de sanar el daño que causé”

El País accede a una veintena de misivas inéditas de arrepentimiento de reclusos de la banda terrorista que reflejan, según los profesionales penitenciarios y la justicia, un “profundo cambio” de sus autores. Las víctimas las consideran una “trampa”

“Quiero que sepan que nunca me he mostrado, ni sentido, orgulloso del sufrimiento que mis actos les han provocado”. “Siendo consciente de que no puedo cambiar el pasado, debo afrontar las consecuencias de mis actos e intentar, en la medida de los posible, su reparación”. “Estoy dispuesta a contribuir para que en el futuro hechos como aquellos de los que fui protagonista no se vuelvan a repetir”. “El sufrimiento que creé es irreparable, pero trataré de sanar las heridas y el daño que causé”. Todas estas frases pertenecen a cartas inéditas hasta ahora que presos de ETA han escrito en los últimos años de su puño y letra para pedir perdón por su pasado terrorista. Son textos ―a una veintena de los cuales ha tenido acceso EL PAÍS― que se han incorporado a sus expedientes penitenciarios y han sido tenidos en cuenta tanto por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco para otorgar semilibertades y beneficios penitenciarios a, entre otros, los exjefes de ETA Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, y Soledad Iparraguirre, Anboto; como por la Audiencia Nacional para conceder libertades condicionales a media docena de reclusos en lo que va de año. Víctimas y sus asociaciones expresan sin embargo su recelo y creen que las cartas forman parte de una “trampa” planificada para engañar a las autoridades y lograr los beneficios penitenciarios.

Estas cartas de perdón eran impensables hace 15 años. Entonces, cualquier arrepentimiento verbal o por escrito de uno de sus presos era considerado por ETA una traición y quienes daban ese paso se arriesgaban a sufrir represalias, como ocurrió con la veintena de reclusos que se sumaron a la llamada Vía Nanclares de reinserción puesta en marcha en 2010 por el entonces ministro socialista de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. Sin embargo, el anuncio, en mayo de 2018, de disolución de la organización terrorista entreabrió la puerta a este tipo de pronunciamientos. Aquel año ya se redactaron ocho misivas, según los datos manejados por la lucha antiterrorista. Al año siguiente fueron una treintena y en 2020 se superaron las 40. En la actualidad se han generalizado y en la mayoría de los expedientes penitenciarios de los reclusos de ETA constan uno o varios de estos escritos de arrepentimiento, según confirman varias fuentes. A finales de marzo había 119 presos de la organización terrorista en prisión, de los que 114 están en cárceles de Euskadi. Cuando la organización anunció su disolución y se escribieron las primeras cartas de perdón, había 243 reclusos de la banda armada.

El salto cuantitativo en el número de cartas ha venido acompañado de otro cualitativo. Los primeros textos eran similares unos a otros (en algunos casos seguían una estructura impersonal con apartados) y su contenido se ajustaba a las directrices que fijó en enero de 2018 el colectivo de presos de ETA (el EPPK en sus siglas en euskera) en las que, si bien permitía a los reclusos reconocer el dolor causado si con ello se mejoraba su situación penitenciaria, les prohibía citar a víctimas concretas o arrepentirse explícitamente. Sin embargo, las misivas de los últimos años a las que ha tenido acceso este diario desbordan ampliamente estas indicaciones y, según recogen los profesionales penitenciarios en informes sobre las mismas, reflejan “un prolongado y profundo cambio personal” de sus autores.

“Con la conciencia que dispongo hoy, con todas mis experiencias vividas, siendo el dolor silencioso de las familias, y puedo confirmar que hoy, bajo ninguna circunstancia, elegiría una vida violenta”, escribió Jesús Narváez Goñi, condenado por el asesinato de cuatro policías. “Ojalá no hubiera ocurrido aquello”, afirmaba en su texto Ángel Aramburu, condenado a 35 años de prisión por matar a otro agente. “Me comprometo firmemente, en la medida de mis posibilidades, a reparar todo daño ayudando a cerrar heridas”, añadía este etarra. Por su parte, Íñigo Vallejo Franco, condenado a más de 28 años de cárcel por delitos de terrorismo, afirmaba sobre la persona que dejó malherida: “Tengo claro que, con mis actos, he condicionado la vida de esta persona y la de sus familiares, causándoles un grave sufrimiento, por lo que siento un gran pesar y respeto, me siento mal y soy conocedor de ello”.

Aitor Aguirrebarrena, condenado por los asesinatos, entre otros, del periodista José Luis López de Lacalle y el funcionario de prisiones Máximo Casado, se expresaba así: “Me doy cuenta [de] que mi actividad como miembro de ETA ocasionó un dolor y sufrimiento enorme e irreparable”. “Entiendo que el reconocimiento y la reparación del dolor de las víctimas de la violencia debe ser un elemento central necesario para un futuro en paz en el País Vasco”, aseguraba Eneko Gogeaskoetxea, condenado por el atentado contra el Museo Guggenheim de Bilbao que costó la vida, en 1997, al ertzaina José María Aguirre. Asier García Justo, condenado por asesinar al también agente de la policía vasca Iñaki Totorika e intentarlo con la periodista de EL PAÍS Aurora Intxausti, su marido, el también periodista Juan Palomo, y el hijo de ambos en 2000, aseguraba ser “consciente de que un escrito por sí solo no va a mitigar totalmente el sufrimiento causado”.

A todos estos presos, el Gobierno vasco les ha concedido en el último año el tercer grado o semilibertad después de que los profesionales de las prisiones donde están recluidos hayan valorado, tras las entrevistas periódicas que mantienen con los internos, que estas cartas son reflejo de “una profunda reflexión” y que están redactadas “desde una actitud autocrítica”. “Se responsabiliza sin caer en posturas justificativas de los delitos, teniendo muy presentes tanto cognitivamente como emocionalmente a todas las víctimas de sus actos terroristas”, destaca el informe penitenciario sobre la misiva de Gogeaskoetxea. “Se percibe dolor, vergüenza y malestar al hablar de las consecuencias de sus actos, refiriendo que es algo de lo que no se siente nada orgulloso”, recoge el que alude a la de Aguirrebarrena. “El escrito es fruto de esa maduración y reflexión, y no es algo instrumental”, destacan los profesionales de la cárcel sobre el texto de Aramburu.

En el expediente que permitirá en breve disfrutar de 18 días de permiso a Patxi Xabier Macazaga, condenado por, entre otros delitos, el envío de un libro-bomba en 2001 al periodista Gorka Landaburu, que resultó gravemente herido, consta el informe de un psicólogo penitenciario que hace hincapié en las expresiones que este utilizó en los encuentros que mantuvo con él: “Se percibe a lo largo de la entrevista la emoción del dolor al relatar los hechos con un nivel de malestar elevado y con verbalizaciones que dan a entender arrepentimiento por dichas acciones”. El profesional señala, por ejemplo, que el etarra utilizó expresiones como “ójala no hubiera estallado la bomba o se me hubiera encasquillado el arma”. “Tanto las expresiones escritas como verbales tienen una clara resonancia emocional [...] considerando que dichas afirmaciones no son una estrategia sino una realidad personal y una vivencia que le está generando dolor, sufrimiento y una fuerte carga moral”, añade.

Estos informes penitenciarios y cartas ―que siempre deben ser manuscritas y redactadas voluntariamente por los internos― también son tenidos en cuenta por la Audiencia Nacional, que en los últimos años ha concedido la libertad condicional a 60 presos de ETA al considerar que cumplían los requisitos legales, entre ellos los fijados por el artículo 72.6 de la Ley General Penitenciaria. Esta norma exige para acceder tanto a esta excarcelación anticipada como a la semilibertad que los presos por terrorismo y crimen organizado hagan “una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito”, además de cumplir otros requisitos como estar abonando la responsabilidad civil y están desvinculados de sus actividades delictivas. Esta declaración no se pide a los presos por otros delitos. Las libertades condicionales, contempladas en el artículo 90 del Código Penal y que solo pueden ser concedidas por un juez, obligan a los etarras cuando salen a la calle a cumplir unas “reglas de conducta” que, en numerosos casos, incluyen restricciones para desplazarse fuera del lugar que fijen como residencia o la prohibición de acercarse a la zona en la que vivan las víctimas de sus atentados o sus familiares.

En un reciente auto del titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, por el que acordaba la excarcelación anticipada de un preso de la banda armada, se reproducía la misiva íntegra de arrepentimiento de este. “Que el recuerdo de los que han sufrido perdure para que las siguientes generaciones no se vean tentadas a reproducir este sufrimiento”, concluía su texto un preso cuya identidad no se facilita a petición de las fuentes que han facilitado la misiva.

En la carta de otro preso al que también se le ha concedido recientemente la libertad condicional, este asegura sentir el “dolor” de sus víctimas y familiares que, recalca, “nunca debió haberse producido”. En el auto que acordaba su excarcelación, el juez Castro reproducía tres misivas de este recluso y destacaba que en ellas “se puede apreciar que no estamos ante una fórmula de petición genérica” de perdón, sino que cita a sus víctimas concretas, además de concluir que en ellas también asume expresamente “un compromiso de abono de responsabilidad civil y el no participar en actos que puedan generar dolor a las víctimas causando una revictimización”. El magistrado también valora positivamente la carta remitida por una reclusa como parte de los “signos inequívocos de desistimiento de los fines y los medios terroristas”. En esa carta, la etarra mostraba su convencimiento de que sus palabras no iban a reparar el daño causado a las víctimas: “Nada de lo que diga ni de lo que haga puede devolverles a sus familiares y allegados [...]. Sé que mis palabras no les servirán de mucho, pero que sepan que mi sentimiento hacia ellas no es de indiferencia”.

En conversación telefónica, el juez Castro confirma que las cartas de arrepentimiento de los presos de ETA han cambiado de manera significativa en los últimos años y recuerda que en las primeras los reclusos de la banda se limitaban a hacer un reconocimiento genérico de las víctimas sin personalizar en las que ellos habían causado ―lo que las cosificaba, en su opinión― y a utilizar el término “empatía” para evitar la palabra “perdón”. Además, utilizaban expresiones como “conflicto” para referirse a su actividad terrorista, lo que provocó que se revocaran numerosas semilibertades concedidas por el Gobierno vasco entre 2022 y 2023. “Ahora, la inmensa mayoría de estos textos incluyen la palabra ‘perdón’ e identifican a sus víctimas con nombre y apellidos, además de reconocer los hechos cometidos y mostrar su repudio de la violencia, como exige la ley”, destaca el juez.

¿Es suficiente, por tanto, un texto con estas últimas características para acceder a beneficios penitenciarios o mejorar el régimen de vida penitenciario? El magistrado es tajante: “No, el expediente del recluso tiene que incluir, además de la carta, la constatación de que cumple otros requisitos así como los informes técnicos de los profesionales penitenciarios, y en concreto del psicólogo de la prisión, que confirmen que el texto es sincero. Ellos son los que tratan a diario con los internos durante la condena y pueden saber si es fiable”. En este sentido, Castro recalca que también se valora otros elementos, como la fecha de la misiva ―más o menos lejana al momento en el que se solicita el beneficio para saber si es un proceso que perdura en el tiempo―, si existen otros escritos anteriores o si se ha visto acompañada de, por ejemplo, la participación del recluso en talleres de justicia restaurativa, donde los internos tienen encuentros cara a cara con víctimas del terrorismo y en los que los presos de ETA pueden participar desde julio de 2021.

Pese a ello, las asociaciones de víctimas se muestran críticas con la concesión de beneficios penitenciarios o la libertad condicional a los presos etarras sustentada en parte en estos textos, cuya credibilidad ponen en duda. Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y hermana del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, tilda estas cartas de “tomadura de pelo”, “burla”, “fraude” e “insulto”, y considera que las semilibertades y libertades condicionales que en los últimos años se han concedido teniéndolas en cuenta “son la última trampa al Estado de derecho para vaciar las cárceles”. Ordóñez muestra su convencimiento de que estas cartas no reflejan ningún arrepentimiento y que se han escrito “al dictado” de los abogados que los defienden con el único objetivo de salir de prisión.

También muy crítica se muestra la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la asociación, asegura que no ve “sinceridad” en unos textos que considera que están plagados de “frases hechas” y párrafos que “se copian unos a otros”, por lo que para ella no tienen ninguna “validez”. “Los presos están dispuestos a escribir lo que haga falta para conseguir un permiso, el tercer grado o la libertad condicional”, añade. Ladrón de Guevara critica que estas misivas “no llegan a las víctimas” y que, por tanto, en su opinión “pierden el sentido que supuestamente debe tener una carta de perdón”.

La periodista Aurora Intxausti también pone en duda la sinceridad de estas misivas. Uno de los condenados por el atentado frustrado contra ella y su familia, Asier García Justo, accedió a la semilibertad a finales de enero y en su expediente figura una carta en la que cita expresamente a Intxausti y su marido y les pide perdón. “Intento ser lo más discreto posible [durante sus permisos de salida] para de esta manera no hacer más daño a todas aquellas personas que sufrieron la violencia”, añadía. La periodista asegura que hasta ahora desconocía la existencia de esa carta, y lamenta que el etarra no les hubiera pedido públicamente perdón cuando se celebró el juicio por aquel atentado en noviembre de 2024. Intxausti afirma que, tras aquella vista en la que García Justo y sus compañeros de comando sí admitieron la autoría del atentado, se quedó “muy jodida”.

Una portavoz del Departamento de Justicia vasco justifica que estos textos no se entreguen a las víctimas porque “no son cartas dirigidas a ellas, sino expresiones, manifestaciones, reflexiones personales realizadas en el marco de su proceso de evolución en las que hacen referencia a muchas otras cosas”. No obstante, recuerda que en las fichas que se entregan a las asociaciones de víctimas de cada preso al que se le concede el tercer grado se ha comenzado a incluir ―cuando estaba el PNV al frente del departamento no se hacía― “todo aquello [de los textos] que hace referencia a las víctimas [...] de manera literal y entrecomillado”. “Si hubiera algún interno que escribiera una carta dirigida expresamente a alguien y pidiera que se le entregara, no hay ningún problema en hacerlo, por supuesto”, añade.

El juez Castro, que recibe frecuentemente en su despacho a víctimas del terrorismo y sus asociaciones, admite que debe haber una reflexión legislativa para incorporar a estas al proceso de progresión de los presos etarras a la semilibertad o al de la obtención de beneficios penitenciarios, y no solo en la concesión de libertades condicionales como hasta ahora. Para que las víctimas puedan intervenir en esta última, los pasos tampoco son sencillos. La Oficina de Asistencia a las Víctimas de la Audiencia Nacional intenta localizarlas ―algo que no consigue en muchos casos, sobre todo si viven en el extranjero― y les ofrece intervenir en el procedimiento teniendo acceso al todo el expediente acompañados de un psicólogo. “Cuando se consigue encontrarlos, la inmensa mayoría nos dice que prefiere no saber nada. Un porcentaje pequeño nos comunica que simplemente quiere conocer la resolución judicial que se tome y una mínima parte, que tal vez no llegue al 1%, presenta alegaciones a la excarcelación”, detalla el magistrado.

Roberto Manrique, herido de gravedad en el atentado del Hipercor de Barcelona, de junio de 1987, en el que murieron 21 personas, recibió en enero de 2011, cuando ETA aún estaba activa y las cartas de arrepentimiento eran la excepción, una de Rafael Caride Simón, uno de los etarras que colocó aquella bomba y que entonces ya se había acogido a la llamada Vía Nanclares de reinserción. En ella, el etarra afirmaba: “No soy insensible al dolor y sufrimiento que las mismas generaron; de ahí mi compromiso sincero en tratar de ayudar a cerrar esas heridas y en que nadie más sufra lo que ustedes han sufrido”.

Manrique recuerda que, cuando recibió la carta, la leyó “15 veces seguidas” antes de mostrársela a una amiga psicóloga y pedirle que le diera su opinión sobre su contenido: “Recuerdo que me dijo que Caride estaba diciendo lo que pensaba”. Esta víctima mantuvo después un encuentro en la cárcel con el etarra, del que recuerda que sacó la impresión de que “su arrepentimiento era sincero”. Después de 19 años en cárceles españolas y otros siete en francesas, Caride Simón salió de la cárcel en agosto de 2019. “Si la ley dice que tiene que estar en la calle, hay que acatarlo aunque no guste”, concluye Manrique.

Opinión:

Una vez soportadas las llamaditas de rigor en las que algún ignorante (sea víctima o no de la banda terrorista ETA) me han dedicado, me gustaría aportar un añadido personal a la magnífica información presentada por Oscar López Fonseca.

Para empezar, aparece quien dice que estas cartas “no llegan a las víctimas”. Bueno, pues siento decir que eso no es así porque en mi caso, y también en muchos otros, las cartas han llegado directamente al destinatario principal, es decir, la propia víctima. Esas declaraciones muestran dos cosas como mínimo: una, que no conocen realmente a las víctimas que han `podido recibir esa “misiva”. Dos, que caso de conocerlas, obviamente no se sentirán representadas por quien así opina ni por la organización a la que representa. Y me atrevo a presentar una tercera opción porque hay víctimas que, perteneciendo a diferentes siglas asociativas, me han dicho de su propia boca que si les contactaran no tendrían ningún problema en acudir a esos encuentros.

Otra cosa es cuando, hablo de un caso real, a alguna víctima le recomiendan desde “su” asociación que no vaya “porque es un engaño” y tiempo después acude a ese mismo encuentro otra persona directamente ligada con quien aconsejaba no acudir.

Misterios de la “lógica y de la coherencia” humana.

Por otro lado, me agrada comprobar que el Juez Castro sigue en la labor que inició hace tiempo y que a muchas víctimas nos han servido para mitigar parte (mucha o poca) del dolor sufrido, para contrastar informaciones que no eran del todo creíbles según las versiones recibidas de unos mismos hechos.

Y no olvidemos que, comprendiendo que les moleste a los que nada hicieron al respecto y van apareciendo ahora como champiñones, se ha permitido que algunas víctimas (más de las que algunos quisieran reconocer) hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para conseguir nuestro propósito compartido: que nadie más sufra lo que ya sufrimos nosotros.

Y termino. 

Durante décadas tuve (y tuvimos) que acatar la puesta en libertad de muchos asesinos terroristas y sus colaboradores porque la legislación así lo marcaba. ¿Dónde estaban entonces los que ahora tanto protestan? ¿Dónde estaban cuando un presidente del gobierno, sin importarle lo más mínimo las decisiones judiciales, dijo aquello de “yo y los españoles sabremos ser generosos con aquellos que abandonen la violencia"? Por mucho que reviso las hemerotecas del último trimestre de 1998, no encuentro una sola declaración al respecto. Y algunos siguen desde entonces con sus cargos políticos, sus retiros parlamentarios en el extranjero, impartiendo conferencias y cobrando, evidentemente, sus pensiones como expolíticos si la edad se lo permite.

¿Qué? ¿Les preguntamos a todos estos dónde estaban cuando iban saliendo terroristas a la calle durante las últimas cuatro décadas? ¿Preguntamos porque alguno de los condenados por el 11-M, responsables de 192 asesinatos y más de 1.700 heridos, ya están paseando por las calles españolas? ¿De quién sería la “culpa” ahora?

Si la legislación contempla estas puestas en libertad, por mucho que me duela, lo acato. Y lo acato porque llevo desde 1989 exigiendo que los asesinos, los terroristas y sus colaboradores, acaten la legislación. Y si no les gusta, que les obliguen a ello.