06
noviembre 2023
El
juez García Castellón complica la amnistía al vincular un muerto por infarto
con el “terrorismo” de Tsunami
El
movimiento del magistrado en la recta final de las negociaciones entre el PSOE
y Junts genera dudas sobre si se podría incluir a los dirigentes soberanistas
en la ley de olvido penal con un auto judicial que cita a un
fallecido como hipótesis delictiva
Nunca
ningún juez había planteado que el procés pudo provocar un muerto. Hasta este
lunes. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha
dejado escrita la “posible vinculación” de la protesta en el Aeropuerto de El
Prat de Tsunami Democràtic en 2019 con un fallecido en el auto por el que
acuerda investigar por terrorismo al expresident de la Generalitat Carles
Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por las protestas de
Tsunami Democràtic. La muerte que cita el auto judicial es la de un hombre que
subió al aeropuerto andando el día de las protestas y falleció de un infarto.
El
razonamiento del magistrado no solo abona una línea de investigación de futuro
incierto, sino que complica el redactado de la ley de amnistía.
Tras
un tira y afloja en las negociaciones a cuenta de introducir el delito de
terrorismo en la amnistía, la última versión de la norma contempla la inclusión
de este tipo penal –que han imputado algunos jueces en algunas protestas–
siempre que sean casos sin fallecidos. En cambio, el terrorismo con víctimas
mortales quedaba en el apartado de delitos no amnistiables, lo que supondría,
una vez aprobada la ley, que cualquier acusación por terrorismo vinculada con
fallecimientos, aunque sea de forma hipotética o como conjetura a investigar,
sí podría llegar a juicio.
Así
figuraba en el texto que ERC acabó rubricando la semana pasada, a la espera de
que Junts diera su visto bueno, y esa es la puerta trasera que permite todavía
hacer descarrilar el acuerdo. Carles Puigdemont y Marta Rovira estaban este
lunes por la mañana claramente dentro de los amnistiados, según el texto
pactado. Pero, tras el auto redactado por el magistrado de la Audiencia Nacional,
donde se plantea que Tsunami pudo provocar un muerto, los casos de los dos
dirigentes plantean nuevas dudas.
Fuentes
jurídicas explican que la introducción en el auto del fallecimiento como una
posible consecuencia de las protestas del Tsunami tiene como resultado que
todos los señalados tengan abierta una causa por posible terrorismo con una
víctima mortal, situación que se mantendría al menos hasta que otra instancia
revoque la decisión del juez, ya sea en la fase de instrucción o en un eventual
juicio. La Fiscalía
de la Audiencia
Nacional ya ha anunciado que va a recurrir ese auto, pero, en
suma, tras el movimiento del instructor existe el interrogante de si Puigdemont
y Rovira tendrían que someterse a juicio antes de ser amnistiados si se
mantiene el redactado pactado por los republicanos.
Otras
fuentes jurídicas no ven que la eventual muerte ligada a un delito de
terrorismo introducida por el juez varíe la viabilidad constitucional de la
amnistía o sus afectados. Pero una tercera fuente jurídica añade que uno de los
problemas que tiene la inclusión del terrorismo en la amnistía es que, desde el
punto de vista internacional, algunos tribunales consideran que estos delitos
pueden considerarse de lesa humanidad y, por tanto, no amnistiables.
Esta
era la razón por la que se introdujo la distinción entre terrorismo con o sin
muertos, que no era caprichosa sino que intentaba comprender las causas
abiertas en el Tsunami o con los CDR sin colisionar con el derecho
internacional. Sin mencionar expresamente la amnistía, el juez recuerda en su
auto “el compromiso por parte de España”, suscrito en varios convenios
internacionales, para la “persecución” de los delitos de terrorismo.
ERC
y Junts analizan el auto
Desde
los partidos estudiaban este lunes por la tarde las implicaciones que el auto
del magistrado podía tener, no solo a nivel penal sino también desde la
vertiente política, ya que aún hay tiempo para pulir el texto que se acabe
registrando en el Congreso. Todo ello en un contexto de críticas públicas de
los sectores judiciales y policiales más conservadores a una ley de amnistía
pese a que no se ha presentado todavía.
ERC
reunió a su ejecutiva por la tarde, donde se trató el tema. “Hemos dicho que
Tsunami y CDR estaban dentro [de la amnistía] y lo seguimos manteniendo a día
de hoy rotundamente. Sobre cómo resolverlo, no daremos pistas al enemigo”,
aseguraron fuentes de ERC. Por su parte, en Junts consideraban que el auto de García
Castellón demuestra que el texto de ERC no blindaba la causa del Tsunami.
Los
juristas consultados se sorprenden también por la aparición en el auto de un
fallecimiento tras cuatro años de instrucción y que el juez no haya investigado
hasta ahora su vinculación con la protesta de Tsunami. “Saber las causas de una
muerte es la prioridad número uno de cualquier caso con un fallecido, no se
tarda cuatro años en investigarlo”, resumen fuentes jurídicas.
Los
médicos desvincularon al muerto de la protesta
La
hipótesis que García Castellón plantea en 2023 en plena negociaciones por la
amnistía ya fue rechazada hace cuatro años, cuando se produjo el fallecimiento:
el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de Catalunya desvinculó la muerte del
pasajero de la protesta de Tsunami, ya que el fallecido se encontraba en una
terminal cuyos accesos no se encontraban bloqueados por los manifestantes y los
sanitarios pudieron acudir con rapidez a atenderlo, si bien no pudieron
salvarle la vida.
El
juez no recoge en su auto la conclusión del SEM, pese a que fue una información
ampliamente divulgada en los medios en aquellas fechas. En cambio, sí encarga a
la Guardia Civil
que informe “sobre el fallecimiento de la persona de la que se hicieron eco los
medios de comunicación y de su posible vinculación” con el bloqueo de los
accesos a El Prat con el objetivo de ofrecer a sus familiares ejercer la
acusación del caso.
En
su informe final sobre el caso, entregado el pasado viernes, la Guardia Civil no
mencionaba al fallecido ni tampoco da un papel destacado al líder de Junts en
Tsunami, pese a lo cual el instructor atribuye a Puigdemont un “rol de
liderazgo” en las protestas. Hay tres menciones a Puigdemont en el informe: una
nota sobre una reunión en Ginebra de la agenda del jefe de oficina de
Puigdemont, Josep Lluís Alay; una charla entre Alay y un periodista en la que
se dice que Òmnium “informará” a Puigdemont de la presentación de Tsunami; y
una conversación del expresident y un empresario sobre las protestas. Para la Guardia Civil son
elementos poco relevantes, pero para el juez merecen dirigir la investigación
hacia el líder de Junts.
Tampoco
la Fiscalía
comparte el criterio del juez, y ya ha anunciado que recurrirá su auto al
considerar que García Castellón ha introducido artificiosamente elementos del
delito de terrorismo para poder retener la causa en la Audiencia Nacional
y evitar que se investigue en los juzgados catalanes como cualquier otra causa
por desórdenes públicos.
Al
margen del recurso de la
Fiscalía, en la causa de Tsunami, el juez tendrá que
abordar previsiblemente una petición de las defensas para que se aparte de la
causa debido a sus declaraciones sobre la amnistía. “La amnistía no está
prohibida en la
Constitución, pero en la Constitución tampoco
pone que esté prohibida la esclavitud”, afirmó García Castellón –“como
ciudadano”, no como juez, matizó– en el Foro La Región.
Un
muerto y policías heridos
Pero
el juez no se queda en el ciudadano francés fallecido, sino que vincula también
con las protestas de Tsunami y los independentistas imputados las decenas de
policías heridos en los altercados. Pese a llevar más de cuatro años con la
causa abierta, el juez apunta que la investigación está en un momento “inicial”
y “deberá esclarecer la relación existente” entre el llamamiento a las
protestas de Tsunami y los disturbios, además de comprobar “si los resultados
lesivos en las personas y los bienes resultan objetivamente imputables a los
investigados”.
Además
de la protesta en el Aeropuerto y de las pérdidas para las compañías aéreas, el
juez quiere comprobar si Tsunami también puede ser responsable de las lesiones
de agentes en la semana de protestas que siguieron a la sentencia del procés o
de los daños materiales en la autopista AP-7 tras la protesta de la plataforma
en la frontera hispano-francesa. Y no solo eso. El instructor atribuye también
a Tsunami, cuatro años después, un “boicot” de las elecciones generales de
noviembre de 2019 por las protestas convocadas en la jornada de reflexión, si
bien admite que es casi “imposible de determinar”.
“La
imputación del resultado material de las lesiones y de los daños causados a
Tsunami no resulta gratuita, y por el contrario se ve reforzada por la
consciencia que desde la organización se tenía del peligro que podía suponer la
tensión a la que transmitía la organización en la calle”, asevera el juez. ¿Se
puede responsabilizar a Puigdemont de unos disturbios acaecidos a más de 1.000 kilómetros
de distancia de Bélgica? Para García Castellón hay, al menos, que comprobarlo.
Opinión:
He recibido llamadas preguntándome la opinión sobre el tema que ha
presentado el juez García Castellón.
Voy a reescribir el tuit que he publicado hoy al respecto:
“Un juez banaliza el terrorismo (coche-bomba, disparo en la
nuca, bomba-lapa o furgoneta asesina) y lo pone al mismo nivel que una
manifestación que busca cerrar un aeropuerto… sólo puedo decir que ese juez
debería dejar la judicatura y dedicarse, ya sin disimulo, a la política”.
