29
mayo 2026
El
PP potencia una ley frente a los beneficios de los exmiembros de ETA para
defender la voz de las víctimas
La
política penitenciaria del Gobierno vasco y la salida de Txeroki han motivo la
medida
El
Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Congreso de los Diputados ha registrado
una proposición de ley orgánica para blindar el cumplimiento efectivo de las
penas de los condenados por terrorismo, con especial énfasis en los exmiembros
de ETA. El objetivo es defender las voz de las víctimas que no siempre se
refrenda con las decisiones de la Ejecutiva vasca.
El
texto, impulsado por la vicesecretaria Cuca Gamarra y firmado por la portavoz
Ester Muñoz el 14 de mayo, exige que cualquier terrorista que aspire al tercer
grado o a la semilibertad haga una "declaración expresa, pública e
inequívoca de perdón". Misma consigna reclamada desde hace meses por las
asociaciones de víctimas al Gobierno vasco que solamente ha sido respaldada por
los tribunales.
Además,
las víctimas adquieren un papel activo que hasta ahora no tenían. La reforma
modifica el Estatuto de la Víctima para que puedan presentarse ante el juez a
recurrir cualquier decisión que implique la salida de prisión del condenado. La
política penitenciaria del Gobierno vasco y la salida de Txeroki han motivo la
medida presentada.
El
Congreso esquiva al Senado
La
iniciativa deberá lidiar con el Congreso. En varias ocasiones la Cámara Alta ha
buscado terminar las "facilidades" con las que cuentan los exmiembros
de ETA. Desde las filas populares, con mayoría absoluta en el Senado, se ha
instado al Gobierno a garantizar una política penitenciaria para los miembros
de la banda armada regida con el "máximo rigor y respeto a la legalidad
vigente".
Las
propuestas que han arribado al Congreso han sido rechazadas. La última la
presentada por UPN para evitar que los exmiembros de la banda pudieran optar a
una plaza en el profesorado. Esta vez se aspira a un nuevo giro.
La
facción socialista de Navarra, a través de su portavoz, acusó en 2024 al PP de
"utilizar" los trámites parlamentarios para "difamar a las y los
socialistas". En este sentido, Interior se remite a que las competencias
son de carácter autonómico en su gran mayoría. Esta coyuntura ha elevado varias
decisiones a la Justicia. Anboto o Gadafi han visto revocadas sus
semilibertades o beneficios penitenciarios.
Opinión:
Solo una reflexión: ¿por qué no se tomaron estas
iniciativas cuando tuvieron mayoría absoluta? Hubiera sido lo más lógico si
tanto parecen importar “las” víctimas del terrorismo ¿no?
Además, otro dato. ¿Cuántos terroristas estaban en prisión
en 2011 y años posteriores de mayoría absoluta? Obviamente, muchos más que en
2026 cuando, el paso del tiempo, ha obligado a poner en libertad a terroristas
que han ido cumpliendo condenas.
Es más ¿cantos quedan a día de hoy e prisión? Lástima de
tanto tiempo perdido ¿no?
Y ya puestos, otra pregunta: esta propuesta ¿es solamente para terroristas de ETA o también entrarían terroristas de GRAPO o de terrorismo gihadista?
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