13 junio 2026
Algo huele a podrido en el Estado
Ignacio Sánchez-Cuenca
Siempre se ha dicho que una de las grandes lagunas de la
transición fue la falta de renovación del Estado. No solo no hubo renovación en
sectores como el ejército, la policía o la justicia, sino que el gobierno de
Adolfo Suárez aprobó un real decreto por el cual el personal del Movimiento
Nacional se incorporaba a la Administración civil (se publicó el 1 de abril de
1977, aniversario de la victoria del bando franquista en la Guerra Civil). No
era un buen augurio.
En su comparación entre las transiciones española y
portuguesa, Robert Fishman ha señalado que así como en Portugal se produjo una
crisis de régimen y de Estado a raíz de la revolución de los claveles, en
España hubo una crisis de régimen, pero no de Estado, el cual se mantuvo
prácticamente intacto a lo largo del proceso de cambio político.
La brutalidad del Estado
quedó patente en los primeros compases de la transición. La Policía Nacional y
la Guardia Civil acabaron con la vida de 84 ciudadanos que no estaban relacionados
ni con la delincuencia común ni con el terrorismo en el periodo que va entre la
muerte de Franco y la victoria del PSOE en octubre de 1982. Desde noviembre de
1975 hasta las primeras elecciones democráticas el 15 de junio de 1977,
murieron 27 ciudadanos en actividades de protesta, controles de carretera y
altercados con las fuerzas de seguridad. Asimismo, durante la transición y
mucho después, la tortura fue práctica habitual en comisarías y casas cuartel.
En cuanto al ejército, no
hace falta extenderse sobre lo que supuso la amenaza militar en la primera
década democrática. La última intentona golpista tuvo lugar en fecha tan tardía
como 1985: una conspiración de altos mandos militares pretendía crear una
situación de vacío de poder matando al Rey, al presidente del Gobierno y a
otras autoridades durante la celebración del día de las Fuerzas Armadas en A
Coruña.
Las consecuencias de no
renovar el Estado se han dejado sentir a lo largo de las cinco décadas de
democracia. Desde los primeros tiempos, ha habido numerosos escándalos en todo
lo relativo a la seguridad del Estado. Mencionaré solo algunos a modo de
recordatorio: la impunidad de las tramas de ultraderecha en los primeros años
de democracia; el terrorismo de Estado (los GAL), que llevó a un ministro del
Interior a la cárcel; el uso de los fondos reservados para fines ilícitos; el
escándalo de las escuchas ilegales de 1995, en el último gobierno de Felipe
González, que produjo la dimisión del vicepresidente y del ministro de Defensa;
el escándalo de las filtraciones de los papeles de Perote; la corrupción de
Luis Roldán al frente de la Guardia Civil; la manipulación de la información
sobre la autoría del 11-M realizada por el gobierno de José María Aznar; la
llamada policía patriótica durante la etapa de Mariano Rajoy; las tramas en
torno al comisario Villarejo; las escuchas a los independentistas catalanes (el
caso Pegasus), y así hasta llegar al reciente escándalo sobre la trama de Leire
Díez.
Acerca de los problemas de la justicia, he
escrito en numerosas ocasiones en las páginas de La Vanguardia. Hay cada vez
más personas convencidas de la existencia de lawfare (utilización de la ley con
fines políticos) o, al menos, de un doble rasero en los casos políticos. Lo más
inquietante es descubrir la connivencia entre iniciativas de las fuerzas de
seguridad (de la UCO o de la UDEF) y los jueces de instrucción. Se dan por
definitivas las informaciones de la policía aun cuando se han detectado
numerosos errores e invenciones (casi siempre en la misma dirección). En los
últimos años hemos visto causas judiciales que producían vergüenza ciudadana
(las de los García-Castellón, Escalonilla, Peinado, el Tribunal Supremo
condenando al fiscal general del Estado, etcétera).
El origen de muchos de estos problemas se
encuentra, como antes he dicho, en una transición política que no tocó los
aparatos de Estado. Lo interesante, sin embargo, es que con el paso del tiempo
se ha producido una diferencia entre el ejército, la policía y la justicia. El
ejército se ha modernizado y ha superado sus vicios intervencionistas o
golpistas. Hoy no plantea un problema para la gobernación del país. En cambio,
la policía y la justicia siguen involucradas en prácticas que se alejan de lo
que cabe esperar en un Estado de derecho democrático. ¿A qué se debe esta
diferencia?
Para responder a esta
pregunta, hay que recordar la integración de nuestro ejército en la OTAN, así
como su participación en numerosas misiones internacionales. Creo que esa
apertura al exterior y el aprendizaje de las normas y valores que rigen en
otras latitudes ha sido fundamental en la normalización de las relaciones entre
el ejército y el poder político en España. En cambio, policías y jueces siguen
inmersos en las peores tradiciones carpetovetónicas, impregnados por un fuerte
corporativismo y sin entender del todo su papel en una sociedad
democrática.
Hace falta que entre
aire fresco, huele a cerrado en esos cuerpos. Los ministros del Interior y de
Justicia de la época democrática o no se han atrevido a realizar una reforma en
profundidad o han visto cómo se bloqueaba todo intento de cambio. Un cambio
mínimo como el que ha propuesto el actual ministro de Justicia, Félix Bolaños,
consistente en introducir una prueba escrita en las oposiciones a juez, ha
provocado una reacción airada en la mayoría de los jueces, acusando al Gobierno
de querer “someter” la justicia a su control. Que hayamos llegado a ese punto
de ridiculez muestra mejor que ninguna otra cosa el coste de no haber hecho
bien las cosas en su momento.
Opinión:
Solo añadir un comentario
más: el autor del artículo se ha olvidado de mencionar todos los oscuros
intereses integrados en la investigación de los atentados de agosto de 2017 en
Catalunya.
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