20
octubre 2014
Tercer aniversario del cese de la violencia de ETA
Políticos, asociaciones de víctimas, movimientos sociales y familiares
de presos analizan el escenario actual del País Vasco
El tercer
aniversario del cese de la violencia de ETA llega
en un momento extraño. Tras los grandes avances en materia de paz ocurridos en el País
Vasco los últimos
años, los pasos hacia adelante han remitido considerablemente durante 2014.
Sobre la mesa siguen pendientes tres grandes temas clave para desbloquear la
situación: el desarme definitivo
de ETA, la memoria y
las víctimas y
la política penitenciaria. "Vivimos en ausencia
de violencia, pero la paz es algo más", explica Koldo Mediavilla,
responsable institucional del PNV. "Tenemos que aprovechar esta
oportunidad inédita para forjar una nueva convivencia, abandonar los bloqueos
políticos y cerrar ordenadamente esta lamentable y dolorosa historia que hemos
padecido", subraya.
El anuncio de ETA del abandono de la violencia el 20 de
octubre de 2011 tras 43 años de actividad y 829 asesinatos supuso un alivio
incomparable para la sociedad vasca. Esa sensación se palpa todavía en un
territorio muy castigado por años de fractura política y social, de silencios y
miedo. A pesar del optimismo con el que afronta este escenario sin la sombra de
la violencia, el proceso de digestión de todo lo ocurrido parece paralizado. La
lejanía en el tiempo del último hecho destacable en cuanto al desarme aviva esa
sensación de estancamiento. La entrega de la banda en febrero de una pequeña parte de su arsenal a la Comisión Internacional
de Verificación, no reconocida por el Gobierno central, ha sido uno de los
pocos hitos ocurridos este año.
Con
rumores que apuntaban a un posible desarme, el anuncio quedó minimizado por el
escaso material entregado. Tres pistolas, un fusil automático, varias granadas
y algunos kilos de explosivos constituyeron todo el inventario. Ese mismo día,
el portavoz de la Comisión ,
Ram Manikkalingam, explicó que la banda había iniciado el desmantelamiento de
su arsenal con la eliminación y el sellado de una parte de sus "armas,
munición y explosivos". A su vez, en un comunicado, ETA pedía la
"cooperación" de Madrid para llevar a cabo el desarme, algo a lo que
el Ejecutivo de Rajoy se opone frontalmente y que choca con la petición de su
homónimo vasco para que colabore en cerrar este asunto latente. "El
desarme total -explica Mediavilla- debe ser efectivo y verificado, lo que
supondría que el Gobierno español ha participado positivamente en ese
desmantelamiento de los arsenales, algo que desgraciadamente ahora no
pasa", remarca el miembro del PNV.
"Lo
de los verificadores y el sellado de dos cajas de cartón -explica Borja Sémper,
parlamentario del PP- no son más que cantinfladas: las armas son uno de los pocos elementos
de negociación que le quedan a ETA y el desarme es parte de su parafernalia, lo
que quiere es maquillar su defunción", asegura. Calificándolo de acción
propagandística, el PSE también insta a la banda terrorista a entregar todo su
arsenal cuanto antes: "El desarme está en manos de ETA, cuando ha llegado
a la conclusión de que su actividad criminal no tiene sentido, lo que tiene que
hacer es anunciar que se desarma y desaparece", indican fuentes
socialistas. Por su parte, el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, es claro:
"Desde aquel circo el tema está parado; nosotros pedimos al Gobierno que
utilice todos los mecanismos para derrotar a ETA, disolverla y detener a todos
sus miembros".
Hay
sin embargo sectores que consideran vital esa cooperación institucional para
llevar a cabo un desarme con garantías y apuntan al Gobierno como causante de
la tardanza en que se produzca. "El desarme -explica Pernando Barrena,
portavoz de Sortu- va a ocurrir, está claro; si en este momento no avanza a
velocidad de crucero, como todos quisiéramos, es porque la unilateralidad ralentiza
estos procesos". En la misma línea se expresa el portavoz del movimiento
social por la paz Lokarri y organizador de la Conferencia de San Sebastián que precedió al anuncio del cese de
ETA, Paúl Ríos: "Las propias Naciones Unidas señalan una serie de
requisitos y herramientas técnicas necesarias para llevar a cabo un proceso de
desarme; principalmente, hace falta la colaboración de los gobiernos implicados
y también de entidades internacionales", indica. "El Ejecutivo
-continúa- no solo no está dispuesto a colaborar, sino que ha puesto obstáculos
a la comisión de verificación", dice en alusión a que los miembros de ese
grupo fueron llamados a declarar en la Audiencia Nacional
después del anuncio a principios de año de la entrega de parte del arsenal.
El
Gobierno vasco señala por su parte tanto a la banda terrorista como a Madrid
como los causantes del bloqueo. "El Ejecutivo español -explica Mediavilla-
se ha desentendido totalmente de la necesidad que hay de cerrar esta página
negra ordenadamente: tras la constatación de que ETA no volverá, la cuestión le
preocupa poco o nada, algo incomprensible ya que los problemas se solucionan o
se enquistan", dice. Para el PNV, el PP está "al albur de grupos de
presión que siguen utilizando la lucha contra el terrorismo como una materia de
rédito electoral". En lo relativo a ETA, el partido de Urkullu emplaza a
la banda a seguir dando pasos de forma unilateral que confirmen su desarme y
disolución y a que reconozca el injusto daño causado. "Una organización
que ha decidido acabar con su actividad armada, ¿para que quiere armas? Y sin
armas, ¿qué sentido tiene mantenerse como estructura?", se pregunta
Mediavilla.
Política penitenciaria
Con
469 presos distribuidos en 76 prisiones, la política penitenciaria es uno de
los elementos que mayor confrontación provoca en Euskadi. La dispersión de los
reclusos, la mayoría en un radio superior a 600 kilómetros del
País Vasco, es junto a la petición de salida de aquellos con enfermedades
graves e incurables, motivo de continuas movilizaciones a lo largo del País
Vasco y Navarra. "La actual política penitenciaria -indica Muriel
Lucantis, miembro de Etxerat, la asociación de familiares de presos de la
banda- es una pena impuesta más allá de la dictada por los tribunales y que a
nosotros, sus familiares y allegados, nos condena implícitamente: accidentes,
erosión física, sangría económica...". "Cada fin de semana
-continúa-, cada viaje de largas horas que debemos realizar, ese peso impuesto
para acceder a nuestro derecho a las visitas, es una amenaza al volante",
subraya.
El
Ejecutivo de Rajoy apunta a la propia banda como llave para modificar esa
política penitenciaria. "Ya lo ha dicho el Gobierno, en el momento en el
que se disuelva, la dispersión también se resolverá; nació por ETA y
desaparecerá con ETA", explica Sémper. La asociación de familiares de
reclusos, Etxerat, sin embargo, critica el mantenimiento de una medida nacida
en unas circunstancias muy diferentes a las actuales. “La dispersión se
mantiene ahora en los mismos parámetros que hace 25 años; sus consecuencias,
sin embargo, no son iguales, se acrecientan puesto que las penalidades fruto de
la vulneración de nuestros derechos se acumulan sobre presos y familiares”,
subraya Lucantis, que acusa a PP y PSOE de "seguir buscando réditos
políticos en el sufrimiento".
El
tradicional funcionamiento de los presos de ETA como un colectivo, al que la
banda impedía acogerse a la legislación española en materia de reinserción, es
para estas dos formaciones el principal motivo de las dificultades para avanzar
en esta materia. "La izquierda abertzale ha hablado a veces de que puede
haber una solución colectiva para los presos, algo que no va a pasar",
indican desde el PSE. "Los reclusos -continúan- han estado sometidos a la
disciplina que imponía ETA, que los ha tenido como rehenes en las cárceles:
tienen que mostrar su voluntad individual de reinsertarse y ETA podría
facilitar el camino anunciando su disolución completa". En el mismo
sentido, Sémper añade: "El colectivo de presos es muy homogéneo y cerrado,
pero empieza a haber discrepancias, aunque todavía cuesta mucho: cualquier
preso que se acoja a beneficios penitenciarios y su familia son tratados como
traidores", dice.
Si
la petición del acercamiento de los presos a las cárceles vascas ha sido
siempre un motivo continuo de reivindicación, tras el cese de ETA ésta se ha multiplicado.
Para la plataforma pacifista Lokarri el nuevo escenario debería tener su
reflejo en la política penitenciaria, derivando en el traslado de los reclusos,
algo que defiende también el PNV: "El Gobierno español debe dar fin a la
política de excepción antiterrorista articulando fórmulas, desde la propia
legalidad, que posibiliten la resocialización de los presos", reclama
Mediavilla. Para la izquierda abertzale, este asunto, así como la negativa a
participar en el proceso de desarme, evidencia la "cerrazón" de
Marid: "Estos tres años han demostrado que estamos ante una posición de
inmovilismo por parte del Estado, no solo del PP sino también del PSOE, que
actuó igual cuando gobernó", dice Barrena.
Memoria
La elaboración de un relato unitario de la violencia ocurrida en Euskadi las últimas décadas constituye un tema sensible y que origina continuas discrepancias entre las fuerzas políticas vascas. El recuerdo de las víctimas y su importancia a la hora de vertebrar la historia reciente del País Vasco ha dado lugar a iniciativas como la creación de un Instituto de
"Las
víctimas somos las que hemos evitado el conflicto armado, somos los referentes
de paz", reivindica Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas
del Terrorismo (Covite), y hermana de Gregorio Ordóñez, edil del PP asesinado
por ETA en San Sebastián en 1995. La asociación ha denunciado en ese sentido
ante Europa el uso del término 'proceso de paz' al considerarlo un intento de
la izquierda abertzale de "manipular" el pasado. "Solo puede
haber procesos de paz en los países que ha habido conflictos armados, algo que
aquí no ha ocurrido: en el País Vasco ha habido crímenes contra los derechos
humanos en una situación de paz, no hemos respondido a la violencia con más
violencia", sentencia.
Desde
el PSE se apela a una labor que trascienda la política para conseguir una
fotografía real de la violencia en el País Vasco: "Aquí hay un trabajo no
solo político, sino de toda la sociedad: garantizar que haya un retrato veraz,
justo con las víctimas y su sufrimiento, que proporcione a esta generación y a
las venideras información para conocer qué ha pasado realmente aquí",
explican. "Además de muchas víctimas -dice Sémper- ETA ha dejado un poso
de odio en parte de la sociedad vasca". "Ahora -continúa el parlamentario
del PP- tenemos que hacer pedagogía de la democracia, del respeto al
discrepante; esa es la parte más difícil que nos queda: eliminar esos espacios
de odio".
A
lo largo de estos últimos tres años, cada vez más dirigentes abertzales han
censurado el uso de la violencia, aunque todavía faltan pasos. Para el PNV, es
vital que el mundo que apoyó la actividad de ETA y, sobre todo la banda,
admitan lo ocurrido: "Deben reconocerse las consecuencias de años de
violencia, del daño ocasionado", indica Mediavilla. "El cambio de
discurso de la izquierda abertzale -dice Sémper- no es malo, pero mantenemos un
nivel de exigencia alto, tienen que deslegitimar el uso de la violencia, decir
que fue un error".
Para
Ordóñez, "ETA está consiguiendo sin matar lo que no ha conseguido
matando". "En este periodo sin violencia -explica-está triunfando su
propaganda y su blanqueo del terror", dice, a la vez que lamenta la
legalización de las distintas marcas electorales abertzales, la última Sortu,
en mayo de 2012. En la misma línea se explica UPyD: "Hay muchos partidos
que pretender pasar página y olvidar lo ocurrido, y esto supondría una gran
injusticia", dice Maneiro. "Nosotros reivindicamos justicia, verdad y
memoria", subraya.
Para
superar el cierto bloqueo que atraviesa el proceso, la izquierda abertzale
enfatiza la importancia de dos puntos, el tema de presos y también las
víctimas. "Hay que abordar un cambio en la política penitenciaria y un
acuerdo multilateral que reconozca y repare a todas las víctimas de los últimos
50 años", dice Barrena. En ese aspecto, el Gobierno vasco ha
comenzado a reconocer a las víctimas de los abusos policiales en los últimos
años del franquismo y durante la transición y espera que eso se traslade
también a años posteriores, una iniciativa puesta en marcha por el gobierno
socialista de Patxi López con la intención de hacer un retrato general de la
violencia en el País Vasco. En ese sentido, familiares de víctimas de los GAL y
de distintos grupos parapoliciales que actuaron en Euskadi anunciaron también
en junio que van a llevar al Tribunal de Estrasburgo la negativa de Interior a
actualizar las ayudas que recibían.
Convivencia
A pesar de las dificultades a nivel institucional que presenta este escenario sin violencia, en la calle la convivencia ha avanzado mucho en tres años. La brecha social abierta por el terrorismo va poco a poco cerrándose y las distancias entre extremos apuestos se acercan paulatinamente. Un termómetro que da fe de este cambio son las fiestas veraniegas de las distintas localidades de Euskadi, eventos tradicionalmente conflictivos. Reclamaciones ideológicas, carteles reivindicativos y sectarismo eran el caldo de cultivo de choques sociales. Por primera vez en muchos años, en 2014 no se han registrado incidentes. "El proceso a nivel social está avanzando mucho más rápido que a nivel político, se está generando una cultura de convivencia sólida y que nos permite pensar que la paz no tiene vuelta atrás", remarca Paúl Ríos, de Lokarri.
"El
fin de la violencia -dicen desde el PSE- ha traído mucha tranquilidad a
Euskadi: ahora tiene que comenzar una etapa de plena libertad", subrayan.
El escenario ha cambiado mucho en los últimos años. La ausencia del terrorismo
se aprecia por la calle, en la gente. "Se percibe esta nueva Euskadi -dice
Mediavilla, del PNV-, la etapa de perturbación continuada que significaba la
violencia y el terrorismo parece finalizada". A pesar de las dificultades
y los abismos todavía existentes, ese sentimiento se extiende por el País Vasco
tras muchos años oscuros.
En
el documental La pelota vasca, el escritor vasco Bernardo Atxaga, se
refería a la violencia como un "tremendo peso sobre los hombros de todos
los vascos". "Cuando haya pasado, levitaremos", decía.
"Vivimos días balsámicos de ausencia de atentados, de una incipiente forma
de vida en la que nadie teme por su integridad, es una bendición", indica
Mediavilla. Y remarca: "Ahora toca construir una nueva convivencia".
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