13 febrero 2015
Sin verdad
compartida sobre ETA
Tres años después del cese definitivo de la
violencia terrorista, las instituciones siguen divididas ante las cifras
totales de víctimas y los casos sin esclarecer
Ambrosio Fernández Recio murió en 2007 a los 79 años. Falleció
por una neumonía semanas después de quedar a la intemperie al ser desalojado de
su vivienda tras el ataque a una sucursal de La Caixa en Mondragón
(Gipuzkoa). Ramón Mayo murió accidentalmente por el atropello de una ambulancia
cuando socorría a las víctimas del atentado etarra al cuartel de Vic
(Barcelona) en 1991. ¿Son ambos víctimas de la banda terrorista?
Según para quién. Más de tres años
después del cese definitivo de la violencia etarra, es imposible recabar de las
autoridades una lista definitiva de fallecidos atribuidos a la organización
terrorista. No solo eso: la cifra total varía según a quién se pregunte. La web
del Ministerio del Interior ofrece la cifra de 828 víctimas mortales de ETA
mientras la Oficina
de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo —que depende del mismo ministerio—
considera que son 856. Pero asociaciones de víctimas como Covite suben la cifra
a 858. Este último dato se puede contrastar con los nombres y apellidos de cada
uno de los fallecidos. No ocurre lo mismo con la cifra del Ministerio del
Interior: es imposible saber los nombres de los 828. Es decir, no se puede
saber quiénes son, para el Gobierno español, las víctimas de ETA.
Los colectivos de víctimas, el
Gobierno central y el Ejecutivo vasco tampoco se ponen de acuerdo sobre el
número de casos sin esclarecer: son 349 para algunas asociaciones de víctimas;
224 para la
Audiencia Nacional y 197 para el Gobierno vasco.
José Manuel Rodriguez Uribes,
exdirector de Apoyo a las Victimas del Terrorismo del Gobierno central con el
Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y participante en el
informe elaborado por el Ejecutivo vasco, atribuye la gran distancia entre el
listado del colectivo de víctimas de casos sin resolver y el institucional a
criterios dispares sobre ese concepto. La Audiencia Nacional ,
según Rodríguez Uribes, considera esclarecidos los casos en los que ha habido
sentencia. Sin embargo, las asociaciones de víctimas no los consideran
aclarados cuando en la sentencia alguno de los encausados no ha sido
encarcelado —por estar huido u otra circunstancia—.
Tampoco dan la misma cifra de casos sin resolver la Fiscalía de la Audiencia Nacional
y el Ejecutivo vasco. En este caso, la diferencia no es tan grande, 27 asuntos.
En este caso, la diferencia procede de las discrepancias entre administraciones
sobre quiénes son los muertos que se pueden atribuir a ETA. El Gobierno de
Vitoria realizó un estudio exhaustivo de 44 casos controvertidos y acabó
descartando como atentados de ETA más de una veintena, según indica Rodríguez
Uribes. Estos, por tanto, han desaparecido también de la lista de casos sin
resolver.
De ellos, resulta emblemático el de
la niña Begoña Urroz, muerta por atentado terrorista en San Sebastián en 1960 y
que el Ministerio del Interior consideró primera víctima de la banda ETA. Pero
otra investigación, acreditada con documentos policiales de la época, concluyó
en 2013 que el autor del atentado fue el DRIL (Directorio Revolucionario
Ibérico de Liberación), un grupo libertario portugués. Hay otros casos sobre
los que no hay acuerdo, como el de Martín Merquelanz, que Interior atribuye a
ETA y otros, entre ellos, el Gobierno vasco, al Batallón Vasco Español.
La mayoría de los casos no
esclarecidos se concentran en los años de la Transición. El
informe de la Fiscalía
sitúa entre 1978 y 1982 los casos de 128 víctimas sin esclarecer. La cifra baja
a 83 entre 1982 y 1996 y ya de manera muy sensible a 12 entre 1996 y 2004. Solo
hay uno entre 2004 y 2009, año del último atentado etarra en España.
Las causas de esta anomalía las explica el informe
de la Oficina
de Víctimas del Terrorismo —dependiente del Ministerio del Interior—, de
diciembre de 2013. Varios factores confluyeron: la frenética actividad
terrorista, sobre todo entre 1978 y 1983; la ausencia de medios informáticos;
la existencia de solo dos juzgados de Instrucción frente a los seis de hoy en la Audiencia Nacional ,
creada en 1977, y la asunción por parte de los juzgados vascos de causas que no
se remitían a la Audiencia.
También hay que añadir, como hace
el informe del Gobierno vasco, la mini amnistía, materializada entre 1982 y
1985 por los Gobiernos de UCD y PSOE como resultado de la disolución de ETA
político-militar. Afectó a causas en las que hubo varias decenas de víctimas
mortales por atentados entre 1978 y 1982 pero que aparecen como sobreseídas.
Rodriguez Uribes considera que con
motivo de la elaboración del informe del Gobierno vasco —que se presentará en
el Parlamento vasco— “se perdió una oportunidad para unificar criterios entre
la administración vasca y la central”. Los autores del documento del Ejecutivo
vasco —el jurista José Antonio Martín Pallín; la catedrática de la UPV , Enara Garro; el
periodista Carlos Fonseca y el propio Rodríguez Uribes— denuncian la falta de
colaboración de la
Subsecretaría y la Secretaría de Estado de Interior, que no
respondieron a sus peticiones de datos. Tampoco lo hizo la dirección general de
Asistencia a las Víctimas del Terrorismo ni la Fundación de Víctimas,
en la que participan altos cargos gubernamentales. El Ministerio de Interior
responde que, siguiendo su protocolo, remitieron las demandas del Gobierno
vasco a la Oficina
de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo. Y este último no respondió por si
se vulneraba la Ley
de Secretos Oficiales.
El exdirector de Apoyo a las
Víctimas del Terrorismo defiende que esta cuestión debería ser
“suprapartidaria” y cree que la constitución de la comisión mixta, con
representantes del Gobierno central y vasco, que va a crear el Centro de la Memoria , será una nueva
oportunidad para establecer una verdad compartida.
Tres informes no coincidentes
Todo empezó en 2010, cuando
representantes de colectivos de víctimas del terrorismo presentaron al entonces
presidente de la
Audiencia Nacional , Angel Juanes, un listado con 349 víctimas
del terrorismo etarra cuyos casos, según indicaban, no estaban esclarecidos.
Era un 40% sobre el total de víctimas y le solicitaron una investigación que él
derivó hacia la Oficina
de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior.
Unos meses después, en junio de
2011, hicieron la misma solicitud a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
El dato presentado por los colectivos de víctimas estaba extraído del libro Vidas
rotas, coordinado por Rogelio Alonso y Florencio Dominguez. Por
otro lado, a finales de 2013, el Gobierno vasco, en el marco de su plan de paz
y convivencia, encargó a cuatro expertos —solo uno del País Vasco— su propio
informe sobre los casos no esclarecidos del terrorismo etarra, ampliado al
contraterrorismo que actuó en Euskadi (Batallón Vasco Español, GAL...).
El primero de los informes
conocidos fue el de la
Fiscalía de la Audiencia Nacional , en diciembre de 2011, que
reducía la cifra de casos de víctimas mortales de ETA sin esclarecer de 349 a 224. Precisaba que de
los 270 procedimientos penales correspondientes a esas 349 víctimas mortales,
había 89 casos resueltos (correspondientes a 130 víctimas). Por otro lado, a
finales de 2013 la Oficina
de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo concluía que de los casos
estudiados había 83 que ya tenían sentencia (seis menos que los que señalaba la Fiscalía ). Finalmente,el
informe del Gobierno vasco, conocido a fines de 2014, reduce aún más la cifra
de casos sin esclarecer. De 224 que fijaba la Fiscalía de la Audiencia Nacional ,
lo rebaja a 197 víctimas
Opinión:
Si las cifras sobre las víctimas
asesinadas a causa de los atentados de la banda terrorista ETA no coinciden
dependiendo de las fuentes consultadas, ya no quiero ni pensar lo que podrá
ocurrir en lo relacionado con los heridos y heridas.
Aunque ya nada me extraña… como
ejemplo, los años que llevo denunciando el NO reconocimiento de los fetos no
nacidos a causa de un atentado terrorista. Y lo mas curioso de todo es que no
me consta que ninguna de las asociaciones “pro-vida” o “antiabortistas” que
existen y que incluso envían convocatorias para que se acuda a la última manifestación
de la AVT hayan
hecho protesta alguna ante tal situación.
Pero es lo mismo, tampoco han
llamado nunca a las familias que se encuentran afectadas por tal circunstancia.
Ah, y no olvidemos otro detalle….
Que en este bendito país han actuado otras muchas bandas terroristas que también
han causado víctimas mortales. Y heridos de diversa consideración… Y como víctima
de ETA denuncio que ¿será que son menos víctimas que las de ETA?
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