viernes, 31 de marzo de 2017

31 marzo 2017 (3) El País (opinión)

31 marzo 2017 



‘Operación Araña’: dos absoluciones, 42 condenas y 33 casos pendientes
La Guardia Civil realizó cuatro ciberredadas entre 2014 y 2016


La mayor parte de los 77 detenidos o imputados en las cuatro ciberredadas realizadas entre abril de 2014 y el mismo mes de 2016 por el Servicio de Información de la Guardia Civil han sido condenados. Según datos del instituto armado, 42 de ellos —entre los que se encuentra Cassandra Vera— han recibido fallos de hasta dos años de cárcel y solo dos han sido absueltos. Los 33 casos restantes aún están pendiente de juicio o, en algún caso, el sumario ha sido archivado provisionalmente.

Estas cifras se han convertido en el principal argumento de la Guardia Civil para defender su trabajo ante los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas en las redes sociales. “Por un tuit no se detiene a nadie”, aseguran fuentes del instituto armado. E insisten en que ellos cumplen la ley “con sentido común” y solo presentan ante el juez aquellas actuaciones que el Código Penal define desde el año 2000 como delictivas.

Estas fuentes detallan que buena parte de sus actuaciones son propiciadas por denuncias que los ciudadanos hacen llegar a través de perfiles de la Guardia Civil en redes sociales. Se inicia entonces una investigación en la que lo primero que comprueban es si el autor del mensaje ha hecho otros similares de modo reiterado y si los propaga en perfiles públicos. Solo entonces acuden al juez.

“Aquí no hay mandamientos de entrada y registro de domicilios. Tan solo se pide una orden judicial para salvaguardar los datos contenidos en los servidores de Twitter o Facebook. También se interviene el móvil desde el que se han enviado los mensajes delictivos para cerciorarnos de que el autor es su propietario y no alguien que haya hackeado su perfil”, detallan al explicar su labor.

Las detenciones han revelado que los detenidos suelen ser muy jóvenes. “Muchos no sobrepasan los 20 años y en la mayoría de las ocasiones no son conscientes de las consecuencias. No hay conexiones entre sí salvo en raras ocasiones”, añaden al recordar el caso de Luis y María L. S., hermanos arrestados cada uno de ellos en una fase distinta de la Operación Araña.

Opinión:

La legislación marca como delito ciertas actividades y, guste mas o guste menos, la legislación hay que cumplirla o cuanto menos, acatarla. Podremos discutir si la legislación es legal o es justa y eso sería motivo de amplias disquisiciones.
Pero lo que no es motivo de duda es que hay que perseguir TODOS y cada uno de los posibles delitos de enaltecimiento de terrorismo, de humillación a las víctimas.
Dicho esto: ¿cuándo se va a decidir la Fiscalía a investigar el tuit del periodista Alfonso Rojo del pasado lunes 27 de marzo? A mí me ofende pero creo que el problema para quien debe investigar no es lo que me importe a mi sino quien es el autor de la presunta ofensa.

Lo publico de nuevo para ir refrescando la memoria de quien debería investigarlo…


31 marzo 2017 (2) libertaddigital (opinión)

31 marzo 2017



Francisco José Alcaraz

Blanqueamiento de ETA: en mi nombre, NO
Creía que la hipocresía de los líderes del PP había tocado fondo; me equivoqué.

ETA prepara un acto de blanqueamiento para el 8 de abril. Un acto de blanqueamiento de sus zulos con armas oxidadas y controlados por cuerpos policiales.
Este anuncio de ETA ha tenido una respuesta coherente de quienes no nos dejamos engañar ni nos hemos sumado al proceso de su blanqueamiento. Que ETA pretenda blanquearse es algo esperado y que forma parte de lo pactado en el proceso de rendición del Estado de Derecho. Aunque duele que este proceso avance, por conllevar una tremenda impunidad y una gran recompensa por dejar de cometer crímenes terroristas, lo que realmente me indigna es la actitud de los políticos que pretenden blanquear su traición.
Dice el PP Vasco que realizará “un acto alternativo” al desarme de ETA en el que estarán el Gobierno, víctimas y los que fueron a las manifestaciones y portaron el lazo azul. Creía que la hipocresía de los líderes del PP había tocado fondo; me equivoqué. Vuelven a utilizar a víctimas que se dejan para intentar darles la autoridad moral que perdieron.
Si realmente quieren contrarrestar la campaña de ETA, lo tienen fácil: cumplan todas y cada una de las exigencias que se hacían a Zapatero en las manifestaciones de la Rebelión Cívica, a las que muchos de ellos iban enfadados por no estar en la primera pancarta.
Si quieren dar respuesta a ETA y homenajear a las víctimas con la justicia y la verdad, además de cumplir con su compromisos electorales pueden hacer lo siguiente:
1) Hacer públicas las actas de la negociación con ETA, que con tanta insistencia exigían al PSOE.
2) Derogar el permiso parlamentario vigente para negociar con ETA. Una exigencia en la modificación de Ley de Víctimas que propusimos para que nunca se negociara con terroristas y que se negaron a apoyar.
3) Eliminar la vía Nanclares, creada por Rubalcaba y que tiene como finalidad el acercamiento y las excarcelaciones de terroristas. La vía Nanclares que fue criticada por el PP, que pidió derogarla, y que Rajoy ha suavizado en favor de los etarras.
4) Detener a Josu Ternera y a todos los terroristas que se pasean por distintos países con total impunidad. Ternera está controlado por fuerzas policiales que tienen órdenes de no detenerlo.
5) Aplicar la Ley de Partidos y expulsar de las instituciones al partido de los proetarras. Las centenares de pruebas sobrevenidas en estos cinco años son más que suficientes para ello.
6) Permitir que se sepa toda la verdad del proceso, como se exigió a Zapatero.
El séptimo punto sería un cúmulo de compromisos incumplidos por Rajoy en política antiterrorista que no olvidara los hechos consumados en la traición, con más de un centenar de etarras, violadores y pederastas excarcelados bajo un pretexto alegal e inmoral.
Los hechos demuestran que Rajoy utilizó y utiliza a las víctimas del terrorismo con fines partidistas, las utiliza para blanquear su traición. Ante este blanqueamiento, donde se encuentran políticos, medios de comunicación e incluso responsables de asociaciones o fundaciones de víctimas, tengo que seguir gritando alto y claro: EN MI NOMBRE, NO.

Opinión:

Partiendo de la base de que la gran mayoría aportan sus declaraciones sin consultar previamente a sus supuestos representados, hace mucho tiempo decidí que no publicaría información que pudiera afectar a la credibilidad de presidentes o representantes del colectivo de víctimas, ya fueran de asociaciones o de fundaciones. Han sido muy pocas las veces que he publicado esas entrevistas a no ser que pudieran afectar a la reputación o a la imagen de alguna víctima a nivel personal (incluyendo a un servidor).
Ello no quiere decir que no tenga la información bien archivada y documentada, pero ese ya es otro tema…
Por ello no pensaba que tendría que dar paso a unas declaraciones del señor Francisco José Alcaraz, pero una víctima me ha hecho llegar la presente información y me he decidido a opinar brevemente sobre ella.

En 2002 fui expulsado de la AVT por decir ni la décima parte de lo que ahora dice el señor Alcaraz. Se me ocurrió decir públicamente que en la nueva junta se estaba infiltrando cierta ideología política concreta.
Me alegra ver que catorce años después se reconoce que lo que yo intuía que estaba ocurriendo se transformó después en realidad. El señor Alcaraz dice que “creía que la hipocresía de los líderes del PP había tocado fondo; me equivoqué. Vuelven a utilizar a víctimas que se dejan para intentar darles la autoridad moral que perdieron”.
La frase “vuelven a utilizar a víctimas que se dejan” resume a la perfección lo que ya advertí en su momento: si “vuelven a utilizar a víctimas” ¿significa que ya se habían utilizado antes? Cuando dice “A víctimas que se dejan” ¿significa que también hay víctimas que no se dejan utilizar?
Sobre los puntos que el señor Alcaraz menciona no voy a decir nada porque respeto todas las opiniones. Hasta puedo decir que coincido en algunos de esos puntos. Pero en cuanto al tema del “blanqueamiento de ETA” solo diré que a la banda terrorista ETA la blanqueará quien crea que puede blanquearla y quien se quiere creer ese blanqueamiento. Pero muchísimas víctimas y la inmensa mayoría de la sociedad sabemos que hay detergentes que no blanquean sino que solo esconden o disimulan la suciedad.
Y con no comprar esos detergentes es suficiente.
Por cierto ¿para cuando una manifestación como las de mediados de la pasada década?


31 marzo 2017 El Periódico de Catalunya (opinión)

31 marzo 2017 



Deroguemos las leyes de excepción
El PP endureció la legislación antiterrorista para atornillar al entorno de ETA. Extinta la banda, aplicársela a tuiteros y raperos carece de todo sentido

La linde entre el humor negro y el mal gusto es tan tenue que, las más de las veces, quienes practican el primero acaban incurriendo en el segundo. Se viertan en Twitter, en los escenarios o en artículos de opinión, los chistes macabros pueden herir sensibilidades individuales o colectivas, máxime cuando ofenden a todo un pueblo, a una raza o a las personas de determinado género o tendencia sexual.

Por eso las democracias modernas se han dotado de instrumentos penales para perseguir la incitación al odio, el racismo o la homofobia, pero procuran aplicarlos con sumo tiento. El humorista francés Dieudonné fue repetidamente multado por sus provocaciones antisemistas, pero solo fue condenado a prisión por apología del terrorismo al solidarizarse con uno de los autores de la matanza del 'Charlie Hebdo'. La pena, de dos meses, ni siquiera le llevó a pisar la cárcel.

En España, en cambio, el legislador ha ido mucho más allá. Los gobiernos del PP han endurecido el tratamiento penal de algunos delitos de opinión, ahora tipificados como «enaltecimiento del terrorismo» y «humillación a las víctimas». Reformas que han permitido a la Audiencia Nacional juzgar los tuits de Cassandra Vera y los versos del rapero César Strawberry, sin duda zafios, e imponerles a ambos  condenas de prisión. 

Paradójicamente, las gracietas de Cassandra sobre el asesinato de Luis Carrero Blanco a manos de ETA ofendieron más al tribunal que a la nieta del almirante franquista, quien pidió su absolución. Quizá porque los chistes a cuenta de la voladura del coche de Carrero vienen de antaño: «De todos mis ascensos, el último fue el más rápido», escribieron Tip y Coll... en 1984. Hoy podrían estar sentados en el banquillo.

El Estado blandió el Código Penal para atornillar al entorno de ETA, pero tras haberla derrotado policialmente carece de sentido seguir aplicando 'urbi et orbe' unas leyes de excepción que deberían ser derogadas o abandonadas en un cajón. Porque el yihadismo no se combate con estas armas.

Opinión:

Que desde octubre de 2011 la banda terrorista ETA haya cesado su actividad no debería ser la razón para derogar ninguna legislación. Lo que debería hacerse de una vez por todas es tener absolutamente definido cual es el concepto al que nos referimos cuando se habla de “terrorismo” y, por extensión, de lo que sería humillación a “las” víctimas, porque lo que para una víctima puede ser motivo de humillación para otra puede no serlo o a una tercera no importarle lo más mínimo.
Por ello, lo más práctico sería conocer la opinión de la víctima a la que se menciona en los tuits o en los comentarios que pueden suponerse delictivos. Si la víctima directamente mencionada no se siente atacada ni humillada ¿para qué tienen que entrar otros estamentos en el tema?
Evidentemente, para corregir estas cuestiones habrá que revisar la legislación y por ello hay quien se olvida que la legislación aplicable a estos temas la crearon y votaron los Diputados… por lo tanto, las quejas deben dirigirse a ellos y no a los que solo aplican la ley, en este caso los jueces.

Por cierto, lo del tuit de Alfonso Rojo ¿alguien lo va a investigar?

30 marzo 2017 elconfidencial.com (opinión)

30 marzo 2017 



Las víctimas de Txapote claman al cielo: “¿Y mi madre cómo va a la tumba de su hijo…?”
Los familiares de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez o Fernando Buesa, asesinados por el que fuera jefe militar de ETA, critican la “peligrosa” decisión del juez Castro

Las víctimas del sanguinario ex jefe militar de ETA Francisco Javier García Gaztelu, alias ‘Txapote’, quieren levantar la voz. No están de acuerdo con la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro, que —en contra del criterio del Ministerio del Interior y de la propia junta de tratamiento de la prisión— ha concedido un permiso extraordinario al etarra para que este salga de prisión y vaya a visitar a su padre, un hombre mayor que tiene “dificultades de movilidad”.
“¿Alguien se preocupa acaso de que mi madre, que también está mayor, haga un viaje cómodo para ir a ver la tumba de su hijo, que está a 1.200 kilómetros?”, se pregunta Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado el 23 de enero de 1995 en San Sebastián. García Gaztelu fue condenado a 30 años de prisión en 2006 por participar en este atentado. “No se puede afirmar con exactitud”, dijo la sentencia, si Txapote fue quien disparó o quien esperó fuera del bar para facilitar la huida, pero en cualquier caso resulta “penalmente irrelevante al estar acreditado que estuvo en la ideación, en la decisión y en la ejecución” del asesinato.
“Ahora tiene sentimientos y es humano“, afirma con dramática ironía Consuelo, que se queja también de haberse enterado por la prensa de la decisión del juez Castro. Su familia, asegura, reclamó estar al tanto de cualquier movimiento que se produzca en relación con el recluso, tal y como contempla la ley, pero el magistrado no ha cumplido su parte. “Tenemos que hablar con Castro para que nos explique”, ha indicado la hermana del que fuera concejal del PP y hombre llamado a liderar el partido en el País Vasco.
En una línea similar se expresa Mikel Buesa, hermano del vicelendakari y dirigente de los socialistas vascos Fernando Buesa, asesinado el 22 de febrero de 2000 junto a su escolta, el ‘ertzaina’ Jorge Díez Elorza, cuando se dirigía a su trabajo. La Audiencia Nacional consideró acreditado en su sentencia de 2011 que el atentado había sido ordenado por Txapote, que fue condenado a 105 años de cárcel por este motivo. “Castro ha actuado de forma negligente y reprobable“, califica Mikel Buesa, quien entiende que el juez ha aplicado “un criterio excesivamente benevolente que no tiene justificación”.
“Este individuo es responsable de numerosos asesinatos, ya sea por cometerlos como por ordenarlos”, recuerda el hermano de Fernando Buesa, quien considera que el estado del padre de García Gaztelu “no es motivo suficiente” para concederle un beneficio penitenciario. Su opinión la comparte también el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Alfonso Sánchez, quien recuerda que el exdirigente de ETA representa al colectivo más duro de los presos de la organización terrorista.
“Puede ser una decisión legal, pero el juez Castro se merece un tirón de orejas moral”, asegura Sánchez en referencia a la negativa de la Fiscalía a recurrir la decisión del magistrado de Vigilancia Penitenciaria, una manera de aceptar la legalidad de la iniciativa. “Alguien tendría que pararle los pies” a Castro, afirma el presidente de la AVT, quien admite haber buscado sin éxito medidas legales para anular la decisión del juez. “Lo hace de forma legal, pero también inmoral”, remarca Sánchez, quien cree también que el magistrado no ha medido “el dolor” que provoca a las víctimas y el mensaje tan “peligroso” que manda, ya que “este sanguinario terrorista no ha mostrado ni un ápice de arrepentimiento”.

Opinión:

Para empezar y para dejar las cosas claras, el trato que reciben los terroristas que todavía están en las cárceles es, comparado con el que deberíamos recibir las víctimas, muy complicado de entender. Lo del terrorista “Txapote” es muy poco ético y muy molesto pero, por desgracia, la legislación aplicable es la que es.
Por ello, digo con toda sinceridad que cada día estoy más acorde con la decisión que tomé de trabajar por libre y no dejarme representar por nadie. Que alguien diga, supuestamente en nombre de “las” víctimas del terrorismo que un juez toma una decisión “de forma legal pero también inmoral” me demuestra que no tiene demasiados conocimientos a nivel jurídico porque un Juez no legisla, solamente aplica la legislación que hacen los políticos en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, los comentarios de protesta deberían ir dirigidos hacia esa clase política creadora de las leyes… por lo tanto ¿qué? ¿lo van a hacer?
Del mismo modo, me gustaría saber qué gestiones han realizado los que ahora muestran su disconformidad por el trato que recibe el terrorista “Txapote” tras la situación que vivimos el 24 de junio de 2015 en la Audiencia Nacional. Recuerdo que estábamos allí el hermano de la víctima mortal, su abogado (también víctima del terrorismo) y un servidor cuando tuvimos que compartir la misma fila de entrada en las dependencias de la Audiencia Nacional con dos de los cuatro acusados por el asesinato de Joan Fructuoso. Sí, dos de los cuatro ya estaban en la calle, libres gracias la legislación vigente en 1987.
¿Alguna llamada de apoyo, de solidaridad? Por decirlo finamente, no me consta… y luego nos quieren hacer creer que entre las propias víctimas no hay categorías…
Para terminar... el "tirón de orejas" se lo merecen los que hacen las leyes... no es tan difícil de entender.


30 marzo 2017 (26.03.17) (3) El Mundo del Siglo XXI (opinión)

30 marzo 2017 (26.03.17)



El Gobierno de Rajoy empieza a preparar el fin de la dispersión de presos

Lo plantea a medio plazo y rechaza que pueda corresponderse a una contrapartida al PNV.
Los responsables de la seguridad del Estado insisten, en público y en privado, en que no hay intención de mover presos, que no hay planes para acercarlos y, mucho menos, para ceder las competencias penitenciarias al País Vasco.

Hoy no y mañana, tampoco. Pero dentro de unos meses, cuando ya nadie pueda interpretarlo como una política de acción/reacción, se pueden dar «pasos» en política penitenciaria antiterrorista, y así se asume desde Moncloa y desde la dirección nacional del PP. Y sobre esta base se están empezando ya a poner los primeros cimientos para estudiar qué hacer con los presos de ETA.

Los responsables de la seguridad del Estado insisten, en público y en privado, en que no hay intención de mover presos, que no hay planes para acercarlos y, mucho menos, para ceder las competencias penitenciarias al País Vasco. Pero su mensaje está perfectamente acotado en el tiempo: «En la actualidad no se dan las circunstancias para ello». No obstante, el Ejecutivo se prepara para que esas «circunstancias» cambien y, a medio plazo, se puedan producir movimientos.

Uno de los asuntos clave tiene mucho que ver con el escenario de apoyos parlamentarios del PP. Es decir, si Moncloa intuye que la legislatura es corta, la posibilidad de modificar la actual política penitenciaria quedará paralizada. En el caso de que se atisbe que la legislatura puede alargarse en el tiempo, los encargados de la seguridad y los responsables del PP tanto a nivel nacional como los del País Vasco entienden que habría margen suficiente para llevar a cabo «movimientos» de los presos de ETA.

Y se trataría de acercar a cárceles del País Vasco a los presos de ETA que están enfermos. La intensidad de la patología que padecen para incorporarlos a este grupo estaría aún por determinar. Pero se trataría, según destacan fuentes penitenciarias, de una veintena de etarras. Ésta es una de las reclamaciones más constantes desde las filas nacionalistas.

Insisten estas fuentes en que cualquier decisión de modificar la dinámica penitenciaria estaría sensiblemente alejada de lo que consideran una «campaña propagandística» para teatralizar la entrega de armas. Una entrega que, señalan, será parcial y en la que no aparecerá ninguna de las pistolas usadas en atentados que quedan por resolver.

Porque estos analistas creen que la decisión de modificar la política penitenciaria debe estar alejada de cualquier situación que pueda llevar a la izquierda abertzale en particular, y al nacionalismo en general, a venderlo como una contrapartida del Estado ante la «generosidad» de ETA.

Es más, estas fuentes entienden que esta dinámica debe estar más próxima a lo que debe ser el paso siguiente de los terroristas: la disolución de la organización como tal, plasmada en un comunicado en el que se anuncie que ETA ha desaparecido. Las fuentes consultadas interpretan que es en ese momento cuando se pueden dar pasos sólidos, en tanto en cuanto la dinámica de dispersión sobre los etarras tiene sentido mientras se trata de presos pertenecientes a una banda terrorista.

Estas fuentes indican también que en esta nueva dinámica se buscará una especie de consenso no oficial con el PNV. La formación de Iñigo Urkullu está reclamando desde hace años el fin de la dispersión de los presos de ETA. Una de sus últimas propuestas, remitida como en todos los casos a La Moncloa, plantea que los presos de ETA estén alejados de las cárceles vascas un máximo de 250 kilómetros. Además, defiende la concentración de todos estos internos en 10 centros. El Gobierno se aleja de momento de estas iniciativas, pero no descarta en una segunda fase, y de nuevo con apoyo del PNV, aprovechar alguna de ellas.

La sintonía que existe entre Moncloa y el PNV durante las últimas semanas es cada vez más sólida. Las conversaciones para lograr el apoyo de los nacionalistas vascos a los presupuestos son cada vez más intensas y cercanas. Y eso revierte también en una dinámica de acercamiento en posiciones de la lucha contra el terrorismo. En cualquier caso, todos los movimientos que se puedan producir se concretarían a medio plazo, no en las próximas semanas.

Desde las filas de los populares, pretenden que la implicación y el apoyo del PSOE sea también claro. Los armadores de este plan quieren que los socialistas estén informados y que la iniciativa se consensúe también con el Gobierno francés, que trata a los presos de ETA como unos delincuentes más, sin tener en cuenta su condición de terroristas. Actualmente, están cumpliendo condena alrededor de 350 etarras, de los cuales unos 70 están en prisiones del país vecino. Para beneficiarse de los cambios en la política penitenciaria los presos deberían pedir su traslado a España, para lo que no hay grandes objeciones.

Desde el Ministerio del Interior se insiste en que la actual política penitenciaria, la del Ejecutivo de Rajoy, está siendo la que menos bandazos ha dado durante la democracia. Recuerdan cómo en otras épocas, cuando ETA decretaba treguas, los gobiernos ponían en marcha movimientos de acercamiento de presos que superaban el centenar de internos. También, según estas fuentes, se realizaban excarcelaciones en base a terceros grados, facilitando el trabajo a los etarras por mediación de los responsables de la comunidad autónoma vasca de la época.

Durante los últimos cinco años, los cambios en la dinámica de presos de ETA apenas han existido. Únicamente el caso de la excarcelación de Bolinaga –el carcelero de Ortega Lara– levantó controversia, recuerdan estas fuentes.

Opinión:

No voy a entrar en las cuestiones jurídicas del tema, entre otras razones para no dar cancha a los ineptos que hablan de legislación sin haberse leído una sola normativa. Tampoco quiero dar cancha a los que se van sumando a las mentiras que pregonan ciertos juntaletras (lo de “periodistas” no les cuadra).
Pero sí quiero presentar una reflexión: recuerdo que hace diez o doce años habían grupos de ciudadanos y (según algunos medios) “las” víctimas del terrorismo, tras banderas varias y pancartas partidistas, manifestándose por las calles de Madrid. ¿Para cuándo una manifestación AHORA? ¿O es que, ante situaciones similares o incluso idénticas, un gobierno merece ser atacado y otro merece ser respetado? ¿No será que los recursos que se utilizaron entonces han cambiado ahora el motivo?
Por otro lado, es cierto que “en otras épocas, cuando ETA decretaba treguas, los gobiernos ponían en marcha movimientos de acercamiento de presos que superaban el centenar de internos”…. Entre otras razones porque en aquellas épocas el número de terroristas en prisión era mucho mayor al estar cumpliendo condena por los atentados cometidos. En cambio, ahora y por mucho dolor que nos cause la situación es diferente, porque muchos de ellos, aprovechándose de la legislación vigente en el momento de la comisión del atentado ya han cumplido la condena y están libres en la calle.
Es increíble cómo se puede llegar a tal nivel de tergiversación de la realidad porque los gobiernos de aquellas épocas eran, entre otros, los antecesores del actual y el señor presidente Rajoy era Ministro de Interior justo entonces.
Por suerte, algunos tenemos memoria y la experiencia de casi treinta años en este tema nos hace ver las cosas como realmente son.

Y además, de tener la valentía de explicarlas.  

jueves, 30 de marzo de 2017

30 marzo 2017 (2) Deia (opinión)

30 marzo 2017 



El PP celebrará el 7 abril su acto con "la sociedad civil" que se opuso a ETA
El PP vasco ha decidido celebrar el 7 de abril su acto para  destacar el papel de "la sociedad civil" que se enfrentó a ETA cuando  la banda asesinaba, secuestraba y extorsionaba.

De esta forma, los  populares pretenden confrontar el "relato veraz" de lo ocurrido,  frente a quienes pretenden "ensalzar la rendición de la organización  terrorista" en Baiona el 8 de abril, según han informado a Europa  Press fuentes del Partido Popular.

Este pasado miércoles la secretaria general del PP vasco, Amaya  Fernández, anunció que su partido organizará en Euskadi --el lugar  están por determinar-- un acto alternativo al de "la rendición" de  ETA de Baiona, con el objetivo de dar protagonismo a "la sociedad  civil que dijo 'no'" a la banda. 
Finalmente, el acto de los populares, con el que contrarrestarán  el de 8 de abril en la localidad vascofrancesa, se desarrollará el 7  de abril, un día antes de la jornada en la que ETA quedará desarmada.  "Ese día los vascos vamos a ver la rendición de la banda terrorista.  No estamos ante un acto de voluntad", aseguró Fernández. 
El PP vasco considera que "el protagonismo a quien corresponde  única y exclusivamente es a la sociedad civil que supo decir 'no' a  ETA" y que "el verdadero final de ETA es el testimonio veraz y  democrático de lo que ocurrió en Euskadi", frente al intento de  "pervertirlo". 
Por ello, convocarán este acto alternativo en el que "darán  protagonismo a la sociedad civil que se enfrentó" a ETA, "a quienes  se atrevieron a ponerse el lazo azul --muestra del rechazo a los  secuestros de la banda--, a quienes se atrevieron a ir a  concentraciones de Gesto por la Paz, a pesar de lo que eso suponía y  del miedo que había en aquellos momentos en las calles". 
En este evento quieren involucrar al "mayor número de personas  posible" y a colectivos, más allá de las siglas del PP, de forma que  tengan "protagonismo quienes más han sufrido, que son las víctimas  del terrorismo". 

Opinión:

Que cada cual extraiga sus conclusiones pero cuando se habla de unidad en los objetivos y luego se leen noticias como esta es cuando me planteo si se conoce la realidad de la palabra “unidad”.
Por otro lado, me gustaría que, ya que algunos están tan preocupados por “las” víctimas del terrorismo y por el “relato veraz”, también dedicaran parte de su tiempo a colaborar en la dignidad y la memoria de algunas víctimas y opinaran sobre el tuit de Alfonso Rojo.
Siempre habrá víctimas de Champions, de primera, de segunda, de tercera y de comarcal.

¿Adivinan cuales juegan en cada división?

30 marzo 2017 eldiario.es (opinión)

30 marzo 2017



La condena a Cassandra enfrenta a los jueces sobre la libertad de expresión en redes sociales
Los magistrados no tienen un criterio claro sobre cómo actuar con los casos de chistes en redes sociales
Varias sentencias absolutorias defienden que esos comentarios están enmarcados en la crítica política y protegidos por la libertad de expresión
Otros jueces consideran que alientan el discurso del odio y ponen "en grave peligro nuestra convivencia política y paz social"

La Audiencia Nacional ha condenado a Casandra Vera a un año de cárcel por hacer chistes en Twitter sobre Carrero Blanco. Los tres magistrados que firman la sentencia aprecian esos comentarios como humillantes para las víctimas del terrorismo, mientras otros jueces del mismo tribunal han considerado que este tipo de manifestaciones están amparadas por la libertad de expresión. La disparidad en las sentencias evidencia que los jueces carecen de un criterio único a la hora de juzgar determinadas expresiones en las redes sociales. 

El fallo conocido este martes sobre la joven murciana señala que chistes como "ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial" suponen "desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta" a las víctimas del terrorismo. El resultado es una condena a un año de cárcel, que previsiblemente no cumplirá. La Fiscalía solicitaba inicialmente dos años de prisión.

Así, mientras unos magistrados de la Audiencia Nacional creen que ese tipo de bromas deben ser castigadas con pena de cárcel, otros defienden que se trata solo de comentarios que, a pesar de su posible mal gusto, no encajan en ningún ilícito penal. En este contexto se dan fallos sin unanimidad, como el que absolvió al líder de Def con Dos, César Strawberry.

Sus chistes y comentarios, que incluían menciones a Carrero Blanco, fueron interpretados por la mayoría del tribunal como una extensión de las letras de sus canciones,  "con un tono crítico con la realidad social y política, tratando que el público comprenda el sentido metafórico y ficticio que envuelven sus obras, respecto al concepto de fondo siempre de carácter pacífico y exclusivamente cultural.

Durante el juicio, el cantante se defendió asegurando que nunca había buscado enaltecer el terrorismo: "Jamás en la vida lo he hecho, ni lo haré". "Siempre he utilizado el humor, el sarcasmo, la ironía contra el centro comercial cultural que nos quiere inculcar el sistema", añadió.

El tribunal analizó uno a uno tuits como "El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta los GRAPO” o "A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora”, y vio en ellos ironía y crítica política. Nunca percibió enaltecimiento del terrorismo o llamadas a la vuelta de la violencia. "No puede entenderse que con esta manifestación pretenda el acusado hacer apología del terrorismo y provocar el discurso del odio", añadieron.

Otra sentencia tuvo recientemente un pronunciamiento similar. En este caso el acusado era el abogado Arkaitz Terrón, en el banquillo de la Audiencia Nacional por comentarios como "no entiendo por qué la placa de Carrero no se la ponen los productores de cava. El día que ETA lo hizo volar se descorcharon muchas botellas!". En su caso, se defendió ante el tribunal que lo condenó alegando que sus comentarios se enmarcaban en la crítica política a un sistema que no compartía. Como Strawberry, negó que hubiese intención de alentar la violencia terrorista o reírse de las víctimas.

"Preservar al máximo el pluralismo"

Los magistrados también lo entendieron así. Consideraron que sus comentarios se produjeron dentro del debate político que se da en Twitter, un terreno "abonado para la controversia en el que debemos preservar al máximo el pluralismo". Los tuits "deben considerarse en su contexto", y en ningún caso contienen "alabanza o justificación del crimen terrorista ni de sus culpables".

Hay otro caso que guarda cierta relación con el de Cassandra. El concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata acabó en el banquillo de la Audiencia Nacional por un solo tuits como "Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcasser para que no vaya Irene Villa a por repuestos". El tribunal sentenció que los comentarios era "seguramente reprobables" pero no en el ámbito penal y los enmarcó en un debate sobre los límites del humos negro. 

El caso de Zapata evidenció especialmente la disparidad de criterios de los jueces sobre este asunto. El magistrado que instruyó el caso, Santiago Pedraz, lo archivó en varias ocasiones –la Sala de lo Penal le obligó a reabrir el caso– utilizando los argumentos con los que Irene Villa había definido los comentarios sobre ella: era un chiste de "humor negro" cuyo ánimo es muy distinto al de desprestigiar o rebajar la dignidad de las víctimas.

Este es otro elemento común en estos casos. Las víctimas aludidas en los tuits siempre han defendido que no se sintieron humilladas. Así lo dijeron Irene Villa o el diputado socialista Eduardo Madina. "Me decepcionó. Me parece una mierda de chiste", dijo sobre uno de los comentarios de Strawberry por los que fue juzgado: "Street Fighter, edición post ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina".

En el caso de Cassandra, la tuitera aportó una carta de la nieta de Carrero Blanco en la que tildaba de "disparate" pedir cárcel por unos chistes. "Me asusta una sociedad en la que la libertad de expresión, por lamentable que sea, pueda acarrear penas de prisión", escribía.

El Supremo se impone

La disparidad de criterios de los jueces la ha resuelto por ahora el Tribunal Supremo imponiendo su criterio en la sentencia condenatoria a Straawberry. "La libertad de expresión no pueden ofrecer cobijo a la exteriorización de expresiones que encierran un injustificable desprecio hacia las víctimas del terrorismo, hasta conllevar su humillación", señaló el tribunal.

Tras estudiar el recurso de la Fiscalía, condenó al cantante a un año de cárcel y reprochó a los jueces de la Audiencia Nacional que hubiesen trivializado los comentarios del cantante que, en opinión del Supremo, ponían "en grave peligro nuestra convivencia política y paz social".

La sentencia del Supremo ha llevado a muchos acusados a pactar con la Fiscalía penas inferiores a dos años para evitar la cárcel. Por ahora se impone su criterio, a falta de que se pronuncien el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a donde acusados como Strawberry están dispuestos a llegar para defender que sus tuits están amparados por la libertad de expresión.

Opinión:

Por partes.

La legislación creada por la clase política y representada por el Congreso de los Diputados presenta lo que se denomina “humillación a las víctimas del terrorismo”. Por lo tanto, si la legislación se aplica las consecuencias son las que son.
Otro tema puede ser (o no) si la sentencia es demasiado contundente. Por otro lado, el hecho de que las víctimas directamente afectadas no se consideren afectadas sería digno de estudio.
Pero por la misma razón, ahora presento mi sugerencia: por el tuit publicado por el periodista Alfonso Rojo “Colau ‘dispara en la nuca’ a las víctimas de ETA en el Hipercor”….

La Fiscalía ¿piensa iniciar acciones?
Las asociaciones de víctimas ¿piensan iniciar acciones?

La Fundación de Víctimas del Terrorismo ¿piensa iniciar acciones?