05 diciembre 2014
Más de 50
etarras piden reducir sus penas como Santi Potros y Plazaola
Presentan escritos para que se les
aplique el mismo criterio que a 'Santi Potros' y Plazaola
Plantean a la Audiencia Nacional
descontar los años de prisión que cumplieron en Francia
Más de 50
de etarras han
reclamado a la Audiencia
Nacional que se
les apliquen los mismos descuentos en las condenas que a sus compañeros Santi Potros y Plazaola,
que ayer quedaron en libertad años antes de lo que hasta hace poco se
esperaban. Ambos han conseguido que la Audiencia Nacional
les compute el tiempo de prisión que cumplieron en Francia como si lo hubieran hecho en España.
Las órdenes de libertad recibidas en la prisiones de Villena (Alicante) -donde estaba encarcelado Santiago
Arrospide, Santi Potros- y de Teixeiro
(La Coruña ) -en la que cumplía Alberto Plazaola-
fueron remitidas por la Sección
Primera de la
Audiencia Nacional. Se trata del tribunal que el pasado martes interpretó que
una reciente sentencia del Tribunal Supremo y una Decisión Marcode
la UE obligaban a
descontar del plazo de 30 años de prisión lo que se hubiera cumplido en
Francia.
Ese criterio se aplicó
directamente a Santi Potros, Plazaola y otros dos etarras que siguen presos
porque pese a la rebaja aún no han cumplido: Pakito y Caride
Simón.
Pero la repercusión podría
ser mucho mayor, ya que más de 50 terroristas han planteado ya la misma
petición a la
Audiencia. Las últimas solicitudes han llegado esta misma
semana a los magistrados. Se trata de etarras que fueron arrestados en Francia
y cumplieron allí alguna condena, habitualmente asociación de malhechores
(equivalente a pertenencia a organización terrorista) y tenencia de armas o
explosivos.
Entre los terroristas que
se han dirigido a la
Audiencia se encuentranGallastegui Sodupe, Juan Ramón Carasatorre, Asier Ormazabal,Juan
Luis Rubenach, Manex
Zubiaga, Jose
Pikabea o Julián Achurra.
Además de Santi Potros y Plazaola, ya salió de prisión por este motivo Carmen
Guisasola y en breve lo
hará otro beneficiado, el arrepentido García
Corporales.
Los
magistrados, divididos
Las cuatro secciones de los
Penal tienen asuntos de este tipo sobre la mesa y los magistrados se encuentran
divididos. El mismo día que la
Primera aceptó la petición de cuatro etarras, la Segunda se la denegó a
otro. Como quedó reflejado en el Pleno del pasado viernes,la
mitad apoya tener en cuenta las penas en otro país y la otra mitad no.
Así que dependiendo de en qué sección -incluso en qué magistrados de cada
sección- recaiga cada asunto, los etarras lograrán o no su objetivo. A la
sección que ordenó excarcelar a Santi Potros le han correspondido al menos 18
casos.
Las discrepancias seguirán hasta que el Supremo unifique criterios. Mientras tanto seguirá
resolviendo la Audiencia ,
que a partir de ahora deberá tener en cuenta un nuevo elemento: que el miércoles
entró en vigor una ley que traslada la decisión marco de la UE a nuestra normativa y que en
la práctica impide que los etarras se descuenten las penas.
Pero la norma no acaba con
las discrepancias, porque los jueces de la Audiencia también se muestran divididos sobre si
esa norma debe aplicarse a quienes ya habían presentado su reclamación antes de
la entrada en vigor.
El fiscal general del
Estado se pronunció ayer sobre lo que describió como «una cuestión con mucha
significación para las víctimas de ETA». «Estamos preocupados por la
discrepancia de criterios, que nunca es bueno en un órgano judicial», declaró Eduardo Torres-Dulce,
que recordó que el Ministerio Público recurrirá las excarcelaciones ante el
Supremo. El fiscal general aseguró además que enviará un escrito a todas las
fiscalías para que actúen de conformidad con el criterio establecido por la Fiscalía de la Audiencia en este caso.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá,
se encontraba precisamente ayer en Bruselas en una reunión de ministros
europeos de Justicia. Desde allí explicó que España acaba de modificar su
normativa para reconocer las sentencias de los tribunales de otros estados
miembros de la UE ,
pero recalcó que en ningún caso esto puede menoscabar el cumplimiento de
condenas dictadas por tribunales españoles. «Tenemos un sistema legal que
garantiza el cumplimiento de las penas en España, que garantiza también la
armonización europea», aseguró.
A las declaraciones de
Catalá se sumaron las de su homólogo de Interior. Jorge Fernández Díaz aseguró
que «el espíritu y la letra» de la normativa europea que entró ayer en vigor en
España «no tiene por finalidad
aligerar la salida de terroristas a la calle». Fernández Díaz
aseguró que la norma «es el reconocimiento mutuo entre los estados de la UE para que se tengan en cuenta
los cumplimientos de condena en otros países cuando haya conexión temporal o
material entre los delitos y los motivos de las condenas». Además, destacó la
complejidad jurídica del caso, «ya que ni la propia Audiencia Nacional tiene un
criterio unánime».
"Una vergüenza para víctimas y
para toda España"
La presidenta de la Asociación de Víctimas
del Terrorismo, Ángeles Pedraza, aseguró que la rebaja de penas a cuatro
miembros históricos de ETA es "una vergüenza para víctimas, ciudadanos y
para toda España". "La decisión me parece la mayor indignidad en un
país en el que ha habido más de 50 años de asesinatos sin que ninguna víctima
se haya tomado la justicia por su mano para ahora tener que soportar
esto", subrayó Pedraza.
"Dudosa legalidad"
La asociación Covite criticó la "dudosa
legitimidad y legalidad" de la decisión, ya que se adoptó "48 horas
antes de la entrada en vigor de la ley Orgánica 7/2014, con el único propósito
de evitar su cumplimiento y burlar la voluntad del legislador, que no era otra
que la de evitar esa acumulación de condenas e impedir la excarcelación de los
terroristas".
"Una cuestión política"
Roberto Manrique, víctima del atentado de Hipercor y
ex presidente de la
Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas
(Acvot) fue muy crítico: "Me molesta que sea una cuestión política, cuando
descubres que hay un ministro de aquí o de allí que hacen un pacto y que a raíz
de ahí lo plantean a nivel jurídico, ¿por qué no piensan que tiene
consecuencias jurídicas antes de hacerlo?".
Opinión:
Personalmente me parece una vergüenza
que se ataque a las instituciones jurídicas del Estado culpándolas de que están
presentando sus opiniones políticas (las de los magistrados) en lugar de
impartir justicia.
Los que llevamos mas de media
vida en este tema ya hemos visto hasta qué punto los jueces se han visto
presionados por diferentes bandas terroristas (especialmente ETA y GRAPO).
Aquellos años en los que representantes judiciales estaban siendo perseguidos e
incluso asesinados parece que no les importan a los “representantes” de “LAS” víctimas...
pero es normal, a esos supuestos “representantes” no les vi nunca en ningún
juicio y mucho menos en ninguna de las reuniones que otras víctimas sí
manteníamos con ellos. Ah, claro, es que entonces no les preocupaba este tema y
estaban mas a gusto dedicándose a sus negocios para años mas tarde aprovecharse
del trabajo ajeno y, por supuesto, intentar cargarse lo conseguido antes de su
mesiánica llegada….
Me parece increíble que ahora
aparezcan estos personajes dispuestos a atacar a la Magistratura mientras
no se atreven a levantar la voz contra los verdaderos responsables de este
acuerdo: los representantes políticos que han tardado décadas en darse cuenta
de que podría surgir el problema de la computación (o no) de los años de
condena cumplida en otros países diferentes a España. Quienes han hecho este
acuerdo no han pensado antes en las consecuencias jurídicas que podrían
sobrevenir, como así ha sido.
Dicho lo cual, espero que sea
cual sea la decisión del tribunal Supremo, se cumpla. Siempre he defendido la
legislación aunque no sea de acuerdo a mis propias ideas o intereses.
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