02 febrero 2025 (3) Información (opinión)

 

02 febrero 2025

40 años del hallazgo en Busot de los cuerpos de Lasa y Zabala

El 20 de enero de 1985 el cazador Ramón Soriano encontró en el término de Busot dos cuerpos que permanecieron sin identificar diez años. En marzo de 1995 el forense Francisco Etxeberria determinó que eran Lasa y Zabala, dos presuntos miembros de ETA que se convirtieron en las primeras víctimas del GAL

El primer atentado del GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), el aparato de terrorismo de Estado que operó en la península a finales de los ochenta, tuvo lugar en Alicante. El 20 de enero de 1985 el cazador Ramón Soriano encontró dos cuerpos en un descampado de la Foia de Coves, término de Busot. Diez años después, tras la investigación del agente de Alicante Jesús García y la autopsia pormenorizada del forense Francisco Etxeberria, se determinó que aquellos cadáveres eran los de Joxean Lasa y Joxi Zabala, dos presuntos miembros de ETA que habían desaparecido en 1983.

Aquello fue el principio del GAL, creado por el gobierno para combatir el terrorismo con más terrorismo. En su camino dejaron 27 víctimas mortales, las dos primeras en Alicante, sin que ningún motivo lo justificara.

Según la sentencia del 26 de abril de 2000, los acontecimientos se sucedieron de la siguiente manera. El 15 de octubre de 1983 dos jóvenes veinteañeros de Tolosa desaparecieron en Bayona, donde se escondían tras atracar «armados y encapuchados» [sic] una oficina de la Caja Laboral de Tolosa en 1981. Estaban acusados de formar parte del comando Gorki de ETA. «Nunca se pudieron defender en un juicio justo», dice Pili Zabala, hermana de uno de ellos, que apuesta por que se añada la palabra «presunto» antes de catalogarlos como miembros de ETA.

Tras salir a cenar aquella noche del 15 de octubre de 1983 por Bayona, un amigo de ambos, Mariano Martínez, prestó a Lasa y Zabala las llaves de un Renault 4L verde para que se desplazaran a las fiestas de Arcangues, pero nunca llegaron a arrancar. Alrededor de las doce y media de la medianoche fueron abordados por varios guardias civiles.

Al día siguiente, el amigo en común, Mariano Martínez, al detectar que el coche no se había movido pero que en su interior estaba la cazadora de Zabala y que ninguno de los dos estaba en su domicilio, avisó a la Policía. Lasa y Zabala permanecieron cautivos varias semanas en el palacio de La Cumbre de San Sebastián -entonces sin un uso oficial concreto-. Su custodia, por orden del comandante Enrique Rodríguez Galindo, fue encomendada a Enrique Dorado y Felipe Bayo, aunque también intervendrían más personas.

Una vez interrogados decidieron asesinarlos en un paraje aislado y hacerlos desaparecer. El lugar elegido fue la Foia de Coves, en Busot. Dorado y Bayo, junto con más personas, trasladaron a Lasa yZabala atados y amordazados, con los ojos vendados, hasta el kilómetro 12,100 de la carretera A-182. Después abandonaron los coches y se introdujeron a pie en el monte unos 200 metros. Allí les pegaron tres tiros en la cabeza y arrojaron sus cuerpos desnudos a una fosa a la que le echaron 50 kilos de cal viva. Dos años después encontraría los cuerpos Ramón Soriano.

Los cadáveres no fueron identificados entonces y quedaron depositados en el cementerio municipal de Alicante hasta que en 1995 el jefe de grupo de la Policía Judicial adscrita a los Juzgados de Alicante, Jesús García, sospechara que aquellos cadáveres podían corresponder a Lasa y Zabala. García relacionó el uso frecuente de cal viva por parte del GAL con el caso de Busot y se iniciaron nuevas investigaciones que concluyeron con un nuevo análisis pericial por parte de Francisco Etxeberria, que confirmó las identidades.

En el año 2000 se celebró el juicio, donde el agente Jesús García falleció de un infarto durante su declaración. La Audiencia Nacional condenó por el doble crimen a Enrique Rodríguez Galindo, general de la Guardia Civil destinado en Intxaurrondo; a Ángel Vaquero, teniente coronel del mismo cuartel; a Julen Elgorriaga, gobernador civil de Guipúzcoa; a Enrique Dorado y Felipe Bayo, agentes del instituto armado. En julio de 2001 el Tribunal Supremo aumentó estas condenas, por considerar como agravante su condición de funcionarios públicos. Sin embargo, varios de ellos salieron de prisión a los pocos años.

Opinión:

Siempre es buen momento para reconocer un error. Y aunque ya lo he hecho en otras ocasiones anteriores ahora quiero reiterar que, allá por los años 90, alguna de mis opiniones sobre las actividades del GAL no fueron lo acertadas ni lo correctas que el paso del tiempo y el tener mucha más información sobre sus actividades me han hecho entender.

Y a quien pude molestar ya le pedí mis disculpas, que fueron aceptadas de inmediato.

Dicho queda. Ahora solo queda trabajar conjuntamente para que nunca vuelvan aquellos malditos tiempos.