11 junio 2025 El País (opinión)

 

11 junio 2025 

El Govern admite que el protocolo contra los abusos en el caso de la red de pederastia tardó más de un año en activarse

La consejera de Derechos Sociales explica que la transformación del sistema incluirá un canal para luchar contra los abusos digitales

El caso de la red de pederastia que captó a una menor protegida por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat de Cataluña todavía tiene derivadas políticas. Este miércoles la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha comparecido en el Parlament —a petición propia— para explicar las primeras conclusiones de lo que salió mal en la protección de esta menor, de la que la DGAIA tenía la guarda pero no la tutela, y que vivió en un centro durante un año en el que la menor ya estaba captada por la red. Martínez ha admitido que uno de los errores cruciales fue que el protocolo contra los abusos se activó más de un año después de que el sistema tuviese las primeras sospechas de que pasaba algo. El caso ocurrió entre 2020 y 2023, y por lo tanto antes de que el Govern actual entrase en la Generalitat el verano pasado. En la transformación del sistema se ha emprendido, la consejera ha explicado que se creará una comisión mixta con los Mossos y la nueva dirección general de atención a la infancia para tener un canal específico contra los abusos por redes sociales.

La consejera de Derechos Sociales decidió hace dos semanas afrontar una refundación completa de la DGAIA —cambiándole el nombre a Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) y quitándole algunas funciones, aunque manteniendo su dirección y estructura— tras estallar el escándalo por la red de pederastia. Aunque no era el único problema que arrastraba la dirección general desde hacía años: por un lado, había una investigación de la Oficina Antifraude sobre una posible malversación de fondos en ayudas a jóvenes extutelados, y por otro la Sindicatura de Cuentas había detectado irregularidades en la contratación de servicios por parte de la DGAIA. Este mismo miércoles, la Sindicatura de Cuentas ha publicado otro informe que concluye que en el departamento de Derechos Sociales existen deficiencias en la gestión de todas las prestaciones sociales, incluidas las que gestionaba la DGAIA a través de entidades sin ánimo de lucro externas.

En el caso de la menor protegida por la DGAIA, el departamento abrió un expediente para investigar qué falló en el sistema de protección para que esta menor estuviese captada en una red de pederastia cuando estaba bajo la guarda de la dirección general. “El protocolo de abusos no se activó hasta más de un año después de la primera sospecha”, ha afirmado Martínez. La consejera ha explicado que una de las primeras “disfunciones” encontradas fue que “el sistema fue lento” pese a la “buena diligencia y coordinación”, tanto de los educadores como del sistema educativo y de salud. Fueron precisamente los educadores los que avisaron de que había una situación sospechosa.

La titular del departamento también ha explicado que otro error fue no derivar a la menor a un servicio especializado en abusos, y que su expediente de desamparo no llegó a resolverse y completarse nunca. En la nueva dirección general, ha explicado Martínez, se incluirá un canal específico contra los abusos a través de redes sociales. Además, como la DGAIA no tenía la tutela de la joven (esta siempre permaneció en la familia), los educadores no tuvieron acceso a toda la información de los Mossos cuando estos ya investigaban la trama de pederastia. “La DGAIA no tuvo información sobre la magnitud de la trama de pederastia hasta el momento en que ha aparecido en los medios de comunicación”, ha apuntado.

“Estamos aquí para actuar con la máxima transparencia. El Govern no se esconde, da la cara”, ha añadido la consellera, quien ha dicho que “se verá” si más allá de mejorar el sistema, de las conclusiones del expediente informativo sobre la actuación de la DGAIA en el caso “se derivan responsabilidades concretas”. Con todo, la consellera ha defendido el trabajo de los educadores que “se dejan la piel” en la protección de los menores, como es buen ejemplo que los profesionales fueran los que detectaran y actuasen ante el caso “con las herramientas que tenían”.

Opinión:

Para empezar, decir que espero no molestar a nadie si opino sobre esta noticia y la extrapolo a una situación que es más común de lo que algunos puedan pensar.

No me sorprende lo más mínimo leer las declaraciones de la titular del departamento. Por ello es importante diseccionarlas con detalle y mas cuando aparecen palabras técnicas que son prioritarias ante cualquier situación de riesgo. La palabra clave es “protocolo”.

Dice que “el protocolo de abusos no se activó hasta más de un año después de la primera sospecha”… y pregunto ¿para qué sirve un protocolo si no se activa al instante? ¿Cómo puede activarse un protocolo nueve meses después? Si alguien presenta una sospecha ante una situación concreta ¿no se intenta investigar desde el minuto uno?

Habla de las “disfunciones” y de que “el sistema fue lento”. Y pregunto ¿sabían que habían “disfunciones” y esperaron nueve meses? ¿cómo puede ser TAN lento como para tardar nueve meses?

Y sigue diciendo que las cosas sucedieron pese a la “buena diligencia y coordinación”. Sinceramente ¿se creen que el ciudadano medio es imbécil? Pues sí, se lo creen… porque decir que hubo “buena diligencia y coordinación” parece presentar una burla al entendimiento.

Y ahora, dicho todo lo anterior, recordemos que la palabra principal es “protocolo”. Y los protocolos están preparados, en la inmensa mayoría de casos, con el objetivo de economizar riesgos y ser prevenidos.

Por ello, hablando de protocolos ¿qué tal está el protocolo de asistencia post-atentado terrorista que desde UAVAT presentamos en diciembre de 2023 a la Generalitat de Catalunya? ¿Alguna respuesta desde la administración en estos 10 meses que ya han transcurrido?  Si desgraciadamente volvemos a vivir un atentado terrorista ¿el papa de un niño de tres años asesinado tendrá que volver a las 02:00 de la madrugada de ese mismo día a su casa conduciendo sin que nadie haya pensado en acompañarle? ¿Tendrá que volver, otra vez solo a las 07:00 de la mañana a la Clínica Médico Forense para la autopsia de su hijo de tres años? ¿Hay que hacerle una autopsia a un niño de tres años? ¿Tendrá que abonar una suculenta comisión de 30.000 euros una huérfana a un abogado por tramitarle un papel porque la administración no le ha informado de sus derechos como víctima del terrorismo? ¿otra víctima habrá que pasar una nueva revisión forense justo ayer miércoles, casi ocho años después del atentado porque nadie tiene claro lo que debe hacerse? ¿otra víctima tendrá que esperar a mayo 2025 para que la administración competente le confirme que su nombre y apellidos están en la sentencia de mayo de 2021?

Lo dejo aquí.

Pero la palabra “protocolo” es vital para hacer medianamente bien las cosas. Y quien no lo sepa hacer, a la calle. Cese o dimisión inmediata y, obviamente, que procedan a la devolución de todo el dinero “malgastado” porque es dinero público.

Algo más. En diciembre de 2010 se cerró la oficina que, diez meses antes, se había abierto para atender a las víctimas del terrorismo porque los “recortes presupuestarios” debían aplicarse sin excusas.

Seis años después por lo visto, esos “recortes presupuestarios” ya eran cosa del pasado y en los siguientes ocho años se han “perdido” 167 millones de euros. Lo peor de todo es que ese mismo periodo (a partir de 2017 con los atentados de agosto) no se ha conseguido ni una ley autonómica de atención a víctimas del terrorismo, ni la reapertura de la oficina ni el protocolo de atención y asistencia post-atentado… ¿porque no habían recursos?

Ahora sí lo dejo aquí.