02 diciembre 2025 (3) Arainfo

 

02 diciembre 2025 

“El dolor como arma arrojadiza al servicio de la ofensiva reaccionaria”: Àlex Romaguera desvela en ‘Víctimas SA’ la arquitectura del relato hegemónico

El periodista e investigador catalán publica con Txalaparta su nuevo ensayo, que desmonta la gestión selectiva del sufrimiento en el Estado español. Denuncia cómo asociaciones alineadas con PP, Vox, la jerarquía eclesiástica y ciertos medios de comunicación han impuesto una narrativa excluyente que invisibiliza a miles de personas afectadas por la violencia política.

El periodista Àlex Romaguera i Vendrell (Barcelona, 1970) lleva años investigando los pliegues más oscuros del Estado español: la vulneración de derechos humanos, la memoria democrática y el uso político del sufrimiento. Redactor en medios como El Triangle, colaborador en Directa, Gara y Público, y autor –junto al exdiputado de la CUP David Fernàndez– de ‘Llums i Taquígrafs: Atles de la corrupció als Països Catalans’ (2017), Romaguera se adentró en 2021 en las experiencias de familiares de víctimas de la violencia política con ‘Víctimes en so de pau’, una crónica valiente contra el silencio y la impunidad. Su nuevo libro, ‘Víctimas SA’ (Txalaparta, 2025), continúa ese camino: una investigación que apunta directamente a las estructuras que han convertido el dolor en un instrumento de poder.

Romaguera parte de una constatación contundente: “La violencia política en el Estado español ha acarreado numerosas víctimas. Desde la etapa franquista hasta nuestros días, miles de personas han visto lesionada su integridad física y psíquica a causa de sus ideas, pero no todas han sido reconocidas”. La tesis que vertebra el libro es clara: el Estado ha levantado un marco legal y simbólico que decide quién merece reparación y quién queda fuera del duelo público. Es decir, el reconocimiento a las víctimas del terrorismo ha seguido una lógica excluyente según los intereses políticos en juego: “No todas las muertes cuentan igual, ni todo dolor merece reparación”.

En conversación con AraInfo, Romaguera recuerda que la primera Ley estatal de víctimas, aprobada en 1999 tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco dos años antes, partía de la presión de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), “creada en 1981 por tres viudas de militares”. Y añade: “Esa norma estableció que solo serían reconocidas las víctimas causadas por ETA, los GRAPO, el FRAP y otras bandas insurreccionales que han actuado contra el orden establecido”.

Ese diseño “dejaba al margen cualquier ayuda y reparación a las víctimas cometidas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por grupos ultras y por aparatos parapoliciales que operaron durante la Transición y los años 80 en el marco de la guerra sucia”. “Una inequidad que contraviene el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado por las Naciones Unidas y ratificado por el Estado español en 2001, cuyo preámbulo indica que el concepto de ‘terrorismo’ también tiene que aplicarse a los crímenes cometidos por organizaciones ultras o por las mismas fuerzas policiales”, recuerda Romaguera. Solo entre 1975 y 1982, se atribuyen a estos últimos 135 asesinatos.

La consolidación del relato único

En 2011, la situación quedó sellada. “Con el respaldo del ala dura del Partido Popular y otras asociaciones conservadoras, la AVT logró ampliar el redactado de la ley para apuntalar definitivamente la narrativa según la cual en el Estado español solo ha habido una violencia y unas únicas víctimas”, afirma.

Desde entonces, añade Romaguera, la AVT se ha arrogado la representación total del colectivo de víctimas. “Con el respaldo de la derecha, la AVT ha arremetido contra la izquierda y las voces disidentes”. El ejemplo más evidente fue el 11M de 2004: “Con el apoyo del PP, su presidente, Francisco Javier Alcaraz, atizó la teoría de la conspiración para deslegitimar la victoria del PSOE y emprender la ‘rebelión cívica’. Una estrategia consistente en utilizar el dolor de las víctimas como arma arrojadiza al servicio de la ofensiva reaccionaria que, desde entonces, tiene lugar en el Estado español”.

Ese entramado ha ido ampliándose: “La AVT se ha ido enraizando en un movimiento donde concurren los sindicatos policiales más conservadores, la Conferencia Episcopal Española, diversos medios de comunicación o el colectivo ultracatólico HazteOir, al cual la asociación ha apoyado en sus campañas contra las leyes del aborto o del matrimonio homosexual”. Pese a presentarse como apartidista, “se ha posicionado contra el proceso de paz en Euskal Herria o los referéndums de Catalunya”.

Romaguera advierte sobre la magnitud de esa influencia: “A través de iniciativas en la vía pública, de su incursión en las escuelas y bajo el paraguas de la Fundación Víctimas del Terrorismo, la AVT proyecta un discurso que busca instalar en el imaginario colectivo una determinada visión respecto a la violencia”.

Ese imaginario se expresa también en el apoyo al intento del PP y Vox de derogar la Ley de Memoria Democrática para imponer una Ley de Concordia, como ya ha hecho en Aragón. Una ley, denuncia Romaguera, que pretende “equiparar las víctimas del franquismo con las que, supuestamente, hubiera causado la República”. El objetivo de las derechas no es otro que reescribir la historia reeditando los viejos pilares del Movimiento: “Patria, dios y familia”.

Frente a este marco excluyente, Romaguera subraya que cada vez más voces lo están impugnando: “Un importante número de víctimas de la Policía Armada, los GAL, el yihadismo y también de ETA denuncian el uso partidista que la AVT hace de la violencia”. “Reivindican la pluralidad del colectivo y la necesidad que todas las personas a quienes se han vulnerado su integridad vean satisfechos los tres derechos fundamentales que las Naciones Unidas fijaron en 1997: los derechos a la verdad, la justicia y la reparación”, detalla.

El periodista destaca también el papel de las leyes vasca y navarra, aprobadas en 2016 y 2019 para reconocer a las víctimas de violencia policial y ultraderechista. Pero recuerda que los organismos internacionales reclaman medidas estructurales: “La abolición de la Ley de condecoraciones de 1964, la Ley de secretos oficiales de 1968, la Ley de amnistía de 1977 o la Audiencia Nacional”.

“Solo deconstruyendo ese marco de impunidad que arrastramos desde la dictadura y la Transición, y reconociendo todas las vulneraciones registradas desde entonces, el Estado español hará sus deberes en materia de justicia transicional y podrá avanzar hacia un marco jurídico y político que respete el conjunto de derechos individuales y colectivos básicos”, afirma Romaguera.

Un libro para abrir grietas en el relato oficial

Ahí radica la importancia de obras como ‘Víctimas SA’. Un trabajo que surge “con la voluntad de repasar las circunstancias que han llevado a esa inequidad en el tratamiento de la violencia política en el Estado, a la cual ha contribuido la AVT, constituida en uno de los arietes de la ofensiva neoconservadora que, de la mano de PP y Vox, tiene lugar en el Estado español”, explica Romaguera.

Pero su intención va más allá de la denuncia. “También reivindica el conjunto de víctimas y entidades que, pese a ser estigmatizadas y perseguidas, trabajan cada día para lograr una sociedad más justa, humana, resiliente y en paz”.