01 marzo 2015
Los
extorsionados por ETA toman la palabra
Una
investigación de la
Universidad de Deusto saca a la luz la soledad e indefensión
de miles de víctimas
La extorsión es el fenómeno más oculto y
olvidado de la tragedia acarreada por el terrorismo etarra. Un equipo
interdisciplinar del Centro de Etica aplicada de la Universidad de Deusto
está tratando de aflorar la verdad oculta de la extorsión a través de una
investigación, que finalizará en un año, y de la que EL PAIS ofrece un avance.
Como cuestión previa, resulta relevante que, cuando han pasado más de tres años
del cese definitivo de ETA, sólo 60 de 220 víctimas de sus extorsiones
(empresarios, directivos, profesionales, etcétera) consultadas por los
investigadores han accedido a ser entrevistados a fondo; otros 130 lo han hecho
anónimamente por Internet. También resulta relevante que la presencia de
Gipuzkoa, el territorio de mayor presencia abertzale, sea proporcionalmente
menor que la de Bizkaia y que predominen los altos directivos sobre los
pequeños empresarios, menos protegidos.
Los investigadores encuentran difícil
evaluar el alcance de la extorsión. Un informe policial estima en 9.000 el
número de extorsionados de 1993
a 2008, con lo que los investigadores calculan que las
víctimas de chantaje en los 50 años de historia de ETA son entre 10.000 y
15000. La inmensa mayoría pertenecía al País Vasco, pero unas 1.100 personas
vivían en Navarra. Es muy difícil calcular cuantos se resistieron al chantaje.
Entre los encuestados son mayoría, pero los investigadores reconocen, también,
que los que cedieron a la extorsión son más reticentes a hablar.
El estudio concluye que los empresarios
y directivos de grandes corporaciones tenían más facilidad para resistirse que
los profesionales individuales o los pequeños empresarios, sobre todo, en los
municipios con fuerte presencia abertzale. “Muchos directivos de grandes
corporaciones se negaron a pagar. Estaban más protegidos al disponer en sus
empresas de equipos de seguridad muy profesionalizados y al haber podido
compartir su angustia”.
Tampoco es uniforme el cobro de la
extorsión en la historia de ETA. Su época más intensa y generalizada, con una
presión personalizada y sobre el terreno, se produjo en los años setenta y
ochenta. “ETA tenía entonces arraigo social; la figura del empresario estaba
desprestigiada y el Estado tenía otras prioridades contra la banda” señala uno
de los investigadores. Los papeles de Sokoa, intervenidos a ETA por las Fuerzas
de Seguridad en 1986 en su escondite de Hendaya (Francia), contabilizaban 1.200
millones de pesetas (7,2 millones de euros) ingresados por la banda terrorista
entre 1980 y 1986 como fruto de la extorsión. Pero había una segunda
contabilidad, que nunca fue incautada, y que aumenta considerablemente la cifra
conocida.
La primera inflexión a la baja en el
cobro del llamado “impuesto revolucionario” se produjo entre 1992 y 1993, cuando ETA
trasladó al interior de España el aparato de extorsión y fue incautado por la Ertzaintza siendo consejero de Interior Juan Maria Atutxa. La
caída de la recaudación de ETA se reflejó en la bajada de las asignaciones a los
presos etarras.
A partir de 1993, ETA modernizó sus
métodos con medios informáticos, guías empresariales y comerciales con las que
elaboró una base de datos, sin abandonar el chantaje sobre el terreno. El asesinato del empresario guipuzcoano, José
María Korta, vinculado al PNV, en agosto de 2000, implica un repunte en
el cobro de extorsiones por el pánico que genera. La decadencia se inicia con
la detención en Francia, en octubre de 2004, de Mikel Antza y Soledad
Iparraguirre, que controlaban el aparato de extorsión. Los datos son
relevantes: de 2000 a
2004 la media anual de ingresos por chantajes rondaba los dos millones de
euros.
Los investigadores de Deusto destacan
cómo tanto ETA, como las víctimas de la extorsión y el Estado tenían interés en
mantener el ocultismo. “ETA quería que se supiese que existía la extorsión,
pero no la identidad de sus víctimas; las víctimas tampoco querían que se les
identificase y el Estado prefería ocultar su fracaso”, señalan. El resultado
fue que no se abrió un debate público sobre los chantajes, los problemas
jurídicos y éticos que planteaba a las víctimas el pago de un dinero que
financiaba a una banda terrorista. De tal modo que desde la sociedad, empezando
por las organizaciones empresariales y el Estado, no hubo ni siquiera amparo.
“Ante la extorsión, la legalidad fue por
un lado y la realidad por otro”, señalan los investigadores. La cesión a la
extorsión está titpificada en el artículo 576 del Código Penal como grave
delito de colaboración con el terrorismo. Pero el Estado lo aplicó en un único
caso, el de las hermanas Bruño, condenada una de ellas por la Audiencia Nacional
y absuelta por el Tribunal Supremo en junio de 2012 por “miedo insuperable”. El
tribunal reconoció, además, que “no había antecedentes”.
“La cuestión de fondo es que al no poder
garantizar el Estado la seguridad de las personas extorsionadas, tampoco las
perseguía”, señalan los investigadores. “Si alguien denunciaba ante la policía,
esta se limitaba a aconsejarle medidas de autodefensa. Pero ni la policía abría
un caso ni un juez iniciaba una investigación. La autoridad se abstenía y el
Estado reconocía su impotencia. El combate contra la extorsión, por sus
dificultades, nunca fue una prioridad del Estado en sus frentes de lucha contra
el terrorismo”.
Tampoco las organizaciones empresariales
estuvieron a la altura, aunque hay matices. Así, la patronal navarra, ya en la
etapa final de ETA, en el mandato de Julio Ayesa, llegó a atender a un tercio
de las 1.100 víctimas de la comunidad foral. También en el País Vasco, en el
último mandato de Guillermo Zubia, aumentó la receptividad tanto de las
víctimas como de la patronal.
Es prácticamente imposible cuantificar
el impacto de la extorsión en la economía vasca y navarra. Algunos han
especulado con un impacto del 10% del PIB, pero los investigadores no lo
asumen. Consideran que el Gobierno central, consciente del fenómeno, se volcó
en auxilio de la economía vasca. “Era una manera de compensar las deficiencias
del Estado frente a la extorsión”, señalan.
Esta investigación no agota las
posibilidades de un fenómeno tan complejo. Por ejemplo, queda pendiente la
microextorsión —campañas de recogidas de dinero en pequeños comercios como las
de “apoyo a los presos”—, cuya importancia no radicaba en su impacto económico
sino en socializar el miedo. O la complicidad de personas vinculadas a la
izquierda abertzale en centros de trabajo con los extorsionadores, sobre todo,
en los años de plomo.
Además de los datos cuantitativos sobre la extorsión,
la investigación de Deusto aborda la dimensión ética, la tremenda soledad que
tuvo que afrontar la víctima del chantaje etarra en un contexto de
incomprensión por el desprestigio de la figura del empresario equiparada a la
de explotador, sobre todo en los años de plomo, al finalizar la dictadura. El
gran dilema era elegir entre arriesgarse a un ataque de ETA o contribuir a la
financiación del terrorismo.
El Centro de Ética Aplicada de Deusto reivindica la
figura de la víctima para todos los extorsionados, incluso para los que
cedieron al chantaje terrorista, frente a los “puristas” que consideran que
quienes pagaron la extorsión se convirtieron en colaboradores de ETA. “La
extorsión tiene un efecto perverso como es hacer de la víctima un colaborador
del terrorismo al contribuir a su financiación. Pero víctimas son todos los que
recibieron la carta de la extorsión. Evidentemente, quien no pagó fue un
ejemplo ético. Pero la ética no exige heroicidad. Hay a quienes por la
protección que gozaban les resultaba más fácil resistirse al chantaje. Para
otros era mucho más difícil. Hay que tener en cuenta el contexto”.
El Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto
considera que es de justicia iluminar el fenómeno de la extorsión, reconocer
como víctimas a quienes la padecieron como parte de la memoria del pasado
violento y ser referencia para la reconstrucción del futuro. A esa tarea están
dedicados, entre otros, Xabier Etxeberria, como especialista en ética; el
jurista José María Ruiz Soroa; Izaskun Sáez de la Fuente , doctora en Ciencias
Políticas y Josu Ugarte, como coordinador.
Opinión:
A pesar de que mucha de esta información
publicada en este estudio ya se conoce desde la que efectuó la antigua AVT
antes de 2002... es de agradecer que se sigan publicando.
Ahora que ETA ya está vencida es cuando
aparecen mas estudios sobre su actividad terrorista. Curiosa coincidencia en el
tiempo, ahora hay recursos para esto y para muchas otras cosas... Dicho lo cual me gustaría que alguien, con
muchos mas recursos y muchas mas ayudas que un servidor, iniciara un estudio
realista y contrastado sobre cuales son las situaciones que merecen atención
inmediata en el mundo de las víctimas anónimas del terrorismo, desde aquellas
que por una interpretación estúpida y restricitva de la legislación no tienen
reconocidos sus derechos hasta la localización de los extraños personajes que
pululan en este mundillo con incapacidades y secuelas absolutamente inventadas.
Está muy bien que ahora se dediquen
recursos para denunciar las vicisitudes sufridas por ciertos grupos de personas
pero no hay que olvidar, en ningún momento, que también existen quienes son víctimas
“de verdad” y no reciben este súbito interés en dar a conocer su realidad.
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