15 noviembre 2023 Diari MES

 

 

15 noviembre 2023 

 

Las acusaciones del 17-A piden en el Supremo que los condenados sean juzgados por los muertos en Cambrils y la Rambla

Les defensas piden la absolución o rebaja de penas y la fiscalía quiere mantener la condena de la Audiencia Nacional

Les acusaciones particulares de los atentados del 17 de agosto del 2017 en Barcelona y Cambrils han reiterado este miércoles en el Tribunal Supremo que los tres condenados lo tienen que ser también por las muertes en la Rambla de la capital catalana y el paseo marítimo de la localidad del Baix Camp. Según los abogados de varios Mossos d'Esquadra heridos y de los padres del niño de 3 años muerto a la Rambla, los tres condenados fueron imprescindibles para cometer los atentados y, por lo tanto, tienen que ser juzgados otra vez incluyendo este delito. Mohamed Houli Chemlal y Driss Oukabir fueron condenados a 43 y 36 años de prisión, respectivamente, después de que la Audiencia Nacional les rebajara diez años la pena inicial. Les defensas han pedido la absolución.

Said bien Iazza fue condenado a ocho años por colaboración con organización terrorista, pero ya ha salido de prisión, y el límite de cumplimiento para los otros dos es de 20 años. La fiscalía, la Generalitat, los ayuntamientos de Barcelona y Cambrils, asociaciones de víctimas del terrorismo y otras acusaciones particulares se han opuesto a los recursos de las defensas. Algunas de las acusaciones han pedido mantener la sentencia en segunda instancia de la Audiencia y otros se han adherido a la petición de repetir el juicio para condenarlos por los asesinatos con motivaciones terroristas.

La acusación particular ejercida por los padres de Xavi Martínez, el niño de 3 años muerto a la Rambla, ha insistido en qué hay que investigar más a fondo si el imán de Ripoll, Abdelbaki es Satty, realmente murió en la explosión de Alcanar del 16 de agosto o incluso si tenía contacto directo con los servicios secretos españoles. Así, ha asegurado que «hay cosas que no cuadran» en su muerte, como la desaparición de su teléfono móvil aunque el aparato recibió llamadas de dos o tres minutos días después de los atentados, la huida de su furgoneta minutos después de la explosión de Alcanar, y la no identificación de un joven y un hombre mayor que días antes y el mismo día de la explosión fueron al chalet. También ha remarcado que un correo electrónico relacionado con el imán funcionó días después de los atentados.

Pero el abogado Agustí Carles se ha alargado especialmente al detallar los defectos de forma que, según él, tienen los informes de ADN que certificaría la muerte del imán. Así, ha explicado que la supuesta muestra de ADN de Es Satty se encontró días después a su propia furgoneta, que había sido limpiada a fondo, excepto unos pequeños restos biológicos, y en una túnica que se encontró en su casa. A la hora de comparar estas muestras con el ADN de algún familiar, Carles ha recordado que fueron dos policías nacionales que no sabían francés los que fueron a Marruecos, acompañados por la policía de aquel país, que los indicó dónde vivían los supuestos familiares de Es Satty. La comparativa de ADN se hizo en laboratorios marroquíes, pero Carles asegura que los criterios de seguridad no cumplen los requisitos de la Unión Europea.

Cuando la acusación presentó un informe contrario a esta comparativa, el magistrado que presidió el juicio en la Audiencia Nacional, Félix Alfonso Guevara, les dijo que lo tiraría a la papelera.

Por último, los familiares del niño muerto reclaman una indemnización por parte del Estado por no controlar suficientemente la compra-venta de productos precursores de explosivos como marca la ley.

También ha criticado que la causa estuvo secreta hasta julio del 2018, que los 30 volúmenes del sumario llegaron a las partes en septiembre y que en octubre el magistrado instructor ya dictó el auto de procesamiento. Además, todavía quedaron secretos cuatro volúmenes. Les acusaciones pidieron diligencias, pero el instructor las denegó, y el juicio quedó circunscrito sólo a los hechos de Alcanar. Por eso, se ha preguntado si las víctimas de los atentados no tienen derecho a la verdad y la justicia sobre lo que pasó en la Rambla de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils. En este sentido, ha recordado que los investigados y los terroristas muertos no sólo preparaban explosivos, sino que también buscaron armas blancas y furgonetas para atentar.

Por su parte, los abogados de varios Mossos d'Esquadra heridos en Alcanar y Cambrils han lamentado que los tres acusados no fueran juzgados por los muertos en Cambrils y Barcelona porque no se pudo recurrir la decisión de no ampliar el auto de procesamiento. El magistrado instructor remitió la petición en la sala de enjuiciamiento, pero esta lo denegó y el recurso posterior a la sala de lo penal, también. Por eso, piden que se revise el auto de procesamiento y que se pueda repetir el juicio incluyendo los atentados. Así, han recalcado que los tres acusados formaban parte o colaboraron con una célula terrorista que tenía intención de matar, y eso es lo que acabó pasando en Cambrils y Barcelona, aunque la explosión de Alcanar alterara los planes.

«Por activa o por pasiva, consiguieron sus objetivos y la intención era indudablemente terrorista», ha remachado Mònica Fanlo. La letrada ha reclamado que las víctimas tienen derecho a recibir justicia en el juicio penal, y no sólo por la vía administrativa, y ha lamentado que vieron «amputados» sus escritos de acusación.

Sentencia inicial rebajada

La sala de apelación de la Audiencia Nacional dio por buenos los hechos probados de la sentencia, según los cuales se constituyó un grupo terrorista en 2015 en torno al imán de Ripoll. Este grupo, del que formaban parte Houli y Oukabir, con la colaboración de Ben Iazza, adquirió grandes cantidades de material explosivo para cometer varias acciones terroristas. El 16 de agosto del 2017 se produjo una gran explosión en un chalet de una urbanización de Alcanar, donde se preparaban los explosivos, en la cual supuestamente murió el imán. El día siguiente, durante las tareas policiales y de emergencias, se produjo una segunda explosión que hirió varios bomberos y policías, así como un operario.

Por estos hechos, Chemlal y Oukabir fueron condenados por pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos de carácter terrorista y estragos en grado de tentativa de carácter terrorista, en concurso con 29 delitos de lesiones por imprudencia grave, pero no los condenó por los muertos en las Ramblas y en Cambrils.

Según el tribunal, los acusados no tenían intención de atentar contra la integridad física de los vecinos, policías y bomberos de Alcanar, y por eso los impuso la pena por el delito más grave, en su mitad superior. Es por eso que no los castigó por las lesiones, sino sólo por los estragos. A causa de este cambio se produjo la rebaja de 10 años en la pena total.

Además, la sala insistía en que los acusados no tenían conocimiento de la intención de sus compañeros de atentar en la Rambla y en Cambrils una vez se produjo la explosión de la casa de Alcanar, con independencia que prepararan un gran atentado en fechas inmediatas. No considera suficiente prueba los mensajes genéricos de portavoces de DAESH instando a atacar hogares, mercados, carreteras o puntos de reunión.

Por otra parte, la Audiencia rechazó la pretensión de algunas acusaciones de declarar la responsabilidad patrimonial del Estado al no haber adoptado las cautelas necesarias para prevenir la venta de precursores de explosivos. La sentencia consideraba «humanamente comprensible» la solicitud de la familia del menor muerto en la Rambla, pero cree que no puede ser atendida.

También descartaba aplicar una rebaja de las penas por dilaciones indebidas, como pedían los acusados. Sí que se estimaba parcialmente el recurso de 4 víctimas para incluir como probadas las conclusiones de informes médicos sobre las lesiones y secuelas que sufrieron por los atentados. Asimismo, estimaba parcialmente el recurso de cinco agentes de los Mossos d'Esquadra que resultaron heridos en Alcanar e incrementa sus indemnizaciones.