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julio 2025 (03.07.25)
Tiene
como destino la financiación de actividades durante todo el ejercicio de 2025
El
Gobierno de Sánchez destina más de 440.000 euros a la Comisión Islámica pese a
estar presidida por un sospechoso de financiar el yihadismo
El
Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido otorgar una subvención de 444.000 euros a
la Comisión Islámica de España (CIE) pese a que su presidente, Aiman Adlbi, se
encuentra imputado por la Audiencia Nacional por presunta colaboración en el
financiamiento de grupos radicales vinculados a Al Qaeda en Siria. La ayuda,
tramitada a través de la fundación pública Pluralismo y Convivencia —adscrita
al Ministerio de la Presidencia—, ha sido formalizada en el Boletín Oficial del
Estado (BOE), generando una fuerte controversia tanto por el contexto judicial
como por el momento político.
La
partida presupuestaria se enmarca dentro de los 1,2 millones de euros que dicha
fundación destina a comunidades religiosas con acuerdos de cooperación en
vigor. En el caso de la CIE, el importe tiene como destino la financiación de
actividades durante todo el ejercicio de 2025, incluyendo asistencia espiritual
en centros penitenciarios y hospitales, apoyo a la enseñanza del islam, y
programas de «inclusión social» para comunidades musulmanas asentadas en
diferentes regiones del país.
Pese
a los argumentos oficiales que justifican la concesión de la ayuda por «motivos
de interés público y social», la decisión ha levantado críticas debido a que
esta es la primera vez que la Comisión Islámica accede a fondos públicos desde
que Adlbi fuera reelegido en julio de 2024 para un nuevo mandato de cuatro
años, a pesar de su imputación judicial. Dicha reelección fue posible gracias
al respaldo de UCIDE, la federación islámica que también preside Adlbi y que
agrupa a más de 900 asociaciones musulmanas, y que, además, está siendo
investigada en la misma causa.
Aiman
Adlbi, un médico sirio afincado en España desde hace décadas, fue arrestado en
2021 como parte de la operación policial Wamor. Esta investigación, dirigida
por el Juzgado Central de Instrucción número 6, tiene su origen en una
operación previa de 2019 que desarticuló una red de financiación yihadista.
Según informes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional,
Adlbi habría jugado un papel central como cerebro de una trama de recaudación
económica disfrazada bajo una estructura empresarial vinculada a UCIDE.
Un
informe citado por El País sostiene que, al menos desde 2018, esta red habría
canalizado fondos hacia facciones armadas implicadas en el conflicto sirio y
relacionadas con Al Qaeda. A pesar de estos indicios, y con la causa aún en
fase de instrucción, el Gobierno ha considerado oportuno renovar el respaldo
económico a la entidad que representa oficialmente al islam ante el Estado
español.
Opinión:
He esperado a publicar la noticia todo el fin de semana para
ver si, finalmente, era cierta o era fake.
Y por lo visto, no es fake.
Ahora solo espero que también financien, al menos de igual
modo y dependiendo de los proyectos presentados, a las asociaciones que
intenten asistir a víctimas de yihadismo.
Y según mis cálculos, solo hay dos.
Dos asociaciones claro… víctimas hay más de 3.000.
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