07 diciembre 2024 elnacional.cat (entrevista)

 

07 diciembre 2024 

El Gobierno ha indemnizado a 160 víctimas del 17-A, solo la mitad de las reconocidas en la sentencia

De las 345 víctimas del 17-A reconocidas, solo 170 han pedido ser indemnizadas y el plazo está a punto de cerrarse

El próximo viernes, 13 de diciembre, se cumple un año de la firmeza de la sentencia sobre los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils dictada por la Audiencia Nacional. Es una fecha importante porque significa que si en este tiempo las víctimas reconocidas por el tribunal no han pedido ser indemnizadas por la Dirección General de Apoyo a Víctimas de Terrorismo, este derecho prescribe al cumplirse un año, que se cumple la semana que viene. No obstante, consultado por ElNacional.cat, el Ministerio del Interior asegura que el plazo de un año se cuenta a partir de que la persona recibe la notificación de la sentencia por parte de la Audiencia Nacional, y por lo tanto este límite será diferente para cada solicitante. Añade que en este tiempo, han recibido la petición de 171 solicitudes de indemnizaciones, de las cuales ya se han resuelto y se ha abonado 160. Las 171 solicitudes recibidas representan el 49% del total de 345 personas reconocidas en la sentencia de la Audiencia Nacional.

Este porcentaje de víctimas de los atentados de la Rambla y Cambrils sería todavía mayor si se contabilizaran las 123 personas incluidas en el sumario del 17-A, todo y que no localizadas ni valoradas. Así lo afirma Robert Manrique, víctima de los atentados de Hipercor y asesor de la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT). Manrique es muy crítico con el Ministerio del Interior porque sostiene que tendría que ser la administración estatal quien "localizara y se preocupara de llamar a las víctimas y preguntarles por su estado, y no al revés".

Víctima descartada

Robert Manrique también denuncia la pasividad de los consulados para localizar a las víctimas de la Rambla, que hay de distintas nacionalidades. Y, siempre que puede, reclama que el Govern impulse una ley catalana de víctimas de terrorismo. La UAVAT tiene localizadas a gran parte de las víctimas, pero no las puede informar por la ley de protección de datos y solo lo pueden hacer las administraciones, recuerda Manrique, que de tanto revisar papeles se sabe el nombre y apellidos de la mayoría de víctimas.

Manrique denuncia al Gobierno con casos reales. Explica que ha conocido a una mujer que fue atropellada por la furgoneta asesina conducida por Younes Abouyaaqoub. La atendieron en el Hospital Clínico y de allí la derivaron al hospital de Madrid Gregorio Marañon porque vive en la capital española. Nadie la llamó y cuándo reclamó a Interior se la excluyó por "atemporalidad" porque había hecho la petición de indemnización un año después de los atentados.

Además, el asesor de la UAVAT contrasta la pasividad de Interior con las víctimas catalanas, frente a la celeridad con que actuó con el exlíder del PP Aleix Vidal Quadras, que "sin tener una sentencia ya lo consideraron que era víctima de terrorismo".

Pertenecer a grupo terrorista, pero no por los crímenes

Un año después de los atentados de Barcelona y Cambrils, el Ministerio del Interior informó de que había 16 personas muertas y 137 personas heridas. Y, que de forma provisional había tramitado 130 expedientes de los 407 generados y que el Estado ha destinado 9,8 millones de euros en indemnizaciones. Cinco años después, en la sentencia del 17-A, el tribunal presidido por el magistrado Alfonso Guevara, reconoció a unas 300 víctimas que aportaron atestados médicos, incluidas las 72 víctimas con informes periciales de la UAVAT y representados en el juicio por abogados de la Asociación 11-M. El tribunal, en la sentencia, criticó la poca gestión hecha por la Fiscalía y la administración central para localizar y valorar a las personas afectadas.

La Audiencia Nacional condenó a Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal y Said bien Iazza de pertenecer a grupo terrorista, en mayo de 2023; y en diciembre el Tribunal Supremo descartó condenarlos pero por los 16 asesinatos, que sus hermanos y amigos de Ripoll radicalizados protagonizaron en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017, como reclamaba a un grupo de víctimas. Y finalmente, el 13 de diciembre se dictó la firmeza de la sentencia.

El derecho a saber la verdad

Paralelamente a la causa penal, el Congreso de los Diputados ha iniciado, recientemente, las comparecencias de la Comisión de investigación sobre el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. Es una de las reivindicaciones reclamadas por las víctimas, que el grupo de Junts arrancó al Gobierno del PSOE. No obstante, el Gobierno no ha querido desclasificar información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre  el 17-A ni si el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty era  su confidente.

En una de las últimas sesiones, el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, negó que el imán de Ripoll fuera su confidente, e indignado, desmintió que permitieran la matanza de personas. Por su parte, el excomisario José Manuel Villarejo mantuvo que el Gobierno podría haber hecho más. "Nunca dije que el Estado lo provocó, he dicho que pudo evitarlo", remachó el comisario imputado en varias causas por espiar a empresarios y políticos.

Opinión:

Pues nada… pueden contarte milongas y cuentos chinos un lunes. Pero el martes y cuando menos te lo esperas te llega de una fuente conocida un correo electrónico que desmonta todo el paripé que explican los organismos oficiales.

Hay mucho todavía por contar, porque cada víctima tiene una vivencia personal e intransferible pero en la mayoría de los casos siempre coinciden en una palabra que no dejan de mencionar: abandono.

Y ese abandono no debería corresponderse con lo que la propia legislación deja muy claro negro sobre blanco:

Esto todavía no ha terminado. habrá mucho que explicar (si nos dejan) en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados por los atentados de agosto2017 en Catalunya.