20 diciembre 2024
El
consistorio defiende el plan piloto para hacer frente al “fenómeno de la
multirreincidencia en delitos patrimoniales”, los tipos penales más habituales
en la capital catalana
El
Ayuntamiento de Barcelona ha gastado 14.520 euros en pagar abogados de un gran
despacho privado para representar a siete víctimas de robos en la ciudad
cometidos presuntamente por parte de ladrones multirreincidentes. Se trata de
un plan piloto iniciado por el consistorio el pasado mes de agosto y que está
previsto que dure hasta final de año.
La
medida se centra únicamente en los delitos patrimoniales (hurtos o robos), que
son los más habituales en Barcelona. Sin embargo, deja fuera los tipos penales
más graves, como por ejemplo las agresiones sexuales. El Ayuntamiento de la
capital catalana, como administración pública, no tiene legitimidad legal para
personarse en una causa por robo, por lo que el consistorio suscribió un
contrato menor de 14.520 euros con el despacho Molins para que letrados de este
bufete representaran a las víctimas como acusación particular.
El
plan no tiene apenas precedentes y ha generado debate en varios sectores de la
abogacía barcelonesa por la distinción entre delitos y por el hecho de que una
administración pública haya encargado la asistencia jurídica para defender a
víctimas particulares a un despacho privado. El despacho Molins viene ganando
desde hace años y bajo administraciones de distintos colores políticos los
contratos para defender a agentes de la Guàrdia Urbana y Bomberos de Barcelona.
Una
portavoz municipal defiende el plan porque quiere centrarse “en el fenómeno de
la multirreincidencia en delitos patrimoniales” por ser el tipo de delito más
habitual en Barcelona. Los hurtos sin violencia representan alrededor de la
mitad de los delitos que se cometen en la capital catalana.
En
todas las ocasiones en que el abogado particular pagado por el Ayuntamiento ha
intervenido tras la detención del ladrón ha pedido medidas cautelares. Los
jueces han acordado la prisión provisional del arrestado en cuatro de los siete
casos. El consistorio ha declinado precisar cuántas veces la Fiscalía ya había
pedido la prisión provisional además del letrado privado.
La
medida se incardina en la preocupación que el Ayuntamiento de Barcelona ha
mostrado por los ladrones multirreincidentes, y que llevado al consistorio a
apoyar el endurecimiento del castigo a los hurtos de los móviles, pese a ser
una medida rechazada por los sectores progresistas de la judicatura y la
abogacía.
Sí se ha logrado un alineamiento entre administraciones para recoger el guante a la principal reivindicación de la judicatura: Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento presentaron a principios de diciembre el refuerzo de juzgados penales para juzgar hurtos y robos, un tipo de vistas que deberían celebrarse con celeridad, pero que en Barcelona acumulaban retrasos de alrededor de un año.
Preguntado
por los criterios para decidir en qué casos se ofrece pagar el abogado a las
víctimas, el Ayuntamiento detalla cuatro requisitos en función del delito, la
víctima y el detenido.
Por
un lado, que el presunto autor sea “multirreincidente”, es decir que acumule
tres o más sentencias firmes en el mismo tipo penal. Los criterios también se
limitan a los delitos de hurto menos grave, robo con violencia o robo con
fuerza en vehículos. Esto implica que se dejan fuera de la asistencia jurídica
pagada por el Ayuntamiento el resto de tipos penales que ocurren en la ciudad.
Por
último, también es necesario que la víctima sea una persona mayor de edad y
residente en España para que pueda estar a disposición del juzgado cuando sea
requerida a lo largo del procedimiento. Así se evita, por ejemplo, que el
turista que sufre un robo desista de continuar con la causa una vez ya ha
regresado a su país.
Hasta
mediados de diciembre, el plan piloto había atendido a siete víctimas de robos
y hurtos de siete objetos: dos teléfonos móviles de 900 y 1.100 euros
respectivamente; material informático en una mochila por valor de total de
1.880 euros; un reloj y un móvil de 6.700 euros; dos cadenas de oro de 1.500
euros; una bolsa de mano de 1.100 euros y otra cadena de oro de 1.000 euros.
Todos los importes son los declarados por las víctimas y están a la espera de
ratificación pericial conforme avance la instrucción de los casos.
Opinión:
Es conocido que la delincuencia en las grandes ciudades y
la multireincidencia consecuente son un grave problema. Y ese problema se está
derivando también a ciudades de tamaño medio e incluso localidades que, en diferentes
épocas del año, reciben una mayor afluencia de visitantes. Hasta ahí,
desgraciadamente, es lo que podemos considerar como “normal”.
Pero lo que ya no considero tan “normal” en cuanto a la
ecuanimidad y la gravedad de los delitos es que se destinen recursos públicos
para defender a víctimas de esos mismos delitos (que sí, que está bien hacerlo,
pero entonces habría que hacerlo para muchas más víctimas, ¿no?).
Y si digo que no lo considero tan “normal” es por una
simple línea de coherencia. En agosto de 2017 la ciudad de Barcelona sufrió dos
atentados: La Rambla y Zona Universitaria. Esos atentados dejaron la macabra
relación de 15 personas asesinadas y cientos de heridos. ¿Por qué no se destinó
un solo euro para ofrecerles la representación cono acusación? ¿Por qué tuvimos
que hacerlo desde una entidad privada (UAVAT) con la colaboración de los compañeros
de la Asociación 11-M Afectados por Terrorismo? ¿Por qué tuvimos que hacerlo
con uso recursos absolutamente mínimos que, obviamente, no cubrían casi nada en
cuanto a la representación de las primeras 74 víctimas que asistimos y
asesoramos? ¿Por qué las casi 200 restantes a las que fuimos localizando en el
paso del tiempo ya no tuvieron esa oportunidad hasta el momento en el que el juez
Guevara entendió plenamente el problema?
Y estas preguntas también se podría referir a la actitud
del gobierno de la Generalitat de Catalunya, exactamente igual.
También podrían haberlo hecho los ayuntamientos de Alcanar
y de Cambrils, incluso de Olérdola, pero eso lo dejo para otro día.
Solo queda decir que todos están a tiempo de recuperar el tiempo perdido.
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