15 diciembre 2024 (2) Onda Vasca (opinión)

 

15 diciembre 2024 

“Nuestras políticas de memoria son para todas las víctimas y no diluyen ningún terrorismo”

Se cumple medio año desde que la socialista María Jesús San José (Sestao, 1966) volviera al Gobierno vasco como consejera de Justicia y Derechos Humanos

¿Cómo han sido estos primeros seis meses?

Todos los comienzos son intensos. Estamos terminando de definir la organización que queremos dentro del Departamento. También hemos definido los presupuestos, que nos ayudan a planificar todo el trabajo que queremos hacer, que es mucho.

Fue muy comentado que el PNV cediera las políticas de memoria. ¿Por qué su partido, el PSE, puso énfasis en asumirlas?

—No fue nada extraño. Al final, en un gobierno en que cambiaron prácticamente todas las personas, incluso el lehendakari, fue normal. Nuestro partido siempre ha tenido un compromiso claro con la memoria, que a mí me gusta llamar memoria para la convivencia y que no es monopolio de nadie, de ningún partido ni de ninguna institución. Y ahora lo que nos toca es elaborar el nuevo camino.

Se dio la impresión de que los socialistas no estaban muy satisfechos sobre cómo se llevaba este área. ¿Era así?

—Yo creo que cada uno pone su impronta. Además, ambos partidos tenemos un programa de gobierno que nos conmina a una memoria crítica e inclusiva, y hemos comenzado nuestra andadura en esta materia normalizando relaciones con el Memorial de Víctimas de Vitoria, reuniéndonos con otros institutos, como el navarro, y con la secretaría de Estado de Memoria Democrático. Nuestra idea es prestar atención al ámbito internacional, abrir Gogora al rigor académico y completar un ambicioso plan de investigación y de difusión.

¿No les convencía cómo se estaba trabajando en Gogora?

—Yo creo que dentro de Gogora se ha producido un ciclo de 10 años en los que se ha completado toda la producción legislativa con la última ley de Memoria Histórica aprobada en la anterior legislatura. Ahora se abre una nueva etapa en la que tenemos que orientar las políticas a la memoria para la convivencia, y en esa línea estamos trabajando.

Pero se han criticado algunos de los cambios. Desde EH Bildu se reprocha que en esta nueva andadura se margina a las víctimas de la violencia del Estado.

—Ninguna víctima se queda fuera. Nosotros vamos a acompañar a todas las víctimas. De hecho, el primer acto en el que yo estuve como consejera era de reconocimiento a víctimas de violencia policial. Desde luego, no diluimos el dolor de ninguna víctima, como tampoco diluimos ningún terrorismo. Esa es la línea en la que vamos a seguir trabajando.

Desde el PP, sin embargo, la crítica es exactamente la contraria: sostienen que las orilladas son las víctimas de ETA.

—Ya he dicho que no vamos a diluir ninguna víctima ni ningún terrorismo. Todas las víctimas van a contar con nuestro apoyo y en nuestras políticas no va a haber exclusiones.

¿Por qué todavía los planteamientos sobre la memoria son tan divergentes, cuando no diametralmente opuestos?

—Creo que tenemos que buscar un mínimo común denominador en materia de memoria para la convivencia, que tiene que partir del respeto a los Derechos Humanos y a los valores democráticos. Hay que trabajar en esa línea porque, insisto, nadie tiene el monopolio de la memoria y debemos dejar a las generaciones venideras un relato basado en la memoria que se construye día a día.

Por desgracia, para buena parte de las generaciones más jóvenes, ETA, el GAL y no digamos ya la represión franquista son cuestiones que sienten muy lejanas.

—Ha pasado y está pasando en otros países. Por eso nuestra campaña va dirigida a esas nuevas generaciones, a los jóvenes, para hacerles ver el peligro de los totalitarismos y el peligro de no cumplir los valores democráticos y no respetar los Derechos Humanos. No podemos permitir que cuando nuestros hijos o nuestros nietos miren atrás se encuentren silencio.

Usted siempre defendió la transferencia de la gestión penitenciaria. ¿Qué balance hace de los tres años que han pasado desde que se asumió?

—En mi anterior etapa como consejera de Justicia, reclamé la transferencia de instituciones penitenciarias y nos fuimos preparando para recibirla, elaborando un modelo penitenciario que queríamos que se implantara aquí, en Euskadi, y yo creo que eso fue determinante porque ya teníamos el camino hecho para cuando se recibieron. Tres años después, seguimos trabajando. Ahora toca implantar el modelo que prima la semilibertad porque también está demostrado que desde la semilibertad la reinserción en la sociedad es mejor que si se produce desde una situación de privación de libertad.

Un parte de la derecha española sigue sosteniendo que la gestión de las prisiones por parte del Gobierno vasco es poco menos que una amnistía encubierta para los presos de ETA.

Aquí hay un cumplimiento estricto de la legalidad penitenciaria y del fallo condenatorio. Todas las resoluciones van a la Audiencia Nacional, a la fiscalía y de momento no ha sido recurrida ninguna de las decisiones que en esta legislatura hemos tomado. Eso no quiere decir que no entienda a las víctimas, porque no se les había preparado para el momento en que los presos de ETA terminan de cumplir sus condenas y van saliendo a la calle. Ese tránsito no se ha dado. Pero yo no voy a polemizar con las víctimas. Estoy para apoyarlas.

Desde la otra parte, desde Sare, en concreto, les piden “soluciones creativas” para vaciar las cárceles. ¿Cómo interpreta esa petición?

—Nuestras soluciones son y van a seguir siendo las que nos dicte la legislación penitenciaria. En todo caso, a Sare le pediría que si se ocupa de los presos, en este caso, de los presos condenados por terrorismo, les ayuden en el paso para que se reinserten en la sociedad y, desde luego, reconozcan el daño injusto causado.

¿Pero ese reconocimiento debe ser un requisito para la progresión de grado o para el acceso a los beneficios penitenciarios?

—A ver, desde el punto de vista legal, no está recogido en el articulado de la ley penitenciaria, pero desde un punto de vista ético y político, yo creo que ese reconocimiento se tiene que dar porque, más allá del cumplimiento, hay presos de ETA que decidieron o han decidido no someterse a la legislación y desde luego cumplir la pena íntegra. Lo deseable sería que se sometieran a los tratamientos y a un itinerario individualizado en el que se den todas las pautas para su reinserción social plena en la sociedad con ese reconocimiento del daño causado y con ese cumplimiento de la legislación.

¿Comprende que se generen polémicas como la que se suscitó después de que Fermín Muguruza interpretara ‘Sarri-Sarri’ en la cárcel de Martutene?

—Como administración penitenciaria, nuestra obligación es la reinserción social plena de los presos, desde luego, con el cumplimiento de la ley. La cultura puede ayudar en esa reinserción, pero no creo que sea de ayuda interpretar una canción que ensalza la huida de unos presos terroristas delante de otros presos que han sido condenados por terrorismo. Yo creo que se hubiera visto más claro si se tratara de una canción que ensalzara los malos tratos a mujeres o las violaciones y se cantara ante presos que han cometido esos delitos. Nadie defendería algo así.

En la mayor parte de las entrevistas, incluida esta, le preguntamos mucho por los presos de ETA, cuando no son, ni de lejos, la mayoría de la población penitenciaria en Euskadi.

No. De hecho, son solo el 8% frente al 92 de reclusos condenados por otro tipo de delitos. Hablo sobre los de ETA, lógicamente, porque me preguntan por ellos y porque se trata de cuestiones que están en la actualidad. Pero nuestra obligación es trabajar para todos los presos y buscar su reinserción plena dotándoles de un itinerario personalizado que siga una planificación y, desde luego, prestando atención a los problemas que se dan en las prisiones y buscándoles soluciones.

¿Cuáles de esos problemas le preocupan especialmente?

—Todos, por supuesto, pero estamos viendo que hay muchos problemas con la salud mental de los reclusos. Y nos preocupa que en muchos casos no se hayan detectado antes, cuando son juzgados o en algún momento del proceso judicial. Hay otros problemas también que ahora resolveremos con la apertura del centro penitenciario de Zubieta, que hará que nos dotemos de 300 plazas más para liberar un poco de espacio en el resto de los centros penitenciarios. Pero son muchas cuestiones. Y no nos olvidamos de la negociación sindical, que es una cuestión que tenemos que abordar y estamos abordando.

¿Cómo están funcionando los programas de reinserción y, particularmente, la agencia de inserción ‘Aukerak’?

—Yo creo que están funcionando bien. Esta legislatura tenemos que dar un paso más y que Aukerak no solo sea un empleador por así decirlo o quien pague las nóminas, sino que profundice en la inserción sociolaboral de la población reclusa y para eso tenemos que trabajar más de cerca con Lanbide.

Y una vez más hay que aclarar que estamos hablando de programas que son para la totalidad de internas e internos, no solo para los de ETA, que es lo que difunden algunos con mala intención.

—Desde luego. Aukerak es una agencia de reinserción sociolaboral y se extiende a todas las personas presas en las cárceles vascas.

El pasado viernes anunció en el Parlamento que su Departamento valora elaborar una ley propia sobre justicia restaurativa de la que usted es una ferviente defensora.

—Sí, porque supone poner a la víctima en el centro. Se trata de buscar métodos alternativos a los tradicionales para la reparación de las víctimas, que a veces no se sienten aliviadas con lo que se determina en la Justicia ordinaria. Tanto la justicia restaurativa como los medios alternativos de solución de conflictos nos van a permitir dar una visión más social e incluso aliviar la situación de los juzgados. Por eso hemos constituido un grupo de trabajo para ver si necesitamos dotarnos de una ley propia en esta materia, como ya tienen Navarra y Catalunya.

¿Es cierto, como sostuvo Pedro Sánchez, que el PP actúa “con las cartas marcadas” en su labor de oposición porque dispone de información privilegiada que le filtran los jueces?

–Creo que sí hay una campaña contra el gobierno de Pedro Sánchez, una campaña que se puede pensar que es en el ámbito de discusión política, pero que se está llevando al terreno judicial y que, cuando se resuelvan los recursos, va a quedar en nada.

¿Pero hay jueces que participan en los hechos tan graves que se están denunciando?

–Una cosa es que se denuncien hechos ante la Justicia y otra que se aprovechen de eso para promover una campaña política, que creo que es lo que se está haciendo.

¿Se practica en el estado español el ahora tan citado ‘lawfare’, el aprovechamiento de la Justicia en la batalla política?

–Yo tengo que defender la labor de los jueces. El Poder Judicial lo que tiene que hacer es aplicar la ley. Nos pueden gustar más o menos las sentencias y se pueden recurrir, pero ese el sistema constitucional de garantías del que nos hemos dotado y hay que respetarlo.

¿Por qué cada vez más asuntos que deberían resolverse en el ámbito político se dirimen en los tribunales?

Eso es lo que deberíamos evitar. La judicialización de la política y la politización de la justicia no es buena. Entre otras consecuencias, dilata las cuestiones de las personas que legítimamente acuden a la Justicia. Es algo que no deberíamos ver como normal. Yo abogo por buscar acuerdos en el ámbito político. Quien no lo crea así tendrá que responder por ello.

¿Hay injerencia de los jueces en cuestiones que deben ser de los poderes legislativo y ejecutivo?

–El Poder Judicial se tiene que dedicar a aplicar las leyes. Eso es lo que todos esperamos.

A la inversa. También el Poder Judicial advierte de intentos de menoscabar su independencia desde el ámbito político. Lo denunció el viernes la presidenta del CGPJ. ¿Hay injerencia política en la Justicia?

–En la Constitución está muy claro cuáles son las funciones y los deberes de cada uno de los poderes. Así que cada uno debemos dedicarnos a lo nuestro.

¿Ha servido de algo el pacto para la renovación del CGPJ? La impresión es que PSOE y PP se repartieron el órgano nombrando miembros afines.

-Se consiguió desbloquear una cuestión que llevaba años atascada. Por otro lado, yo estoy muy contenta de que por primera vez la presidencia la ostente una mujer. En lo otro, mientras no se reforme el modo de elección, tenemos que aceptar el que hay.

Acercando la cuestión a Euskadi, ¿cabe plantearse un Poder Judicial vasco propio, como defiende el lehendakari Pradales y como defendió también el lehendakari Urkullu?

–Cuando se planteó la cuestión en el debate sobre el nuevo estatuto, mi partido defendió varias propuestas y ninguna iba en esa línea.

¿No habría que buscar el modo, como poco, de descentralizar la Justicia?

–Lo que tenemos que hacer es aplicar y garantizar el modelo que tenemos.

¿Qué le parece la denuncia sobre la escasa sensibilidad de las instancias judiciales vascas respecto al euskera?

–Tenemos jueces, tenemos fiscales, tenemos abogados, tenemos procuradores que se han formado y ejercen en euskera. En todo caso, creo que se aplica la ley y que todas las sentencias se fundamentan en el Derecho y, por supuesto, son recurribles.

Opinión:

“Nuestras políticas de memoria son para todas las víctimas y no diluyen ningún terrorismo”… pues cuando la señora Consejera lo considere oportuno podríamos hablar sobre la posibilidad de que existan víctimas vascas de los atentados de agosto2017 en Catalunya.

Desde aquel maldito agosto han pasado más de siete años y todavía no han contactado con nosotros.

Por no hablar de cuántas víctimas de la banda terrorista ETA residimos ,por ejemplo, en Catalunya y no tenemos señal alguna de interés por parte del gobierno que la señora Consejera representa.

Inoiz ez da berandu zoriontasuna ona bada