27 enero 2026 (26.01.26)
La
justicia llega tarde
Consuelo
Ordoñez, hermana de Gregorio Ordóñez y presidenta de Covite.
Se
cumplen treinta y un años del asesinato de mi hermano, Gregorio Ordóñez, a
manos de ETA. Treinta y un años desde que la organización terrorista silenció,
con un disparo en la nuca, a un servidor público honesto, valiente y
profundamente comprometido con mejorar la vida de sus conciudadanos. El tiempo
pasa, pero hay heridas que no cicatrizan, no porque las víctimas nos aferremos
al pasado -como hay quienes sugieren con mala fe-, sino porque el Estado de
Derecho no ha cumplido plenamente con una de sus obligaciones esenciales:
garantizar nuestros derechos a la justicia y a la verdad.
A
finales de diciembre de 2014, cuando el asesinato de Gregorio estaba a punto de
prescribir, presenté una denuncia contra quienes integraban la cúpula de ETA.
Lo hice movida por la convicción de que quienes ordenaron matar son tan
responsables -o incluso más- que quienes apretaron el gatillo. Gracias a mi
denuncia, la Audiencia Nacional interrumpió la prescripción y accedió a
investigar a cinco dirigentes de ETA por su presunta responsabilidad
intelectual en el asesinato de mi hermano.
Durante
estos más de once años de instrucción, la Guardia Civil ha aportado información
de enorme relevancia, incluida documentación interna de ETA que permite
reconstruir la cadena de mando y el proceso de decisión que condujo al
asesinato de Gregorio. En enero de 2025, un auto judicial ordenó el
procesamiento de los cinco dirigentes investigados por haber planificado el
crimen. Un año después de ese auto, la pregunta resulta inevitable: ¿a qué
espera la Justicia para juzgar a los presuntos responsables intelectuales del
asesinato de Gregorio Ordóñez?
La
lentitud de la Justicia también es una forma de injusticia. Aun así, mi familia
representa casi una excepción dentro del conjunto de las víctimas de ETA. Al
menos, los tres autores materiales del asesinato de Gregorio fueron juzgados y
condenados, aunque la última sentencia llegara dieciséis años después del
crimen. Muchas otras víctimas no han tenido ni siquiera eso. Cerca del 40% de
los asesinatos de ETA permanecen completamente impunes y, en muchos otros
casos, la respuesta judicial ha sido parcial o incompleta. Solo 76 familias de
víctimas han visto cómo todos los responsables del asesinato de sus seres
queridos rendían cuentas ante la Justicia. Este dato, por sí solo, evidencia un
fracaso rotundo del Estado de Derecho con las víctimas de ETA.
La
justicia y la verdad no son una prerrogativa que el Estado pueda administrar a
conveniencia, sino derechos de las víctimas y del conjunto de la ciudadanía.
Son pilares irrenunciables de cualquier democracia que merezca ese nombre. Las
víctimas del terrorismo hemos confiado en el Estado de Derecho, incluso cuando
ese mismo Estado nos ha fallado. Y, pese a ello, nunca hemos optado por
tomarnos la justicia por nuestra mano. Si en este país no ha habido un
conflicto, ha sido precisamente porque las víctimas lo hemos evitado.
Hay
quienes quieren blanquear estas escalofriantes cifras de impunidad alegando
que, en los 'años de plomo', el Estado estaba desbordado y que investigar los
crímenes de ETA era especialmente difícil por el amplio apoyo social y político
del que gozaba la organización terrorista. Es cierto que esas circunstancias
existieron, pero no eximían a quienes debían impartir justicia de cumplir con
su obligación. De hecho, hubo profesionales que sí lo hicieron, y por eso hay
asesinatos cometidos en los años más duros del terrorismo que están
esclarecidos.
El
cierre de sumarios en cuestión de horas o de días, como ocurrió en demasiados
casos, evidencia la falta absoluta de investigación. Y sin investigación, es
imposible identificar a los culpables. Esta práctica no se limitó
exclusivamente a los 'años de plomo', sino que se prolongó a lo largo de toda
la trayectoria criminal de ETA. Tras años analizando decenas de sumarios
judiciales y autos de incoación y archivo, he llegado a una conclusión tan
incómoda como evidente: en la mayoría de los casos sin resolver, la impunidad
no fue consecuencia de la pericia de los asesinos, sino de la impericia de
quienes estaban obligados a impartir justicia y no lo hicieron.
En
medio de tanta frustración, la reapertura del sumario de Gregorio ha dejado un
elemento de esperanza: la existencia de dos testigos protegidos, antiguos
miembros de ETA, dispuestos a colaborar para esclarecer la autoría intelectual
de su asesinato. Su decisión tiene un valor que trasciende este procedimiento
concreto. Significa romper una disciplina mafiosa férreamente impuesta durante
décadas por la izquierda abertzale, basada en el silencio, la obediencia y la
prohibición de arrepentirse y colaborar con la Justicia. Dar ese paso implica
quedar fuera de ese entorno y asumir un coste personal altísimo, que estas dos
personas están pagando.
Precisamente
por eso, y porque nadie adopta una decisión así por oportunismo, creo que su
arrepentimiento es sincero. Ojalá algún día pueda agradecérselo en persona.
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