27 enero 2026 (26.01.26) (3) El Correo

27 enero 2026 (26.01.26) 

La justicia llega tarde

Consuelo Ordoñez, hermana de Gregorio Ordóñez y presidenta de Covite.

Se cumplen treinta y un años del asesinato de mi hermano, Gregorio Ordóñez, a manos de ETA. Treinta y un años desde que la organización terrorista silenció, con un disparo en la nuca, a un servidor público honesto, valiente y profundamente comprometido con mejorar la vida de sus conciudadanos. El tiempo pasa, pero hay heridas que no cicatrizan, no porque las víctimas nos aferremos al pasado -como hay quienes sugieren con mala fe-, sino porque el Estado de Derecho no ha cumplido plenamente con una de sus obligaciones esenciales: garantizar nuestros derechos a la justicia y a la verdad.

A finales de diciembre de 2014, cuando el asesinato de Gregorio estaba a punto de prescribir, presenté una denuncia contra quienes integraban la cúpula de ETA. Lo hice movida por la convicción de que quienes ordenaron matar son tan responsables -o incluso más- que quienes apretaron el gatillo. Gracias a mi denuncia, la Audiencia Nacional interrumpió la prescripción y accedió a investigar a cinco dirigentes de ETA por su presunta responsabilidad intelectual en el asesinato de mi hermano.

Durante estos más de once años de instrucción, la Guardia Civil ha aportado información de enorme relevancia, incluida documentación interna de ETA que permite reconstruir la cadena de mando y el proceso de decisión que condujo al asesinato de Gregorio. En enero de 2025, un auto judicial ordenó el procesamiento de los cinco dirigentes investigados por haber planificado el crimen. Un año después de ese auto, la pregunta resulta inevitable: ¿a qué espera la Justicia para juzgar a los presuntos responsables intelectuales del asesinato de Gregorio Ordóñez?

La lentitud de la Justicia también es una forma de injusticia. Aun así, mi familia representa casi una excepción dentro del conjunto de las víctimas de ETA. Al menos, los tres autores materiales del asesinato de Gregorio fueron juzgados y condenados, aunque la última sentencia llegara dieciséis años después del crimen. Muchas otras víctimas no han tenido ni siquiera eso. Cerca del 40% de los asesinatos de ETA permanecen completamente impunes y, en muchos otros casos, la respuesta judicial ha sido parcial o incompleta. Solo 76 familias de víctimas han visto cómo todos los responsables del asesinato de sus seres queridos rendían cuentas ante la Justicia. Este dato, por sí solo, evidencia un fracaso rotundo del Estado de Derecho con las víctimas de ETA.

La justicia y la verdad no son una prerrogativa que el Estado pueda administrar a conveniencia, sino derechos de las víctimas y del conjunto de la ciudadanía. Son pilares irrenunciables de cualquier democracia que merezca ese nombre. Las víctimas del terrorismo hemos confiado en el Estado de Derecho, incluso cuando ese mismo Estado nos ha fallado. Y, pese a ello, nunca hemos optado por tomarnos la justicia por nuestra mano. Si en este país no ha habido un conflicto, ha sido precisamente porque las víctimas lo hemos evitado.

Hay quienes quieren blanquear estas escalofriantes cifras de impunidad alegando que, en los 'años de plomo', el Estado estaba desbordado y que investigar los crímenes de ETA era especialmente difícil por el amplio apoyo social y político del que gozaba la organización terrorista. Es cierto que esas circunstancias existieron, pero no eximían a quienes debían impartir justicia de cumplir con su obligación. De hecho, hubo profesionales que sí lo hicieron, y por eso hay asesinatos cometidos en los años más duros del terrorismo que están esclarecidos.

El cierre de sumarios en cuestión de horas o de días, como ocurrió en demasiados casos, evidencia la falta absoluta de investigación. Y sin investigación, es imposible identificar a los culpables. Esta práctica no se limitó exclusivamente a los 'años de plomo', sino que se prolongó a lo largo de toda la trayectoria criminal de ETA. Tras años analizando decenas de sumarios judiciales y autos de incoación y archivo, he llegado a una conclusión tan incómoda como evidente: en la mayoría de los casos sin resolver, la impunidad no fue consecuencia de la pericia de los asesinos, sino de la impericia de quienes estaban obligados a impartir justicia y no lo hicieron.

En medio de tanta frustración, la reapertura del sumario de Gregorio ha dejado un elemento de esperanza: la existencia de dos testigos protegidos, antiguos miembros de ETA, dispuestos a colaborar para esclarecer la autoría intelectual de su asesinato. Su decisión tiene un valor que trasciende este procedimiento concreto. Significa romper una disciplina mafiosa férreamente impuesta durante décadas por la izquierda abertzale, basada en el silencio, la obediencia y la prohibición de arrepentirse y colaborar con la Justicia. Dar ese paso implica quedar fuera de ese entorno y asumir un coste personal altísimo, que estas dos personas están pagando.

Precisamente por eso, y porque nadie adopta una decisión así por oportunismo, creo que su arrepentimiento es sincero. Ojalá algún día pueda agradecérselo en persona.