19 junio 1996 Agencia EFE

19 junio 1996 

La tasca d’en Robert per facilitar la assistència a la resta de víctimes del terrorisme ens ha permès acudir a moltes rodes de premsa. La resposta del medis de comunicació va ser, en la gran majoria, constant. I per resumir moltes de aquestes informacions publicades en infinitat de medis, el millor es publicar el que apareixia en qualsevol de les agències de premsa. Això publicava EFE-Catalunya de las declaracions al coincidir el novè aniversari de l’atemptat de Hipercor:

Victimas atentado Hipercor piden agilización indemnizaciones

Barcelona 19 junio (EFE).- Las víctimas del atentado cometido por ETA en los almacenes Hipercor de Barcelona hace hoy nueve años, que costó la vida a 21 personas, han pedido una reunión con el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, para pedirle que agilice los trámites para que el Estado pague las indemnizaciones que todavía no han cobrado.

Coincidiendo con el noveno aniversario del atentado, que costó la vida a 21 personas, miembros de este colectivo y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ofrecieron esta tarde en Barcelona una rueda de prensa en la que afirmaron que aún no han cobrado del Estado las indemnizaciones, salvo 10 millones que percibieron los familiares de cada fallecido tras los hechos del propio Estado y de la compañía aseguradora de Hipercor.

Roberto Manrique, portavoz de la AVT, explicó que el pasado 8 de mayo enviaron una carta al nuevo equipo de Interior para pedir que se agilizaran los trámites, carta que recibió respuesta el 31 de mayo y en ella se anunciaba que uno de los casos, el de Alvaro Cabrerizo, que perdió a su mujer y sus hijas en el atentado, estaba “a punto de solucionarse”.

El pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo, confirmando una sentencia de la Audiencia Nacional, condenó al Estado a pagar una indemnización de 45 millones a Cabrerizo, al reconocer que la policía no adoptó las precauciones necesarias para aminorar los efectos del atentado.

Según Manrique, Cabrerizo no ha cobrado y en la misma situación se encuentran otras 33 familias de víctimas del atentado, por lo que pedirán a Interior que, incluso “para ahorro de gasto público”, no demoren más los trámites de las indemnizaciones ni presenten nuevos recursos contra sentencias a favor de las víctimas, como ocurrió en el caso de Cabrerizo cuando el ministro de Justicia era aún Juan Alberto Belloch.

El portavoz de la AVT dijo que ha observado una voluntad de diálogo en los nuevos responsables de Interior, cosa que no ha ocurrido en los últimos ocho años.

Los miembros del colectivo de afectados por el atentado de Hipercor y de la asociación aprovecharon también para quejarse de la clase política catalana, a la que reprocharon que “ni siquiera han llamado para saber cómo está la gente” y calificaron de “vergonzoso” que Catalunya, a diferencia del País Vasco o Madrid, no tenga un programa de ayuda a víctimas del terrorismo.

Instaron también a los jueces de la Audiencia Nacional que “se mojen tanto en el tema de ETA como lo hacen en el caso GAL”, punto en el que incidieron en la “evidente” relación HB-ETA y se mostraron totalmente contrarios a la política de reinserción de etarras y al reagrupamiento de los presos de ETA en el País Vasco, por considerar que “se les hace el juego”.

Asimismo exigieron nuevamente que los etarras “cumplan íntegramente las penas” y no salgan en libertad al cabo de “cinco o seis años”, como dijo Manrique que pasará en el caso de algunos de los miembros del “comando Barcelona” que atentó contra Hipercor y que fueron condenados en conjunto a 749 años de cárcel.

Roberto Manrique negó rotundamente informaciones periodísticas que han apuntado a que las víctimas del atentado de Hipercor han cobrado de fondos reservados del Estado y reiteró que el “tema económico” de esta caso “es importante pero no el principal”.

Uno de los abogados de AVT, José María Fuster Fabra, informó en la rueda de prensa de que, en España, existe una deuda de 60.000 millones de pesetas de indemnizaciones que deberían pagar los terroristas a sus víctimas, según sentencias, aunque la mayoría se declaran insolventes.