22 octubre 2016
Los 400
presos, el último 'arsenal' de ETA
Pese a la capacidad demostrada
durante todas estas décadas para evitar la implosión del colectivo de presos
tras los barrotes de las prisiones, empiezan a dar síntomas de impaciencia y
cansancio
El ministro del Interior plantea
acabar con la dispersión de los reclusos de la organización terrorista a cambio
de la disolución de la banda
Los
expertos policiales y buena parte de la clase política vasca consideran que el
material más preciado que le queda a ETA no es ni la docena de activistas que
se mantienen en la clandestinidad en Francia, ni el centenar de armas cortas
(pistolas y revólveres) robadas en suelo galo en octubre de 2006 durante la
tregua de la etapa del Gobierno Zapatero. El auténtico 'arsenal' de la
organización terrorista es el compuesto por los cerca de 400 presos dispersados
por 71 cárceles españolas y francesas. Y a la vez un recordatorio para la
organización terrorista que, pese a la capacidad demostrada durante todas estas
décadas para evitar la implosión del colectivo tras los barrotes de las
prisiones, el colectivo empieza a dar los primeros síntomas de cansancio.
Justo
cuando nadie se lo esperaba, tras una política férrea e implacable del Gobierno
del PP en materia penitenciaria, el PP se ha saltado su propio guión. El
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha movido ficha en el 'frente de
makos' de ETA al final de su mandato, después de haber mantenido la política de
dispersión durante estos casi cinco años que lleva al frente de una de las
carteras más cuestionadas del Gobierno de Mariano Rajoy.
Lejos
de promover una flexibilización de la política penitenciaria, reclamada tras
cinco sin años desde el final de la violencia terrorista por la práctica
totalidad de los partidos políticos de la oposición, Fernández Díaz no ha dado
un paso atrás ni para tomar impulso. Incluso, nada más entrar en el ministerio,
desbarató la política de encuentros restaurativos entre víctimas y verdugos que
tan buenos resultados estaba dando a la hora de que algunos presos se separaran
de las directrices de ETA y hicieran su propio recorrido vital de
reconocimiento del daño injusto causado.
Hasta
que al ser preguntado, en este aniversario del cese definitivo de la violencia
de ETA, el ministro del Interior ha realizado unas declaraciones interpretadas
por el Gobierno vasco como una "oferta" a la organización terrorista:
el representante del Ejecutivo popular ha mostrado su disposición a acabar con
la dispersión a cambio de la disolución definitiva de la banda. ¿Un exceso del ministro? ¿Un
movimiento con recorrido posterior, ahora que está claro que Fernández Díaz no
va a repetir en el cargo y puede ceder el testigo a Dolores de Cospedal?
Nadie
quiere entrar en la cárcel y los dirigentes de la izquierda abertzale (Sortu)
que han evitado cruzar los umbrales de las prisiones pactando penal por debajo
de los dos años han pretendido presentar esos movimientos como la primera
fase del proceso de vaciamiento total de las prisiones. Todos estos movimientos
se han producido a principios de este año. Pero en las cárceles no se termina
de ver el final del túnel. Y los que salen, sí, obtienen su minuto de gloria en
los recibimientos que aún se tributan a los exreclusos etarras, pero luego
espera el difícil día a día: la vuelta a la normalidad, la inserción laboral,
las marcas psíquicas después de tantos años tras los barrotes y, sobre todo,
para muchos de ellos el ver de primera mano que no solo "hemos perdido la
guerra" -como admiten pocos en público y muchos en privado-, sino que la
ciudadanía vasca hace tiempo que ha pasado la página del horror que ellos
escribieron mientras formaban parte de la otrora engrasada maquinaria de muerte
y destrucción que fue ETA.
Asumir la legalidad penitenciaria
El colectivo de presos políticos vasco (EPKK) -que es como
se autodenominan los reclusos de la organización terrorista ETA- se ha movido
desde que a finales de 2014 aceptara una evidencia: que la única vía que les
queda para es la asunción de la legalidad penitenciaria. Y, además, ha sido el
Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo quien en esta legislatura echó
por tierra la “doctrina Parot”, poniendo en un aprieto al Gobierno, que tuvo
que excarcelar a decenas de reclusos ante la atenta e inquisitorial mirada de
las líderes de las asociaciones de víctimas del terrorismo más radicales.
En estos dos últimos años, sus abogados lo han intentado
todo por la vía judicial. Pero se han encontrado con la jurisprudencia asentada
ya tanto en la Audiencia Nacional, como en el Tribunal Supremo, sobre la
negativa a acceder a sus exigencias de acercamiento a prisiones vascas o sobre
la oposición al régimen de dispersión, algo que según han reiterado los jueces
en numerosas sentencias no conculca otros derechos fundamentales de los presos
de ETA.
Lo
que queda de ETA sabe que el tiempo juega en su contra. Las cárceles se pueden
ir vaciando de una manera más lenta o más rápida en función de las decisiones
que la propia ETA adopte. Hace cinco años había 665 presos y presas en las 71
cárceles. Hoy son 360, según los últimos datos ofrecidos esta semana por la red
de apoyo Sare. En octubre de 2011 había 70 presos a los que se les "aplicó
una doctrina de excepción para evitar su libertad aún habiendo cumplido su
condena", denuncia Sare. Hoy, cinco años después, son "48 los presos
a los que afecta el que no se les compute la condena cumplida" en las
cárceles francesas, como ha reiterado el Tribunal Supremo en el caso Picabea. Por
no hablar de los presos etarras con enfermedades graves que deberían estar ya
en la calle, actualmente diez, según Sare.
Mientras,
tímidamente, hay pasos dentro de las prisiones. Con sordina, a cuentagotas, se
ha abierto la espita a situaciones que antes eran imposibles -aceptar
mecanismos que siempre han rechazado, por ejemplo en el régimen carcelario- o
simplemente suponían el señalamiento de sus compañeros y el ostracismo.
"Ahora piden destinos penitenciarios trabajos en la biblioteca, en el comedor,
etc para favorecer la evolución de grado del preso y en el futuro un posible
acercamiento", revela el experto en ETA, Florencio Domínguez.
Las
calles de las capitales vascas se llenan varias veces al año -sobre todo en la
tradicional manifestación de enero- con la liturgia comunitaria en favor del
acercamiento de los presos de ETA. Y aunque se mantiene la épica que el grupo
Esne Beltza ha resumido muy bien en una de las canciones de su último disco
Mugitu Harriak -"Si ofreces una mirad a las palabras que se han pegado a
las paredes de la boca / encontrarás la frase "Pres@s vasc@s al País
Vasco" que durante tantos años hemos gritado /No/, no existe piedra que no
se pueda mover / ni tampoco existe una Euskal Herria / que abandone a uno de
sus hij@s en una cárcel"- el tiempo pasa.
Y
no transcurre de la misma manera fuera que dentro de las prisiones. Arnaldo
Otegi lo sabe bien. Ha pasado los últimos seis años y medio de su vida
encarcelado por su condena como dirigente de ETA por el caso Bateragune. Su
compañero y exsecretario general de LAB, Rafa Díez, sigue en prisión por la
misma causa. Otros como Pernando Barrena, Juan José Petrikorena, la exalcaldesa de Mondragón
Inocencia Galparsoro o la exdiputada del PCTV Nekane Erauskin (así hasta 35 acusados incluidos en el
sumario 04/08 en el que se pactaron penas y se admitieron los delitos para
evitar la cárcel en enero de este año) optaron por no entrar.
Y
tiempo (algunos mucho por delante) es lo único que tienen para ver pasar los
400 presos desde el interior de las prisiones.
Opinión:
O mucho me equivoco o la legislación ya ampara esos derechos que ahora
se ponen como exigencia por lo que no entiendo que ahora se planteen como si no
existieran.
Y sintiéndolo mucho, debo rectificar la información en la que se dice
que el ministro Fernández Díaz “desbarató la política de encuentros
restaurativos entre víctimas y verdugos”. Aunque por motivos ya expuestos en
este blog el ministro en cuestión no es “santo de mi devoción” debo recordar
que mi encuentro con el preso etarra Rafael Caride se realizó con el
consentimiento y la aprobación del Ministerio y el ministro. De hecho, fue el
mismo ministro quien avanzó ese encuentro al explicarlo nueve días antes de que
se realizara.
Otro tema
sería hablar de los encuentros que otras víctimas (o pseudovíctimas) pudieron
mantener tiempo antes, pero esos encuentros eran patrocinados por el Gobierno
vasco con la etiqueta de “encuentros restaurativos”. Por mi parte, no tenía
nada que “restaurar” con ningún terrorista (ni el terrorista conmigo).
Y tambien
debo felicitar al autor de la noticia por la frase “la atenta
e inquisitorial mirada de las líderes de las asociaciones de víctimas del
terrorismo más radicales”. Evidentemente, esas personas no representaban la
opinión de “las” víctimas, entre otras cosas porque jamás nos la han
preguntado.
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