01 diciembre 2013
El PP confía en que el fiscal
valore la humillación y sufrimiento añadido a las víctimas.
Los partidos de la oposición mantienen serias dudas
respecto a la posibilidad de que la
Fiscalía impulse denuncias contra los actos de recibimiento
que el entorno abertzale ha dispensado a los excarcelados de ETA en virtud de
la anulación de la doctrina Parot.
Las fuentes consultadas en los grupos parlamentarios
no encuentran por el momento argumentos suficientemente sólidos que les
permitan pensar que los informes –hasta ahora seis– remitidos por el Ministerio
del Interior a la Fiscalía ,
por entender que en dichos actos de acogida existen indicios de criminalidad
por enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas, puedan
prosperar.
UPyD sí cree que existen motivos más que sobrados
para actuar contra el entorno abertzale, aunque también duda de que desde el
Gobierno se esté actuando con la suficiente diligencia como para evitar este
tipo de actuaciones. Así lo manifestó Rosa Díez en el Congreso el pasado
jueves, cuando anunció que, en opinión de su formación, se estaban produciendo “hechos
delictivos” ante la pasividad de la
Abogacía del Estado.
Desde el PP, la posición es firme, aunque admiten
que no se puede dar por hecho que los informes salgan adelante. Tienden a
pensar que pueden encontrar cauce judicial si se tiene en cuenta “el contexto”
de los hechos.
Los populares, de acuerdo con las fuentes
consultadas, admiten que el terreno tiene puntos “resbaladizos”, pero afirman
también que si la Justicia
analiza los acontecimientos con un enfoque amplio encontrará elementos
suficientes para actuar contra el mundo proetarra que, pese a la contención que
se le ha reclamado desde Sortu, vulnera la ley de protección integral y
reconocimiento de las víctimas del terrorismo. Ellos creen que se puede
profundizar en la idea de humillación y sufrimiento añadido a quienes
padecieron el golpe de ETA.
De hecho, desde el PP argumentan que se podría
esgrimir el artículo 61 de la citada ley, según el cual el Estado asume esa
protección y, además de declarar la prohibición de exhibir públicamente
monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos, o menciones
conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del
terrorismo o de los terroristas, añade que las administraciones públicas
deberán adoptar las medidas para impedir o para hacer cesar esas situaciones.
Además, se estipula que “se prevendrá y evitará la realización de actos en
público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de
sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de
distinciones a los terroristas”.
Muchas más dudas se expresan desde las formaciones
de izquierda. En el PSOE recalcan que los homenajes –con lanzamiento de cohetes
incluidos– resultan “repugnantes”, pero añaden que, en su opinión, “es difícil
encontrar una justificación para perseguirlos judicialmente”. Creen que, por el
momento, no se ha traspasado la línea roja de la “exaltación clara del
terrorismo”. “La persona que sale de la cárcel, guste o no, sale libre, con su
deuda saldada; así pues, recibirla con vivas o similares no infringe la ley”,
apuntan. “Caso distinto sería”, afirman, “si se acudiera a su encuentro con
pancartas o eslóganes a favor de ETA o la lucha armada”.
Los socialistas creen que, si no se entra en este
terreno, a lo más que se podrá llegar será a actuar “por vía administrativa”, y
eso en el caso de que las concentraciones sean masivas, no comunicadas
previamente, alteren el tráfico, el orden o la convivencia ciudadana.
En un sentido muy similar se manifiestan desde Geroa
Bai, Izquierda Unida y el PNV. Ninguno de estos grupos defiende los actos de
acogida, pero todos creen que las denuncias se quedarán en un “gesto” de cara a
los ciudadanos que muy probablementre no llegará a más. No lo critican; de
hecho, la mayoría de los consultados considera necesario que se evidencie que
el Ejecutivo no se queda de brazos de cruzados.
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