8 enero 2015
El Gobierno y
PSOE negocian las leyes contra el terrorismo
Los ministros de Interior y
Justicia citan al socialista Antonio Hernando
El Gobierno negociará en los próximos días con el
PSOE las medidas contra el terrorismo, especialmente las que tienen que ver con
el nuevo Código Penal que se tramita en estos momentos en el Congreso de los
Diputados.
Para eso, los ministros de Interior y de Justicia,
Jorge Fernández y Rafael Catalá, respectivamente, han convocado para la próxima
semana al portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando.
Inicialmente, esa nueva regulación iba a ser
tramitada como el resto del Código Penal, con las 90 enmiendas del PP que
incluyen un tratamiento radicalmente distinto del terrorismo, especialmente el
yihadista. Sin embargo, los socialistas
protestaron por entender que nunca antes uno de los dos grandes partidos
había abordado una reforma sobre terrorismo de manera unilateral y sin
negociación previa entre PP y PSOE. Aseguraban los socialistas que de esa forma
se rompía el consenso mantenido durante 30 años en la lucha contra el terrorismo.
El Gobierno ha rectificado y ha sacado esa
negociación de la del resto del Código Penal, cuya ponencia se ha reunido este
jueves con presencia de todos los grupos. El capítulo será negociado con el
PSOE.
El nuevo tratamiento que pretende el Gobierno del
terrorismo incluye propuestas innovadoras como penalizar la actividad,
independientemente de la pertenencia a grupos organizados concretos como ocurre
ahora. También se tipifica por primera vez la voluntad de incorporarse a esa
actividad, más que la comisión concreta de actos. Por ejemplo, se castiga la
simple consulta de webs de captación yihadistas. El PSOE rechaza esta medida
por entender que deja un margen notable de arbitrariedad.
Los socialistas también rechazan el registro de
viajeros en líneas comerciales que pretende poner en marcha el Gobierno al
margen de recomendaciones como la del Parlamento Europeo.
El principal partido de la oposición teme que el
Gobierno pueda utilizar sucesos como el
atentado de París para endurecer estas medidas.
El resto del Código Penal siguió ayer en el Congreso
con la tramitación exprés que rechazan todos los grupos salvo el PP. La
ponencia se reunió por la tarde y seguirá este viernes, para que se apruebe en
comisión el día 16 y en pleno el 20 de enero.
El PP negocia con los grupos y ha
aceptado algunas enmiendas, pero con algunos puntos innegociables, incluido ese
calendario de tramitación rápida, después de haber mantenido congelado el
Código durante más de un año en el Congreso.
Por eso el PP rechazó este jueves en la Mesa del Congreso que se
frene la tramitación para pedir un informe al Consejo General del Poder
Judicial, después de que el proyecto haya quedado alejado del texto inicial del
Gobierno.
Para el Ejecutivo es innegociable la prisión
permanente revisable que apoya el PP en solitario. Este jueves la nueva fiscal
general del Estado, Consuelo Madrigal, ha dicho en el Congreso no ser “muy
partidaria” de esta propuesta.
En la reunión de la ponencia de este jueves el PP sí
acepta revisar las medidas de seguridad posteriores a la condena para delitos
muy graves que, inicialmente, tenían carácter indefinido. Tiene dudas sobre el
cambio en la edad de relaciones sexuales consentidas que ahora es de 13 años y
el Gobierno quería elevar a 16.
El proyecto mantiene la eliminación de las faltas
para convertirlas en delitos menos graves o en sanciones administrativas en la
ley de seguridad ciudadana. En sus enmiendas, el PP propone un sistema de
solución amistosa para los casos de tráfico, evitando la judicialización de esos
asuntos.
Las enmiendas del PP también elevan las penas para
los delitos de corrupción, aumentando los tiempos de prescripción. En
principio, todos los grupos apoyan esta parte, aunque en la reunión de este
jueves de la ponencia no se avanzó. El mismo ritmo rápido quiere aplicar el PP
a las leyes contra la corrupción, sin aceptar en este caso las propuestas de la
oposición. Este jueves se reunió la ponencia del estatuto de los altos cargos y
el PP quiere aprobarlo el próximo miércoles para remitirlo al Senado y solo ha
logrado un acuerdo con CiU para condicionar su aplicación a las normas
catalanas.
El socialista Antonio Pradas ha lamentado que no se
acepte su pretensión de añadir en las leyes anticorrupción compromisos para
reducir los aforamientos, limitar los indultos o suspender a los cargos
públicos, diputados, senadores y alcaldes que se vean incursos como imputados
en un juicio oral por delitos de corrupción.
Opinión:
Solo espero una pequeño detalle en esta modificación
del Código Penal: que se pueda aplicar favorablemente a aquellos ciudadanos que
sufrieron las actividades terroristas de quienes actuaban a nivel “individual”.
A ver qué pasa...
No hay comentarios:
Publicar un comentario