02 enero 2009 El Pais

02 gener 2009

A nivell de premsa l’any 2009 va començar molt potent. Un article del company Luis R. Aizpeolea explicava clarament la tasca efectuada per en Robert Manrique com a fundador i president al principi i mes tard com a secretari general i responsable de les àrees de premsa i socio-asistencial. Fins i tot les administracions ja seguien les propostes d’en Robert i l’associació que ell va fundar.

L’article va aparèixer a “El País” del día 2 de gener de 2009.

La búsqueda "no fue fácil"

La Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo decidió en 2006 retomar su investigación para localizar a víctimas no indemnizadas desde la sentencia del caso Hipercor hasta diez años atrás. Esos diez años son los que acumulan más sentencias sobre el terrorismo etarra, porque los tribunales juzgaron los atentados más violentos de la historia de ETA, los de los años ochenta.No obstante, quedan aún por rastrear las víctimas de las sentencias de los tribunales anteriores al año 1996. Cuando se actualice, crecerá el número de 389 víctimas directas no indemnizadas pese a tener reconocido ese derecho.

La tarea de localizarlas "no fue fácil", según el director general, José Manuel Rodríguez Uribes. Contó con la ayuda de la Brigada de Documentación de la policía, que facilitó información sobre el último domicilio en el que renovaron el DNI y algún teléfono fijo que "no estaba operativo". La localización se fue consiguiendo con ayuda, incluso, de vecinos. A partir de ahí, se telefoneó a las víctimas no indemnizadas y se les explicó la pretensión de hacer efectivos sus derechos económicos.

En la carta que envió a las víctimas localizadas, Rodríguez Uribes les recordó que la legislación establece dos momentos indemnizatorios. El primero es el "anticipo", la ayuda económica que, previa solicitud de la víctima antes del primer aniversario del atentado, resuelve Interior en aplicación de las leyes de víctimas. La segunda parte deriva de la sentencia firme del tribunal que lo juzga. La víctima percibe la diferencia entre sentencia y anticipo. Esta historia ha mostrado que numerosas víctimas desconocían que para beneficiarse de sus derechos tenían que solicitarlo, porque la Administración no actúa de oficio.

Interior localiza a 389 víctimas de ETA que no han cobrado indemnización

Heridos, viudas e hijos de asesinados por la banda desconocían sus derechos

Al menos 389 víctimas directas del terrorismo -heridos, viudas e hijos de fallecidos, sobre todo-, la mayoría por atentados de la banda terrorista ETA, no han sido indemnizadas, a fecha de diciembre de 2008. Es la conclusión del programa de localización de víctimas impulsado por la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo después de estudiar 187 sentencias dictadas por los tribunales entre 1996 y 2006. La cuantía abonada hasta la fecha por el Estado a las víctimas localizadas tras esa revisión de sentencias es de 3.227.760,67 euros

Nadie les informó porque no eran parte en los juicios y no estaban asociadas

Entre las sentencias en las que había víctimas del terrorismo sin indemnizar están las de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, a finales de 1987; las del atentado de la calle Corazón de María y las del curso de Suboficiales de la Dirección General de la Guardia Civil, ambas en Madrid, también en los años ochenta; las de los atentados de la Expo de Sevilla; contra policías nacionales y en los Juegos Olímpicos, ambos en Barcelona, y las del atentado de Armilla, en Granada.

El origen de esta historia se remonta a los actos de conmemoración del vigésimo aniversario, el pasado 19 de junio de 2007, del mayor atentado de la historia de ETA, el de Hipercor de Barcelona, que costó la vida a 21 personas. En ese acto, la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) advirtió al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de que algunas de las víctimas del atentado de Hipercor no habían sido indemnizadas.

La Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo inició una investigación y concluyó que a 11 heridos directos, algunos graves, en el atentado de Hipercor, no se les había notificado las sentencias penales, la última del 23 de julio de 2003, como víctimas de atentados. Estas personas no tenían representación en el proceso y nadie les comunicó sus derechos. Ni la Audiencia Nacional ni el Gobierno de entonces ni las asociaciones de víctimas lo hicieron porque no estaban asociados.

Aunque la legislación española exige a los destinatarios de las indemnizaciones como víctimas del terrorismo que la soliciten previamente -los plazos máximos son de un año después del atentado y de seis meses, tras la sentencia-, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo interpretó que los derechos de las 11 víctimas de Hipercor no habían caducado porque nadie les había informado de los mismos. Consultada la Abogacía del Estado, respaldó dicha interpretación.                  

Esta oficina de Víctimas dedujo que si 11 heridos del ataque de Hipercor, pese a la notoriedad pública del atentado, desconocían sus derechos y no habían percibido indemnización, habría otros muchos casos similares, por lo que puso en marcha el programa de localización de víctimas en colaboración con la Audiencia Nacional.